¿Ojo por ojo? Oso internacional

POR OCTAVIO QUINTERO

Hicimos antes, en y quizás después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un show vergonzoso y degradante de la imagen de Colombia en el ilustrado escenario internacional.

A manera de queja de escuelante, el ministro de Defensa, Diego Molano, resume su informe a la CIDH en un trino: “La Fuerza Pública protege la protesta pacífica y los DDHH, y le hace frente a la violencia”.

Aquí está el quid… Ese, “le hace frente a la violencia”, no puede violar los derechos humanos, así los violentos los estén violando en perjuicio de la misma fuerza pública o de terceros neutrales.

Para mayor tautología: si un policía viola mis derechos humanos es el Estado mismo que me está atropellando, pues, el policía representa el Estado. Pero si soy yo el que viola a integridad del policía, soy yo el único responsable ante la ley. En el primer caso, tiene injerencia la CIDH; en el segundo NO.

De conformidad con su mandato y funciones, la CIDH solo puede recibir, analizar e investigar quejas contra países miembros (o no miembros) sobre violación de derechos humanos. Con base en esas quejas, la Comisión realiza visita in loco al país acusado, al final de la cual, presenta un informe circunscrito a la conducta de los agentes del Estado, que va a consideración de la Asamblea General de la OEA.

En cierta forma, y para decirlo groseramente, a la CIDH no le importa la conducta de los particulares, sino la reacción de las autoridades, que pueden y deben repeler a los violentos dentro de una manifestación dada, pero sin estigmatizar a todos los protestantes arremetiendo contra todos sin discriminación y fuerza desmedida. Que algunas personas desborden las normas, no da pie a la autoridad respectiva a calificar de violenta la protesta, y menos, obrar en consecuencia. Ídem los medios de comunicación, pero este es otro cuento.

Si en Colombia esto está ocurriendo, pues, su fuerza pública está violando los derechos humanos de mucha gente que, en forma no violenta, está protestando contra el Gobierno, y el Presidente, como comandante general de las Fuerzas Militares y de Policía, se hace responsable del delito de crimen de Estado, que de suyo implica lesa humanidad.

En resumen: lo que diga el Gobierno (Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Procuraduría y Fiscalía) en su informe a la CIDH, es su visión particular de los hechos. La Comisión, a la luz de inocultables hechos, puede ver otra cosa, y está en la obligación de denunciarla ante la comunidad internacional.

Fin de folio: Un Estado Social de Derecho no puede violar los derechos humanos de quien esté violando los derechos humanos.

@oquinteroefe