Pese a que EE.UU. sabía que Ejército de Colombia era responsable del magnicidio de líderes populares y de izquierda, continuó financiándolo, revela ‘The New York Times’

LA ROSA ROJA /

Con ocasión de la entrega del Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV), sobre el conflicto armado más largo de América Latina, el pasado 28 de junio, la corresponsal de The New York Times en el área andina, Julie Turkewitz, publicó una nota en la que revela que el Gobierno de los Estados Unidos tenía pruebas suficientes que daban cuenta de que el Ejército de esta nación andina “estaba detrás de una ola de asesinatos de activistas de izquierda y, aun así, pasó las siguientes dos décadas profundizando su relación con las Fuerzas Armadas colombianas, según muestran documentos que acaban de difundirse”.

La nota del influyente medio norteamericano señala que la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) contaba con pruebas de que el Ejército colombiano “había brindado una lista de objetivos a los paramilitares, quienes mataron a 20 trabajadores de una plantación bananera en una masacre muy conocida, muestran los documentos, pero siguieron enviando miles de millones de dólares en ayuda al gobierno de Colombia”.

La corresponsal de The New York Times resalta del Informe de la Comisión de la Verdad el rol de Washington como protagonista principal en el dilatado conflicto armado de Colombia  al brindar apoyo económico mediante cuantiosos fondos a la Fuerzas Militares y de Policía durante décadas. Además, agrega la nota periodística, EE.UU. ha entrenado al Ejército de este país suramericano para enfrentar la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico.

Entre las pruebas empleadas para redactar el reporte de la CEV “se encuentran miles de documentos desclasificados de Estados Unidos reunidos y organizados por el Archivo de Seguridad Nacional, una organización no gubernamental con sede en Washington que se especializa en brindar apoyo a las comisiones de la verdad establecidas después de conflictos”, explica en la nota la corresponsal Turkewitz.

Falsos positivos, un crimen de lesa humanidad. Sepultureros y expertos forenses buscan los restos de víctimas ejecutadas por miembros del Ejército colombiano durante el conflicto armado, en el cementerio de Dabeiba, Antioquia.

“En agosto se publicará una biblioteca digital con los documentos. Pero el Archivo de Seguridad Nacional brindó a The New York Times algunos de los documentos con anticipación. Revelan que durante décadas Estados Unidos tuvo conocimiento de supuestos crímenes cometidos por el Ejército colombiano ‘y aun así la relación siguió creciendo’, dijo Michael Evans, director del proyecto de Colombia para la organización”.

Según Evans resulta muy reveladora la serie de reportes operativos de la CIA sobre las Fuerzas Armadas colombianas habida cuenta que este tipo de información no suele estar disponible al público, incluso después de solicitudes de registros.

Lo que dicen los documentos desclasificados por la CIA

Así describe la nota de la corresponsal The New York Times el comprometedor contenido de los documentos desclasificados por la CIA sobre el accionar de las Fuerzas Militares de Colombia, que a todas luces, es violatorio de derechos humanos:

Un informe, escrito en 1988 durante un periodo en que regularmente se mataba a activistas de izquierda, halló que la ola de asesinatos se llevaba a cabo contra “presuntos izquierdistas y comunistas” era resultado de un “esfuerzo conjunto” entre el jefe de inteligencia de la Cuarta Brigada del Ejército colombiano e integrantes del Cartel de Medellín.

Muchos de los asesinados estaban relacionados con el partido llamado Unión Patriótica. El informe dijo que era “poco probable” que esto sucediera “sin el conocimiento del comandante de la Cuarta Brigada”.

Más adelante en el documento, un funcionario de la CIA escribe sobre una masacre de 1988 en la que 20 campesinos, muchos de ellos integrantes de un sindicato, fueron asesinados. El funcionario de la CIA indica que el gobierno de Estados Unidos creía que los asesinos “obtuvieron los nombres de los objetivos previstos” de la unidad de inteligencia de la Décima Brigada del ejército.

Otros documentos muestran que Estados Unidos sabía que las empresas petroleras pagaban a los paramilitares a cambio de protección y que al menos una compañía reunía inteligencia para el Ejército colombiano.

Una empresa “activamente brindaba inteligencia sobre las actividades de la guerrilla al Ejército”, según la CIA, “empleando un sistema aéreo de vigilancia a lo largo del gasoducto para mostrar los campamentos de la guerrilla e interceptar las comunicaciones de la guerrilla”.

El Ejército de Colombia “exitosamente explotó está información y causó unas 100 bajas durante un operativo contra la guerrilla” en 1997, según el informe.

Otro documento, redactado en 2003, insinúa algo sobre uno de los capítulos más sombríos de la guerra, llamado el escándalo de los “falsos positivos. En dicho caso, el Ejército colombiano está acusado de matar a miles de civiles durante la presidencia de Álvaro  (2002-2010) e intentar hacerlos pasar por fallecimientos en combate, un esfuerzo por mostrar que se estaba ganando la guerra.

En un testimonio judicial reciente en Colombia, exintegrantes del Ejército han dicho que se sintieron presionados a matar a otros colombianos por sus superiores.

Un memorándum de 2003 dirigido a Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa de Estados Unidos, de parte de un alto representante del Pentágono para operaciones especiales, aplaude el aumento significativo de muertes en combate a partir de que Uribe asumió el poder: 543 en apenas seis meses, comparados con 780 durante los últimos dos años del gobierno previo.

El documento se titula “Éxitos recientes contra las FARC colombianas”.

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