México: de la larga y oscura noche neoliberal a la Cuarta Transformación de López Obrador

POR ISAAC ENRÍQUEZ PÉREZ /

El gran problema de México no es la corrupción

En los últimos tiempos, se convirtió en un lugar común y en una frase elaborada asumir que el principal problema público de una sociedad subdesarrollada como la mexicana es la corrupción. Sin embargo, identificar y explicar las causalidades de las problemáticas sociales amerita esfuerzos que, con mucho, se distancien de los reduccionismos adoptados en los discursos de las élites políticas que tienden a invisibilizar la lógica y contradicciones profundas de los procesos.

El proceso electoral de 2017/2018 fue signado por el masivo hartazgo de amplios y diversos sectores de la población en torno a una élite tecnocrática rentista y depredadora de las instituciones públicas, que –a lo largo de 36 años– desplegó un ejercicio patrimonialista de lo público, e hizo de la corrupción y la impunidad el sello de su proceder. Traduciéndose ello en la manera en que México experimentó el malestar en la política y con la política. Resultado de ese malestar, la élite política triunfadora condensó una coalición que lo mismo integró a los poderes fácticos tradicionales que a una clase empresarial e intelectual desplazada durante las últimas décadas de los beneficios del patrón de acumulación rentista. Y justo fue el eventual combate a la corrupción lo que creó las condiciones que tornó creíble el discurso de cambio y alternancia del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

El discurso de la democratización, ensayado desde finales de los años ochenta, vanagloriado en el año 2000 con la alternancia partidista, y eclipsado con el fraude electoral del 2006, no frenó el descrédito de las élites políticas ante el síndrome de la desconfianza que se generalizó como fruto de los efectos sociales negativos derivados de las políticas de ajuste y cambio estructural regidas por la ideología del fundamentalismo de mercado. De ahí la transición pactada entre la élite política progresista y sectores de la oligarquía rentista ansiosa de legitimidad para no comprometer el patrón de acumulación y las relaciones de poder imperantes. Se impuso la urgencia de “ventilar”, con dicha transición, a un sistema político esclerotizado, sin trastocar la estructura de la riqueza y la correlación de fuerzas.

Tan es así que el mismo discurso del combate a la corrupción fue concebido y promovido –en el contexto de la segunda ola de reformas– por organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde mediados de la década de los noventa, con la finalidad de adoptar reformas institucionales para apuntalar y profundizar las estrategias de estabilización, apertura comercial, privatización y readecuación de las regulaciones económicas, orientadas al desmonte del Estado desarrollista en el sur del mundo. Las alarmas se activaron con celeridad en los últimos años al diagnosticarse que las prácticas corruptas (sobornos, diezmos, moches) consumen entre el 5 y el 10% del PIB mexicano (según datos de la OCDE) y comprometen los márgenes de competitividad del país. El meollo del asunto es que la corrupción induce una re-concentración de la riqueza en aquellos intereses creados que desvían los recursos y la inversión públicos de la senda del crecimiento económico.

En efecto, aunque la práctica de la corrupción, que lo mismo involucra a agentes del sector público que a particulares y a empresas privadas, es un lastre que hace metástasis e invade los distintos órganos de la vida pública, no es –en sí misma– la causa última de los males de México. La corrupción es resultado, en cierta medida, de un régimen depredador de lo público que antepone el interés privado al interés del Estado. Y ello se corresponde con un patrón de acumulación fundamentado en la desigualdad, la exclusión social, la violencia, la economía clandestina y de la muerte, y la privatización del Estado como macroestructura institucional ideada para representar y hacer valer los intereses comunes.

Esta privatización del Estado –emprendida cuando menos desde la década de los ochenta– redundó en procesos de acumulación del capital que reforzaron las estructuras de dominación y apropiación del espacio público, así como la lógica misma de la corrupción y la violencia política y criminal. Agravándose con ello la crisis de Estado y el vaciamiento de lo público. Esto es, la crisis de Estado comienza con las élites políticas que hacen un uso patrimonialista de lo público y que, con ello, socavan las instituciones desde adentro. A partir de esto, los poderes fácticos escalan la erosión de la legalidad y funden sus intereses creados con esas élites políticas permisivas, coludidas u omisas.

Si bien una manifestación de la crisis de Estado en las sociedades subdesarrolladas es el cáncer de la corrupción, cuyo correlato es la impunidad y la habilidad para torcer la ley, la explicación de los múltiples problemas públicos no se agota allí. Del mismo modo, la desigualdad social, la pobreza y la violencia generalizadas y experimentadas en México, tienen sus raíces no en la corrupción, sino en la lógica propia del patrón de acumulación depredador y excluyente, cuyos intereses creados instauran un sistema de dominación fundamentado en la simbiosis del poder, la riqueza, el crimen, la muerte y la ilegalidad.

La confusión conceptual y la distorsión en torno a las causas de los problemas públicos, y que echan raíces en el discurso de las élites políticas mexicanas, escalan a niveles que inciden en el mismo diseño y ejercicio de la política pública, atravesando múltiples tópicos que potencian esta confusión. No se limitan –esta confusión y distorsión– a la retórica, sino que generan cursos de acción y rigen decisiones públicas. Por ejemplo: no es la pobreza el origen del crimen organizado, sino la lógica de las estructuras de poder, su correlación de fuerzas y el aderezo que agrega el enjambre de corrupción e impunidad propiciados y tolerados desde dentro del Estado. Ello le da forma a un negocio transnacional, dotado de múltiples ramificaciones y beneficiarios legales e ilegales donde los menos responsables y agraciados –y los más violentados y criminalizados– son los pobres. Más aún, la violencia y la corrupción son relaciones sociales consustanciales al capitalismo, a la lucha constante entre los intereses públicos y privados, así como a la configuración de los mecanismos de poder. Las élites políticas y el Estado las encauzan como mecanismos de control social e inoculación del miedo y la desconfianza. En ello es crucial el individualismo atomizador de la sociedad y de sus mecanismos de cohesión, que refuerzan al patrón de acumulación.

En aras de destrabar esa confusión y distorsión, es necesario considerar que, si bien, una de las manifestaciones del Estado subdesarrollado –aunque no de manera exclusiva– es el desfase entre sus instituciones y la corrupción, sus prácticas lo mismo socavan la legalidad, que distorsionan el proceso de acumulación de capital y comprometen las posibilidades de bienestar. Se gestan entonces causalidades circulares y dialécticas.

En suma, cuando los costes económicos de la corrupción ascienden hasta el 10% de la riqueza nacional, se evidencia en una sociedad el grado de esclerosis institucional y la ausencia de un Estado de derecho, así como el carácter rentista y expoliador de la estructura económica tras imponerse mecanismos de re-concentración de la riqueza. Y aunque no es exclusiva de estas sociedades, la corrupción en el mundo subdesarrollado es resultado, en parte, de un desanclaje entre su sui géneris realidad y una legalidad preñada de valores absolutos, ajenos y distantes a sus problemáticas y necesidades sociales.

Más aún, como flagelo social extendido, que se radicaliza en aquellas sociedades subdesarrolladas signadas por la crisis institucional y la depredación del espacio público, la corrupción no solo impacta en el crecimiento económico, sino también en la seguridad pública y la construcción de los entramados institucionales y legales (del Estado de derecho). La corrupción es un cáncer devorador de las sociedades subdesarrolladas, capaz de agravar la violencia y la fragilidad institucional del Estado. No solo mina las bases del proceso económico, sino también la confianza en la vida pública, la convivencia y el sentido de comunidad. De ahí que la trampa de la corrupción usufructúa la vida pública y la sustrae de sus fines normativos fundamentales reforzando los círculos viciosos.

Sin embargo, procurar posibles soluciones ante los problemas públicos y demás flagelos sociales relacionados con la praxis política, implica realizar diagnósticos acertados sobre ello, pero –sobre todo– amerita evitar los reduccionismos en que incurren las élites políticas y comprender las causas estructurales que radican en la (i)lógica de un patrón de producción y consumo fundamentado en el interés privado y la perpetuación de la desigualdad. Las transformaciones que México necesita solo serán viables si son trastocadas las bases de la estructura de la riqueza y las relaciones de poder y dominación excluyentes. El combate a la corrupción es un paso necesario pero no suficiente, y si se recurre a ese expediente, resulta urgente hurgar en las transacciones –legales e ilegales– de la clase empresarial y bancario/financiera, beneficiaria de la privatización del Estado. Sin un robustecimiento de la vida pública y la cultura ciudadana, esas mínimas transformaciones necesarias serían prácticamente imposibles.

 

México: crimen organizado, espirales de violencia y postración del Estado

Despensas con la imagen de El Chapo con gel desinfectante y cubrebocas que iban a ser distribuidas por la compañía de ropa de su hija Alejandrina Gisselle Guzmán, en Guadalajara.

 Dos tesis –que conforman una mirada más sobre este problema público– son necesarias para comprender mínimamente las causalidades, magnitud y alcances de la violencia relacionada al crimen organizado y a otros macroeventos como las guerras o las luchas por la hegemonía en el sistema mundial: en principio, los fenómenos propios de las violencias –especialmente de la criminal, la política o la militar, aunque con sus respectivas especificidades– y la corrupción que le reproduce y perpetúa son relaciones sociales consustanciales al capitalismo y a la configuración del poder –en esencia asimétrico– en cualquiera de sus formas. En la construcción de mercados, la acumulación del capital y la distribución de la riqueza y el ingreso, subyace un conflicto –una especie de pecado original, diríamos– dado por las relaciones sociales de producción asimétricas y la estratificación social derivada de ellas, y que expresan explotación, dominación, subordinación y antagonismos entre clases sociales. A su vez, las violencias, institucionalizadas o no, le dan forma, reproducen y gestionan dicho conflicto. Existe violencia criminal porque es agravado este conflicto social y, a la vez, dicho conflicto es un catalizador de las violencias y de las disputas protagonizadas por las organizaciones que se posicionan en el territorio para ampliar los espacios de acumulación, rentabilidad, explotación y apropiación ilegal de la riqueza. En ese sentido, las élites políticas y el Estado encauzan la violencia y la corrupción como mecanismos de control social e inoculación del miedo en la población. Aunado a ello, el individualismo hedonista y atomizador de la sociedad y sus mecanismos de cohesión, resulta crucial para afianzarlas a través de la indiferencia y la “normalización” de dichas actitudes y prácticas violentas.

La segunda tesis supone lo siguiente: mientras persista la moral, la política y la legislación prohibicionistas, ningún Estado se encuentra exento de la producción, circulación, intercambio y consumo de drogas y demás bienes y servicios ilegales. La diferencia entre una sociedad y otra, es el tipo de pacto que se construya entre las instituciones estatales, las élites políticas y el crimen organizado para que estas actividades ilegales deambulen y se profundicen en los márgenes del control –o no– por parte de este Estado y sus mecanismos reguladores formales, informales o no escritos. Se trata de un nivel de compromiso político y estratégico entre el Estado y el crimen organizado, que también se conjuga con la traición. Si existe el crimen organizado en una sociedad es, en última instancia por la acción, la omisión o la colusión del Estado y por las bases sociales que le otorgan legitimidad a medida que las prácticas criminales y la violencia se arraigan en esa sociedad y en su territorio.

El problema en una sociedad subdesarrollada como México, asediada –cuando menos desde hace tres décadas– por la debilidad institucional y la fragmentación del Estado, radica en que el antagonismo o conflicto social –el mencionado pecado original– radicalizó y acentuó la exclusión social y la marginación. Más aún, el Estado fue desbordado porque, a diferencia del régimen autoritario priísta debilitado desde los años ochenta, las reglas del tráfico de drogas y del reparto del territorio son impuestas por las organizaciones criminales, hasta el extremo de desafiar amplios márgenes del poder del Estado y adquirir vida y capacidad de destrucción propias. Y no solo el Estado es incapaz desde el año 2000 de fundar ese nuevo pacto con las organizaciones criminales, sino que éstas ampliaron su poder (en lo político, financiero, empresarial y paramilitar); diversificaron sus actividades delictivas (secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso, piratería, robo de hidrocarburos, tráfico de armas y de migrantes, trata de blancas y prostitución); y avanzaron en el control sobre múltiples franjas del territorio mexicano a partir de las espirales de violencia que le disputan a aquel el monopolio legítimo de la fuerza y que, incluso, desafían la seguridad, integridad y el confort de las mismas élites políticas y empresariales beneficiarias del vigente patrón de acumulación desigual y excluyente. En suma, al ser cooptado y postrado el Estado por el crimen organizado, amplias porciones de los entramados institucionales y de las organizaciones del primero forman parte de las redes ilícitas.

Cabe matizar que –a diferencia de aquellas narrativas que entronizan la noción del Estado como “víctima” del crimen organizado– la referida postración del Estado es inducida históricamente por amplias facciones de las élites políticas que emplean y dirigen a las organizaciones criminales para segmentar y controlar el territorio y para formar parte de un negocio ilegal de carácter transnacional. Sin el mismo Estado es prácticamente imposible e inviable la vertebración de la economía criminal. De ahí que nos aventuremos a argumentar que la cooptación de las instituciones públicas es desplegada desde adentro del mismo Estado y protagonizada por aquellos agentes que toman las decisiones estratégicas y le controlan en sus distintas jurisdicciones y escalas territoriales.

Más aún, las espirales de violencia criminal de los últimos lustros se relacionan con la ausencia de ese pacto social para repartir el territorio y establecer reglas no escritas; con el desdén por la ley, la generalización de la corrupción y el inclemente maremágnum de la impunidad; la militarización del combate al narcotráfico; las ausencias de Estado y la proclividad de las poblaciones marginadas a “hacer justicia por mano propia”; y con la ingobernabilidad –a través de acciones y estrategias concertadas para sembrar la inestabilidad sociopolítica– que desean implantar facciones inconformes de las élites políticas, en el contexto de la alternancia partidista de las últimas décadas. Aderezado ello por una división internacional del trabajo criminal –fundamentada en redes ilícitas globales para la producción, comercialización y consumo de psicotrópicos y la financiarización de sus ganancias–, donde el norte del mundo, con su insaciable voracidad por el consumo de narcóticos, reserva para naciones como México el especializarse en una economía subterránea de la muerte que lubrica el proceso económico de las drogas y el tráfico de armas. Es de notar que la mal llamada “Guerra contra el narcotráfico” es un negocio transnacional con implicaciones diplomáticas y geopolíticas, vinculado al complejo tecnocientífico/militar/industrial, que le da forma a esa división internacional del trabajo criminal.

Esta violencia criminal, a su vez, incentiva –en un contexto social de impunidad y laxitud en la aplicación de la ley– otras violencias en distintos ámbitos y prácticas cotidianas de la sociedad mexicana. Alimenta sin cesar y sin justicia la fosa común en la cual se convirtió México. Ante las ausencias del Estado (https://bit.ly/3jBTnBo) en vastos territorios, sus funciones básicas son suplantadas –tras el abandono deliberado– por el crimen organizado y su sofisticada capacidad de cooptación social y de control de territorios.

Desde la masacre de migrantes en San Fernando, hasta la logística paramilitar mostrada por la empresa criminal del llamado Cártel de Sinaloa para sitiar a Culiacán y someter al ejército; pasando por los narcobloqueos en Monterrey, la masacre perpetrada por Los Zetas en Allende (Coahuila), los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, los cadáveres mutilados y colgados en puentes de Uruapan, la emboscada a fuerzas estatales perpetrada en Aguililla (Michoacán), las ejecuciones masivas en Minatitlán y Coatzacoalcos, entre otras, trazan un paisaje con tintes surrealistas, signado por una epidemia de violencia que alcanza visos de crisis humanitaria. El fondo de todo ello es la tendencia acentuada de un Estado postrado, vaciado y socavado en sus funciones esenciales, que se precipita –cada vez más– por el fatalismo de lo irreversible.

Cualquier solución a este problema público, si se pretende efectiva y con efectos a largo plazo, atraviesa por el tratamiento de ese conflicto social mencionado al inicio; el desmonte de las políticas prohibicionistas; y por la capacidad política para revertir la crisis de Estado y emprender una reapropiación pública de los territorios perdidos.

 

Violencias, crimen organizado y urgencias de la manu militari en la vorágine de la crisis de Estado

 En otro espacio (https://bit.ly/2YrkO8U) hablamos de la captura y postración del Estado respecto al más violento y letal de los poderes fácticos, el crimen organizado. Cabe matizar que esta postración, fragmentación y crisis de Estado es inducida desde dentro del mismo a partir de la cooptación de sus instituciones por parte de élites políticas y empresariales/financieras que hacen un uso patrimonialista de las mismas y privatizan o depredan el espacio público. Élites, por cierto, ávidas de violencia y dispuestas a estimular, a través de la militarización, la criminalización de los pobres y la violencia de Estado, una economía clandestina de la muerte para no detener el proceso de acumulación de capital y la división internacional del trabajo criminal.

Quedaron atrás los tiempos de un Estado desarrollista que privilegió el crecimiento económico, la formación y expansión de una clase media urbana, y la procuración de ciertos derechos sociales por la vía del corporativismo y el clientelismo. Se transitó a un Estado desnacionalizador que desmontó de golpe la política industrial, la planta productiva y el mercado interno en aras de afianzarse como un apéndice subordinado de la economía y la sociedad norteamericana. El desmonte del Estado desarrollista se emprendió como un mecanismo de relojería fina que se acompañó de la generalización de la irrestricta corrupción y la apropiación privada de lo público. Los amplios resquicios abiertos por ello, afianzaron el posicionamiento del complejo militar/industrial/criminal de los Estados Unidos para controlar las estrategias de seguridad nacional. En ese contexto, el sucedáneo de la “Guerra Fría” y de la ideología anticomunista fue la “guerra contra el narcotráfico” y la ideología estadounidense de la seguridad nacional, que suponen un intervencionismo de nuevo cuño, cuyo ficticio enemigo a vencer son los “cárteles” de la droga que protagonizan una narrativa preñada de simbolismos capaces de encubrir las reales estructuras de poder que controlan los mercados criminales y las estrategias de financiarización que tornan lo ilegal en capitales legales. En suma, México, al abrazar interesada y acríticamente esta ideología de la seguridad nacional, transitó de un Estado desarrollista a un Estado policial o securitario.

