SOS: derechos en peligro

POR JAIME ARAÚJO RENTERÍA

Hay hombres que luchan un día y son buenos.

Hay otros que luchan un año y son mejores.

Hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos.

Pero los hay que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.

– Bertolt Brecht

En Colombia mientras el país político se paraliza a mirar los acuerdos de la clase política, el país nacional, debe tomar conciencia de que muchos de sus derechos se encuentran, en ese mismo instante, en peligro; pues las fuerzas retardatarias no se detienen ni cesan, sino que se aceleran y apresuran en su empeño de hacer girar hacia atrás la rueda de la historia, cuando ven que los vigilantes de los Derechos Humanos, estamos distraídos, observando los juegos de poder de la dirigencia política.

Derechos de las mujeres y de los diversos sexuales en peligro

Mientras la clase política quiere ponernos a mirar esos juegos de poder, nosotros debemos, por el contrario, dirigir nuestra mirada hacia la rama judicial y especialmente hacia la Corte Constitucional, donde las fuerzas conservadoras y de derecha, pretenden reversar la decisión de este tribunal sobre el aborto. El propio Gobierno, por conducto de su Ministro de Justicia, ha pedido la nulidad de la sentencia y la nueva integración de la Corte, no hay duda que la pone en peligro.

Acabamos de ver cómo después de 50 años, en Estados Unidos de América, la derecha arrasó con este derecho de las mujeres; pero no terminan ahí, ya que alguno de los magistrados que votaron a favor esta sentencia anunciaron que apenas comienza la tarea de acabar con los derechos de las mujeres y expresaron su intención de acabar también con los derechos de los diversos sexuales; comenzando por los de las parejas del mismo sexo: sus derechos al matrimonio; a la adopción; a la sustitución pensional; a la herencia, etc. Y lo que es más grave, su proyecto no es solo el de arrebatar estos derechos, sino también el de penalizar o criminalizar estás conductas.  Ese mismo proyecto es el que tiene la derecha para Colombia y ya están maniobrando ante la Corte Constitucional para quitarles esos derechos a las mujeres, a los diversos sexuales; para criminalizar sus conductas.

La sociedad civil tiene que movilizarse por estos derechos, independientemente de los juegos del poder de la clase política y estar vigilante, ante cualquier rama del poder público, sea está la judicial, legislativa o la ejecutiva y no paralizarse ni quedarse mirando las componendas políticas, ante la actividad perenne de las fuerzas conservadoras, qué siempre estarán dispuestas a aniquilar los derechos y devolvernos al pasado.

Bueno para el gobierno, pero malo para la democracia

No hay duda que los acuerdos de la clase política, para formar casi por unanimidad partido de gobierno, es bueno para el gobierno de turno, ya que le permite y le garantiza la aprobación de sus proyectos en el órgano legislativo. Pero lo que es bueno para el gobierno, no siempre es bueno para la democracia. Es un truismo decir que la verdadera democracia necesita de una verdadera oposición; y que, si el gobierno es inteligente, debe fortalecer la oposición, ya que ésta es el faro que le indica donde está fallando y abandonando su programa para corregir su rumbo ya que “los amigos”, por no decir que sus áulicos, normalmente solo le dicen lo que quiere oír y no la verdad de lo que está sucediendo.

Nosotros somos de las pocas personas que hemos obtenido la tesis contraria a la de la mayoría de los colombianos que sostienen que el problema del país es que está muy polarizado. Para nosotros, por el contrario, consideramos que falta más polarización; que la polarización no es mala ya que pone sobre la mesa todas las cartas que debemos conocer para elegir libremente nuestro proyecto de vida. Que, por el contrario, en la sociedad colombiana parte del problema es que hay temas vedados, que no se ponen sobre la mesa y jamás se discuten de manera racional.

Lo malo, entonces, no es la polarización, sino la manera cómo resolvemos los conflictos que nos llevan a esa polarización y que usualmente tratamos de resolver por medio de la violencia, como los resuelven los nazi-fascistas, cuando debemos resolverlos a través del diálogo pacífico, de la persuasión, con el ánimo abierto de que puede ser nuestro adversario quien tenga la razón y no nosotros. Y si después del diálogo ninguna parte persuade a la otra, el camino correcto para resolver las diferencias es por medio de las votaciones, las decisiones se logran únicamente por medio de mayorías y minorías. Pero, además, con la certeza de que la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana y la minoría de hoy la mayoría de mañana y que precisamente por eso debemos respetar a la oposición y a nuestros oponentes.

