POR HELENA SALCEDO /
El encuentro fue acordado luego de varios años sin el contacto personal y daría cabida para recordar gratos tiempos anteriores y hablar de esos temas que solo permite el deseo de pasar un buen rato, pero cambió la dinámica y atrapó toda la atención el trabajo que realizó una abogada, sin recursos, sometida al acoso político, quien durante varios años se dedicó a investigar la crueldad y el daño que causó a millares de familias la invasión militar de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.
Gilma Gloria Camargo no descansó en su empeño por buscar documentación, dar a conocer el dolor de las familias de las víctimas que se convirtieron en la mayor fortaleza para continuar.
Llevó a la primera potencia imperial a un Tribunal Internacional en Estados Unidos, ese país que se considera invencible y ahora debe enfrentar la exigencia cuando el mundo le pide cuentas y tiene la obligación de rendirlas por el número de muertes y de víctimas que dejó el ejército invasor norteamericano.
El 20 de diciembre de 1989 fue la fecha elegida por el gobierno de Estados Unidos para invadir Panamá y dejar su huella de violencia y asesinatos, utilizando el pomposo nombre de Causa Justa (Operation Just Cause).
Rescatar ese pasado cruento significa sacar del olvido a tantas personas que perdieron su vida y elevarles la dignidad a sus familiares que mantienen una lucha tenaz por denunciar estos crímenes. Ese empeño de numerosas familias encontró eco en la abogada panameña Gilma Gloria Camargo, quien desde que sucedieron los hechos en 1989 no cesó en el objetivo de darlo a conocer y proteger a su país, de un intento de nueva agresión por parte del Ejército de EE.UU. Veintinueve años le llevó la recopilación de los hechos, efectuó entrevistas a familiares sobrevivientes para elaborar una completa investigación y denunciar a EE.UU. de cometer la más sangrienta y brutal intervención militar efectuada en Panamá.
El fin perseguido por el país norteamericano contra Panamá fue utilizar su posición estratégica. Primero instalaron la Escuela de las Américas, formadora para las prácticas de represión que usan los gobiernos títeres del hemisferio. Luego emplearon la etapa más violenta bajo el argumento de capturar al jefe del Ejército panameño para ese entonces, Manuel Antonio Noriega, quien ya no se ajustaba a la horma del zapato de Washington y pasó a ser acusado por sus antiguos amigos, de narcotraficante.
¿Cómo se inició el proceso?
Gilma Camargo estudiaba Derecho en la Universidad de New York y se desempeñaba como reportera en la emisora comunitaria WBAL, al conocer del bombardeo a su país, de inmediato hizo un reporte de prensa sobre la masacre y se mantuvo informando de las muertes de forma permanente. Las noticias que le llegaban se mostraban cada vez más dramáticas; los aviones sobrevolaban la ciudad, las tanquetas atacaban por tierra a la población usando armamentos sofisticados contra un ejército pequeño; los hospitales comenzaron a colapsar, y la gente desesperada en las calles gritando: “hay demasiados muertos”; barrios enteros como El Chorrillo, donde se encontraba el Cuartel General de la Policía y San Miguelito, eran arrasados por la fuerza militar de los norteamericanos.
No hubo “Causa Justa” y Estados Unidos es condenado por la CIDH
Para 1990 el Gremio Nacional de Abogados de New York presentó un documento donde exponen el número de muertos que dejó la agresión norteamericana, los continuos días que se mantuvieron disparando contra la población, los campos de concentración que fueron creados, la cifra en ascenso de desaparecidos, de personas sin vivienda. Los datos recabados fueron presentados en un boletín que titularon No hubo causa justa contra Panamá.
Con ese reporte viajó a Panamá una delegación impulsada por la abogada Gilma Camargo, con escaso apoyo económico y la férrea voluntad de esta mujer afrodescendiente, defensora de los derechos humanos, de un carácter dulce y muy firme acompañada del conocimiento de cómo actúa el Pentágono, las estrategias que usa para invadir naciones sin que nada le mortifique ni se interponga en su objetivo, porque para eso Washington ya tiene el argumento que para su gobierno todo lo justifica: el daño colateral.
Comenzó la presentación de pruebas y la tarea de recabar más información entre familiares y sobrevivientes. La acompañó en esa investigación el abogado puertorriqueño, José Luis Morín, miembro del Centro de Derecho Constitucional, un jurista conocedor de las consecuencias del colonialismo en Puerto Rico y de otros territorios intervenidos por Estados Unidos.
La meta trazada por los abogados fue denunciar a EE.UU. y así prepararon la histórica documentación para luego introducirla ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en Washington, al considerarlo un foro apropiado para presentar el caso.
El Informe presentado ante la CIDH relata las formas como murió la población panameña, con nombres, apellidos y su fotografía en vida, y están los casos de Dionisia Meneses quien se hallaba en la cocina y recibió los proyectiles desde un helicóptero; otro como José Luis Bosquedo, quien se dirigía a su lugar de trabajo desde San Miguelito y lo asesinaron en un enfrentamiento del ejército norteamericano. Ataques selectivos en las barriadas de El Chorrillo y en la ciudad de Colón: “recibí el impedimento para evaluar el número de fosas comunes y sé que muchas fueron desaparecidas, hay áreas donde nadie nunca ha ingresado, todas esas pruebas fueron presentadas con la correspondiente descripción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, afirma la abogada.
Gilma Camargo ganó el caso y superó las presiones de haberse enfrentado al imperio, al Pentágono y al Departamento de Estado y salir victoriosa.