Aunado a ello, el abandono de vastos territorios es propiciado por el mismo Estado. Tarde o temprano, esos territorios son ocupados por otras fuerzas y agentes territoriales legales o ilegales que implantan sus estructuras de poder, dominación y violencia. De ahí que México no sea un “Estado fallido” (argucia ideológica de la CIA para justificar intervenciones militares en el mundo), ni existe –tal como se difunde en el periodismo que reproduce el discurso oficialista– un ataque del crimen organizado contra el Estado a través del narcoterrorismo o la guerra civil. En específico, históricamente el narcotráfico no lucha contra el Estado; más bien, existe una construcción política, estratégica y simbólica del narcotráfico que hace de éste un apéndice del Estado y del patrón de acumulación de capital que opera a través de redes transnacionales y globales que entrelazan la economía legal con las actividades criminales.

Más que un “Estado fallido”, México es –desde hace tres décadas– un Estado sitiado y fragmentado (https://bit.ly/3eN1Gs5) por múltiples poderes fácticos que se reproducen a través del socavamiento y depredación del espacio público, la corrupción y la impunidad. Si la pobreza y la desigualdad –en las cuales, decíamos, subyace un conflicto social– son parte de la cadena de causalidad de las violencias criminales, representan, más bien, un telón de fondo, un caldo de cultivo para afianzar relaciones de poder y mecanismos de corrupción propiciados y tolerados desde las instituciones. Ello no significa que la pobreza y la necesidad justifiquen la criminalidad, ni que ésta sea desplegada por un “pueblo bueno” al que no se debe reprimir. Justo la corrupción y su correlato que la acelera, la impunidad, refuerzan la existencia de una mafia narcopolítica en la cual las élites políticas, sobre todo locales, directa o indirectamente forman parte del engranaje criminal. Ello explica la colusión o, en el mejor de los casos, la omisión– de amplios segmentos del aparato policial y judicial local.

Sin embargo, la desigualdad social, la pobreza y las violencias tienen sus profundas raíces no en la corrupción –tal como se cree oficialmente–, sino en la lógica excluyente del patrón de acumulación, cuyos intereses creados instauran –desde el Estado y la iniciativa privada– un sistema de dominación fundamentado en la simbiosis del poder, la riqueza, el crimen y la ilegalidad. De ahí la dialéctica de estos fenómenos y la lógica de causalidad circular.

Las generalizadas violencias radicalizadas en México desde el 2006, con la militarización y la disputa entre élites políticas –unas atrincheradas en las administraciones locales y otras en el ámbito federal–, tiene como trasfondo la violencia de Estado –en tanto mecanismo de control social– y la apropiación privada de recursos naturales en un proceso más amplio de acumulación por despojo que supone el desplazamiento forzado de poblaciones.

Estas violencias inducidas y propiciadas desde el Estado ilegítimo (2006-2018) y desde el Estado profundo y clandestino (diciembre de 2018 a la fecha), insaciable de sangre y muerte y vinculado a los órganos de inteligencia y represión norteamericanos (DEA, CIA, etc.), pretenden afianzar la inestabilidad sociopolítica y la ingobernabilidad para no abandonar y legitimar la manu militar.

Ello se consolida con una especie de “síndrome de Beirut” que, entre la población, irradia una normalización de la violencia y las masacres cotidianas, que rebasan los límites de la imaginación y donde el lenguaje no alcanza para alarmarnos. Más aún, la entronización de las violencias y la radicalización del crimen necesitan –para reproducirse– del miedo y, a su vez, de la indiferencia de amplios segmentos de la sociedad. Requieren de códigos de comunicación y simbolismos que normalizan el desdén por la ley y la impunidad.

Crear y recrear una nueva narrativa es urgente para distanciarnos de la narconarrativa oficial maniqueísta que criminaliza a los pobres, y para no encubrir más las fuerzas y estructuras de poder real que le dan forma a ese Estado clandestino dentro del Estado, que se reproduce con la violencia masiva, la narcocultura, la exclusión social, la corrupción y la debilidad institucional. No es la letalidad criminal y la violencia de Estado por sí mismas, las que desafían a los entramados institucionales; pues existe a su vez una legitimidad social dotada de valores, identidades y lealtades que se crean en torno al crimen organizado. Se trata de mecanismos de cohesión que integran a comunidades, familias e individuos, ante los cuales el Estado no ofrece ni ofreció opciones y oportunidades. Enfrentar estos problemas públicos, supone (re)pensar y cambiar radicalmente los instrumentos de intervención del Estado, desde la política económica y la política social, hasta las políticas de salud y educación, así como las estrategias de seguridad.

Sobre las causalidades de la violencia criminal y la crisis de Estado en México

 En una sociedad subdesarrollada como la mexicana, son múltiples las manifestaciones de las ausencias del Estado. En versiones anteriores de esta columna enfatizamos en una noción: el recrudecimiento de la violencia y la magnificación de la inseguridad pública (con los 280 000 homicidios, 60 053 desparecidos y alrededor de 40 000 muertos sin identificar, acumulados –todos ellos– desde el año 2006 hasta principios del 2020) se relacionan, entre otras cosas, con la irradiación del miedo y los mecanismos de control social desplegados por el Estado, orientados al despojo de los recursos naturales radicados en los territorios de las comunidades violentadas. La violencia como dispositivo de control a partir del miedo sembrado desde intereses creados de un Estado profundo y clandestino, engarzado –entre los años 2006 y 2018– con el negocio transnacional de la producción, circulación y consumo de narcóticos. Más que de una “guerra contra el narcotráfico”, se trata de una disputa por el territorio, regida por la criminalización de los pobres (particularmente de los jóvenes que son segregados y excluidos), la implantación de un genocidio soterrado, y la generalización de una cultura del miedo que tiene como correlato la indiferencia atomizada y el individualismo hedonista de los ciudadanos.

En principio, México es una sociedad rota, desfondada y deshilvanada por la ancestral desigualdad, y ello la expone a mayores espirales de violencia criminal, enraizados en una “guerra social” clasista fundamentada en la exclusión y el exterminio de los pobres. A medida que se recrudece esta violencia, se afianza la estratificación social y abona a la consolidación de estructuras de poder y riqueza que prescinden de amplios sectores de la población. El complemento perfecto de ello es el socavamiento de la ley, la erosión del espacio público y la privatización del Estado. La corrupción y la impunidad como aderezos –y no sus causas últimas, como lo cree el discurso oficialista– de una economía clandestina de la muerte que precisa de una Estado sitiado, fragmentado, capturado y postrado desde los intereses creados que se construyen desde afuera y desde adentro, desde abajo y desde arriba. En suma, sin el Estado, por acción, omisión, negligencia o colusión, sería imposible la existencia del crimen organizado y de su violencia, en tanto mecanismos consustanciales del capitalismo y del patrón de acumulación imperante.

En segundo lugar, resulta preciso comprender que la violencia criminal en el mundo subdesarrollado es un engranaje de un sistema más amplio relacionado con la división internacional del trabajo criminal. El crimen organizado –desde el narcotráfico hasta la extorsión, el secuestro, el cobro de derecho de piso, el robo de hidrocarburos, la piratería de audio, video y ropa, el tráfico de armas y de migrantes, la trata de blancas y la prostitución– es, en lo fundamental, un negocio y un mecanismo que coadyuva a la construcción de estructuras de poder, dominación y acumulación de capital. Y este negocio tiene resortes y ramificaciones transnacionales que, con mucho, desbordan las fronteras y los alcances y jurisdicciones del Estado nación. Como negocio, lo mismo amalgama actividades formales que actividades ilícitas, y a su vez, se vertebra con las redes financieras globales, cuyos agentes son los principales beneficiarios en Estados Unidos y Europa. Al tratarse de un negocio, el crimen organizado se fundamenta en la violencia para controlar territorios, cuerpos y mentes. Pero esta violencia no es espontánea, sino que puede ser inducida por el mismo Estado en aras de no comprometer la rentabilidad y las ganancias derivadas de esas actividades ilícitas. Es esta condición de negocio lo que hace de la violencia criminal y de lo ilícito un modus vivendi de millones de seres humanos, que lo mismo son grandes beneficiarios de cuello blanco, como ejércitos de pobres y marginados que se emplean en sus filas.

En tercer lugar, el desmonte del Estado desarrollista y la edificación de un Estado policial y securitario desde el 2006, prescindió de una auténtica reforma del Estado que abonase al fortalecimiento de los entramados institucionales en aras de apuntalar una especie de debilitamiento sistemático y deshuezamiento del sector público. Pese al autoritarismo de antaño, la histórica fragilidad de las instituciones del Estado mexicano se perpetuó con la privatización de lo público y el uso patrimonialista de dichos entramados. De ahí que el socavamiento de las instituciones desde las mismas élites políticas no sólo derivó en un vaciamiento del Estado, sino en una entronización de la corrupción y la impunidad como esclerosis de un sistema de exclusión y segregación social que reconcentra el poder y la riqueza. En ese escenario, la radicalización de la violencia criminal escaló hasta desbordar al mismo Estado a falta de pactos que redefinieran las relaciones de poder, el reparto de los territorios y la marginación del crimen a su esfera históricamente oscura.

Ante estas causalidades –algunas entre otras–, cabe matizar que el crimen organizado y la violencia, no se expandieron en México por la masificación de la pobreza y la urgente necesidad de vastos sectores de la población, ni por la sola generalización de las prácticas corruptas. La necesidad no es parte de la racionalidad de los principales beneficiarios de la economía clandestina de la muerte; más bien, toman decisiones y despliegan su acción social a partir del imperativo de controlar el poder, los territorios y la acumulación de capital. Si bien, puede existir necesidad en aquellos sectores depauperados que se acercan –voluntaria o forzadamente– al crimen para desplegar labores operativas y destructivas, su racionalidad no solo se rige por ello, sino que también responde a su fascinación por la violencia, el riesgo, la posesión de personas y cosas, y el ejercicio del poder en microescalas de socialización; legitimado ello por una narrativa que vanagloria y “normaliza” lo criminal.

La construcción de decisiones públicas y la delimitación de estrategias de política no se ejercen sobre la base de intuiciones, corazonadas o adivinanzas respecto a un problema social de amplias magnitudes y manifestaciones como la violencia criminal. Supone desentrañar las especificidades de ese problema público y comprender las múltiples causas que le originan, reproducen y perpetúan. La realidad social no está sobrediagnosticada y no existen diagnósticos acabados y dados de una vez y para siempre. Existen distintas miradas en torno a sus problemáticas; unas más certeras que otras, unas menos dogmáticas e interesadas que otras. Esas miradas, incluso, es posible que tiendan a complementarse si nos despojamos de las cegueras y tendenciosidades que nos condicionan.

En el caso de la violencia criminal, no solo basta con la erradicación de una moral y política prohibicionista de las drogas, ni mucho menos con una política de seguridad que privilegie lo policiaco/militar (o lo que es lo mismo, la represión y criminalización de los pobres) como estrategia. Es importante partir de la concepción de salud pública en el tratamiento de las drogas y de la generalización de la epidemia que entrañan los homicidios dolosos. Complementarlo ello con instrumentos de política orientados a regenerar el tejido social y a revertir la cultura de la violencia que envuelve a las jóvenes generaciones. Se requiere también trascender la mirada errónea e interesada difundida mediáticamente que postula una lucha entre policías y ladrones (criminales), entre buenos y malos, que conforma una narconarrativa oficial y maniqueísta que criminaliza a los pobres, excluidos y jóvenes. Sobre todo se precisa de una modificación de la correlación de fuerzas al interior del Estado para que éste sea capaz de trastocar las estructuras de poder y riqueza que se nutren de la violencia criminal. No menos importante es la (re)construcción de la vida pública y de la civilidad. Lo anterior sería imposible sin el desvanecimiento de la desigualdad social y el freno a esa interminable “guerra social” contra los pobres que los segrega de toda posibilidad de mínimos de bienestar. En suma, la urgencia estriba en transformar a fondo las estructuras de poder y riqueza, así como el actual patrón de acumulación fundamentado en el extractivismo, el rentismo y el despojo de territorios.

 

La militarización de la seguridad pública y la violencia criminal

 Cabe esbozar un argumento inicial en torno a los orígenes de la violencia relacionada con el crimen organizado y que tiende a fragmentar el territorio mexicano: la crisis de inseguridad pública se relaciona con un patrón de acumulación rentista, extractivista y depredador (https://bit.ly/3ddS3Ti) que privilegia la entronización de una economía clandestina de la muerte (https://bit.ly/3ntNkkW) a partir de la violencia de Estado y el despliegue de la militarización. En este proceso, la criminalización de los pobres (https://bit.ly/3nwqHw6) es fundamental para afianzar el miedo entre la población, para pretender legitimar dicha violencia militar, y para consolidar una acumulación por despojo de territorios y recursos naturales aún ajenos a la explotación capitalista.

En principio, si se recurre a fuerzas armadas como el Ejército y la Marina para asumir tareas de seguridad pública, es porque persiste un vacío de poder y una debilidad de las instituciones que el Estado postrado es incapaz de solventar para garantizar la vida y la integridad física de los ciudadanos.

El proyecto político de Andrés Manuel López Obrador es un mecanismo para salvar al capitalismo mexicano de sí mismo y de su persistente depredación acentuada con la desigualdad, la pobreza, las violencias y la corrupción. Es parte del rediseño y reconfiguración institucional, de un nuevo arreglo, que le da forma y fortaleza a la estructura de poder, riqueza y dominación. En ello juega un papel crucial la oligarquía bancario/financiera y el imperativo de la austeridad fiscal y del “Estado mínimo”.

En ese escenario, exacerbado con la  crisis epidemiológica global (https://bit.ly/3esaRhl) y la crisis económica que le circunda, durante los siguientes meses se reproducirá exponencialmente el desempleo, la pobreza, las oleadas migratorias, y la mayor exclusión de la población en servicios como la salud y la educación. El descontento y malestar social se verá incrementado y ello será aprovechado por las facciones conservadoras de las élites políticas y empresariales para arrojar sus dardos a un proyecto político que –sin fundamento, más que el dado por los delitos fiscales cometidos– consideran adverso a sus intereses creados.

La narconarrativa que se instauró entre el 2006 y el 2018, se orientó a crear significaciones oficiales y mediáticas que justificaron y encubrieron la militarización del país y su letalidad del 99%, como fuentes de las espirales de violencia en México. Esta narconarrativa se fundamenta en la idea maniqueista de buenos y malos, o de policías persiguiendo forajidos aficionados a la destrucción y la violencia. El estereotipo del narcotraficante (masculino, prepotente, violento, temerario, y ataviado de armas y joyas) como opuesto al militar o al soldado recto e incorruptible, le dieron forma a esta narrativa. Oficialmente, se atribuye la violencia a las organizaciones criminales, cuando –en realidad– lo que predomina es una violencia de Estado con la cual se encubre a los grandes beneficiarios de las actividades criminales, así como de la estructura de acumulación, poder y riqueza derivada de ello.

Este discurso securitario, coloca a las organizaciones criminales como un problema de seguridad nacional que atenta contra el Estado y que tienden –dichas empresas– a estar fuera de su control. La élite política conservadora que gobernó durante 2006-2012, en aras de resarcir su ilegitimidad dada por el fraude electoral, le dio forma a este discurso en aras de afianzar su poder. Con esta narrativa securitaria se argumentó –sin fundamento y con irresponsabilidad– que el país está tomando por cárteles y narcotraficantes; de ahí que fuese preciso y urgente militarizar, pues –de lo contrario– se perdería el control territorial. Más aún, se insistía que si se presentan muertos colaterales y aumenta la violencia, ello se explica porque comienza a ganarse la “guerra contra el narcotráfico”.

Se trató, a lo largo de la era del Estado ilegítimo (2006-2018), de un discurso del poder que se reproduce entre intelectuales, periodistas y académicos, a manera de una narrativa monolítica y maniqueista en torno al crimen organizado. Dicho discurso encubre la amalgama sistémica entre las redes criminales y las élites políticas y empresariales; la criminalización de los pobres; la instauración de un patrón de acumulación rentista y extractivista que tiene como uno de sus pilares a las redes empresariales configuradas en torno a  la economía clandestina de la muerte; y el despojo –a través de la violencia criminal y la militarización– de territorios dotados de recursos naturales y tierras fértiles.

Matizando lo anterior: el crimen organizado es parte indisoluble de la acumulación por desposesión. Al tiempo que es un dispositivo para controlar y disciplinar a la sociedad y a sus organizaciones de base; forma parte de las estrategias policiales y de represión que no solo termina con la vida de jóvenes y pobres, sino que satura las prisiones con su reclusión justificada o no. Además, cabe reconocer –en aras de no perdernos en el mar de la narrativa que prefigura una “lucha entre policías y ladrones”– que el crimen organizado es parte de las estructuras de poder, dominación y riqueza. Es un negocio más, sin autonomía, cuyos principales beneficiarios son facciones de las élites empresariales, comunicacionales, políticas y militares, vinculadas a las redes empresariales criminales que adoptan una racionalidad económica y orientada hacia la financiarización de la economía global.

De ahí que sea posible postular que el crimen organizado y la violencia, no son comprendidos sin los intereses creados de las élites políticas que hacen uso de las instituciones estatales y de los aparatos coercitivo/represivos para encauzar las actividades ilícitas y repartir los territorios y mercados que le son consustanciales.

Lo anterior viene a cuento por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo del presente año. Prácticamente desapercibido en el concierto y monotematización mediática de la crisis epidemiológica global (https://bit.ly/2AvtD8C), el decreto legaliza e institucionaliza la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.

A la letra, dicho decreto –en su primer acuerdo–, señala que “se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación”.

La justificación que se esgrime para dicho acuerdo presidencial, y que redondea la reforma constitucional y los cambios legislativos –que derivaron en la ley reglamentaria correspondiente– suscitados entre marzo y mayo del 2019 para la creación de una Guardia Nacional, indica que los soldados y marinos desplegarán labores de seguridad pública como parte de una estrategia temporal que abra paso a la consolidación de un cuerpo policial civil. De lo contrario, no se acatarían las disposiciones del Congreso de la Unión y el riesgo de mayor violencia se incrementaría sin el apoyo militar.

Lo que se omite en estos argumentos interesados es el hecho incuestionable de que la crisis de seguridad –con sus expresiones en masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y tortura, desplazamiento de poblaciones, violación de derechos humanos, etc.– experimentada en México desde el 2006 y la violencia e impunidad que entraña, se relaciona precisamente con la militarización y el uso discrecional de las fuerzas armadas en labores que no son parte de su misión constitutiva y de su mandato constitucional. Al respecto, el artículo 129 constitucional señala lo siguiente: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Entre estas funciones estratégicas destacan la defensa de la integridad territorial, y de la soberanía e independencia nacionales.

