Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en Colombia para juzgar crímenes de Estado

POR MARÍA FERNANDA BARRETO /

Entre el 25 y el 27 de marzo del año en curso, sesionó en Colombia el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) para juzgar al Estado colombiano por genocidio, crímenes contra la paz, e impunidad.

Teniendo como referente la experiencia del Tribunal Internacional sobre crímenes de Guerra en 1966 liderado por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, para juzgar los crímenes cometidos por los Estados Unidos en Vietnam, esta instancia internacional nace en Italia en 1979 fundamentada en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos (1976) [i] que establece que éstos tienen derecho a la existencia, la autodeterminación política, la soberanía económica, a preservar y desarrollar su cultura y proteger su medio ambiente.

Más que un tribunal de opinión, el TPP ha fomentado la investigación multidisciplinar y la denuncia mundial de las violaciones de los derechos de los Pueblos a lo largo de sus hasta ahora cuarenta y ocho sesiones, en las que ha juzgado crímenes cometidos contra la comunidad saharaui, contra el pueblo argentino durante la última dictadura cívico-militar instaurada en 1976, así como la injerencia estadounidense en Nicaragua, los abusos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, la Unión Europea, las empresas agroquímicas trasnacionales, etc. Siendo su última sesión Derechos Humanos, Fracking y Cambio Climático realizada en mayo de 2018.

Aunque sus fallos tienen un gran impacto político y ético, no tienen capacidad coercitiva ni son obligantes. Su actual presidente, Philippe Texier, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de Francia, asegura que en todas las causas se respeta el debido proceso, especialmente el derecho a la defensa y sus sentencias son jurídicamente muy sólidas por lo que se convierten en herramientas para otras instancias [ii].

Precisamente, fiel a su tradición de no dialogar ni asumir sus responsabilidades, y a pesar de la petición formal de concurrir que le realizara una veintena de congresistas del país [iii], el Estado colombiano se negó a asistir a estas sesiones, razón por la que le fue asignado un defensor de oficio, quien realizó un extenso alegato.

Durante las tres sesiones desarrolladas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín,  el Secretario General del Tribunal, Gianni Tognoni, y trece jueces y juezas de diversas nacionalidades escucharon las denuncias. A ellas concurrieron voceros de distintos sectores sociales que han sido y continúan siendo víctimas del genocidio, los crímenes contra la paz y de vergonzante impunidad.

El profesor, historiador y economista Renán Vega Cantor, intelectual colombiano que ha publicado más de una decena de libros relacionados con el tema, concurrió para denunciar que el Estado colombiano y sus Fuerzas Militares (FF.MM.) se caracterizan por un anticomunismo que justifica “una contrainsurgencia laboral que concibe cualquier huelga o protesta de los trabajadores como una acción subversiva”. Recordando la Masacre de las bananeras en la que fueron asesinadas por las FF.MM. cientos de personas para defender los intereses de la United Fruit Company en 1928, afirmó que históricamente ha existido “un nexo directo entre los capitalistas dueños de las empresas y el Estado colombiano que se convierte en defensor incondicional de esos intereses particulares por encima de las reivindicaciones laborales por justas que sean” llegando hasta lo que calificó como un genocidio laboral y un “sindicalicidio” en el que, agregó, “Colombia ocupa un indiscutido primer lugar”.

Los informes y dramáticos relatos que sustanciaron la demanda, fueron presentados por voceros del campesinado, pueblos indígenas y afros, sindicalistas, estudiantes, docentes, militantes de partidos y movimientos sociales que han sido sometidos a exterminio como la Unión Patriótica, el M-19, el Partido Comunista de Colombia, la JUCO, A Luchar, UNO, excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz del 2016.

También se presentó como denunciante Gloria Gaitán Jaramillo, hija del histórico líder colombiano, Jorge Eliecer Gaitán, asesinado en abril de 1948, cuyo crimen continúa impune. Gaitán solicitó al tribunal añadir a la lista de crímenes imputados al Estado colombiano, el de “memoricidio” del movimiento gaitanista. Explicó que “el objetivo del memoricidio es el pueblo como un todo, para impedir que vuelva a poner en peligro el poder omnímodo de la clase excluyente y dominante”.

En el alegato de clausura, la Fiscalía dijo ante el tribunal que durante tres días se han “escuchado elocuentes y contundentes testimonios que configuran la historia de la represión en Colombia y que demuestran con suficiencia la eliminación del contrario, del otro, del que no comparte el modelo social, político y económico imperante en este país, como una práctica sistemática que pretende eliminar cualquier forma de disidencia que ponga en peligro la hegemonía de las élites”. Igualmente, solicitó “que sea declarada la responsabilidad del Estado colombiano por el genocidio sistemático, continuado y extendido que ha pretendido -y logrado en muchas ocasiones- la destrucción total o parcial de grupos nacionales con el propósito de impedir que su concepción del mundo, del Estado y de la sociedad, de las relaciones políticas, sociales y económicas contrarias al modelo hegemónico, tenga un espacio en el país”.

El jurado tendrá ahora hasta el mes de mayo para emitir su veredicto en este caso.

En Colombia se está perpetrando un genocidio contra líderes sociales para imponer los intereses de las transnacionales, el latifundio, el narcotráfico, la minería ilegal y, sobre todo, para impedir que las comunidades ejerzan el poder en sus propios territorios. Pero esto no sucede hace cinco años, sino hace ya más de un siglo.

La importancia de esta iniciativa radica en la visibilización de este tipo de crímenes contra el pueblo colombiano que es la primera víctima por el hecho de haber convertido a este país por parte de su élite dominante en el mayor enclave militar de los Estados Unidos en América Latina, y en consecuencia, en la cabeza de playa para el relanzamiento de la Doctrina Monroe en la región.

Por eso, la segunda víctima de ese hecho es Venezuela que comparte 2.219 kilómetros de frontera con Colombia y cuya Revolución se ha convertido en enemigo prioritario del imperialismo en lo que considera “sus predios”. Muestra de ello son los graves sucesos ocurridos en el estado fronterizo de Apure que aún se encuentran en desarrollo.

De esta manera  y como quedó demostrado en las audiencias llevadas a cabo por el TPP, todos los pueblos de América son víctimas del genocida Estado colombiano y de su permanente y obsecuente disposición en convertirse en el ariete de los Estados Unidos y el primer socio global de la OTAN en la región.

[i] http://permanentpeoplestribunal.org/wp-content/uploads/2015/01/CARTA-DE-ARGEL-ES.pdf

[ii] http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/244/2441018005/html/index.html

[iii] https://www.elespectador.com/noticias/politica/oposicion-pide-al-gobierno-asistir-a-sesion-del-tribunal-permanente-de-los-pueblos/

@maficandanga

https://espanol.almayadeen.net/