‘Paz con legalidad’: ¿de cuántos muertos más hablamos?

POR OCTAVIO QUINTERO

Colombia padece una violencia crónica a raíz de tanta injusticia social agraria, inicialmente, extendida hoy a todo el país urbano por el desplazamiento de 9 millones de víctimas que acrecientan la pobreza generalizada en más del 80 % de la población (40 millones de personas), si se suman las familias cuyos ingresos mensuales no pasan de 3 salarios mínimos, unos 800 dólares.

Millones de colombianos han pagado en los últimos 74 años con sangre, sudor y lágrimas, literalmente, el continuado enfrentamiento entre el Estado y los alzados en armas.

Resulta cruel que el gobierno actual, próximo a culminar, haya enredado la implementación de un acuerdo de paz que pudo haberle ahorrado al país muchos muertos y el sufrimiento de poblaciones enteras en regiones como la Costa Pacífica (Chocó y Cauca) y las fronterizas con Venezuela (Norte de Santander y La Guajira), por citar las más victimizadas por los actores armados, incluyendo el Ejército y la Policía Nacional.

Entre 2020 y abril de 2022 (28 meses) se contabilizan 219 masacres con 836 víctimas fatales, principalmente de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras (fuente: Indepaz). Tenemos bien ganado el indeseado segundo lugar del mundo como país de la más alta criminalidad (fuente: Índice Global de Crimen Organizado/2021).

Pero, Duque no es el único indolente, aunque sí, el más… El Congreso expidió, y entró en vigencia en enero del 2012, la Ley de víctimas y restitución de tierras (No.1448). Hoy, 10 años después (6 de estos en el gobierno de Juan Manuel Santos, 2010 – 2018), los despojados han elevado 131.000 reclamaciones ante los jueces y solo el 20 % (26.200), han progresado; y del resto (104.800), solo 89 han sido revisadas ante la insistencia de las víctimas (fuente: Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales).

Ante este pobre balance, resulta caricatura el fundamento de la ley … “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno; reconocer sus derechos a saber la verdad, a recibir justicia y a que los hechos que les causaron dolor en el pasado no vuelvan a ocurrir”.

¿Cómo no van a seguir ocurriendo si, por ejemplo, un actor principal de ese despojo de tierras, José Félix Lafaurie, actual presidente de la Federación de Ganaderos (Fedegán),  fue incriminado hace cuatro meses por paramilitares convictos y confesos, y esta es la hora en que la Fiscalía General no se ha dado por enterada? Si, caso tan sonado en los medios de prensa se encubre, ¿qué esperar de reclamos elevados por campesinos abandonados por el Estado en la ‘Colombia profunda’? La impunidad borra los límites que separan lo aceptable de lo inaceptable. El imperio de la ley pasa a ser reemplazado por el imperio de la costumbre a tomar venganza.

Es, en este contexto de impunidad que adquiere lógica la macabra premonición de Alfonso Cano, comandante de la Farc-Ep, quien, como ironía a la convocatoria de una constituyente, incluyendo al M-19, grupo guerrillero urbano de gran impacto mediático por esas calendas, y excluyendo a las Farc-Ep, dijo: “Nos vemos dentro de 5.000 o 10.000 muertos más” (Cano cayó bombardeado por el Ejército en noviembre del 2011).

Sin justicia social tampoco puede haber reconciliación social ni paz, porque, el caldo de cultivo de la injusticia más impunidad, no da solución de continuidad al odio y posterior venganza que impulsa a las víctimas de hoy a ser victimarios de mañana: es un patético y cruel círculo vicioso en el que se ahoga Colombia, tras el asesinato de Gaitán, 9 de abril de 1948, ya borrado por el ‘memoricidio’, especie de impunidad histórica.

Fin de folio.- Vergüenza mundial es ser incapaz de solucionar la problemática de 1.000 indígenas asentados en el Parque Nacional de Bogotá, huyendo de la violencia y el despojo de su tierra en las regiones ancestrales que le son propias.

@oquinteroefe