Sin embargo, la extralimitación de las funciones de las fuerzas armadas alcanzan –hoy día– rubros empresariales como la  construcción y mantenimiento de aeropuertos (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), puertos, ferrocarriles (dos tramos del llamado Tren Maya), carreteras, sucursales bancarias, infraestructura de telecomunicaciones; así como el resguardo y control de los ductos petroleros, la distribución de medicamentos, y la gestión de puertos y hospitales –esto último en el contexto de la pandemia. Incrementándose con ello su poder económico, político y geoestratégico. Tan solo en cuanto a la construcción de sucursales bancarias, a mayo del presente año, las fuerzas armadas edifican, con un presupuesto de 10 mil millones de pesos, el 50% de los 2700 locales del llamado Banco del Bienestar.

En materia presupuestal, cabe mencionar que el gasto público destinado a las fuerzas armadas durante el 2019 (https://bit.ly/36MEicY), tuvo un incremento de 6 500 millones de dólares (algo así como 125 100 millones de pesos). Lo que equivale a 7.9% más que lo destinado durante el año 2018. Dicho incremento obedece a las erogaciones que se realizan para el combate de las organizaciones criminales.

Cabe matizar que el acuerdo publicado el 11 de mayo pasado no logra justificar la noción de uso extraordinario de las fuerzas armadas permanentes en materia de seguridad pública; ni delimita regional o geográficamente su actuación y la modalidad de problemas concretos que atenderá. Más aún, es omitida la posibilidad de evaluar constantemente la política de seguridad y, como consecuencia de ello, realizar rectificaciones al respecto. Despierta dudas también el carácter subordinado que puedan asumir las fuerzas armadas, cuando la Guardia Nacional tiene mandos militares y cuenta entre sus filas a militares y marinos en alrededor de un 80%.

Tampoco se ofrecen detalles en el acuerdo publicado en torno a la necesidad de fortalecer las corporaciones policiacas civiles; omitiendo que sin ello, el carácter excepcional de la participación de las fuerzas armadas puede convertirse en regla general al institucionalizar y legitimarse la militarización. Este rango constitucional que adquiere la militarización redundará en mayores recursos presupuestales, así como en su injerencia metaconstitucional y en su transversalidad respecto a las políticas públicas en los tres niveles de la administración pública (federal, estatal y municipal). Con varias de estas imprecisiones –premeditadas o no–, se pierde –tal como lo menciona la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos– el principio de certeza jurídica.

En el cable 06MEXICO505 de WikiLeaks (https://bit.ly/33IS3aM), fechado el 31 de enero de 2006, como candidato –por vez primera–, López Obrador le comunicó al entonces embajador estadounidense sobre la urgencia de otorgar –mediante las necesarias reformas constitucionales– mayor autoridad y poder a las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico. Catorce años después, esta urgencia es solventada y termina con ello la simulación esgrimida mediante el discurso de la desmilitarización. Apostando con ello a la normalización, legalización, institucionalización y legitimación del uso de las fuerzas armadas permanentes en labores de seguridad pública. En suma, representa la capitulación del proyecto de López Obrador ante los intereses creados del Estado profundo y clandestino, que desde las agencias de inteligencia estadounidenses se vertebra y adquiere forma con sus pares mexicanos desde finales de la década de los noventa.

Lo anterior no solo termina por evadir la violencia y el terrorismo de Estado que supone la militarización, sino que se pierde de vista que el coste de las violencias representó para México durante el año 2019,  alrededor de 4,57 billones de pesos mexicanos, equivalentes al 23% del PIB nacional (https://bit.ly/33Hkgyl). O lo que es lo mismo, ocho veces el presupuesto del sistema de salud, o seis veces el gasto público destinado a la educación.

Combatir la entronización de la narconarrativa que legitima las espirales de violencia en México, supone edificar una cultura ciudadana que revalore el respeto por lo público y el cumplimiento de la ley. Pero también implica revertir la correlación de fuerzas, el poder financiero y los intereses creados que se eslabonan en el seno de la economía clandestina de la muerte vertebrada entre las organizaciones criminales y las oligarquías empresariales. Implica no solo desmilitarizar la seguridad pública, sino cambiar el patrón de acumulación fundamentado en la desposesión y el despojo.

 

Las ausencias del Estado mexicano y la orfandad ciudadana

Una de las contradicciones de la crisis (des)civilizatoria contemporánea es la tensión que se suscita entre el maremágnum de innovaciones tecnológicas –con la ignorancia tecnologizada que le es consustancial y que es dominada por el indomable ciberleviatán– y la orfandad de los ciudadanos respecto al Estado, en tanto macroestructura institucional capaz de intentar resolver los problemas públicos. Esta orfandad, a su vez, es la fuente de la pérdida de fe en el Estado y del malestar en la política y con la política. El correlato de ello, es la retracción del sector público en aras del fortalecimiento del desbocado individualismo hedonista y la irrestricta libertad de la iniciativa privada. En la era de la incertidumbre y de las emociones instigadas y manipuladas desde la praxis política, la orfandad de Estado es el signo de una crisis epocal regida por el ocaso de la razón, los argumentos y el pensamiento utópico. De ahí que se cierna la vorágine de una crisis de sentido en las sociedades contemporáneas, cuya principal manifestación son las ausencias del Estado y la orfandad de los ciudadanos, asediados por múltiples riesgos; que lo mismo se originan desde arriba y desde abajo, desde afuera y desde adentro.

Este desfase entre las funciones del Estado y las necesidades y urgencias de los ciudadanos, en el caso de sociedades subdesarrolladas como México, hunde sus raíces en la privatización de lo público y en el desmonte del Estado desarrollista. De ahí que las funciones del Estado sean desbordadas por la magnitud y manifestaciones de los problemas públicos contemporáneos, sea por acción, omisión, colusión o incapacidad; todas ellas interesadas y deliberadas, por supuesto.

A partir de ello, es posible trazar algunas mínimas manifestaciones de esa crisis de Estado experimentadas en naciones como México. Vastos son los sectores de la población que experimentan esa orfandad y esa ausencia de las instituciones estatales:

Hacia el 2018, según datos del INEGI, 390 mil bebés (de un total de 2 234 039) nacen al año como fruto de embarazos no planificados experimentados por niñas y adolescentes que cuentan con un rango de edad entre 10 y 19 años (por no mencionar que existen registros de niñas de 9 años en condición encinta). O lo que es lo mismo, 77 nacimientos por cada mil jóvenes se presentan entre los 15 y 19 años. Tan sólo en el año 2017, dos de cada diez embarazos eran protagonizados por mujeres de este grupo etario. Un problema de salud pública que posiciona a México en el primer lugar mundial. Se trata de una ausencia del Estado que no sólo remite al limitado presupuesto destinado a planificación familiar, educación y salud reproductiva (muy por debajo de lo asignado por países como Colombia y Uruguay en proporción del PIB nacional), sino que también se relaciona con la incapacidad para gestar políticas públicas que contribuyan a la construcción de sentido en la vida de las jóvenes generaciones a través del acceso a oportunidades de distinta índole.

El embarazo precoz no sólo es un problema de salud pública, sino también uno relacionado con la desigualdad social que extiende sus tentáculos al ámbito socioeconómico. Mostrando una mayor incidencia en los estratos pobres que no cuentan con amplias posibilidades para acceder a los servicios de sanidad. Correlato de todo ello es la incidencia de muertes prevenibles causadas o relacionadas con el embarazo precoz, tras suscitarse padecimientos como la preeclampsia, las hemorragias uterinas, entre otros. Se trata de un problema propio del ámbito de la vida individual o familiar, con amplias repercusiones sociales. No es un problema aislado, sino uno que tiene relación con otros como el desempleo, la deserción escolar, la criminalidad, la drogadicción, la diabetes gestacional, la desnutrición, las limitadas expectativas de vida, la falsa aspiración de trascedencia, conductas y procederes impulsivos, la violencia intrafamiliar, y la debilidad de los lazos afectivos y familiares.

Otra de las ausencias del Estado mexicano es en materia de seguridad pública. Un Estado sitiado y fragmentado desde adentro y por distintos poderes fácticos (https://bit.ly/3eN1Gs5), fruto de una histórica descomposición institucional y de una (in)cultura ciudadana que socava la vida pública. 35 596 muertes por homicidio doloso y feminicidio, suscitadas entre el primero de diciembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2019, son el síntoma de una profunda crisis de Estado que no detiene sus espirales, y en la cual no es posible preservar la integridad física de los ciudadanos, especialmente de los pobres. Se trata de una epidemia que alcanza una tasa de homicidio de alrededor de 30 muertos por cada cien mil habitantes. O lo que es lo mismo, en promedio 100 víctimas al día, aún sin que México se encuentre en un abierto conflicto bélico.

Las causalidades de la violencia en México son múltiples. Sin embargo, además de la criminalización de los pobres desatada desde el 2006 en aras de despojar los recursos naturales ubicados en los territorios  donde radican las poblaciones violentadas desde ese Estado policial o securitario, en el último año, con la alternancia en las élites políticas, esta violencia criminal no cesó, sino que registró una tendencia a la alza y ésta pasó a formar parte de los mecanismos de desestabilización sociopolítica adoptados por la élite tecnocrática perdedora en el proceso electoral 2017/2018. Como las casualidades no existen en las relaciones de poder y en su conflictiva construcción, cabe argumentar que estas masivas muertes fueron “sembradas” por los agentes de un Estado profundo y clandestino que aún controla el aparato policíaco/militar y represivo. Mientras la élite que actualmente detenta el poder político, no sea capaz de someter a ese Estado profundo controlado por poderes fácticos variables que hicieron de la violencia estatal y criminal un negocio con tentáculos transnacionales, la muerte y la sangre serán un signo que cargará la presente administración, con el consustancial descrédito y pérdida de legitimidad que ello supone.

Aparejado a lo anterior y a las múltiples manifestaciones de la violencia criminal, las ausencias del Estado mexicano –de nueva cuenta– se manifiestan en una población juvenil que, en su desamparo, es reclutada por el crimen organizado para el despliegue de sus labores operativas. Se calcula que para el 2018, alrededor de 460 mil niños y jóvenes trabajaban para organizaciones criminales, sea de manera voluntaria o forzada. En tanto que 101 mil menores fueron recluidos en penales federales por la comisión de distintos delitos, entre ellos el homicidio. La desatención y hasta desprecio respecto a menores de 18 años es tal, que ni los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” les consideran con parte de sus estrategias de intervención. Esta pérdida de sentido en la juventud se expresa, de manera extrema, en una generación desechable –parte de la cultura del descarte y de la civilización del desperdicio– que vive de manera acelerada y es presa de la muerte violenta a temprana edad. “Más vale tres días con dinero y morir joven, que llevar una vida entera de jodido”, sería la frase que engloba esta alarmante situación.

Los anteriores son tres problemas públicos inmediatos, vividos a flor de piel por la población, que se fusionan con otros de corte estructural y coyuntural, y que evidencian la ausencia de instituciones que contribuyan a la construcción de alternativas. La desestructuración del mercado interno; el ejercicio patrimonialista del espacio público; la corrupción y la impunidad; la ineficacia y limitada cobertura del sistema público de salud; un sistema educativo desfasado de los problemas sociales; la exclusión social; un campo laboral precario y estrecho; el desempleo y la pobreza; entre otros más, son manifestaciones de la incapacidad de un Estado postrado que, desde hace décadas, renunció a las funciones que le dan sentido a sus mecanismos de intervención y al cumplimiento de mínimos imperativos de bienestar social. Sin un Estado hiperactivo, dotado de diagnósticos y estrategias certeras y eficaces, la sociedad mexicana perpetuará su orfandad, al tiempo que postergará las transformaciones anunciadas.

 

Una mirada sobre la insuficiencia del crecimiento económico en México

Aunque obvias, pero recurrentemente soslayadas, dos ideas son fundamentales en aras de comprender el tema: a) para que una sociedad goce de mínimos de bienestar, precisa del crecimiento económico. Si bien no es lineal la correspondencia entre crecimiento económico y calidad de vida, es posible y necesario crecer para (re)distribuir, pero también la (re)distribución de la riqueza puede incentivar –a través del consumo– el crecimiento de una economía nacional. Y, b) pese a que implícitamente se da por dada la idea de que el crecimiento económico está en función de cierta tendencia y comportamiento “natural” del mercado, la realidad es que éste no se corresponde con la tergiversada metáfora de la mano invisible y el ajuste automático.

Según datos desestacionalizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la economía mexicana muestra una desaceleración desde la segunda mitad del 2018, transitando desde el tercer trimestre de ese año del 2.5% al -0.3% durante el tercer y el cuarto trimestre de 2019. Lo cual supone que, mientras en el conjunto del año 2018 se creció en promedio 2.1%, la contracción del 2019 se situó en -0.1%.

Más allá de ahondar en el debate relativo a la presencia o no de una recesión en la economía mexicana, cabe analizar algunas causas que ayuden a comprender esta caída de la riqueza nacional durante el último año. El tema de la recesión es un debate propiamente técnico que amerita un tipo de abordaje diferente a los reduccionismos político/ideológicos y mediáticos.

En principio, cuando un Estado no recurre a la política fiscal y al gasto público para estimular y, en su caso, reanimar el proceso económico, la austeridad fiscal (el “austericidio” del cual hablaba Felipe González, presidente del Gobierno Español entre 1982 y 1996), si bien contribuye a estabilizar las variables macroeconómicas, termina por asfixiar el conjunto del proceso económico y a generar su estancamiento. No invertir desde el Estado en la construcción de infraestructura básica y en la conformación de una política industrial que brinde incentivos a la inversión privada, no solo “ahorca” las posibilidades de crecimiento económico, sino que –aunado a una política monetaria conservadora que mantiene alta la tasa de interés– se favorece únicamente el proceso de acumulación entre el sector bancario/financiero y entre sus principales beneficiarios. Esto es, la obsesión –acarreada desde la década de los ochenta hasta la actualidad– por imperativos como el de las “finanzas públicas sanas”, la inflación contenida y de un dígito, el pago del servicio de la deuda, y la estabilidad cambiaria (un dólar barato beneficia a los grupos financieros transnacionales, a los países desde donde México importa bienes y servicios, y a las empresas extranjeras que importan insumos), no solo subordina a la política macroeconómica el resto de las políticas públicas, sino que también tiende a estrangular la actividad económica. Los náufragos de esta política económica son las pequeñas, medianas y grandes empresas nacionales al descapitalizarse tras encarecerse el crédito. Del mismo modo, la apreciación del peso mexicano, les resta competitividad tras ser desplazadas esas empresas nativas por las importaciones.

La persistencia de una política económica contraccionista y deflacionaria, regida por el fundamentalismo de mercado, limita la expansión de la demanda y desestructura toda posibilidad de vertebrar las cadenas productivas del mercado interno. Esta obcecada estabilidad macroeconómica afecta la creación de empleo, las posibilidades de crecimiento económico y las mismas finanzas de las empresas productivas nacionales. Contraída la economía nacional, existen menores posibilidades de recaudación fiscal, afectando –en el mediano plazo– las finanzas y presupuestos públicos. Y si las empresas nacionales se endeudan, es menor la inversión destinada a la actividad productiva, quedando la economía a expensas de los flujos volátiles de inversión extrajera directa.

Además de esta explicación sustentada en el análisis macroeconómico, cabe hacer un ejercicio de economía política para comprender que el crecimiento del PIB y cualquier fenómeno o hecho económico no está al margen de las estructuras de poder y de la correlación de fuerzas al interior de una sociedad y respecto a las relaciones –no siempre simétricas y equitativas– que tiene una nación con la economía mundial.

Si bien existe un contexto volátil e incierto en el comportamiento de la economía mundial –el cual, según se pronostica, en el año 2020 no será halagador–, ello es insuficiente para comprender la contracción de la actividad económica en México, cuando menos desde el tercer y cuarto trimestre de 2018. Periodo que coincide con el fin del proceso electoral 2017/2018 y con el ascenso de una élite política diferente –al menos en el discurso– a la que gobernó desde 1985.

Además de persistir hasta principios del 2020 la política económica mencionada, el recelo que entre la oligarquía beneficiaria de la privatización del Estado despierta esta élite política progresista, induce una especie de sabotaje por parte de la clase empresarial que se muestra reticente a invertir en actividades productivas. Esta reticencia de la élite empresarial conversadora para invertir es una vendetta ante el despojo de los privilegios que concentraron a lo largo de tres décadas; la contención del drenaje de recursos por motivos relacionados con la evasión y la exención fiscal; y el freno al mega-negocio relacionado con la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Se trata de poderes fácticos que, desde aquellos ámbitos dependientes de sus decisiones, pretenden sabotear el proyecto de la administración pública federal que conduce el país desde diciembre de 2018. Y, en ese intento por ganar la partida en la lucha intra-élites, no solo se agudizó la violencia criminal a lo largo de 2019, “sembrando” muertos con miras a afianzar una eventual inestabilidad sociopolítica para cargarle, mediáticamente, la responsabilidad al gobierno; sino que también se recurre al expediente de la inversión privada frenada para coartar toda posibilidad de crecimiento económico y poner en entredicho los programas sociales redistributivos de la riqueza nacional. De tal manera que, además del cerco mediático en el cual se disputa el poder a través del control de la palabra y de una “verdad”, se suma la violencia controlada por poderes fácticos y la apatía inducida entre amplios segmentos de la oligarquía para invertir en la producción. Sin embargo, esta apatía, a la larga, más allá de la rebatinga intra-élites, será contraproducente para estos mismos empresarios mexicanos conservadores, pues sus concesiones, instalaciones e infraestructura se encuentran territorializadas en el país y es poco probable que las trasladen a otros mercados nacionales.

Comprender esta correlación de fuerzas contribuye a ampliar la mirada y a evitar el fatalismo que supone la llamada mano invisible del mercado. Si no existió crecimiento económico en México a lo largo del 2019 y principios del 2020, es porque existen intereses creados y poderes fácticos que adoptan decisiones concretas para inducir el estancamiento de la economía nacional. Por un lado, la persistencia deliberada de una política macroeconómica contraccionista atizada por la actual administración para congraciarse con los intereses de los organismos financieros internacionales y con la banca privada comercial transnacional (principal beneficiaria de dicha estrategia regida por la austeridad fiscal). No menos importante es la incapacidad del gobierno para brindar las señales mínimas en aras de vertebrar una eventual política industrial de raigambre nacionalista. Y, por otro, la falta de cultura política de la oligarquía para reconocer el espacio perdido y los menguados privilegios acaparados en el largo periodo de privatización y uso patrimonialista del Estado. Esta oligarquía es presa del odio, el racismo y el clasismo ante los intentos oficiales de acercar al Estado a los sectores populares. Pierden de vista que este viraje del Estado es para el beneficio de la estabilidad social y política que preserve sus intereses creados y la estructura de poder y riqueza que pilotean.