Lo grave para la democracia es el unanimismo, ya que cuando todos están de acuerdo ninguno está pensando o solo uno está pensando y esto es sinónimo de dictaduras o de regímenes totalitarios.

Ya Cass Sunstein, un importante constitucionalista, en su obra sobre por qué las sociedades deben rechazar el unanimismo y requieren disenso, muestra la tendencia psicológica de muchas personas a aceptar lo que, para ellas, es un error evidentemente, solo por no desafiar a la opinión del grupo del cual hacen parte, por temor a ser rechazados o para evitarse conflictos. Cerca de la mitad de las personas aceptaban negar lo que veían y afirmar que se equivocaban a pesar de creer que eran otros los equivocados.

Se equivocan quienes proponen que se acabe la polarización ya que lo que están proponiendo es que las personas renuncian a sus convicciones, a su cosmovisión del mundo y lo que es más grave, que renuncien a los Derechos Humanos y a los valores y principios que estos protegen. Esta renuncia no la aceptamos, venga de donde viniere, ni vamos a renunciar a esos derechos por eso es por lo que nos interesa que se nos diga sobre qué temas y sobre qué enfoques está haciendo acuerdos la clase política; y qué entienden ellos por renuncia a la polarización, ya que nosotros, tenemos principios y valores a los que no vamos a renunciar por mucho que la clase política, ‘enmermelada’, renuncia a ellos. Por ejemplo, sí lo que quieren es que renunciamos a los derechos de las mujeres, incluido el de interrumpir el embarazo o a los derechos de las parejas del mismo sexo o diversos sexuales a tener, como tenemos nosotros, el derecho al matrimonio o al divorcio, o a la adopción, a la sustitución pensional, a no declarar contra nuestra pareja, y lo que es más grave a criminalizar estás conductas, desde ahora, les notificamos que no vamos a renunciar ni a esa lucha ni a esos derechos.

Si lo que está pactando la clase política es que los demócratas renunciemos al Estado laico, definido como aquel que no persigue a ninguna religión, pero tampoco patrocina a ninguna religión; y que como lo proponen algunas fuerzas conservadoras, volvamos a un estado confesional, claramente les decimos que no vamos a renunciar al Estado laico ni a defender el derecho a tenerlo, porque entre otras cosas es el mejor para todas las religiones, o para quienes no tienen ninguna. Tampoco vamos a renunciar a la idea de un Estado federal o por lo menos regional, ya que el Estado se puede organizar de manera centralista como hacen los gobiernos totalitarios o de manera descentralizada como lo hacen los democráticos y nosotros preferimos, sin ninguna duda la democracia. Como no vamos a renunciar al Estado interventor en el proceso económico, ni al objetivo del pleno empleo, ni a la expropiación en interés general, para poder construir las escuelas, los hospitales, la vivienda, las vías para que los campesinos puedan vender sus productos; etc. Ni renunciaremos a la paz con la naturaleza y entre los hombres con justicia social.

Como persistiremos en hacer de los derechos a la educación y a la salud, derechos universales para todo el pueblo colombiano. Y perseveraremos en lograr la igualdad y luchar contra la discriminación, en todas sus formas: racial, sexual, de origen nacional o familiar, de opinión política o filosófica. Como insistiremos en que la justicia sea un lugar para la defensa de los Derechos Humanos de los colombianos y No de violación de los mismos. Ya que solo la justicia puede resolver pacíficamente los conflictos sociales, por lo que ella es el camino seguro hacia la paz. Es necesario facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Como persistiremos en la asamblea nacional, porque creemos que Colombia necesita, además de un cambio del ejecutivo, cambios estructurales y el escenario para crear las instituciones que los hagan, es la constituyente y no el Congreso, que requiere el mismo una reforma estructural.

En la democracia todas las personas tienen el derecho a participar en todos los temas que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, como lo ordena el artículo 2 de nuestra Constitución. Como corolario de lo anterior, es que no puede haber personas excluidas ni temas vedados a ningún ciudadano. Todos los problemas y opiniones sobre los mismos tienen derecho a ser presentados, por más controvertibles u opuestos que sean. Para la democracia no es ningún peligro que se presente o se pongan sobre la mesa todas las ideas o cosmovisiones del mundo, las distintas concepciones del Estado o del gobierno, de la propiedad, de la salud o de la educación, de los impuestos, de las relaciones internacionales, del medio ambiente, de la educación, la vivienda; del empleo, de las energías renovables, etc.

