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El ultraconservador expresidente de Argentina, Mauricio Macri, contó durante su cuestionado cuatrienio (2015-2019) con una red de espías dependiente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que desplegó todo un dispositivo de seguimientos y escuchas a dirigentes opositores, periodistas e incluso a referentes de su propio partido, Propuesta Republicana (PRO), y de la alianza política de matriz neoliberal que lo llevó al poder, conocida bajo la denominación de Cambiemos.
Al descubrirse el entramado de espionaje, la AFI denunció al exmandatario ultra conservador por haber armado todo un esquema para perseguir a sus adversarios y conocer los pasos de sus aliados que le permitiera realizar cambios estructurales a la estructura político-económica de la Argentina, a partir de una visión autoritaria.
Como consecuencia de las investigaciones, el pasado 30 de junio el juez Federico Villena, ordenó la detención de 22 personas comprometidas muy seriamente con las labores de espionaje durante la gestión de Macri en la Casa Rosada.
“Una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumplieron diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de funcionarios y/o empleados públicos y agentes y/o dependientes de las Fuerzas de Seguridad y/o de la Agencia Federal de Inteligencia”. Con estas palabras el juez sustentó las órdenes de arresto.
Varios analistas políticos y columnistas de prensa coinciden en que este hecho delictivo orquestado desde la cabeza del poder ejecutivo, es una especie de Watergate en versión argentina (referencia al escándalo de espionaje político que acabó con la presidencia de Richard Nixon en EEUU en 1974), no solo por espiar a la oposición, sino que tenía como propósito descubrir si dentro del oficialismo se barajaba alguna candidatura presidencial diferente a la de Mauricio Macri. Por eso es que según los hallazgos se realizaban seguimientos y pesquisas a la propia hermana de Macri, así como al obispo Jorge Lugones, amigo del papa Francisco, para ver si estaba armando alguna estructura política en el país.
La larga lista de espiados, alrededor de unas 500 personas, incluye a la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y a su hija Florencia; así como al exmandatario Eduardo Duhalde (2002-2003). Se estableció también que en desarrollo de la operación criminal se revisaban los correos electrónicos de los afectados y se organizaron planes de seguimiento en las viviendas particulares de funcionarios copartidarios y compañeros del propio Macri, como el actual intendente de la capital argentina, Horacio Rodríguez Larreta y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.
En proceso de investigación se encuentran además las escuchas ilegales que se habrían realizado en la cárcel de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, a exfuncionarios y empresarios vinculados al kirchnerismo que fueron procesados con prisión preventiva durante el gobierno de Macri.
Violando los más elementales derechos humanos, la red de informantes del exmandatario neoliberal espiaba también a presos de manera muy vergonzosa, con micrófonos que se instalaban en las celdas y en los lugares donde se reunían con los abogados. Se hacían seguimientos a cualquier persona que iba a visitarlos, se realizaba un análisis de sus familias, de sus empresas si era el caso, de sus parejas.
La actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, adicionalmente elevó una nueva denuncia ante la justicia federal contra Macri, y la exsubdirectora de esta agencia, Silvia Majdalani, por la venta irregular de 300 armas de fuego a agentes y funcionarios.
Ante los primeros indicios y pruebas que develaron este escándalo, el pasado 5 de marzo, el presidente, Alberto Fernández, decretó que la AFI ya no podrá ser auxiliar en investigaciones criminales que llevan adelante los jueces penales federales ni realizar funciones policiales, en un nuevo intento por limpiar un organismo criticado por su oscurantismo.
La irresponsabilidad de la AFI macrista fue expuesta a principios de 2019 durante un complejo escándalo de escuchas telefónicas criminales, que involucró a periodistas, funcionarios del poder judicial, agentes de los servicios de Inteligencia y la dirigencia política, denunciados de orquestar una vigilancia ilegal a funcionarios públicos y empresarios.
Ante la contundencia de las pruebas y la detención de los 22 exfuncionarios que espiaban para Macri, este ha preferido guardar un atronador silencio.