Sin la voluntad y la capacidad de la sociedad mexicana para configurar un nuevo pacto social, las transformaciones anheladas serán postergadas o se tornarán imposibles de realizar. Ese posible pacto social atraviesa por la urgencia de configurar una política económica fundamentada en el mercado interno y en el fomento de la industria. Y, para ello, se precisa de un tejido empresarial con vocación productiva y de un Estado capaz de articular a los distintos actores y agentes socioeconómicos a través de entramados institucionales que abonen a la (re)construcción de un proyecto de nación.

 

                México y el carácter perenne del modelo económico

Sin viraje en el modelo económico, no existirá cambio de régimen ni Cuarta Transformación. Menos aún existirá dicha transformación en el maremágnum perseverante de las ancestrales condiciones adversas de una sociedad subdesarrollada y desigual como la mexicana. ¿Por qué argumentamos esto? Porque la política económica cimentada en el fundamentalismo de mercado –equivocadamente denominada como neo-liberalismo– persiste en México, pese a la retórica del discurso oficial.

Los fundamentos del modelo económico que desde la década de los ochenta apostó al desmantelamiento de la política industrial, la apertura irrestricta de la economía nacional, la estabilización macroeconómica, la privatización de las empresas paraestatales, y la readecuación de las regulaciones económicas, se consagró en una estructura jurídico/institucional difícil de remover, mientras no existe una voluntad política, recursos fiscales y un verdadero proyecto de orientación nacionalista.

La estructura jurídica del fundamentalismo de mercado se conformó a partir de reformas económicas e institucionales, labradas desde 1985 bajo la premisa de entronizar a la iniciativa privada y de propiciar la desnacionalización de las decisiones estratégicas. Múltiples reformas a cruciales artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la promulgación de leyes secundarias, afianzaron un patrón de acumulación que, tras apostar a la desindustrialización y al desmonte del Estado desarrollista, fue abandonado y desmantelado el campo, se emprendió una apertura irrestricta de la economía nacional respecto a los Estados Unidos, se emprendió un proceso de privatización del Estado y un uso patrimonialista de lo público, y se privilegió la estabilización de las variables macroeconómicas por encima del estímulo al crecimiento económico. Instituciones formales e informales afianzaron éstas directrices y, como ocurrió con la transición española tras la muerte del Generalísimo Francisco Franco, “todo está atado y bien atado”.

Erosionar y desterrar ese modelo económico signado por la exclusión social y el debilitamiento del Estado hasta conducirlo al callejón sin salida de la crisis institucional, supone algo más que declaraciones preñadas de buenas intenciones y retórica.

La administración pública Federal 2018-2024, pese a su discurso progresista y al imponente apoyo popular, no traduce sus decisiones y acciones en una modificación sustancial del patrón de acumulación hegemónico desde la década de los ochenta. Salvo los matices introducidos en la (re)distribución de la riqueza –que no es poca cosa para grupos etarios jóvenes y ancianos–, la política económica y la política social no rompe su cordón umbilical respecto a las inercias y ataduras que provienen del pasado. La primera continúa con una orientación contraccionista tras privilegiar la asfixiante austeridad fiscal. En tanto que la segunda sigue privilegiando la transferencia monetaria a los grupos sociales depauperados, sin esperar de ellos corresponsabilidad alguna. Afrontar la ancestral desigualdad social amerita esfuerzos más allá de ello y con miras a trastocar la estructura de poder y riqueza que priva en el país.

No sólo persiste la política económica y varios rasgos de la política social, sino que el rumbo de la nación se desdibuja con la ausencia de una política industrial y de una política tecnológica y de innovación, que contribuyan al eslabonamiento de las cadenas productivas y a la vertebración del mercado interno. Persiste la desarticulación hacia adentro y la articulación hacia afuera a partir de la producción de insumos maquillados en sectores económicos dinámicos. Del eventual diseño y adopción de una política industrial de orientación nacionalista, bien podría derivarse un tejido empresarial sólido y robusto, así como evitar que el rescate de Petróleos Mexicanos (PEMEX) sea el único remolque efectivo del resto de la economía nacional.

La otra asignatura pendiente, heredada de las élites tecnocráticas que sirvieron con fervor a los intereses creados de la oligarquía nativa y la plutocracia transnacional, es la ausencia de una política fiscal progresiva (gravar con más al capital y al que tiene mayor riqueza). Sin dicha reforma, no sólo se carecerá de un financiamiento óptimo de las políticas públicas, sino que será postergada toda apuesta de transformación nacional y de cambio de régimen.

La ausencia de regulaciones o la debilidad de las mismas, se acentúa en el sector bancario/financiero. La falta de voluntad política se evidencia en la persistencia de una tasa de interés alta, la estabilidad cambiaría y la incapacidad para restringir y regular sus descomunales ganancias repatriadas provenientes de las comisiones bancarias que recaen sobre la clase trabajadora.

La continuidad de este modelo económico, fundamentado en el rentismo, el extractivismo, la acumulación por desposesión y la privatización del Estado, es custodiada por la red de organismos internacionales y la misma estructura jurídica que éstos estandarizan. Lo mismo que la oligarquía nacional y las redes empresariales globales, los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL) podrán dormir a sus anchas seis años más en esta postergación de “la larga y oscura noche neoliberal” (López Obrador, dixit) que no encuentra, aún, su punto final.

Al respecto, las mismas palabras –pronunciadas ante los banqueros– por Andrés Manuel López Obrador son elocuentes: “… termino diciéndoles que no van a cambiar las reglas del juego; para decirlo de manera coloquial, no va a haber ninguna reforma promovida por el Ejecutivo que afecte a la banca de México y la banca que trabaja en nuestro país. Vamos a mantener el mismo marco legal. Si hay algún cambio, saldrá de ustedes y pensando siempre en la competencia. Los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado” (https://bit.ly/3eLQ0G0). No solo es postergado el dogma del fundamentalismo de mercado, sino que se apela al voluntarismo de una élite rentista que edifica su poder económico en la laxitud de las regulaciones.

El panorama se complica más con el estancamiento económico explicado en anteriores análisis  (https://bit.ly/31AJPjY), así como con la renegociación desventajosa del acuerdo comercial del bloque de América del Norte, que tenderá a reforzar en México los lazos de dependencia financiera, tecnológica y comercial. Ir más allá, supone trastocar y reconfigurar la relación de la nación Azteca con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA) –ahora denominado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)– es el buque insignia del modelo económico aperturista y desnacionalizador iniciado a mediados de la década de los ochenta del siglo XX. Este acuerdo no solo perpetúa la dependencia comercial con el vecino del norte, sino que reposiciona la desnacionalización de las decisiones económicas estratégicas en el escenario de posturas neoaislacionistas y de las disputas comerciales entre los Estados Unidas y China.

Marcar la ruptura con un modelo económico desnacionalizador (los sectores estratégicos están en manos de capitales extranjeros), excluyente (desempleo masivo y precarización laboral) y desigual (regiones conectadas a la economía internacional y otras marginadas de ello), amerita no sólo la concurrencia de los diversos grupos sociales y la suavización y subordinación de sus intereses creados, sino también de la ampliación de la cultura política para trascender las interminables luchas intestinas protagonizadas por las diferentes facciones de las élites políticas. Supone romper la ecuación distributiva donde 10 % de la población mexicana concentra el 60 % de la riqueza. Supone ir más allá de la estabilidad macroeconómica y el “austericidio”. Sobre todo, supone despojarnos del pensamiento colonial y echar a volar la imaginación creadora, desde las élites políticas e intelectuales, para construir paradigmas, estrategias, modelos y alternativas de sociedad propias, que subordinen al mercado y reivindiquen la (re)industrialización para constituir una base tecnológica autóctona. México está ante una oportunidad inédita para ello; oportunidad que tal vez no se repita en varias décadas. De ahí la importancia de dejar atrás la orfandad ideológica y el entreguismo que nos extravía en el mar del oscurantismo hasta llevarnos al naufragio que impide –además de no estar acostumbrados a– reflexionar sobre nuestro propio desarrollo.

 

      El T-MEC y la urgencia mexicana de pensar con cabeza propia

En el horizonte lejano se perpetúa la incapacidad –no sólo intelectual, sino también política– de una sociedad como la mexicana para pensar e imaginar su desarrollo sobre bases dadas por un pensamiento crítico propio que apueste a mínimos márgenes de autonomía de cara a los condicionamientos exógenos. Pensar con cabeza propia no sólo es un imperativo instrumental relacionado con las decisiones públicas, sino que es una urgencia histórica de cara a la crisis civilizatoria que se cierne sobre las sociedades contemporáneas.

Este colonialismo mental autoimpuesto por las mismas élites políticas y empresariales no sólo se limita al ámbito de las políticas públicas, sino que también se extiende a imaginarios, comportamientos, prácticas y hábitos en los que se asume que lo ajeno es “lo mejor” y que es “lo adecuado” a seguir por una sociedad dotada de rasgos sui géneris en sus necesidades, problemáticas, formas y estilos de vida.

Las relaciones económicas y políticas internacionales sostenidas por México, evidencian –cuando menos desde hace tres décadas y media– esta tendencia. El cambio de modelo económico hacia mediados de la década de los ochenta, no solo significó la apertura respecto a los mercados internacionales, sino que representó el desmantelamiento de la política industrial, el desmonte del Estado desarrollista, la desarticulación del mercado interno y las desnacionalización de las decisiones y sectores económicos estratégicos. Este modelo económico aperturista, que se introdujo con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y que se afianzó con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en enero de 1994, se acompañó de la austeridad fiscal, la estabilización de las variables macroeconómicas, la privatización del sector público, y del cambio profundo en las regulaciones económicas que apuntalaron a los capitales privados volcados hacia el exterior. Los rasgos de esta modalidad de política económica se perpetúan hasta la actualidad (https://bit.ly/2CKO3eB) y lo mismo sus efectos negativos trazados en el estancamiento económico (https://bit.ly/2Vrw6rZ), pese a la llegada de una élite política progresista que, en el discurso, alega distanciarse de las miradas y concepciones de la racionalidad tecnocrática.

La integración silenciosa –sea comercial, educativa, política o cultural– entre los Estados Unidos y México, es un proceso de larga data. Solo se comprende en la perspectiva histórica dada por el surgimiento de los Estados Unidos como nación hacia finales del siglo XVIII. México fue parte de la expansión territorial y de la política anexionista del vecino del norte practicada a lo largo del siglo XIX. A la par, es necesario tomar en cuenta la simbiosis entre dos macrorregiones fronterizas como la del sur de los Estados Unidos y la del norte de México. Los lazos entre ambas formaciones regionales se extendieron a lo largo del siglo XX, de tal modo que, hacia la década de los sesenta, se establecieron las primera plantas maquiladores en las tierras norteñas de la nación Azteca.

Hacia 1993, las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron –según datos de la Secretaría de Economía– un monto de 42 935 millones de dólares (mdd) –algo así como el 82,75 % del total de intercambios–; en tanto que las importaciones de México provenientes de Estados Unidos alcanzaron un monto de 48 321 mdd –74,03% del total importado. Hacia el año 2003, estas exportaciones llegaron a los 144 293.4 mdd; en tanto que las importaciones ascendieron a 105 723 mdd. De tal manera que para el año 2019 los intercambios comerciales entre ambos países –sumando exportaciones e importaciones– alcanzaron los 614 500 mdd (358 126 mdd de exportaciones desde México y 256 374 mmd en importaciones provenientes de los Estados Unidos). Un incremento del 650% entre ambos países desde 1994 hasta la actualidad. En tanto que el comercio entre México y Canadá creció en más del 800%; sin embargo, las transacciones entre estos socios es 22 veces menor que el protagonizado por los cruces de mercancías en torno al río Bravo.

Si bien crecieron las exportaciones, los flujos de inversión extranjera directa establecidos en México, así como la transferencia tecnológica y la competitividad de los sectores y ramas económicos orientados hacia las exportaciones, ello no redundó –desde 1994– en la creación de empleos de calidad y bien remunerados. Más bien, buena parte del comercio entre ambos socios es intra-industrial o intra-firma, y no contribuye a los eslabonamientos de las cadenas productivas ni al fortalecimiento del mercado interno. Más aún, los ancestrales rezagos del campo mexicano derivaron en su colapso y en la agudización de la dependencia alimentaria en aras de privilegiar las importaciones de granos provenientes de los Estados Unidos. Salvo el aguacate y ciertas hortalizas, el resto de la producción agrícola está condicionada por el comercio internacional y por los subsidios recibidos entre los agricultores estadounidenses.

En medio del maremágnum comercial, los grandes náufragos fueron los pequeños y medianos productores agrícolas que no pudieron competir contra los granos importados y altamente subsidiados; a su vez, se enfrentaron a la remoción de los precios de garantía y a la homogeneización de los precios de los productos agrícolas respecto a los precios internacionales. Sometidos a un destierro laboral, se vieron obligados a migrar a los campos estadounidenses o hacia la agroindustria del noroeste mexicano. Este destierro es el correlato de la dependencia alimentaria (hacia el 2018 fueron importadas 23 millones de toneladas de granos básicos) y de las epidemias de obesidad, diabetes, desnutrición e hipertensión derivadas de la drástica modificación de los hábitos de consumo y alimentación entre la población mexicana. Tan solo un indicador al respecto: para el 2015, sus habitantes consumieron diariamente, en promedio, 1 928 calorías de comida empaquetada y bebidas azucaradas (380 calorías más que en Estados Unidos) (https://nyti.ms/3f069a1).

El otro eslabón perdido en este acuerdo comercial lo representa la libre movilidad de la fuerza de trabajo. 58 millones de mexicanos –entre documentados e indocumentados– (oficialmente se consideran entre 36 y 38 millones) radican en los Estados Unidos y contribuyen decisivamente al crecimiento económico de esa nación. Sin embargo, al ser ninguneados en los tratados comerciales y perseguidos en su vida cotidiana, se les priva de derechos en materia de educación, salud, seguridad social, así como de un tránsito seguro, certero y libre entre ambas fronteras.

A grandes rasgos, lo que se pretendió con este tratado comercial desde sus orígenes fue reposicionar a las empresas de capitales estadounidenses –principalmente a la industrias automotriz, informática y electrónica– en el concierto de las redes empresariales globales La llegada del señor Donald J. Trump a la máxima magistratura de su país, significó –entre otras cosas– la renegociación del acuerdo comercial en aras de poner límites a los márgenes de maniobra adquiridos por las inversiones chinas que asumen a México como plataforma exportadora hacia los Estados Unidos. Ni las posibilidades de gestación de capacidades industriales y de capacidades tecnológicas estuvieron presentes a lo largo de los últimos 26 años; y ello –sin duda– impone grilletes a la posibilidad de vertebrar un proyecto de nación con mínimos márgenes de soberanía y maniobra.

La firma y entrada en vigor del llamado T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) viene a actualizar estas relaciones y simbiosis históricas entre ambos países en el concierto de las disputas geoeconómicas globales. Cabe mencionar que las tres naciones concentran el 18,3% del mercado mundial y el 16% de las exportaciones plantearías; al tiempo que acumulan un PIB de 26 billones de dólares y concentran una riqueza mundial del 20%. Y que el telón de fondo de todo ello es la decadencia de los Estados Unidos como potencia hegemónica del sistema mundial; así como la lucha, a su interior, entre dos modelos de capitalismo: el financista/globalista/aperturista regido por la especulación y el rentismo, y el industrialista/nacionalista que ganó terreno en los últimos cinco años con la exacerbación nativista, nacionalista, supremacista y proteccionista.

La puesta en marcha del llamado T-MEC el pasado primero de julio representa, también, la actualización y profundización de las relaciones de subordinación y dependencia de México hacia el vecino del norte. No solo es la claudicación de la posibilidad de resucitar una renovada política industrial que vertebre el mercado interno, sino que significa llevar hasta sus últimas consecuencias el estatus de plataforma maquiladora y exportadora regida por la perpetuación de las políticas económicas inspiradas en el fundamentalismo de mercado. Significa el reposicionamiento territorial actualizado de las redes empresariales globales de origen estadounidense y una remozada incursión de éstas corporaciones en torno a los recursos naturales y energéticos radicados al sur del río Bravo; así como en torno al trasiego de drogas y armas entre ambos países.

Esto es, se trata de un acuerdo comercial proteccionista y extractivista para re-lanzar a las subsidiadas corporaciones estadounidenses –altamente contaminantes, por cierto– hacia el festín que representan las semillas nativas, el agua potable, las riquezas mineras, el litio –en tanto la energía del nuevo patrón tecnológico que se avecina– y los hidrocarburos como el gas y el petróleo. Con el agregado de que los grandes proyectos de infraestructura del actual gobierno mexicano –el Tren Maya y el Corredor Transístmico o Interoceánico– romperán con el carácter de espacio de reserva de la macrorregión Sur-Sureste de México al insertarla de manera definitiva en el patrón de acumulación extractivista y depredador del territorio, la naturaleza y de los bienes comunes.

El otro gran tema relacionado con el T-MEC es el laboral. Es de llamar la atención que el grito desesperado en torno al llamado dumping laboral (competencia desleal) proviniese del gobierno estadounidense ante los persistentes salarios bajos percibidos por los trabajadores mexicanos, y que signan la desigualdad salarial en América del Norte –especialmente en el sector de la industria manufacturera. Los bajos salarios, desde 1994, fueron –junto con la cercanía geográfica y la dotación de infraestructura básica– el principal incentivo para el establecimiento de la inversión extranjera directa en México. Al tiempo que conformaron el principal mecanismo para la transferencia de excedentes desde México hacia los Estados Unidos. Y en esto –junto con la laxitud o ausencia de regulaciones ambientales– fueron obsequiosas las élites político/tecnocráticas de los sexenios previos.

En 1993, Al Gore –entonces Vicepresidente de los Estados Unidos– comparó al NAFTA (TLCAN) con la compra, en 1803, de la Louisiana y con la adquisición de Alaska en 1867 (https://lat.ms/39qyk0E). De esa magnitud es el posicionamiento corporativo estadounidense en el territorio, infraestructuras, ferrocarriles, recursos naturales, y mano de obra mexicanos. El actual T-MEC extenderá estas pretensiones y representará un grillete más a la histórica dependencia comercial, financiera y tecnológica de México respecto al vecino del Norte.

