Productivismo y liberalismo de la oferta: lo que hay más allá del neoliberalismo

POR AMY KAPCZYNSKI

Parte de lo que implica un paradigma hegemónico es que condiciona cómo vemos las cosas. Pero es, por supuesto, difícil ver que hay más allá de aquello a través de lo cual miramos otras cosas. Quizá haya aquí una regla de inquebrantable. Así lo sugiere la afirmación de Hegel sobre el búho de Minerva que vuela sólo al anochecer. Pero si pretendemos no sólo interpretar el mundo, sino también cambiarlo, es especialmente importante intentar vislumbrar el futuro que podría estar surgiendo en nuestro presente.

He estado pensando sobre esto mientras releía el magnífico análisis de Corinne Blalock sobre el declive de la teoría jurídica crítica. En realidad, es la historia del búho de Minerva: Blalock argumenta que los críticos perdieron su poder crítico porque orientaron su crítica hacia el liberalismo jurídico, justo en el momento en que un nuevo paradigma estaba tomando el relevo: el neoliberalismo.

Ya ven por dónde voy, ahora que empieza el nuevo año. Los estudiosos del derecho y la economía política intentan teorizar y rebatir el giro neoliberal, pero ese paradigma está más en entredicho que nunca. Es cada vez más común, incluso, oír que estamos en medio de una transición que nos aleja del neoliberalismo. Es un buen momento, pues, para que pensemos en lo que viene después. ¿Qué paradigmas podrían venir a acabar con el neoliberalismo, o a darle una forma mutada?

Interesa describir los intentos para nombrar y dar forma a lo que viene después del neoliberalismo, y trabajo en algunas reflexiones sobre lo que significan para nuestras críticas de hoy. En este texto me centraré en una idea que está ganando atención en los círculos políticos progresistas dominantes: algunos la llaman “productivismo”, otros “liberalismo de la oferta” [supply side liberalism] y otros “nueva política industrial”. Me referiré próximamente a los alcances de una visión alternativa a esta que está surgiendo en la derecha teocrática, que en las facultades de Derecho se autodenomina “constitucionalismo del bien común”. Creo que es más probable que ambas desemboquen en una forma mutante de neoliberalismo antes que en una alternativa real, en parte porque nuestras instituciones políticas son lo que son, y el neoliberalismo no es sólo un conjunto de ideas, sino también un paradigma de gobierno.

Estoy segura de que hay otros contendientes. Pero estos dos merecen nuestra atención ahora, porque ambos podrían dar forma de manera significativa a las fallas intelectuales y políticas del futuro, ya sean posneoliberales o no.

El nuevo productivismo

Hoy en día, en Washington es habitual oír que ha vuelto la política industrial. Los logros legislativos emblemáticos de la Administración Biden –el proyecto de ley de infraestructuras, el proyecto de ley de semiconductores, la ley de reducción de la Inflación– se inscriben plausiblemente bajo este epígrafe. Algunas voces de la derecha también reclaman nuevas inversiones en política industrial, sobre todo entre el pequeño grupo de republicanos –los círculos en torno a Rubio, Romney, Hawley y Vance– que se autoproclaman posneoliberales.

Observando esto, Dani Rodrik señala que “puede estar surgiendo un nuevo consenso bipartidista” en torno a una alternativa al neoliberalismo que él denomina productivismo. Tal y como él lo describe, se trata de una visión que

hace hincapié en la difusión de oportunidades económicas productivas en todas las regiones y en todos los segmentos de la mano de obra. A diferencia del neoliberalismo, el productivismo otorga a los gobiernos y a la sociedad civil un papel importante en la consecución de ese objetivo. Confía menos en los mercados, desconfía de las grandes corporaciones y hace hincapié en la producción y la inversión por encima de las finanzas, y en la revitalización de las comunidades locales por encima de la globalización. El productivismo también se aparta del Estado del bienestar keynesiano al centrarse menos en la redistribución, las transferencias sociales y la gestión macroeconómica y más en medidas del lado de la oferta para crear buenos empleos para todos. Y el productivismo diverge de ambos antecedentes al reflejar un mayor escepticismo hacia los tecnócratas y expresar menos hostilidad visceral hacia el populismo económico.

Ezra Klein, unos meses antes, en un ensayo que también circuló por Twitter, hizo hincapié en algunos de los mismos puntos. Sostiene que estamos asistiendo a un giro hacia el progresismo del lado de la oferta, evidenciado por un alejamiento de los programas del “lado de la demanda” que resuelven problemas, por ejemplo, dando dinero o vales a la gente; y por un acercamiento a soluciones del “lado de la oferta”, por ejemplo, para construir directamente nuevas viviendas, desarrollar tecnologías ecológicas y hacer que nuestra industria farmacéutica sea más innovadora.

Algo se está moviendo aquí, pero no está tan claro hasta qué punto es nuevo o transformador. Muchos de los problemas de nuestra economía política que se debaten en este blog, por ejemplo, podrían fácilmente permanecer intactos –o incluso verse exacerbados– por un nuevo énfasis en la “producción”. Uno obvio es la economía política extractiva de la reproducción. El proyecto de ley de infraestructuras de Biden se centraba inicialmente en los cuidados, que había prometido abordar en la campaña. Pero se abandonó rápidamente, a pesar de que el de los cuidados sigue siendo uno de los sectores más importantes y de más rápido crecimiento de empleo formal y, como he discutido en otro lugar, central para lo que aflige a nuestra economía política en general.