Para la democracia, el problema no es que haya muchas ideas, al contrario, el problema es la falta de ideas; de alternativas. El problema no es que haya ideas distintas, al revés, faltan más ideas distintas sobre todos los temas, ya que, sólo conociéndolas, todas, podemos escoger de una manera más libre, pues en la medida en que tenemos más opciones somos más libres.

De la mano de la democracia, que como hemos dicho contiene la trinidad del poder del pueblo o soberanía popular, de la libertad y de la igualdad, con la participación de todos, podemos enfrentar cualquier crisis, incluso la que estamos atravesando en estos momentos y resolverla pacíficamente. Además, por otra razón jurídica-política: en la democracia, cuando hay problemas existenciales, que dividen y polarizan a la sociedad civil, se debe consultar al pueblo soberano y constituyente y que por lo mismo es el árbitro supremo para dirimir conflictos y es él quien debe adoptar las decisiones. Los problemas conflictuales de todas las sociedades, que las polarizan, desde el punto de vista de legitimación del poder político, nos obligan a llevarlos ante el pueblo, el máximo árbitro de la democracia, para que él diga quien tiene la razón.

No sólo el tema o la manera de hacer la paz. Temas como el aborto, como el divorcio, como la pena de muerte: en ninguna sociedad hay unanimidad. No hay unanimidad en Estados Unidos, no la hay en Europa. No hay unanimidad ni en Colombia ni en China. Entonces ahí tiene que decidir el árbitro supremo, el pueblo, por medio de votaciones que arrojen las mayorías y las minorías. Porque cuando uno ve las estadísticas las diferencias siempre son mínimas. Por ejemplo, la gente está de acuerdo con el aborto en un 51%, pero hay un 49% en contra. Lo mismo sucede, con la pena de muerte, o la adopción de niños por parejas del mismo sexo; o si los actores armados tanto del Estado como de la guerrilla van a quedar impunes o no. Esta falta de unanimidad, en estos y otros temas, es un dato de la realidad política y psicológica. Esos conflictos, existenciales para llamarlos de alguna manera, la mejor forma de definirlos, para que uno acepte que no es el resultado de una imposición, es la democracia: mayorías y minorías. Pero, además, hay que estar preparados para cualquier resultado. Aquellos que dicen ser demócratas y representar al pueblo, cuando pierden, aunque sea por un voto, no pueden salir después con la tesis de que “el pueblo no es el titular del poder y no era quien debía definir el asunto”. En eso tenemos que ser claros, absolutamente claros.

Homenajes

Hoy queremos rendir varios homenajes: el primero al sujeto más importante que es el soberano, a nuestro pueblo que en las elecciones presidenciales se movilizó, rompió la abstención y rebelde, iconoclasta como siempre, acabó con el icono o mito del uribismo, y en la primera vuelta liquidó a los candidatos uribistas. En la primera vuelta votaron el 54,19% de los electores de un potencial de 39 millones de electores y en la segunda vuelta, aumentó la participación al 58,09% de los electores. El que hubiera participado más del 50% de los electores, no hay duda que fortalece la democracia; esto no quiere decir que no nos preocupe el 42% de los electores que no participan, por lo que hay que seguir vigilantes para incentivarlos en el ejercicio de sus derechos políticos. En esta elección no hay duda que existía un deseo de cambio y especialmente de quitarse la coyunda del uribismo que durante 20 años ha venido manejando la política del país. Esperemos que los diálogos de la clase política con el uribismo no lo reencauche, cuando lo lógico es dejar que se consuma lentamente como las velas, que su propio fuego las consume y las deja exánime, sin convertirlo en el interlocutor predilecto del nuevo gobierno.

El otro homenaje que queremos hacer, es al juez anónimo y digo anónimo porque no recuerdo su nombre, aunque tiene nombre y apellido, trabajaba en un juzgado de la Calle 17 con Carrera 5 de Bogotá, a finales de los años 70, con todas las limitaciones que se tenían entonces, aún mayores que las que hoy debe enfrentar la rama judicial. Gracias a él y tras un valioso diálogo, sus argumentos, me permitieron reforzar mi tesis de qué el galeón San José era de Colombia y hacia parte de su patrimonio histórico y cultural y que como tal había que defenderlo y conservarlo.