Pensar con cabeza propia el desarrollo nacional no es un asunto baladí, ni un mero ornato intelectual o academicista. Y menos lo es tratándose del diseño y ejercicio de políticas públicas que afectan a millones de mexicanos en el contexto de la reconfiguración de las relaciones económicas y políticas internacionales contemporáneas. Para una nación subdesarrollada como la mexicana –con sus ancestrales desiguales sociales y regionales–, ello supone un nuevo pacto social que reivindique –más allá del tradicional entreguismo– la necesidad de (re)pensar y reconfigurar el tipo de relación que se sostiene con los Estados Unidos.

El actual gobierno federal argumentó que ante la amenaza de aranceles augurada por el señor Trump como respuesta a la laxitud de la política migratoria mexicana en la frontera sur, no restaba más que ceder a sus pretensiones, pues de lo contrario la economía nacional colapsaría. La realidad es que siempre existen alternativas –y no precisamente la sumisión y el envío de un muro cuasi militar a esta frontera. Las alternativas supondrían explorar y potenciar los 13 tratados comerciales que México tiene suscritos con 50 países; los 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (los llamados APPRIs) ostentados con 33 países; y los 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) que son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración. La diversificación comercial –y no la dependencia comercial en un 80 o 90% respecto al vecino del norte– marcaría la pauta para un reposicionamiento y una inserción más ventajosa de México en los mercados internacionales; al tiempo que abriría el camino para que una Cuarta Transformación real se exprese en la remoción –o, en su defecto, la reconfiguración– de la institucionalidad y entramados jurídicos desprendidos del TLCAN y del T-MEC, los cuales pesan como una enorme lápida sobre cualquier posibilidad de vertebrar un proyecto de nación a partir de la soberanización de las decisiones económicas. Lo contrarío –como hasta ahora– será la perpetuación de la larga noche neo-liberal que el discurso oficial dio por terminada; así como la renuncia a toda posibilidad de articular una política industrial fundamentada en decisiones autónomas.

Más aún, mirar al T-MEC como ese tanque de oxígeno que reflotará a la economía mexicana ante el azote de la pandemia, no solo es continuar en el mismo sendero de la dependencia comercial, sino tirarse un balazo en el pie y luego intentar correr con el daño autoinfligido. Es de una cortedad de miras por la obsesión de las élites políticas a aferrarse a los Estados Unidos como única opción en el concierto de la economía mundial, y por la incapacidad para explorar otros mercados. No solo estrecha los lazos asimétricos entre Estados Unidos y México; sino que inhibe toda posibilidad de estructurar un tejido empresarial propio y de detonar procesos de desarrollo que equilibren lo endógeno con lo exógeno.

 

México y la reforma del Estado como abismo pendiente

Sin reforma del Estado, no existen posibilidades de instaurar un nuevo régimen, ni mucho menos de emprender una Cuarta Transformación de la vida pública de México. Logradas las alternancias partidistas, tanto en el año 2000 como en el 2018, se prefigura un escenario que diluye las posibilidades de fortalecer los entramados institucionales. Pasada la embriaguez electoral, existen limitados márgenes para hacer un esfuerzo colectivo de reflexión pública y sopesar los alcances de los cambios profundos que precisa el país. Al menos, abiertamente, no es un tema que ronde los pasillos de la actual administración pública federal y de la legislatura en turno.

Por más reduccionismos que persistan en las élites políticas y en la opinión pública, no es un tema menor éste de la reforma del Estado. La perpetuación del subdesarrollo en regiones como la latinoamericana no solo es una posibilidad, sino un hecho histórico de fácil constatación ante la persistente obcecación de las oligarquías para emprender la refundación de los andamiajes institucionales y jurídicos.

Palacio Nacional, Ciudad de México.

Particularmente, ¿cuál es el Estado que México necesita para encarar el siglo XXI y sus cruentos desafíos que impone la desigualdad? Es una pregunta aún sin respuesta, justo porque las élites políticas de las últimas cuatro décadas posicionaron al país, por acción, omisión o incapacidad, en una falta de rumbo y dirección que no pocas veces se acerca al precipicio. Pese a fraguarse y diseñarse un Pacto por México en los años 2012-2013, éste ahondó la desnacionalización y la pérdida de sentido en la vida pública.  

Ante la postración, ausencias y crisis de Estado, se impone la urgencia de reformar sus instituciones fundamentales más allá de cambios cosméticos en el sistema político/electoral, la representación nacional, y los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos. Una profunda reforma del Estado, con mucho, trasciende esos aspectos propios de la partidocracia, y hundiría sus raíces en el conjunto de los entramados institucionales y estructuras jurídicas que le darían forma a la sociedad mexicana más allá de lo declarativo.

Problemas públicos como la desigualdad social, las disparidades regionales, la exclusión social, la extrema violencia criminal, la inseguridad pública, la corrupción e impunidad, el uso patrimonialista de lo público, la carente rendición de cuentas, la debilidad del Estado de derecho, la crisis e ilegitimidad del sistema de partidos, la precariedad de la cultura ciudadana, las decisiones discrecionales, la concentración del poder, el desdén por la ley, la voracidad insaciable de la oligarquía y de los poderes fácticos, la ausencia de una cultura ciudadana sólida, la crisis fiscal del sector público, el estancamiento económico, y otros más, se tornan irresolubles y postergados sin la voluntad política y sin una visión de Estado para emprender reformas de alta densidad y alcance profundo que redefinan el rumbo de la nación.

El letargo del fundamentalismo de mercado iniciado durante la década de los ochenta del siglo XX, minimizó la reforma del Estado a una privatización y achicamiento del sector público en aras de procurar un “Estado mínimo”, eficaz y ágil, que no se contrapusiera a los alcances del nuevo patrón de acumulación fundamentado en la sociedad de redes. Esta argucia del “Estado mínimo” –por oposición al Estado obeso y al “ogro filantrópico”, del cual habló Octavio Paz– derivó en un deshuesamiento del sector público y en una incapacidad de las instituciones y de las élites políticas para conciliar con los poderes fácticos, cada vez más desbocados y letales en sus ataques y cuestionamientos hacia la vida pública.

Cuando menos hasta diciembre de 2018, el Estado mexicano no ejerció plenamente los hilos de la conducción del país. Fragmentado por la gravitación de los poderes fácticos, el Estado es sitiado por las confrontaciones facciosas –fruto de una (in)cultura política signada por los intereses creados– y la creciente ilegitimidad de las élites políticas incubada entre el 2006 y el 2018.

El usufructo del poder por el poder; las miras y proyectos cortoplacistas; la frivolidad de las élites; la persistencia de relaciones políticas autoritarias; la centralización de las decisiones; el reparto del poder político en una época de gobiernos divididos; el impulso a una democratización representativa y delegativa que inhibe la participación ciudadana; la carencia de una reforma fiscal progresiva, son hechos que friccionaron o friccionan toda posibilidad de acuerdos y consensos con miras a un nuevo pacto social. Estos factores y circunstancias internas se traslapan con la intensificación de los procesos de globalización y con el dislocamiento entre poder y política. Factores exógenos ambos que trastocan las nociones tradicionales de Estado y soberanía; al tiempo que obligan a tomar en cuenta su sincronización con los problemas públicos y las decisiones nacionales.

Esa refundación institucional, jurídica y política del Estado, va de la mano de un fortalecimiento de sus primordiales funciones económicas; comenzando por la urgencia de gestar una nueva política industrial autóctona acorde –pero a la vez alternativa– a los tiempos y a los desafíos que impone el llamado sistema de la manufactura flexible. Un Estado con funciones económicas débiles, intermitentes o nulas –y sujeto a la economía estadounidense–, solo fortalece al capital y diezma toda posibilidad de vertebrar una estrategia autónoma de desarrollo nacional. De ahí la urgencia de emprender una reforma fiscal progresiva y redistributiva, capaz de cobrar los impuestos a quien más tiene y evade, y capaz de incidir también en el aparato productivo y en la edificación de infraestructura básica y social. Paralelamente a ello, hacer válidas las garantías sociales amerita atender el impostergable problema de la desigualdad. Y ello no se logrará con un Estado postrado y carente de las funciones e instrumentos de intervención que reviertan los distintos flagelos sociales. Sin un sistema sanitario universal y de calidad, sin un campo laboral robusto y generador de empleos, y sin salarios acordes a las necesidades de la población, el tratamiento de la desigualdad sería retórico, sin fundamento y se reduciría a simples dádivas monetarias destinadas a quienes menos tienen.

En correspondencia con ello, se precisa de una derogación de todas aquellas reformas y contrarreformas que, desde 1985, desmontaron al Estado desarrollista y dinamitaron toda posibilidad de fortalecer al sector público en sus múltiples funciones. Dar marcha atrás a las estrategias inspiradas en el fundamentalismo de mercado es un imperativo impostergable para salir de esa larga y oscura noche (https://bit.ly/2YRXHoB). Si bien la disciplina fiscal y la estabilización de las variables macroeconómicas es una condición necesaria, no es suficiente para detonar crecimiento económico e integración de un mercado interno, supeditado desde entonces a la lógica propia de la economía estadounidense, que reserva para México una inserción subordinada y dependiente. De ahí que parte fundamental de una reforma del Estado, suponga revisar y revertir el actual modelo económico y su patrón de acumulación depredador, rentista y extractivista.

En el ámbito propiamente de los entramados institucionales, se precisa orientar la mirada al fortalecimiento del Estado de derecho y afianzar un renovado sistema de procuración e impartición de justicia. El combate a la corrupción es una condición necesaria, pero no suficiente –pese a la retórica oficial insistente en un diagnóstico impreciso– (https://bit.ly/2VAqHiu), si no se arraiga un nuevo sentido de lo público y si se continúa con prácticas de aplicación selectiva de la ley.

Un nuevo régimen supone, también, someter a examen crítico la figura del presidencialismo, con miras a reformar el ejercicio del poder en México y a separar al Estado del gobierno, en aras de que el primero brinde la estabilidad sociopolítica y la persistencia de las instituciones, sin someterse a los vaivenes de la partidocracia. Este ejercicio de descentralización del poder político supone, además, una revisión de la figura del municipio, en tanto eje articulador del desarrollo local/regional.

Una cabal reforma del Estado no sería entendida sin una cultura política sólida que se fundamente en la transformación profunda del sistema educativo, en aras de que posicione en el centro la formación del ciudadano, no como autómata receptor y repetidor de derechos y obligaciones, sino como un sujeto pensante –en clave de corresponsabilidad– en torno a las problemas públicos inmediatos y a las eventuales soluciones que éstos demandan.

Más aún, la reforma del Estado requiere la construcción de consensos y amplias mayorías políticas, acompañadas de movimientos de base social y ciudadana alejados de intereses creados. De otra forma, no existirán condiciones para la edificación de una legitimidad duradera y arraigada en la población. Esta renovación de las instituciones, atraviesa por la reforma de cuantiosos artículos de la Constitución Política o, en su defecto, de la organización de un nuevo Congreso Constituyente. Sin embargo, esa Constitución Política –nueva o reformada– amerita organicidad y estabilidad para evitar contradicciones y duplicación de preceptos. Se trata, en última instancia, de un proceso legislativo que le compete al Congreso de la Unión, con la convergencia de los otros poderes de la federación y demás fuerzas y poderes fácticos que centren su atención en un nuevo pacto social.

Sin Estado fuerte, institucionalmente hablando, sería imposible la (re)construcción de un proyecto de nación, que hasta la fecha está ausente. Es apremiante alejar la sensación de que la nación se pierde en una lógica de cambiar para no cambiar y que todo siga igual (gatopardismo). En El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, se habla de la importancia de la visión de Estado. Sin pensamiento y miradas de estadista que cesen la confrontación facciosa, toda posibilidad de cambio de régimen y de reforma del Estado será drenada hacia el mar del olvido y de una historia implacable de intento tras intento, de fracaso tras fracaso. Se trata de procesos de larga duración, inacabados y eternos, solo concretados a través de la persistencia de las instituciones y de la concurrencia ciudadana.

 

México ante los desafíos de la pandemia

 La esclerosis y debilidad del Estado mexicano es evidenciada –entre otras cosas– por su incapacidad para conducir el crecimiento económico y para estimularlo con los mecanismos de política económica apropiados. Con la instauración de la pandemia, esta tendencia histórica se radicaliza y afloran escenarios económicos inciertos y nada halagüeños para el curso mismo del desarrollo nacional. No solo persiste el modelo económico aperturista, desnacionalizador y desindustrializador (https://bit.ly/2YRXHoB), sino que son perpetuados el estancamiento estabilizador (https://bit.ly/31AJPjY) y la misma incapacidad para pensar el desarrollo con cabeza propia (https://bit.ly/3k0gzsV).

El 30 de julio pasado, el INEGI presentó una estimación respecto al comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB). En dicha estimación oportuna se aprecia una caída del 17,3% en términos reales durante el trimestre comprendido entre abril y junio de 2020; en tanto que una caída de 18,9% respecto al mismo trimestre del año 2019. Por actividades económicas que componen el PIB, la principal caída la experimentaron las actividades secundarias o industriales con un 23,6%; por su parte, el sector servicios se precipitó en un 14,5% y el sector agropecuario cayó un 2,5% a lo largo de ese segundo trimestre de 2020 respecto al trimestre transcurrido entre enero y marzo del présense año (https://bit.ly/3kuXDnw).

Si bien estos datos representan un batacazo de enormes magnitudes para el comportamiento de la economía mexicana, cabe contextualizarlos en el escenario que a nivel internacional se presenta al calor de los impactos diferenciados que acompañan a la pandemia y al confinamiento global. El Banco Mundial, por su parte, conservadoramente augura en sus proyecciones una caída de la economía mundial del 5,2% para el 2020; siendo este dato del 7,0% para el caso de las economías avanzadas; en tanto que para América Latina y el Caribe la caída sería del 7,2% para este año (https://bit.ly/3f4luqX).

Se trata de un escenario mundial adverso que se explica por la inducida gran reclusión y por las decisiones y medidas tomadas desde los gobiernos y los grandes corporativos en torno al frenón de las principales actividades económicas, la ruptura de las cadenas globales de valor y suministro, y la retracción de la demanda y el consumo masivo como parte del confinamiento y la crisis de hiper-desempleo profundizada durante los últimos meses.

Aunque existe este contexto dado por el comportamiento y contradicciones de la economía mundial en la era pandémica, lo suscitado en México se relaciona también con múltiples factores que inciden en la desaceleración de la actividad económica y en la caída abrupta del crecimiento económico. En algún momento señalamos las reticencias mostradas por la clase empresarial mexicana para invertir en actividades productivas desde la elección del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (https://bit.ly/31AJPjY), en lo que sería una falsa confrontación entre élites políticas y empresariales que, al menos en el discurso y en ciertas prácticas se muestran como diferentes. Decimos que es falsa esta supuesta confrontación porque el actual gobierno federal no compromete los cimientos del patrón de acumulación rentista y extractivista imperante en México.

A lo anterior se suma la fuga de capitales dada por el aumento de depósitos de empresarios mexicanos en bancos estadounidenses. Entre julio de 2018 y el mes de enero de 2020, se registró una fuga de capitales por un monto de 76 mil 166 millones de dólares (https://bit.ly/32WSah8); lo cual explica, en gran medida, los riesgos de recesión sobre la economía mexicana desde entonces. Declarada la pandemia, este fenómeno se aceleró como parte de las expectativas negativas que genera la economía mexicana, la ausencia de certidumbre (lo cual es una infundada percepción de la clase empresarial), y la misma depreciación del tipo de cambio entre el peso y el dólar estadounidense. De ahí que las élites empresariales y los grandes ahorradores prefieran tener sus depósitos en dólares y no en pesos mexicanos. Tan solo los inversionistas de origen estadounidense, entre enero y abril de 2020, vendieron el 16% de los bonos gubernamentales mexicanos, representando una suma de 15 mil millones de dólares (https://bit.ly/3i4OGzk). La espiral no se detiene con el cénit de la pandemia y se registra que entre abril y junio del presente año, México se expuso a una fuga masiva de capitales por montos de 8 710 millones de dólares (https://bit.ly/3h4wvZw).

El imperativo de la austeridad fiscal privilegiado por el actual gobierno, en el marco de la perpetuación de la política económica ultra-liberal, contribuye a agravar y profundizar el adverso panorama macroeconómico de la nación azteca. No menos importante es el disparo del resorte del desempleo en el país durante los meses de la pandemia. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la pérdida de 1,2 millones de puestos de trabajo formales hacia la primera quincena de agosto del presente año (https://bit.ly/3lXoA3A). Si se incluye a la población que labora en condiciones de informalidad, el número de desempleados ascendía –para la tercera semana de julio– a los 15,7 millones de habitantes (13,6 millones de personas no ocupadas y el resto serían los pertenecientes a la llamada población económicamente activa desocupada) (https://bit.ly/32Zt7tL). Con esta situación de hiper-desempleo masivo, la economía mexicana enfrenta un shock de la demanda al retraerse el consumo de la clase trabajadora.

Estas tendencias se complican con la persistencia de una política monetaria estipulada por el banco central que continúa apostando por la estabilidad de los principales indicadores macroeconómicos. Al respecto, el Banco de México declara, oficialmente en su sitio de Internet, que su “objetivo prioritario es mantener una inflación baja y estable”; de ahí su distancia respecto a la procuración del pleno empleo en lo que sería la entronización de una falsa disyuntiva en materia de política monetaria y que, incluso, marcha a contracorriente de la misma Reserva Federal de los Estados Unidos que, ante la pandemia, reivindica la simbiosis de la estabilidad de precios con el pleno empleo, siendo este último el objetivo principal de ese banco central. Mientras en México se observan ambos objetivos como mutuamente excluyentes –subordinando el crecimiento económico a la estabilidad macroeconómica–, la tendencia en múltiples bancos centrales del mundo se dirige a considerarlos como complementarios.

A la par de las restricciones que impone la loza asfixiante de la disciplina fiscal, en México prevalece un Estado pobre y fiscalmente débil que no se atreve a estipular una reforma fiscal progresiva que grave a los ciudadanos que más ganan y que cuentan con fortunas y grandes herencias. Y no se atreve porque históricamente las élites empresariales fueron parte de las clientelas que sostenían la legitimidad del poder político, y porque las élites políticas temen la furibunda reacción de las oligarquías que controlan los medios masivos de difusión e infinidad de poderes fácticos.

La reforma fiscal no solo es necesaria en el contexto de la pandemia, sino urgente de cara al colapso económico que vive el país. No basta con las obras faraónicas que promueve el actual gobierno federal (el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Tres Bocas), sino que es impostergable financiar un ambicioso programa de infraestructura intensivo en mano de obra que tenga una irradiación multi-regional y amplios impactos territoriales y diferenciados según los niveles de desarrollo económico de cada entidad federativa.

