POR MARIANA MAZZUCATO
Si bien es importante, el crecimiento económico en abstracto no es un objetivo o misión coherente en torno al cual los gobiernos deban orientar su formulación de políticas. El tipo de crecimiento inclusivo, sostenible y sólido que desean surge en última instancia como un subproducto de la búsqueda de otros fines colectivos socialmente beneficiosos.
Desde los debates políticos de alto nivel y los manifiestos políticos hasta la cobertura noticiosa cotidiana, la ansiedad sobre el crecimiento económico está en todas partes. En Alemania, el último presupuesto del gobierno identifica un crecimiento más fuerte como una prioridad máxima. En India, los líderes nacionales están ansiosos por recuperar el lugar de su país como la economía de más rápido crecimiento del mundo. En China, donde acecha la perspectiva de deflación, el gobierno sin duda está preocupado por alcanzar su objetivo de crecimiento del 5 % para este año.
En el Reino Unido, Keir Starmer, líder del opositor Partido Laborista, ha prometido asegurar el mayor crecimiento sostenido en el G7 si se le otorga el poder, y los conservadores en el poder expresan ambiciones similares (recordemos el ahora infame mantra de la exprimera ministra Liz Truss: “crecimiento, crecimiento y crecimiento”).
Pero poner el crecimiento en el centro de la formulación de políticas económicas es un error. Si bien es importante, el crecimiento en abstracto no es una meta o misión coherente. Antes de comprometerse con objetivos particulares (ya sea crecimiento del PIB, producción general, etc.), los gobiernos deberían centrarse en la dirección de la economía. Después de todo, ¿de qué sirve una alta tasa de crecimiento si para lograrla se necesitan malas condiciones laborales o una industria de combustibles fósiles en expansión?
Además, los gobiernos han tenido más éxito a la hora de catalizar el crecimiento cuando perseguían otras metas, sin tratar el crecimiento en sí como objetivo. La misión de la NASA de llevar un hombre a la Luna (y traerlo de regreso) produjo innovaciones en el sector aeroespacial, de materiales, electrónica, nutrición y software que más tarde agregarían un valor económico y comercial significativo. Pero la NASA no se propuso crear estas tecnologías por ese motivo, y probablemente nunca las habría desarrollado si su misión hubiera sido simplemente aumentar la producción.
Del mismo modo, internet surgió de la necesidad de conseguir que los satélites se comunicaran entre sí. Debido a su adopción generalizada, el PIB digital ha crecido 2,5 veces más rápido que el PIB físico durante la última década, y ahora la economía digital está en camino de alcanzar un valor estimado de 20,8 billones de dólares para 2025. Una vez más, estas cifras de crecimiento son el resultado de una actividad activa, compromiso con las oportunidades que presenta la digitalización; el crecimiento en sí no era el objetivo.
En lugar de centrarse en acelerar el crecimiento del PIB digital, los gobiernos deberían apuntar a cerrar la brecha digital y garantizar que el crecimiento actual y futuro no se base en el abuso de poder de mercado por parte de las grandes tecnologías. Dada la rapidez con la que avanza la inteligencia artificial, necesitamos urgentemente gobiernos que puedan dar forma a la próxima revolución tecnológica en interés del público.
En términos más generales, impulsar el crecimiento en una dirección más inclusiva significa alejarse de la financiarización de la actividad económica y volver a comprometerse con la inversión en la economía real. Tal como están las cosas, demasiadas empresas no financieras (incluidos los fabricantes) están gastando más en recompras de acciones y pagos de dividendos que en capital humano, maquinaria e investigación y desarrollo. Si bien estas actividades pueden impulsar el precio de las acciones de las empresas en el corto plazo, reducen los recursos disponibles para reinvertir en los trabajadores, ampliando la división entre quienes controlan el capital y quiénes no.
La financiarización a menudo tiene que ver con la extracción de valor y la maximización de ganancias a corto plazo, más que con la creación de valor para el bien de la sociedad en su conjunto. Para lograr un crecimiento inclusivo, debemos reconocer que los trabajadores son los verdaderos creadores de valor, y sus intereses deben ocupar un lugar destacado en los debates sobre la distribución del ingreso y la riqueza.
En este sentido, la nueva postura del Partido Laborista del Reino Unido sobre los derechos de los trabajadores es preocupante. En un intento instintivo de apelar a los líderes corporativos y contrarrestar las afirmaciones de que es “antiempresarial”, el Partido Laborista ha suavizado su compromiso previamente declarado de proteger más fuerte a los trabajadores por cuenta ajena. Sin embargo, el crecimiento impulsado por la inversión y los derechos de los trabajadores no deben considerarse prioridades contrapuestas. Equilibrar el compromiso empresarial con el compromiso con los trabajadores no sólo es esencial para lograr un crecimiento inclusivo; ya se ha demostrado que impulsa la productividad y el crecimiento a largo plazo.
La economía por sí sola no crecerá en una dirección socialmente deseable. Como subrayé hace diez años, el Estado tiene un importante papel empresarial que desempeñar. Después de los recientes intentos de los gobiernos de reactivar sus economías tras la pandemia, está claro que todavía necesitamos nuevas ideas sobre cómo lograr un crecimiento que no sólo sea “inteligente”, sino también ecológico e inclusivo.
Los gobiernos necesitan hojas de ruta de política económica con objetivos claros, basados en lo que más importa a las personas y al planeta. El apoyo público a las empresas debe condicionarse a nuevas inversiones que “construyan mejor” hacia una economía real más verde e inclusiva. Consideremos la Ley CHIPS y Ciencia de Estados Unidos, cuyo objetivo es impulsar la industria nacional de semiconductores. La ley prohíbe que los fondos se utilicen para recomprar acciones, y uno podría fácilmente imaginar disposiciones adicionales que exijan que las ganancias futuras se reinviertan en capacitación de la fuerza laboral.
Pero para ayudar a orientar el crecimiento en la dirección correcta, los gobiernos también deben realizar inversiones orientadas a objetivos en sus propias capacidades, herramientas e instituciones. La subcontratación de capacidades básicas ha socavado su capacidad para responder a las necesidades y demandas cambiantes, reduciendo en última instancia su potencial para crear crecimiento decidido y valor público con el tiempo. Peor aún, a medida que las capacidades y la experiencia del sector público se han ido vaciando, se ha vuelto más susceptible de ser capturado por intereses creados.
Sólo con las capacidades y competencias adecuadas los gobiernos podrán movilizar recursos y coordinar esfuerzos con empresas que estén dispuestas a trabajar para lograr objetivos compartidos. Una estrategia industrial orientada a una misión requiere que los sectores público y privado trabajen juntos de manera simbiótica. Si se aplica correctamente, este enfoque puede maximizar los beneficios públicos a largo plazo y el valor para las partes interesadas: el crecimiento impulsado por la innovación se convierte en sinónimo de crecimiento inclusivo.
La pregunta que deberíamos hacernos no es cuánto crecimiento podemos lograr, sino de qué tipo. Para lograr una mayor producción económica que también sea inclusiva y sostenible, los gobiernos tendrán que aprovechar su potencial para ser creadores de valor y fuerzas poderosas que dan forma a la economía. Reorientar las organizaciones públicas en torno a misiones ambiciosas –en lugar de obsesionarse con objetivos de crecimiento estrechos– nos permitirá abordar los grandes desafíos del siglo XXI y garantizar que la economía crezca en la dirección correcta.