EE.UU. ignora el fallo del Tribunal Internacional
El país agresor no acepta haber cometido una intervención militar, le atribuye a Manuel Noriega la culpa de los hechos acaecidos en Panamá y de haber sido atacados por un ejército, por lo tanto en su proverbial cinismo sostiene que, “solo actuaron en defensa propia”. Esos son parte de los testimonios recogidos en la defensa de los abogados del gobierno de George Bush para ese año, refiere la abogada.
Frente a esas argumentaciones estaban todos los hechos evidentes contra EE.UU., los relatos de los sobrevivientes salían a flote reclamando justicia.
Cuando la doctora Gilma Camargo examina la argumentación jurídica que expone EE.UU. para invadir su país, encuentra que entre los objetivos principales está dar una lección a América Latina y el Caribe, y reafirmarle que “son el patio trasero” y ningún desafío político o social proveniente de grupos de izquierda, podía frenar sus propósitos. Conciben la invasión a Panamá para demostrar su autoridad imperial y recobrar el control colonial, además que probarían sus nuevas técnicas de invasión y armas contra una población urbana con asentamientos de gente proveniente de áreas rurales. Ya el dominio lo habían perdido en Cuba y Nicaragua con gobiernos democráticos que demostraban no temerle al imperio. En Panamá, el agente de la CIA, Manuel Antonio Noriega, jefe de Estado para esa época, se mostraba insubordinado a sus intereses.
El gobierno invasor no imaginó que los sangrientos asesinatos se conocerían en el mundo, por lo tanto para adelantar la investigación la abogada Camargo se encontró con una indagación difícil y con todo el respaldo de los familiares de las víctimas. Para acceder a estos documentos debió buscar en los papeles ya desclasificados provenientes de fuentes civiles y militares que participaron en la invasión.
No solo sorteó la obstrucción para poder desarrollar la investigación así como el encubrimiento intencional a las violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario. Debió presentar reporte de expertos independientes en áreas como los traumas causados por las guerras, los principios básicos de conducta militar durante conflictos armados y también el reporte sismográfico de la Universidad de Panamá donde se demuestra la cantidad de bombas empleadas que estremecieron el país durante las primeras horas de la invasión el 20 de diciembre de 1989.
Uso desproporcionado de la fuerza militar contra todos
Se encuentra en el Informe de la doctora Gilma Camargo que aún en febrero de 1990 tanto la Operación Justa Causa como la Operación Promover Libertad, continuaba actuando contra Panamá porque el gobierno norteamericano justificó como “daño colateral” dejar todo arreglado para avalar la represión brutal y el crimen contra Panamá.
La comunidad de El Chorrillo en el Distrito de Panamá, donde se ubicaba el Cuartel Central de las Fuerzas de Defensa fue bombardeado y calificado por el ministro de la Defensa gringo para ese año, Colin Powell, como un lugar donde se libró por parte del Estado invasor, una “batalla infernal”.
La población de la populosa barriada fue víctima de un número indeterminado de muertos, de desaparición de hombres, mujeres y niños y la destrucción del 76.85% de las viviendas.
El gobierno invasor de EE.UU. finalizó su denominada Operación Justa Causa cuando los miembros del Comando Sur asumieron en esa pequeña nación cada una de las estancias del gobierno nacional en 1994.
Varios analistas militares y civiles de EE.UU. describieron ese período de la invasión a Panamá como “el gran fracaso” del Pentágono al asumir tareas políticas de reactivación de un gobierno y reordenamiento de un Estado destruido por ellos mismos mientras el país se encontraba bajo ocupación militar estadounidense. Lo más impactante de la invasión fue el uso desproporcionado de la fuerza contra una población civil desarmada.
Aunque diciembre es época navideña ello no importó, porque en la Operación dizque “Justa” de EE.UU. con 25 mil soldados agresores, las comunidades quedaron desprotegidas, sus historias son desgarradoras tanto de los nacionales como de turistas norteamericanos y de otros países.
El curso de su indagación histórica no ha cesado porque aún para esta fecha se desconoce el número de muertos. Para 2019 Panamá tenía una población de 2.4 millones de personas, los gringos trajeron en su invasión mil bolsas para muertos, se les agotaron y no buscaron más, usaron los camiones refrigerados para trasladar los cadáveres violentando aún más su dignidad.
Traumas imperecederos
El daño de la invasión militar está recogido en las historias que relatan las víctimas, cada una más desgarradora. Para la población istmeña la invasión aún sigue latente sostiene la jurista, son muchas las marcas que hay en el cementerio, las heridas de las víctimas y el sinsabor de la injusticia.
El fallo del Tribunal Internacional de condena contra Estados Unidos por la invasión a Panamá, le permite sentirse una mujer feliz y orgullosa de las decisiones que ha tomado en su vida y de quien es Gilma Gloria Camargo, heredera del legado afrodescendiente y revolucionario.
Reparación
En el informe final sobre el caso, la CIDH recomienda a Estados Unidos reparar integralmente las violaciones de derechos humanos acreditadas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial, además de adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.
Para esto, el Estado “debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial, por iniciativa propia e independiente de las iniciativas que pudiese tomar el Estado panameño, a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas, considerando la naturaleza de las violaciones”. En cuanto a las víctimas ya fallecidas, las reparaciones deberán ser reconocidas a sus familiares o herederos, según sea el caso.
Tomando en cuenta que las víctimas no se encuentran en la jurisdicción territorial de Estados Unidos –añade el informe–, la CIDH instó a desplegar todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para materializar las indemnizaciones, además de disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas que así lo requieran, o pagarles un monto específico para cubrir esos servicios médicos donde se encuentren.
Por otro lado, la CIDH pide a Estados Unidos realizar una investigación “de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer plenamente los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las formas correspondientes de sanción respecto a las violaciones de derechos humanos documentadas”.