Ante el advenimiento de una crisis económica de grandes magnitudes como no se experimentaba en México desde 1932, la urgencia de una reforma fiscal no solo es un imperativo técnico, sino uno en materia de justicia social, considerando que los náufragos de la pandemia y de dicha crisis lo serán la clase trabajadora y los sectores de la población expuestos a la exclusión social y a la pauperización. El mismo discurso anti-corrupción y la llamada “austeridad republicana” no bastan para procurar un ahorro en el sector público (en el segundo informe de gobierno se señaló un ahorro de 560 mil millones de pesos). Agotado el mismo potencial exportador de la industria petrolera y alicaídos los precios internacionales de los hidrocarburos, es pertinente echar mano de los recursos provenientes del freno impuesto a la evasión fiscal que benefició por décadas a los grandes corporativos empresariales, así como de una reforma fiscal que no solo grave a los consumidores cautivos a través del I.V.A. y a la actividad productiva de las empresas –que, en última instancia, trasferirán dicha carga fiscal al consumidor final–, sino que privilegie el gravamen sobre el ingreso del decil más alto y, especialmente, sobre el 1% que concentra mayor riqueza y grandes fortunas.

Ante una caída del 10% pronosticada para el 2020 (en tanto que para el 2021 se augura un crecimiento del 2,95%), México no cuenta con suficientes márgenes de maniobra mientras la política económica se empecine en el precepto de la austeridad fiscal y no se apueste por un proceso de re-industrialización y de soberanización en torno a las decisiones económicas estratégicas. No solo continuará la mayor exposición respecto a los vaivenes de los mercados de América del Norte, el flujo de divisas enviadas por los migrantes, y la dependencia comercial y tecnológica respecto a los Estados Unidos, sino que estos condicionamientos adversos crearán mayores ataduras.

El círculo vicioso puede presentarse al no crecer la economía nacional y al restringirse con ello la provisión de recursos fiscales hacia las arcas del Estado. Agotado el venero de la economía fosilizada, pocos son los márgenes de maniobra de la hacienda pública para el incremento de sus ingresos, si no se echa mano de una amplia reforma fiscal progresiva.

El actual mandatario aún cuenta con un margen amplio de legitimidad social para emprender una reforma fiscal que grave al que más tiene. Más aún, cuenta a su favor con el respaldo técnico dado por su estrategia orientada a evitar un mayor endeudamiento del sector público; al tiempo que logra controlar favorablemente el gasto público y cumple con las metas fiscales. El resto del esfuerzo se concentraría en la capacidad de los operadores políticos en aras de persuadir a la oligarquía y a las élites empresariales para que no solo paguen sus adecuados fiscales, sino para que se sumen a un gran pacto nacional que priorice salir del atolladero de las últimas décadas y campear el vendaval desatado por la crisis pandémica. Sin la llama de esa mínima posibilidad, México corre el riesgo de perpetuar sus condiciones de subdesarrollo, y el salir de la vorágine de la crisis epidemiológica global será una labor cuesta arriba.

 

Coronavirus, crisis sanitaria y esclerosis del sistema político mexicano

 La crisis epidemiológica global se presenta –ante nuestro azoro e incertidumbre– como un hecho social total (concepto introducido desde la antropología y la sociología por Marcel Mauss) que cimbra los cimientos del conjunto de las relaciones, instituciones, sistemas y estructuras sociales. Las respuestas que sea posible brindar ante los alcances de la exacerbación de la crisis civilizatoria son apenas atisbos que no nos reconfortan de cara a la magnitud de los acontecimientos contemporáneos que desbordan, aceleradamente, toda capacidad de entendimiento, interpretación y de análisis prospectivo.

Los enigmas que emergen ante hechos sociales sistémicos, globales e inciertos, generan perplejidad y eclipsan toda posibilidad de pensar; y si ello ocurre, entonces entra en escena el miedo y el pánico colectivos. Instalado el miedo, el ser humano tiende a buscar protección en la religión, en la ciencia y –sobre todo– en el Estado. Pero éste no ofrece orientación, ni cuidados, y se torna postrado y rebasado ante el avance mundial de la peste. Solo le resta el recurso de la represión y de los dispositivos de control consentidos por el ciudadano. El argumento político de que la pandemia nos tomó por sorpresa imprevisible no solo es insostenible, sino que nos llama al autoengaño como humanidad.

Ni el coronavirus SARS-CoV-2 es fruto de un complot impulsado por fuerzas ocultas que manejan a la humanidad como títere; ni el ser humano es totalmente ajeno a la construcción social que subyace en la génesis y diseminación de virus y bacterias que son potenciados con la alta densidad poblacional y la contradictoria y destructiva relación sociedad/naturaleza. Relación regida por comportamientos ecocidas, ecodepredadores y de despojo que alimentan un patrón de producción, mercantilización y consumo compulsivo y regido por el supuesto del crecimiento ilimitado, capaces –dichos comportamientos– de alterar el clima y los equilibrios ecológicos y de devastar los hábitats naturales de animales habituados a convivir con agentes patógenos. Todo ello se magnifica con la intensificación de los flujos globales y de la movilidad humana transcontinental.

Frente a ello, cabe argumentar que las capacidades científicas, tecnológicas y materiales para enfrentar una pandemia, están al alcance de la humanidad. No así la voluntad política, las decisiones y la cooperación internacional para que ello ocurra. No es un asunto de escasez, sino de relaciones de poder signadas por la desigualdad. En este escenario, la enfermedad es expresión de la misma concentración de la riqueza, de las asimetrías de poder y de desigualdad social.

En múltiples sociedades nacionales, la magnificación de los efectos negativos derivados de la pandemia instalada por el coronavirus SARS-CoV-2, no solo agravó las ausencias del Estado, sino que recrudecieron las desigualdades sociales y evidenciaron el rostro de la exclusión de vastos sectores. En este maremágnum, las disputas entre las distintas facciones de las élites políticas y empresariales toman nuevos bríos y se trasladan al ámbito sanitario; evidenciando con ello una descomposición y esclerosis sin precedentes en el escenario de la praxis política. Lo que subyace a todo ello es la generalizada postración del Estado que se muestra incapaz de prevenir y enfrentar favorablemente la pandemia en distintas latitudes del mundo.

México no es la excepción a ello. Se trata de una sociedad subdesarrollada que lastra desigualdades ancestrales que le laceran y que se agravan con las ausencias del Estado; la violencia criminal; la “grieta” social que combina odio, racismo y clasismo; y la creciente exclusión social. Justo la desigualdad es el fenómeno que mayor incidencia tiene en los efectos de la actual crisis epidemiológica. Ante ello, es pertinente analizar varias aristas.

En principio, el sistema sanitario mexicano está rebasado en su cobertura, capacidades y calidad, desde tiempo atrás. Fruto de la ideología del fundamentalismo de mercado adoptada desde la década de los ochenta, el sistema de salud experimenta debilidades y fallos estructurales y una privatización de facto, que induce a los ciudadanos a usar servicios privados ante la negligencia, el burocratismo y la insuficiencia de medicamentos en buena parte de las clínicas y hospitales públicos. La corrupción en la adquisición de medicamentos y equipo; los desfalcos protagonizados por directivos y personal sanitario regidos por la deshonestidad; y la falta de inversión pública y la consecuente decadencia del servicio, son expresiones de un sistema sanitario colapsado de antemano. Aunado ello a la incapacidad y la falta de voluntad política para garantizar la cobertura y atención a la salud como un derecho universal y gratuito.

Para ilustrar esto último, cabe anotar algunos datos: en el año 2000, se contabilizaron –tanto en hospitales públicos como en los privados– 1.8 camas por cada mil habitantes; para el año 2017, el indicador cayó a 1.4 camas por cada mil, y para el año 2019 se precipitó a 1.0 camas por cada mil habitantes. Muy lejos de las 4.7 camas por cada mil habitantes que promedian los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En tanto que, hacia el 2019, mientras los países miembros de la OCDE promediaron 3.5 médicos por cada mil habitantes, México solo cuenta con 2.6. Por no mencionar el déficit de especialistas médicos capaces de enfrentar y atender el padecimiento del Covid-19. De más está ahondar que con esas insuficiencias, el sistema sanitario mexicano colapsaría ante el aumento de personas infectadas y en situación crítica.

Por su parte, el proceso económico acarrea en México, desde antes de la crisis sanitaria, tendencias negativas. Si la economía nacional no crece a niveles sostenidos, se debe a las disputas entre las élites empresariales y la élite política encabezada por Andrés Manuel López Obrador, y a las reticencias y negación de las primeras para invertir en el aparato productivo, en una especie de sabotaje y boicot a los proyectos de gobierno de la segunda. La fuga de capitales hacia bancos de los Estados Unidos, emprendida por parte de esta élite empresarial antinacionalista asciende a 76 mil 166 millones de dólares. Ello explica, en buena medida, los riesgos de recesión que se ciernen sobre la economía mexicana desde hace 17 meses. Lo demás se relaciona con la obstinación del actual gobierno por preservar los supuestos de la política económica ultra-liberal regida a través del imperativo de la disciplina fiscal.

Las proyecciones más halagadoras señalan que la economía mexicana, de cara a los efectos de la pandemia, tendrá un retroceso del 6.6%. Se calcula también una transición de 53 millones de pobres a 68 millones de personas que  no podrán satisfacer sus necesidades básicas y, en especial, la alimentación. Entre el 13 de marzo y el 6 de abril, se sumaron 347 mil desempleados, y se pronostica la pérdida de entre 700 mil y 1.2 millones de empleos hacia el final de la contingencia. Así como un freno en los flujos de las remesas enviadas por los migrantes desde los Estados Unidos ante el parón de las actividades productivas en esa nación. Todo ello sin contar la desprotección y la pauperización que se ciernen sobre la población empleada en la economía informal (alrededor de 31.3 millones de habitantes; algo así como el 60% de la población económicamente activa).

Estos escenarios, el sanitario y el económico, tienden a complicarse con la polarización sociopolítica y la “grieta” que se pronuncia en la sociedad mexicana. Instalado un discurso clasista y racista de odio y división, y de intenso ataque al proyecto de gobierno de la actual administración pública federal, se ahondan las contradicciones y la debilidad de las instituciones. Muestra de ello es el llamado a la desobediencia civil proclamado por Tv Azteca –la segunda televisora con mayor audiencia en el país– tras incitar a la población a desacatar las medidas estipuladas por las autoridades sanitarias. La irradiación del virus desinformativo es un síntoma de esta “grieta” social.

Este llamado –aunado al de otros periodistas y de gobiernos locales que endurecen sus medidas represivas y coartan libertades ciudadanas fundamentales bajo el argumento de contener la epidemia–, no solo evidencia las disputas entre las distintas facciones de las élites y, particularmente, el resentimiento de una clase empresarial que se acostumbró a succionar del sector público, sino que también es muestra de una esclerosis del sistema político mexicano y, especialmente, de aquellos grupos de presión que apuestan a que le vaya mal al país para endilgarle la factura a un gobierno federal que carece de operadores políticos para contener los ataques que padece. La crisis epidemiológica solo es el pretexto para ahondar esa fragmentación social y para abonar a la crisis de Estado que experimenta el país en los últimos lustros.

No menos importante es la cantidad de problemas públicos que son encubiertos o silenciados con la instalación monotemática de la contingencia sanitaria en los medios. Además de múltiples problemas de salud pública, el agravamiento de la violencia criminal –que alcanzó niveles históricos en los últimos días al registrarse 114 homicidios el pasado 20 de abril–, es uno de esos problemas públicos obviados en México y que es parte de esa cruenta disputa que despliegan las distintas facciones de las élites por controlar el territorio y la economía clandestina de la muerte. A esta violencia e inseguridad, no escapa el personal del sistema de salud que es discriminado y agredido en la vía pública, bajo la consigna desinformada de que son portadores del virus.

Enfrentar los efectos de la crisis epidemiológica en una nación subdesarrollada como México, supone fortalecer las instituciones estatales como mecanismo de defensa de la sociedad. Y para ello será fundamental el robustecimiento de la cultura ciudadana, la dotación de información fidedigna y la regeneración del tejido social. Postergar la confrontación que ahonda la “grieta” en la sociedad mexicana, también es un imperativo que bien puede contribuir a calmar las ansias de imponer los intereses creados y facciosos. De otra forma, los escenarios que se plantean para México rayarán en lo catastrófico.

 

Coronavirus, crisis de Estado y urgencia de reforma fiscal

 En medio del vendaval epidemiológico que nos acerca al precipicio, cabe reflexionar en torno a un tema que será central en las medidas orientadas a atemperar la tormenta económica arreciada con la pandemia: las posibilidades fiscales del Estado para adoptar políticas económicas expansivas y políticas sanitarias universales. Y que en una nación como México se complementa con los desafíos que imponen la presión demográfica y las múltiples ausencias del Estado.

En principio, cabe matizar que un verdadero cambio de política económica atraviesa por la urgente adopción de una reforma fiscal dotada de un carácter progresivo. Sin reforma fiscal no solo se diluye la posibilidad de financiar a un anémico y deshuezado Estado, sino que se corre el severo riesgo de evaporar toda posibilidad de Cuarta Transformación y de cambio de régimen en una sociedad subdesarrollada como México.

No solo persiste la obsesión del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador de preservar la disciplina fiscal, sino que esa obsesión –con o sin crisis epidemiológica global– asfixia las posibilidades de crecimiento económico y perpetúa las políticas económicas contraccionistas y regidas por el fundamentalismo de mercado.

Las resistencias respecto a una reforma fiscal son de antaño y se remontan a los desencuentros entre las élites empresariales y los grupos gobernantes durante la década de los setenta del siglo XX. Dicha confrontación se suavizó en extremo con el control de las élites tecnocráticas sobre la administración pública federal, que privilegiaron el fortalecimiento de la iniciativa privada en detrimento del Estado. A partir del primero de diciembre de 2018, cambió la correlación de fuerzas y afloró el pavor de los propietarios de las grandes fortunas ante el riesgo de verse privados de la condonación, exención y evasión de impuestos. Ello es una manifestación de la añeja disputa entre esa élite empresarial rentista y extractivista y el grupo político de López Obrador.

Hacia el 2018, la recaudación tributaria en México ascendía al 16.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Siendo el furgón de cola entre los países del club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que promedian un 34.2% de tasa recaudatoria respecto al PIB. Aún dentro de las naciones latinoamericanas, México se encuentra por debajo del promedio equivalente al 22.8% del PIB.

La fiscalidad es uno de los aspectos cruciales de la administración pública capturados por los poderes fácticos que históricamente succionan y medran del Estado. A su vez, la incapacidad, ineficiencia y/o colusión de las élites políticas para afianzar las funciones recaudatorias respecto al capital y la riqueza, son una expresión de la postración de las instituciones y de la crisis de Estado. Ello se evidencia en el énfasis colocado a los impuestos sobre bienes y servicios (Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre Autos Nuevos y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y sus contribuyentes cautivos. Estos impuestos –para el año 2017– rondaron el 5.9% del PIB, siguiendo los impuestos al ingreso a personas físicas (los que recaen sobre sueldos, salarios y las ganancias por actividad empresarial), que representan el 3.5% del PIB; en tanto que los impuestos al ingreso de personas morales (que comprende las ganancias por actividad comercial y ganancias del capital), también alcanzan un 3.5% del PIB; y los impuestos al capital (propiedad inmobiliaria, la riqueza, herencias y regalos) solo alcanzan el 0.3% del PIB.

La dependencia respecto a los impuestos, derechos y aprovechamientos provenientes de las actividades y exportaciones de Petróleos Mexicanos, es otro de los problemas del sistema tributario. En el año 2008, las aportaciones de PEMEX al fisco alcanzaron el 45% del presupuesto federal; para el 2012 este porcentaje disminuyó al 40%. A cambio de ello, se incrementó la contratación de deuda (104 mil 100 millones de dólares hacia el año 2018 y un aumento del 335% desde el año 2005). Entre el 2008 y el 2018, la petrolera aportó al fisco 4 billones 654 mil 60 millones de pesos, y sus ganancias no se canalizaron a la capitalización de la empresa y a la reinversión en su planta productiva (la plataforma de extracción cayó en un 65.2% durante esa misma década). Cabe aventurar que la obstinación del actual gobierno por rescatar a la paraestatal no se enmarca en un amplio proyecto de autonomía energética, de reindustrialización y de innovación tecnológica, donde PEMEX sea una palanca real del desarrollo nacional, sino en un esfuerzo más por postergar la urgente reforma fiscal y eximir al gran capital de sus responsabilidades tributarias.

Mientras los impuestos se concentren en los trabajadores y consumidores cautivos, las condiciones de desigualdad social no se desvanecerán. Más aún, pese a esta incapacidad recaudatoria, los impuestos que efectivamente se cobran en México son altos. Y ello incentiva actividades informales y prácticas como la evasión fiscal (la cual alcanzó los 2 billones de pesos entre 2014 y 2018). Si la corrupción y la opacidad en el manejo de los presupuestos públicos es un incentivo a la evasión fiscal, el desdén por lo público entre amplios sectores de la población, perjudica también al sistema tributario.

La anemia fiscal del Estado mexicano es un tema crucial para la (re)construcción de un proyecto de nación. Tiene relaciones sistémicas con el crecimiento económico y la generación de empleos. Mientras persista la austeridad fiscal, el Estado será inoperante en el proceso económico. El gasto y la inversión públicos son fundamentales para revertir la baja drástica del consumo y la inversión privados, de las exportaciones y la atracción de inversiones extranjeras. Pero si persiste la obsesión ultra-liberal por la disciplina fiscal, no existirán incentivos para la producción y la generación de empleos. Más aún, los riesgos de recesión se cernían sobre la economía mexicana desde julio de 2018 ante la deslealtad del empresariado y sus negativas a no invertir en el aparato productivo. Y con la crisis sanitaria esos riesgos se radicalizan y aceleran el desempleo y la caída del crecimiento económico ante la gran reclusión y el “parón” de buena parte de la planta productiva, la reducción de la demanda externa y la caída de los precios internacionales del petróleo, sucintados durante las últimas semanas. Al caer la actividad productiva, las capacidades de recaudación de impuestos y de ejercicio del gasto público también se desploman.

