POR JUAN DIEGO GARCÍA
Según el refrán chino, “una sola chispa puede incendiar toda la pradera”. Las múltiples batallas en curso en Latinoamérica y el Caribe parecen confirmarlo. Chile resulta un caso especialmente significativo porque siempre se puso este país como ejemplo de los supuestos beneficios del nuevo capitalismo de tanto mercado y tan poco Estado, de tanta globalización y tan poco cuidado de la soberanía nacional. La enorme protesta ciudadana no ha conseguido aún la renuncia de Piñera pero si aseguró la victoria popular en el referendo por una nueva Carta Magna que elimine la heredada de la dictadura. Se abre ahora un proceso de nuevas luchas entre las mayorías populares y la burguesía chilena y sus capas asociadas que intentarán conservar sus privilegios. Los acontecimientos en otros países son también significativos. Los cambios en la presidencia de Perú tienen como base otro amplio movimiento social de protesta exigiendo democracia política y democracia económica en un país cuya clase dominante ha impuesto que desde hace décadas medidas acordes con el modelo neoliberal con resultados similares a los de Chile. Se registra crecimiento sí, pero no existe desarrollo; hay expansión del PIB porque se exportan más materias primas (sobre todo productos de la minería) pero las mayorías sociales no ven mejorar su condición de vida y, por el contrario, experimentan más pobreza y marginación. Las prácticas desalmadas de las empresas transnacionales impactan negativamente sobre la población (muchas, comunidades indígenas) y dañan el medioambientes (con la complicidad de las autoridades) dejando poco o ningún beneficio para el país. La enorme corrupción que afecta a las instituciones ha sido la chispa que ha incendiado la pradera y deja al nuevo gobierno peruano ante un reto inmenso pues las movilizaciones populares no muestran señales de debilidad y son ya un elemento clave en el control de las políticas públicas.
El incendio no es menor en Colombia, un país afectado por una crisis profunda en todos los órdenes y con un gobierno evidentemente superado por los acontecimientos. Aquí importa poco lo que registren los acuerdos solemnemente firmados por los gobiernos; no importa mucho lo que digan las normas pues en este país como en ningún otro de la región sigue vigente la vieja práctica colonial según el cual “se obedece, pero no se cumple”. El país de los juristas eminentes y de las mil leyes, de los grandes acuerdos de paz, de los muchos compromisos y promesas con los cuales se responde siempre a las exigencias populares, se caracteriza porque las autoridades jamás cumplen. Quedan en nada las promesas de tierra al campesinado pobre, de mejores condiciones de trabajo a los asalariados, de respecto a las comunidades indígenas y negras, de seguridad a la vida de activistas sociales, opositores políticos y a guerrilleros que han dejado las armas y que son asesinados a diario con total impunidad. Y mucho más grave aún, la decisión gubernamental de sabotear los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, solemnemente firmados e igualmente incumplidos. En ninguna parte se asesina de forma tan impune como en Colombia ¿Se repite ahora el exterminio de la Unión Patriótica, un partido fruto de un anterior proceso de paz con la guerrilla y que arrojó alrededor de cinco mil asesinatos incluyendo dos candidatos presidenciales de la izquierda, parlamentarios, alcaldes, activistas sociales y tantos sospechoso “de simpatizar con el comunismo”? Por supuesto que los medios de comunicación apenas mencionan el asunto y ante los crímenes diarios la respuesta de las autoridades sigue siendo la misma: “se hará una exhaustiva investigación”. Todo mundo sabe en que terminan esas investigaciones.
Tampoco el asesinato de líderes sociales, de activistas de derechos humanos y de defensores del medio ambiente en Honduras ha cesado desde que el gobierno popular fue eliminado por militares y parlamentarios corruptos (con la asesoría del Pentágono); ni es tranquilo el escenario en Paraguay en donde se produjo un proceso de destitución del gobernante popular mediante mecanismos similares a los aplicados en Honduras y en Brasil contra Dilma Rousseff; la izquierda mantiene no obstante sus apoyos populares según indican las recientes elecciones locales mientras el derechista Bolsonaro ha registrado un enorme retroceso. La pobreza extrema de amplios sectores de la población y las prácticas racistas alimentadas desde el mismo gobierno han sacado a las calles a cientos de miles de manifestantes, a raíz del reciente asesinato de un ciudadano negro. La chispa de un gran incendio también se presenta en este coloso del continente y pronostica eventos importantes en el futuro inmediato. Tampoco está exenta Argentina sometida a una presión criminal por el FMI para pagar una deuda del anterior gobierno neoliberal de Macri. Aquí también se constata la inmensa llanura que puede arder en cualquier momento como resultado de la movilización popular. El caso de Bolivia resulta especialmente significativo porque resume muchos de los factores de los procesos políticos del continente: radicales reivindicaciones económicas, sociales, políticas y culturales – radicales porque van a la raíz de los problemas, la estructura misma del orden social-; exigencias que no son ya exclusiva consigna de minorías ilustradas o de partidos políticos sino que está encarnadas en la gente misma, en el pobrerío que constituye la inmensa mayoría de la población. Hay pues un nivel de consciencia suficiente para impulsar cambios substanciales, existen organizaciones sociales y políticas de suficiente entidad como para poder jugar un rol decisivo en las coyunturas (electorales y de otro tipo) y el nuevo gobierno de Bolivia se propone reformar los cuarteles para evitar el golpismo que usaron contra Evo Morales. En Ecuador y en Guatemala (donde arde el parlamento), persisten los problemas y se está muy lejos de gozar de una estabilidad que garantice los intereses de la burguesía criolla y sus aliados extranjeros. Por su parte, el caso de Venezuela es uno de los de mayor interés. Las políticas de bloqueo y de guerra abierta de Washington y las oligarquías no parecen haber dado el resultado esperado: ni se ha producido un levantamiento popular contra Maduro, ni los bloqueos y sabotajes podrían impedir que en diciembre próximo, en las elecciones, el gobierno recupere el control de la Asamblea Nacional. Esta vez participará la oposición que apuesta por el diálogo, todo lo cual da a Maduro poder suficiente para negociar algún tipo de acuerdo ventajoso con Washington y con la oposición interna moderada. Además, y no menos significativo, Caracas parece que ha conseguido ganar el apoyo de las fuerzas armadas para su proceso de cambios, dejando a la burguesía local sin su instrumento golpista de siempre; además, las han modernizado para prevenir eficazmente una posible intervención extranjera. Y sobre todo y de especial relevancia, se afirma que ya tienen casi cuatro millones de milicianos, de fuerzas armadas populares, como el mayor seguro contra una posible agresión externa o una guerra civil que buscaría destruir el proyecto de Socialismo del siglo XXI que Chávez dejó como objetivo y que se mantiene como meta.