Además, no está claro que el productivismo implique cambios en nuestro rapaz Estado carcelario, ni que nos proporcione ningún compromiso con el acceso universal a la asistencia sanitaria u otras formas de desmercantilización. El productivismo está alimentado en gran parte por la preocupación por el clima, pero no parece exigir una transición energética justa, ni ningún tipo de política reparadora, centrada en lo que la justicia nos exige en una democracia de iguales.

Los debates sobre la naturaleza del neoliberalismo y el capitalismo a menudo parecen oscuros y académicos, pero sus implicaciones muy reales son visibles aquí. Si nuestra economía política actual es sólo – no también, sino sólo – un sistema de producción, basado en una notoria separación entre mercado y política, entonces la política industrial puede pretender (acertadamente o no) arreglar lo que la aqueja. Pero si por el contrario estos sistemas son, como yo y otros hemos propuesto, relaciones históricamente arraigadas de extracción y expropiación que están profundamente mezcladas con dinámicas de racialización y generización, entonces lo que necesitamos no es algo sólo mucho más ambicioso, sino algo de otro tipo.

Un segundo problema es el destino de una agenda de política industrial progresista una vez que se encuentra con la realidad política de nuestras instituciones. Aunque en estas páginas se ha hecho hincapié en el papel central de la construcción de poder para el cambio político radical, estos puntos de vista rara vez se reflejan en las conversaciones dominantes sobre política industrial, que todavía se llevan a cabo, incluso entre los progresistas, como si se tratara de cuestiones técnicas que se realizarán mediante el diseño adecuado por parte de las élites. Los expertos identifican un problema, definen algunas soluciones y el mundo aparentemente cambia.

Nuestros primeros atisbos de la nueva política industrial en la práctica revelan los límites de este enfoque. El IRA [Inflation Reduction Act o Ley de reducción de la inflación], por ejemplo, contiene en su interior mucho que celebrar, pero funciona en gran parte mediante subvenciones masivas al sector privado. Hay motivos reales para temer que las inversiones del IRA en la transición energética –como ocurrió con muchas de las ayudas durante la pandemia– acaben sobrealimentando los beneficios privados y estimulando nuevas olas de concentración empresarial.

También cabe preguntarse cuán diferente es esta versión de la política industrial de la que definió al propio neoliberalismo. Al fin y al cabo, aunque a menudo no se sepa, la gobernanza neoliberal del mercado se ha basado fundamentalmente en el gasto público como base sobre la que se pretendía que la industria privada funcionara en su modo normal de búsqueda de beneficios. La historia nos dice que un giro hacia la política industrial y un abrazo de la inversión pública y la creación de empleo no tienen por qué producir algo genuinamente igualitario y democrático. De hecho, cuando esa inversión se produce rápidamente, y a través de instituciones vaciadas por las reformas neoliberales, parece característicamente improbable. Sobre todo, teniendo en cuenta que nuestras instituciones políticas hacen que el gasto vía “conciliación” en el Senado sea mucho más fácil que la legislación en general. Como resultado, obtenemos lo que Felicia Wong llama la cara bonita del posneoliberalismo”: dinero e inversiones, pero no reformas legislativas para fortalecer el trabajo, promover la sanidad y la vivienda universales, reformar los tribunales o desafiar el poder corporativo. [N.T: la “conciliación” es un dispositivo del Senado estadounidense para facilitar la aprobación de leyes evitando los requisitos habituales de mayoría cualificada (60 de 100 votos). El punto de la autora, sin embargo, es recordar que esta herramienta solo se aplica a la legislación presupuestaria, quedando así excluidos enormes ámbitos de la política económica convencional como las reformas de la seguridad social o las modificaciones del salario mínimo].

 

Si se pretende que este gasto público desafíe al statu quo, sólo tendrá éxito si se presta mucha más atención a sus condiciones: por ejemplo, límites a la conducta empresarial, pero también requisitos para asignar poder real a los trabajadores y a las comunidades locales. También necesitamos una conversación mucho más seria sobre dónde y por qué tales inversiones deben generar titularidad pública y control sobre los resultados de las inversiones clave.

Parte de lo que todo esto sugiere, también, es que algunas de las cuestiones más críticas en los próximos años en el campo del derecho y la economía política versarán sobre los límites de una versión estrecha de la política industrial o del productivismo, y sobre los términos en los que las inversiones públicas pueden reflejar el ideal de la democracia económica. En términos más generales, el reto consiste en imaginar el tipo de instituciones democráticas que necesitamos para gobernar esa economía, teniendo en cuenta la historia y las relaciones sociales de poder existentes.

¿Qué tipo de instituciones son capaces de mantener abierta la naturaleza de nuestro “nosotros” (para que el centro de la democracia siga siendo un lugar vacío, en términos de Claude Lefort, garantizando que los grupos, marcados por jerarquías de estatus, no se atrincheren a través de sus posiciones de influencia sobre la producción y el cuidado)?; ¿qué tipo de instituciones son capaces de permitirnos aprender de las personas más cercanas a los problemas y que soportan los costes más elevados (dejando atrás a Hayek, porque las señales del mercado devalúan sistemáticamente la aportación de muchas de esas personas)?; ¿y qué tipo de instituciones son capaces de consolidar suficiente poder público para adoptar y promulgar programas a una escala que se corresponda con la de nuestros problemas? ¿Es la “titularidad” pública fundamental y distintiva, así como una herramienta reguladora entre muchas otras? Éstas no son ni mucho menos las únicas cuestiones que exigen nuestra atención, pero abordarlas se hace más urgente a medida que observamos los cambios intelectuales y políticos que el trabajo de tantos que escriben ha contribuido a producir.

Traducción: David Guerrero.

@akapczynski

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