Si el gobierno actual no cuenta con los operadores políticos, ni con la voluntad para emprender una reforma fiscal progresiva, ello, en sí, es una decisión y acción que se traduce en una especie de “rescate” de facto de los grandes grupos empresariales. De ahí que éstos –en conjunción con los bancos– pueden darse por bien servidos con ello. En medio de la pandemia, las presiones de estos grupos se intensifican para ser eximidos del pago de impuestos y forzar un “rescate”. En realidad, a estos poderes fácticos no les importa la planta productiva ni el estímulo al crecimiento económico; sino que aprovechan la polarización sociopolítica para no abandonar el patrón de acumulación rentista, extractivista y transnacionalizado. Su postura, en medio de la crisis epidemiológica global, consiste en ahondar la ingobernabilidad del país ante el miedo gestado por las muertes y contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2; y, en ese escenario, dotarse de mayor poder real e influencia mediática para ejercer mayor presión sobre el Estado e incrementar sus privilegios de clase.

En suma, (re)pensar una reforma fiscal para una sociedad subdesarrollada como la mexicana, supone pensar en un esfuerzo más amplio que modifique las estructuras de poder y riqueza a partir de una ambiciosa reforma del Estado. Solo así, lograrán revertirse las ancestrales desigualdades y los amplios procesos de exclusión social que drenan pobreza y marginación. Flagelos sociales que serán magnificados por el huracán de la pandemia y la polarización fundada en el odio y el clasismo.

 

La pandemia y los riesgos mexicanos ante la junk food

 La alimentación –pese a su carácter consuetudinario y al pasar desapercibida en medio de la cotidianidad de los ciudadanos– no es un tema menor de cara a los múltiples impactos e implacables azotes evidenciados con la pandemia. Particularmente, en una sociedad subdesarrollada como la mexicana, la crisis epidemiológica global se traslapa con morbilidades que exacerban la exposición y riesgos de los ciudadanos contagiados por el coronavirus SARS-CoV-2. A su vez, esta crisis sanitaria se empalma con las condiciones dadas por la ancestral desigualdad que prevalece en México hasta la actualidad. Y, como se arguyó en otros textos, la pandemia desnudó las miserias y flagelos de la humanidad (https://bit.ly/2AvtD8C), al tiempo que radicalizó las condiciones adversas que en México propician y reproducen la exclusión social, el estancamiento económico e, incluso, las múltiples violencias (https://bit.ly/2ERsiuH).

En este escenario, cabe explorar la relación que se gesta entre el padecimiento del Covid-19 y las co-morbilidades (diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares, etc.) que le acompañan.

Cabe puntualizar que no solo experimentamos una epidemia de desinformación (una desinfodemia; https://bit.ly/2YrkO8U), sino también una epidemia crónica de junk food o comida chatarra, que invade y contagia mente, hábitos y organismos humanos. La primera capitaliza el miedo y exacerba el pánico al calor del apocalipsis mediático (https://bit.ly/3esaRhl) que se erige en uno más de los dispositivos de control y poder. La segunda modalidad enferma al ser humano y colapsa su funcionamiento orgánico; al tiempo que lo expone a una vulnerabilidad fisiológica que debilita su sistema inmunitario de cara a las cada vez más recurrentes epidemias y virus de las últimas décadas.

La alimentación sana y equilibrada es un derecho humano fundamental que, en los hechos y en condiciones de subdesarrollo, es diezmado por el fundamentalismo de mercado. Reforzado ello por la preferencia y hábitos del consumidor respecto a un patrón de producción y consumo regido por la celeridad de la urbanización y la mercantilización de un estilo de vida efímero y expuesto al vértigo de la incertidumbre y el desarraigo familiar. Ello en el marco de una voracidad y un afán de lucro y ganancia criminal que no respeta la vida humana en lo más elemental. Desde el glifosato y el uso masivo de plaguicidas e insecticidas, hasta la cría y engorda de vacas, pollos y cerdos a través de procesos agroindustriales que aceleran su crecimiento, representan mecanismos de producción que no sólo devastan el medio natural, sino también la salud de los consumidores de productos derivados de la agricultura y ganadería extensivas. Particularmente, son nocivas las hormonas que aceleran el crecimiento de estos animales, así como el uso indiscriminado de antibióticos y antivirales ante los cuales se hacen resistentes sus organismos y se tornan proclives a la invasión de patógenos que, posteriormente, son transmitidos al humano.

Por su parte, las bebidas azucaradas causan, en una sociedad como la mexicana, la muerte de 24 000 personas al año (a nivel mundial la cifra ascendió, durante el 2015, a 184 000 fallecimientos por la misma causa) (https://bit.ly/3lzbJEW). Entre los habitantes menores de 45 años, el 22% de las muertes corresponden a hombres, y el 33% a mujeres. Es un problema de ausencia de responsabilidad social por parte de las empresas dedicadas al ramo, pero también fue un problema de política pública a lo largo de las últimas décadas al renunciar el Estado a sus capacidades para conducir la salud pública y atender sus problemáticas. El consumo per cápita de bebidas azucaradas en México es de 170 litros anuales, siendo el más alto en todo el mundo. Abundan mexicanos que consumen hasta dos litros de bebidas azucaradas al día. No menos dramáticas son  las dos muertes acaecidas diariamente por padecimientos virales relacionados con la carestía de agua potable en sus localidades. La industria de las bebidas azucaradas tiende a suplantar al Estado, que se torna incapaz en la provisión del vital líquido apto para consumo humano.

Tan solo en la Ciudad de México, las ventas por comida chatarra alcanzan una cifra de cuatro mil millones de pesos al mes (https://bit.ly/3bccAXk). Este negocio es protagonizado por 221 mil establecimientos de distinto tamaño, y estos alimentos representan el 60% de sus ventas totales. Es un negocio de amplias magnitudes que, para abarroteras y pequeñas tiendas de la esquina, representa ventas entre los 20 y 40 mil pesos al mes. En general, es un suculento negocio que, para el 2012, ascendía –en todo México– a 28 300 millones de dólares anuales (https://bit.ly/32IJ2ga), y que forma parte del mismo andamiaje y de los flujos de inversión extranjera privada suscitados en el seno del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora T-MEC).

El consumo de junk food (dotada de bebidas azucaradas, grasas saturadas, sales, condimentos, azúcares, saborizantes, conservadores y demás químicos) lleva aparejada la obesidad y el sobrepeso. En México, siete de cada diez habitantes se encuentran en esa condición (en el mundo son 1900 millones de personas); ampliándose con ello su proclividad a experimentar otros padecimientos o enfermedades crónico/degenerativas como la hipertensión, colesterol alto, anemia en mujeres, insuficiencia renal, infartos, y la diabetes.

Particularmente, son los niños de entre uno y cuatro años los más afectados por la ingesta de comida basura y de bebidas azucaradas. El 83% de estos niños consumen este tipo de bebidas, en tanto que el 64% ingieren botanas o frituras y postres prefabricados, a su vez, un 50% recurre con regularidad a los dulces (https://bit.ly/2DeyxZc). Expuestos al bombardeo publicitario diario, estos niños perfilan –desde temprana edad– hábitos alimenticios que, pese a su obesidad y sobrepeso, les hunde en la desnutrición y la pobreza infantil. México tiene el deshonroso primer lugar mundial en obesidad infantil y juvenil con, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, un 35% del total de habitantes menores de 12 años en esta condición física. El confinamiento global y el refugio o reclusión de los niños y jóvenes les expone a una mayor seducción y consumo de estos productos saturados en azúcares, grasas y saborizantes artificiales.

Estos fenómenos remiten a un problema de ingresos familiares que tiene sus raíces en la pobreza que ancestralmente vive el país; pero también es un problema cultural, de hábitos inducidos o no, y de preferencias marcadas por la misma convivencia familiar y la trivialización de la vida misma. No menos importante es la falta de orientación y de regulaciones estatales respecto a estos alimentos ultraprocesados. De ahí que el mundo de la junk food sea un territorio de disputas no solo en torno a un negocio altamente lucrativo, sino también en torno a las significaciones, hábitos y estilos de vida ostentados entre la población (“si el niño es gordo es porque está sano”). De ahí que sea un problema de percepción deformada de la realidad y, por tanto, de pautas culturales.

Las invasivas campañas publicitarias que sustentan el mundo de la junk food en México enfatizan en el carácter efímero de la vida y en la relación ficticia del consumo con la felicidad, la diversión y el placer. Y si ello es accesible con facilidad y a un bajo precio, mayor es la seducción para las audiencias. Los mismos cambios en los hábitos de alimentación se relacionan con la imitación del American way of life y con el carácter deformado de la vida familiar en el vecino del norte. El mismo sedentarismo y la urbanización, o el hecho constatable de que las familias dejaron de cocinar en casa, aceleran esos cambios. Estos no son temas menores en la comprensión de la epidemia representada por la obesidad y la desnutrición.

Solo por mencionar un indicador: el consumo de un producto rico en proteína como lo es el frijol, se redujo en México hasta en un 50% durante las últimas tres décadas (de 21 kilos per cápita consumidos, se transitó a entre 9 y 11 kilos por persona). Es de destacar que una familia pobre, hacia el año 2014, gastaba alrededor del 30% de su ingreso en comida chatarra vendida en los más de 400 mil pequeños establecimientos comerciales y demás tiendas de ocasión o conveniencia con ofrecen servicio durante las 24 horas del día.

En estas circunstancias, las co-morbilidades aumentan los múltiples impactos de la pandemia y exacerban la vulnerabilidad de los individuos enfermos de antemano. Ello, en buena medida, explica que al 28 de agosto y con 63 146 muertes por Covid-19, México ocupe el tercer lugar mundial en este rubro.

Reivindicar el derecho a la alimentación sana y equilibrada es un imperativo fundamental en la era de la pandemia. Pero ello no se logrará sin soberanía y autosuficiencia alimentarias y sin un rescate de las gastronomías tradicionales de las distintas regiones mexicanas, ricas en maíz, frijol y chile. De ahí la importancia de trascender las ausencias del Estado (https://bit.ly/3jBTnBo) y de reivindicar su capacidad de regulación frente a una industria de alimentos ultra procesados e hipercalóricos y de bebidas azucaradas que gozó durante décadas del cobijo estatal. De cara al México como reino de la junk food, es necesario anteponer el México de la diversidad cultural, regional y de la cocina tradicional. Si la sociedad mexicana no logra alejar el fantasma de la desnutrición, no habrá vacuna anti Covid-19 que valga. De ahí que la mejor vacuna sea la alimentación sana y una vida alejada del sedentarismo y los hábitos precarios. México no sólo necesita políticas públicas contra el hambre, sino también contra la misma desnutrición y la malnutrición. Sin la escuela como epicentro de reflexión y hábitos sanos, esta labor se torna titánica.

Es de llamar la atención los ejercicios de movilización social protagonizados por comunidades y autoridades oaxaqueñas que, ante la pandemia, prohibieron tajantemente, el acceso y circulación de los distribuidores de comida chatarra y bebidas alcohólicas en sus territorios (https://bit.ly/3gNFq1h); al tiempo que se esfuerzan por reivindicar derechos a la alimentación y a la soberanía alimentaria (https://bit.ly/32HKOhv).

En suma, la comida basura o chatarra, al igual que el “veneno embotellado”, remiten a un grave problema de salud pública que mantiene en la indefensión a millones de habitantes. Superarlo, marcha a la par de la misma superación de la pobreza, el hambre y de la informalidad laboral, así como del restablecimiento de un Estado con instituciones sólidas que regule el consumo indiscriminado de estos productos y que sea capaz de imponer altas cargas fiscales a los mismos en aras de disuadir su producción y consumo. Sin ánimo de caer en exageraciones, la junk food remite a un problema de vida o muerte, de salud o enfermedad que, en el caso de México, mata a 23 habitantes cada hora (la nación azteca está entre los diez primeros países con muertes relacionadas a la diabetes). La prohibición es un falso debate; no así las regulaciones estrictas y el fomento de un proceso de enseñanza/aprendizaje en torno a una alimentación sana, equilibrada y con altos componentes regionales.

 

Educación, niños y jóvenes como náufragos de la pandemia

 Entre los principales náufragos de la pandemia destacan los niños y jóvenes (https://bit.ly/3ekj5qP) despojados del espacio público que les brinda la escuela y de la educación como mecanismo de socialización y construcción de ciudadanía.

Con el confinamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por la parálisis y cierre temporal de las escuelas en más de 160 países (https://bit.ly/2Y6NymV). 40 millones de niños en edad preescolar son privados, con la pandemia, de cursar su primer año en ese nivel educativo (https://bit.ly/3g05zcW). En tanto que, se calcula, como mínimo, alrededor de 24 millones de niños y jóvenes que podrían abandonar definitivamente su enseñanza a raíz de los impactos de la crisis económica que se cierne. Ante esta situación, António Guterres, Secretario General de este organismo internacional, acusa que con ello se perfila “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas” (https://bit.ly/3iQ73Z7).

A ello se suma el rezago –previo a la pandemia– de 250 millones de niños en edad escolar que vivían excluidos de la alfabetización y de la escolarización. Lo cual, en sí, es una crisis social de grandes magnitudes que se relaciona con los procesos de desigualdad extrema global y con los múltiples mecanismos de exclusión social que se territorializan de manera diferenciada entre las naciones.

Con la gran reclusión, los niños y jóvenes no solo son privados de un espacio físico como la escuela, sino del andamiaje institucional y simbólico que les permite participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la construcción de imaginarios y significaciones para representar el mundo y la realidad que les circunda. Es la educación –tras la familia– el principal mecanismo de socialización y de cultivo de las relaciones cara a cara de infantes y adolescentes que hoy día son relegados, sin alternativa, al ámbito de la privacidad y el anonimato. Imponiéndose con ello la atomización, la resignación, el social-conformismo, y la postración de la imaginación.

Ante el riesgo pandémico, desde el mes de marzo ganó terreno el proceso de formación en el Internet Way of Life. Pero este sistema de educación a distancia obvia las necesidades materiales y emocionales específicas de niños y jóvenes. A la ansiedad, estrés y angustia que, por sí mismo, supone el inducido encierro de los últimos meses, se suma la soledad y desconcierto de este grupo etario de cara al proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se agrega también la mayor exposición de estos niños y jóvenes a la televisión y a sus oleadas publicitarias y propagandísticas que inundan con noticias falsas carentes de contenido didáctico y que enfatizan en un entorno negativo y en la entronización de un estilo de vida que estimula evasiones y adicciones como la junk food (comida basura o comida chatarra) y que los expone al debilitamiento del sistema inmunitario y a morbilidades como la obesidad y la diabetes.

Es en las sociedades subdesarrolladas donde se expresan de manera más radical los impactos de la pandemia y del confinamiento global. Particularmente, la brecha digital exacerba los tradicionales mecanismos de exclusión que prevalecen en los sistemas educativos nacionales, en lo que viene a conformar una era de la desconexión con 346 millones de niños y jóvenes (29% del total) sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (dato proporcionado por una UNICEF para el año 2017; https://bit.ly/2Y2J7te). La sociedad paradojal que vivimos es inédita por la vorágine de innovaciones tecnológicas, pero también por la creciente exclusión en torno al uso y disfrute de las mismas. Y ello marcha a la par de la propia ignorancia tecnologizada que supone, para aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades materiales, accesar a la era de la información, pero no usar sus dispositivos para cultivar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la formación de la cultura ciudadana.

México no está al margen de esos comportamientos y tendencias mundiales. Con un sistema educativo preñado de variados rezagos, centralista y culturalmente homogéneo por antonomasia, y capturado por múltiples intereses creados que subordinan la formación a lo faccioso, no solo enfrenta la insuficiencia de inversión pública (se destina 4.3% del PIB nacional y el 17% del presupuesto federal) en varios rubros como la infraestructura (escuelas rurales sin sanitarios y energía eléctrica; escuelas radicadas en regiones calurosas sin aire acondicionado; escuelas urbanas y rurales aún dañadas por los efectos de sismos de años pasados), el material educativo y la capacitación de los docentes de niveles básicos, sino que persisten en él limitaciones pedagógicas y didácticas que posicionan al país en los peldaños más bajos de las evaluaciones entre países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hacia el año 2018, según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alrededor del 85.6% del gasto público destinado a educación es absorbido por el pago de nóminas; pero, agregamos, ello desprotege la inversión en la llamada formación inicial del docente y en el uso efectivo de tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe apuntar que con la pandemia y los confinamientos, en el país azteca se suscitó un fenómeno de deserción escolar masiva por diferentes causas, tras la experiencia del programa oficial “Aprende en casa”, con el cual se intentó finalizar –desde el mes de marzo– el ciclo escolar 2019-2020. Funcionarios del gobierno federal indican que alrededor de 800 mil adolescentes entre los 15 y los 17 años y que cursaban el tercer grado de su formación secundaria, no podrán continuar su formación de bachillerato (https://bit.ly/2PVjHtf). En ello incide el desinterés en su propia formación, pero también la necesidad impuesta por la crisis económica de contribuir al ingreso familiar a través de su trabajo. En el nivel de educación superior (licenciatura y posgrado) se calcula una deserción de 593 mil jóvenes (de un total de 4 millones 538 mil matriculados). Para el nivel básico (pre-escolar y primaria) y medio básico (secundaria), se calcula que 2.5 millones de niños y jóvenes (el 10% del total inscritos) abandonarán la escuela definitivamente en medio de la pandemia (https://bit.ly/3avETiM). Cabe mencionar también que en el ámbito de la educación privada –que atendía a 5.5 millones de estudiantes–, con la pandemia se vieron obligadas a cerrar 30% de las escuelas; al tiempo que se proyecta una reducción del 35% en sus matriculas dentro de los niveles básico, medio básico, y medio superior (https://bit.ly/311rHPL).

Esta deserción escolar tendrá impactos en la desigualdad de género y en problemas de salud pública como la nutrición y los embarazos no deseados. En este último rubro, el Consejo Nacional de Población proyecta que con la pandemia existirán alrededor de 171 mil embarazos no deseados más entre mujeres de 15 y 34 años de edad; y de ese total, 35 mil 813 embarazos corresponden a adolescentes en el rango de edad de los 15 a los 19 años (https://bit.ly/2YajA1r), y que se suman a los 390 mil 89 mujeres entre 9 y 19 años que fueron madres en años previos. Es muy probable que exista una correlación entre este fenómeno y la deserción escolar de los últimos meses.

Ante estos antecedentes mínimos, el pasado 3 de agosto la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del ciclo escolar en los niveles básico, medio básico y medio superior para el día 24 del mismo mes. Oficialmente, se apela a las posibilidades que abre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión y la radio.

Al 15 de agosto se registraron en México 511 269 casos de contagio por Covid-19 y 55 908 muertes a causa de esta enfermedad; cifras aceleradas por la presencia de co-morbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y con una proyección, hacia noviembre y diciembre, de entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por el nuevo coronavirus, en caso de relajarse las medidas preventivas (https://bit.ly/2PDKzxJ), son –en realidad– pocas las opciones reales con que cuenta el país para continuar con el despliegue del proceso de enseñanza/aprendizaje entre los grupos etarios en cuestión.