Mi actividad jurídica, me ha llevado en muchas oportunidades a defender causas qué eran minoritarias e impopulares o poco conocidas o en contravía de los poderosos del país. Así me tocó, por ejemplo, demandar ante el Consejo de Estado, la nota diplomática por la cual Colombia le regaló a Venezuela el islote de Los Monjes, dónde se encuentra parte de la gran reserva petrolera venezolana. Además, es el país que tiene probadas la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo y que si Colombia no hubiera regalado este islote, estaría en mejores condiciones económicas. Como me tocó recuperar la personería jurídica del partido Unión Patriótica para hacerle justicia y darle verdad al país sobre este genocidio. También me tocó, a finales de los años 70, en mi vida jurídica defender el patrimonio cultural e histórico del galeón San José; cuando nadie lo defendía y ni siquiera existía la tesis de su valor cultural e histórico.

Ya no recuerdo, porque no tengo los documentos a la mano, sí fue la primera o la segunda vez que trabajé en la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República y me toca hablar de memoria, con el riesgo de que esta me sea infiel.

Se presentaron ante el gobierno unos caza-tesoros extranjeros apoderados por un abogado de apellido Holguín, tal vez Carlos Holguín que manejaba el derecho internacional no a favor de nuestra patria sino de los intereses económicos foráneos. Desde su óptica jurídica sostenía que se había hallado por los extranjeros, el galeón San José, en el mar (estábamos antes de la Convención sobre el derecho del mar de 1982 y en plena discusión si el mar territorial era de 3, 12, o más millas) por fuera del territorio colombiano. En consecuencia, argüía  Holguín, que todo el galeón San José y sus tesoros eran de los extranjeros. Que jurídicamente nada le pertenecía a Colombia y que, por el contrario, el país debería estar agradecido con esos caza-tesoros, que “generosamente” le iban a dar una participación; que esto era una dádiva o gracia, pues no era obligación jurídica darle nada a Colombia.

Está tesis estaba enfrentada a la del abogado del Ministerio de Defensa, doctor Fernando Hinestrosa, quien básicamente con su formación civilista afirmaba que se trataba de un tesoro o hallazgo y que en esta figura jurídica, regulada por nuestro Código Civil, como una forma de adquisición del dominio o propiedad, el dueño del lugar donde se encuentra el tesoro tiene derecho al 50% del mismo y el que halla el tesoro tiene derecho al otro 50%. No hay duda que está tesis era mucho más favorable para Colombia.

En nuestra opinión, dado que se nos había asignado el estudio del caso, a finales de los años 70, consideramos que ninguna de las dos tesis era ni la más jurídica ni la más conveniente para Colombia y mucho menos para la conservación de su cultura y de su historia. Propusimos entonces desde el primer momento, que lo que representaba ese tesoro, iba más allá de su contenido o valor económico, ya que reflejaba parte de nuestro acervo histórico-cultural, que se había congelado con ese naufragio; parecido a lo que sucedió en Pompeya y en Herculano cuando el volcán Vesubio petrificó la cultura del Imperio romano hace cerca de 2.000 años por la acción de una de sus erupciones. Entonces, en ese momento histórico, finales de los años 70, en Colombia eran pocos los juristas que estudiaban los temas del patrimonio cultural de los pueblos y de la humanidad. Gracias a ese humilde y sabio juez, con quién pude dialogar, intercambiar argumentos jurídicos, mirar libros y documentos, solidifiqué mi convicción de que ese argumento jurídico, del patrimonio cultural e histórico, era el mejor y así rendimos nuestro concepto en defensa de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural.

A propósito de este asunto, sería importante recordar a todos los abogados y no abogados colombianos, que han estado en este tema al servicio de los intereses de los cazas-recompensas y gobiernos extranjeros contra Colombia. Y quienes, por el contrario, como ese sabio juez cuyo nombre lamentablemente no recuerdo pero que merece un homenaje, han estado vigilantes para que esos enemigos del país, ahora desde el gobierno, no vuelvan a traicionar los intereses de la patria.