Aunado ello a la brecha digital ahondada con la pandemia, pensar en una comunicación sincrónica a través de la Internet entre el sistema educativo, los docentes y los estudiantes, resultaría una opción inviable y hasta imposible. Quienes padecen la pobreza extrema, sea en el medio rural o en las urbes, no solo son víctimas de este flagelo social, sino que están al margen del teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y del entretenimiento en línea. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el INEGI, indica que solo 23.4% de los hogares rurales cuenta con acceso al Internet; en tanto que en el medio urbano es el 65.5% de los hogares los que cuenta con conexión a esta tecnología. A su vez, solo el 45% de la población que ocupa el estrato económico bajo es usuaria de internet (en contraste con el 92% en los estratos económicos altos). Y aun cuando la población pobre cuente con algún ordenador en sus hogares, no accesan al Internet por carencia de ingresos y porque en su localidad no se provee dicho servicio.

La televisión y la radio cuentan con una cobertura e impacto masivos en el país (32.2 millones de hogares poseen el primer aparato; algo así como el 92.9% del total), y se presenta –mucho más que la Internet– como una opción viable para hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, surgen varios inconvenientes, a saber:

a) La televisión y la radio no son sustitutos del proceso de enseñanza/aprendizaje que precisa de la relación cara a cara y de todo el proceso de socialización que le circunda. No sustituyen al docente ni el ejercicio y adopción de metodologías pedagógicas y didácticas porque, en esencia, se trata de una comunicación unidireccional donde el estudiante es un simple receptor pasivo de contenidos.

b) Si no existe un encauzamiento dado por el docente y los padres de familia, se corre el riesgo de que estos medios masivos cumplan más una función de entretenimiento y –bajo el supuesto de que los niños y jóvenes no pierden el tiempo– de falso confort, que de fuente de aprendizaje real y de asimilación de nuevos conocimientos. Entonces se abriría la posibilidad de que solo sean asumidos los contenidos como una opción para “tener ocupados a los niños y jóvenes” mientras los padres de familia se descargan de su responsabilidad en el proceso educativo.

c) A primera vista, parece ser que no será aprovechado el potencial del magisterio y la experiencia adquirida por este gremio entre marzo y julio del presente año durante las distintas fases del programa “Aprende en casa”. Entonces, será la televisión la que llevará la voz cantante en la transmisión de contenidos educativos; y aunque ello garantiza un alcance y cobertura masivos, no asegura en lo más mínimo –por sí misma– un aprendizaje sustancioso, corriéndose el riesgo de nulificarse sus efectos. Entonces, se diluye toda posibilidad de mediación pedagógica entre los conocimientos emitidos y el sujeto que aprende, pero que es reducido a receptor pasivo de contenidos unidireccionales.

d) Se le otorga centralidad a la televisión en el proceso de enseñanza/aprendizaje cuando su papel sería el de erigirse en un instrumento o herramienta de cobertura masiva, en un vehículo que acerque a conocimientos generales, pero que no reemplaza la relación humana que supone la formación escolar, ni atiende las especificidades y necesidades de las comunidades locales.

e) Como no existirá proceso de enseñanza/aprendizaje en estos meses de educación a través de las pantallas de televisión, el pensamiento crítico será lapidado y desterrado de toda acción orientada a la formación escolar. Lo que se presentará será un ejercicio de difusión unilateral de información que no incentiva el ejercicio del razonamiento y de juicio fundamentado.

f) Para adoptar este programa de educación a distancia y de transmisión de contenidos escolares a través de la televisión, ese mismo día del anuncio se firmó un Acuerdo Nacional por la Educación entre el gobierno federal y cuatro emporios privados de la comunicación masiva (Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios). Un acuerdo que les reportará –en un proceso de transferencia de riqueza pública a manos privadas– 450 millones de pesos (alrededor de 22.5 millones de dólares); lo cual no solo incrementa el precio de sus acciones en los mercados de valores (Televisa tuvo, tras la firma del Acuerdo, un incremento bursátil del 15% y Tv Azteca del 18%; véase https://bit.ly/3126aGO), sino que les posiciona –a través del ejercicio de su capitalismo filantrópico– como entidades protagónicas en la agenda educativa nacional, y les brinda respiración artificial ante la retracción y agonía –durante los últimos años– de este negocio privado (https://bit.ly/3g1k6oL) y la emergencia de otras opciones de entretenimiento para la población. Con más de 30 millones de estudiantes, un millón y medio de docentes, y varios millones de padres de familia atentos al televisor, estos consorcios conformarán una nueva audiencia cautiva para sus contenidos.

En ello, los riesgos son evidentes: los propietarios de las concesiones de estos medios no solo son los hombres más ricos del país, sino que son los líderes de las campañas de desinformación y tergiversación semántica a que está sometida diariamente la población. Entonces, la comunicación será directamente entre estos mass media privados y los estudiantes reducidos a receptores pasivos, en el marco de prácticas verticales y unidireccionales sin mínima mediación pedagógica y didáctica. En suma, evidencia la claudicación del Estado en el esfuerzo de transmitir contenidos educativos desde las concesiones públicas y los tiempos públicos oficiales, así como la entronización de la racionalidad tecnocrática en la gestión de la educación como bien público.

Como lo analizamos en otro espacio (https://bit.ly/3fPmlfz), la universidad enfrenta serios desafíos con la pandemia, y ello se extiende a los procesos de enseñanza/aprendizaje suscitados en los niveles básicos de la formación escolar. Justo en la educación primaria y secundaria se precisa del retorno a lo local para evitar reproducir esquemas unilaterales, unidireccionales y centralizados de gestión educativa. La escuela solo será rescatada desde esa escala territorial y desde la participación activa de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, si existe una oposición a modelos pedagógicos verticales, uniformes y homogéneos creados desde el escritorio y sin referencia a las necesidades específicas de los niños, jóvenes y comunidades. México es un país culturalmente megadiverso en sus regiones y sitiado por problemas públicos multifactoriales y de distinta índole. Ello exige el despliegue de la imaginación creadora por parte de los docentes, más que su papel de simples apéndices de la televisión y de vigilantes de las instrucciones recibidas por los estudiantes a través de la pantalla.

Se trata de ir a contracorriente de la verticalidad y unilateralidad, y apostar a crear espacios y experiencias de comunidad a través de distintos medios y dispositivos para restablecer el vínculo pedagógico. En ello jugarían un papel central los consejos escolares y demás órganos colegiados para que, desde cada escuela, colonia o pueblo, se elijan los contenidos y didácticas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes. En suma, restarle protagonismo a la televisión en el proceso de formación, es un asunto de imaginación y metodología, pero –sobre todo– de voluntad política de todos y cada uno de los implicados en el sistema educativo nacional.

 

Ficción sobre un Príncipe bienintencionado y abatido por la soledad

Érase una vez un lejano Reino de cuyo nombre se tiene un nebuloso y extraviado recuerdo. Gobernado por un hombre –un Príncipe solitario que se hacía llamar Andrés Manuel I– respaldado con más de 30 millones de voluntades y una élite nacionalista de mercaderes, que se abrió paso hasta socavar el poder de una oligarquía rancia, obnubilada y resentida pese a su talante rentista, extractivista, aperturista y especulador, que le condujo a concentrar importantes tesoros en pocas manos. Tras dieciocho años de tensiones entre el nuevo Príncipe y la oligarquía, linchamientos perpetrados por los corifeos de ésta, y desbordada polarización social, Andrés Manuel I –antes de ser entronizado– advirtió que si no se reconocía su inminente llegada a Palacio, se soltaría un tigre y él no haría nada por detenerle.

Ese Príncipe solitario y bienintencionado llegó al trono de Palacio bajo la bandera del combate a la corrupción que esclerotizaba a su Reino. Del mismo modo, bajo la consigna “Por el bien de todos, primero los pobres”, se acercó a los sectores populares cansados por el ancestral abandono y el implacable látigo de la desigualdad y la privación. Ese lema era, a su vez, un gesto de coqueteo para con las oligarquías rentistas del Reino; un llamado de atención para que tomasen en cuenta que su vida de dorados privilegios y posesiones no siempre legales, quedarían a salvo del peligro que pudiesen implicar los desposeídos y marginados en caso de que osaran alzarse. Sin embargo, en su voracidad por deshuesar las entrañas del Estado, no lo comprendieron así y lo tomaron como una afrenta y como un desafío hacia lo que consideraban, desde aposentos y desde siempre, como un designio natural.

Se trataba de un Príncipe peculiar, emanado de lo más profundo de su sociedad. Un peregrino incansable; un notable comunicador político que contactaba con las emociones y sentir del pueblo; un luchador social; y un reivindicador de las causas populares más sentidas, que recorrió lo más recóndito del Reino, lo más marginal y abandonado. Capaz de mostrar resiliencia ante sus enemigos y de rodar por caminos de terracería para estar cerca del pueblo desposeído y necesitado. Sin embargo, para encabezar el Reino, se vio obligado a pactar con los poderes fácticos, con una amplia facción de los barones del dinero, los usureros y con amplios sectores de la clase política que, aprovechando el inagotable esfuerzo y trabajo del ahora Príncipe, se acomodaron en las nuevas cortes. Solo quedaron fuera de esa alianza aquellos rentistas que se resistían a rendir tributo pecuniario al Reino y que vivían –por costumbre– del despojo y el patrimonialismo.

Fue tal el poder alcanzado que, antes de arribar a Palacio, el nuevo Príncipe tomó decisiones para enviar el mensaje respecto a quién mandaría en el Reino por los siguientes años y generaciones. Los antiguos señores que sangraron al Reino desde hacía décadas, fueron reducidos a humeantes escombros en el cementerio de la vida pública, pero en su virulento enojo dejaron el terreno minado para reaccionar ante aquello que hiciese el nuevo Príncipe en aras de desvanecer sus ancestrales privilegios. Ante la decisión de éste de cancelar la construcción de un mega-aeródromo inundable y depredador, destinado a los viajes extrafronterizos de un minúsculo porcentaje de la población del Reino, y que representaba un gran negocio a cien años, la rancia oligarquía condenó la decisión y se aprestó a desenvainar espadas por doquier.

Herida en su orgullo y arrogancia, la oligarquía rentista y sus corifeos mediáticos, se oponían a cuanta decisión tomaba el Príncipe y le aprobaba su Parlamento. Cuestionaban las políticas sociales destinadas a los marginados y que fueron elevadas a rango constitucional; la edificación de un nuevo y modesto aeródromo a las afueras de Ciudad Capital; la construcción de un tren que transitaría por las reservas paradisíacas del sur del Reino; el rescate y reactivación de la industria energética; y hasta aquello que siempre añoraron los antiguos gerentes de la vida pública: la militarización de las calles y caminos del Señorío. Era tal el racismo y el clasismo de esta rancia oligarquía que, obnubilada por su pulsión y arrebato, recurría al amparo jurídico para detener lo que oficialmente se presentaba como beneficios para “el pueblo bueno y sabio”.

El cerco que esta plutocracia desplegó sobre el nuevo Príncipe, no solo se limitaba a la judicialización de las decisiones y las políticas públicas, sino que iba más allá en aras de ahondar la grieta social del Reino. Despertaron al Estado profundo y clandestino que, desde antaño, movía los hilos de las empresas y ejércitos criminales de la oscura y subterránea ilegalidad y, con ello, sembraron el miedo y la muerte hasta los confines últimos de los territorios fragmentados. Entonces, los cielos se tiñeron de una larga noche criminal, que no cesaba pese al llamado soberano de “abrazos, no balazos”. Financiaron desplegados en la plaza pública digital, así como movilizaciones callejeras para aprovechar el legítimo descontento causado por el agravio histórico padecido por las mujeres que habitaban el Reino. También, apostaron al boicot y sabotaje de la vida económica tras no invertir en el proceso de producción y tras enviar sus riquezas y tesoros a los paraísos fiscales y a los centros de usura del imperio vecino. Así, combinaron el miedo de la población con la falta de empleo y de crecimiento de la riqueza nacional para abonar a la desestabilización sociopolítica del Reino y coartar, así, el proyecto del nuevo Príncipe (https://bit.ly/31AJPjY).

Incapaces los cortesanos del Príncipe de echar mano del expediente judicial para enviar hacia las mazmorras y calabozos a la “mafia del poder” y a los usureros beneficiarios de la acumulación por desposesión iniciada décadas atrás y a quienes vivían de la muerte y criminalización de los pobres, éstos se resistían a acatar cualquier pacto y tregua. Hasta los antiguos y espurios gerentes seguían en impunidad demencial pese a sus crímenes de lesa humanidad y al despojo que infligieron al Reino. Vincent I, alias “El Zorro”, Philippe Falderón, alias “El Manos Ensangrentadas”, y Henry Rocca, deambulaban por doquier sin freno. Los dos primeros, apoyados por la rancia oligarquía, no solo le robaron el tronó al nuevo Príncipe en lustros pasados, sino que apostaban al fracaso de éste para reivindicar sus intereses facciosos e intocables. Tampoco es que el nuevo Príncipe quisiese, en el fondo de su ser, dicha tregua. Sabio en los senderos de la confrontación y la división, hacía de ello un régimen de sobrevivencia y potencial ascenso ante sus huestes.

Un buen día de marzo del año 20, llegó en galópante caballo de hacienda hasta los confines del Reino una peste que cimbró las puertas de Palacio, y que cambió la vida cotidiana del pueblo.

El cortesano encargado de los problemas de salud pública hacía una sobresaliente y transparente labor en torno a la nueva peste, pese a que el Príncipe le contradecía en los hechos en algunas medidas y pese a que los juglares mediáticos tergiversaban sus indicaciones y llamaban a la desobediencia civil (https://bit.ly/2COOc0L).

El soberano, desde el principio, se mostró reticente a cerrar las fronteras del Reino y a estipular como obligatorios la cuarentena y el confinamiento ante la amenaza del nuevo enemigo invisible. Pese a que la vieja oligarquía empujaba por la paralización y reclusión total, el Príncipe se mostraba displicente. Y ello le significó sendos ataques entre los rabiosos juglares de moda. Su enojo, de nueva cuenta, lo generaba la negativa del Príncipe a condonarles tributos y a rescatarles –mediante el endeudamiento de las arcas públicas– de una crisis que aún no llegaba.

En medio del látigo de la nueva peste, la oligarquía creó una narrativa que rememoraba aquella frase de que Andrés Manuel I “es un peligro” para el Reino. A través de una Objeto Virulento No Identificado (OVNI), autonombrado FRENA, acusaron –rememorando la época del macartismo– a Andrés Manuel I de desear instaurar el socialismo o el comunismo (https://bit.ly/3eHERG4) y de regalar recursos públicos a los desposeídos. Un buen día, desafiando lo que ellos mismos argüían sobre la peste, salieron a la calle minúsculos grupos sociales que enarbolaron el clasismo y el racismo para protestar contra el Príncipe solitario. El colmo de los despropósitos –rememorando a viejos conservadores del Reino– lo cometió el vocero de los acaudalados tras recurrir al Rey de la antigua metrópoli para acusar al Príncipe de tomar “decisiones irracionales, de corte francamente populista y que raya abiertamente lo antiempresarial” (https://bit.ly/2VqG2lG).

Extraviada y “moralmente derrotada”, esta oligarquía llevó al extremo su prejuicio y odio a través de la tergiversación semántica. Hablaban de comunismo donde solo se otorgaban dádivas a los pobres. Hablaban de estatismo donde el mismo Príncipe renunció a esa posibilidad (“Los bancos se regulan con los bancos, el mercado se regula con el mercado”; https://bit.ly/3eLQ0G0); ni qué decir de su lejanía respecto a ímpetus expropiadores de los tesoros privados. Hablaban de destrucción del Reino donde miraban la erosión y expulsión de los privilegios que gozaban en antaño. No se enteraban –ni por asomo– que el Príncipe, de inicio, había renunciado a toda posibilidad de transformación profunda y radical de las formas y prácticas en sus comarcas, y que sólo aspiraba, pese a su retórica, a una recomposición y reencauzamiento del Reino, y no a la construcción de un nuevo régimen.

El soberano no solo adoptó el dogma fundamentalista de la austeridad fiscal (https://bit.ly/2YRXHoB), la práctica del “austericidio” y la reducción del aparato burocrático –proclamadas, desde hacía décadas y a tambor batiente, por la Santa Trinidad, cuyas siglas eran FMI, BM y OMC–, sino que también preservó el cordón umbilical de la dependencia con el imperio del norte, se sujetó a los humores y vaivenes del monarca vecino, y movió a los ejércitos para que sellaran las fronteras del Reino y los pobres de otras comarcas no cruzaran hacia ese norteño punto cardinal. El nuevo Príncipe, pese a asegurar que tiene “las riendas del poder en las manos”, tampoco tuvo la voluntad de “limpiar las escaleras de arriba a abajo” y de “mover al elefante reumático”. Mucho menos se atrevió a emprender una reforma al tributo (no) pagado por los acaudalados. El imperio de la ilegalidad, la violencia y la impunidad campeaba a sus anchas, pese a que el Príncipe declaró que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”. Más aún, el soberano abdicó a la posibilidad de una real y efectiva reforma del Estado (https://bit.ly/2C263Ra) y no desplegó su fuerza para tejer acuerdos formales e informales, y para persuadir a los poderes fácticos en aras de crear un nuevo pacto social.

Conforme avanzaba el principado, pese a los cambios cosméticos y las concesiones del tesoro público destinadas a los pobres –que no era, en sí, un logro minúsculo–, se imponía el gatopardismo en el Reino; la práctica de cambiar para no cambiar. Y eso era así porque el soberano jamás apoyó sus ideales en lo que los letrados de aquellos tiempos denominaban como cultura ciudadana y movilizaciones de base  popular. La noción de pueblo era más un difuminado emblema mañanero.

Hasta aquí –por ahora– el relato sobre este Príncipe extraviado en el naufragio de su soledad y de sus buenas intenciones. Sin embargo, cabe aún narrar que, desde las profundidades de la ficción, súbitamente, un vago recuerdo tomó por asalto la mente de quien humildemente escribía con su pluma, y se dibujaron en su imaginación las letras que componen el nombre de ese Reino imaginario: el Reino MX, el Reino de la corrupción y la impunidad…

Esta historia continuará…

Postdata.- A dos años de la proclamación del citado Príncipe y a un año y medio de su coronación, este relato distópico no es más que una ficción que asume que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.