La suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el régimen uribista

POR CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ NOGUERA

No es tanto el hecho jurídico sino el hecho político. La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, sabe perfectamente que la suspensión provisional del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, no tiene futuro ni razón de ser. Al respecto, existen varios precedentes siendo uno de los más conocidos el caso Petro vs Colombia, en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad del Estado colombiano en la vulneración de los derechos políticos de Gustavo Petro, como consecuencia de la sanción disciplinaria de destitución como Alcalde Mayor de Bogotá D.C., e inhabilidad por 15 años para ocupar cargos públicos, impuesta por el procurador de ese entonces, el arcaico y fascista Alejandro Ordóñez, en diciembre de 2013.

Mediante Resolución 05 de 18 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Gobierno de Colombia, en condición de medida cautelar, la suspensión de la decisión mencionada, emitida por la Procuraduría, razón por la cual el Tribunal Superior de Bogotá a través de sentencia de tutela ordenó al presidente de la República, Juan Manuel Santos, reintegrar, en un plazo máximo de 48 horas, a Gustavo Petro en el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá, debido a que los fallos emitidos por la CIDH tienen fuerza vinculante, tal y como la Corte Constitucional lo ha reiterado en su amplia jurisprudencia. Petro retornó al Palacio Liévano el 23 de abril de 2014, después de haber estado un mes por fuera del cargo.

Lo anterior, para señalar que la suspensión provisional del alcalde de Medellín tendrá una suerte similar, pues la Convención Americana de Derechos Humanos es clara al respecto, especialmente el artículo 23.2 que establece una regla conforme a la cual la suspensión e inhabilitación para los funcionarios de elección popular solo puede hacerse por sentencia judicial de carácter penal y no por autoridad o vía administrativa. Si esto es así como efectivamente lo es, entonces ¿por qué se produce el hecho de la suspensión provisional por parte de la Procuraduría?

La respuesta está en el hecho de que Margarita Cabello es una ficha de la ultraderecha colombiana, perteneciente al peligroso clan Char de Barranquilla, el cual apoya la aspiración presidencial de alias ‘Fico’ Gutiérrez. En otras palabras, es una Procuradora de bolsillo. Esa misma ultraderecha se siente bastante asustada ante la seria posibilidad de perder el poder político en las elecciones del próximo 29 de mayo, pues todo apunta, como van las cosas hasta el momento, a que Gustavo Petro será el ganador de la contienda electoral, ya sea en primera o en segunda vuelta.

La historia ha demostrado, muchas veces, que la derecha es muy torpe ante este tipo de coyunturas, cuando mira amenazados sus oscuros intereses, y toma decisiones políticas bastante desesperadas que terminan siendo contraproducentes para ella misma. Con mayor razón, tratándose de una ultraderecha mafiosa de corte fascista como la colombiana que solo ha gobernado mediante el ejercicio de la violencia y la corrupción a alto nivel.  Por lo tanto, la decisión descabellada de la Procuradora forma parte de ese conjunto de medidas de las actuales élites dominantes, ilegales en su mayoría, por tratar de frenar los vientos de cambio. Desde el uso de la mentira, pasando por la desinformación, la tergiversación, la compra de votos, el engaño, el chantaje, la utilización de las maquinarias nacionales y locales, las amenazas de muerte, el paramilitarismo, hasta la presente suspensión provisional, se observa todo un compendio entrelazado de hechos que buscan la llegada del candidato del uribismo, ‘Fico’ Gutiérrez, a la presidencia de la República, para así mantenerse esa ultraderecha en el poder. No aprendieron la lección de Bogotá cuando ocurrió el caso de Petro, quien recibió un apoyo popular impresionante.

Ahora, le apuestan a recuperar el control político de Medellín en plena campaña electoral y equivocadamente creen que con la suspensión provisional del alcalde Daniel Quintero, van a lograr un giro en las preferencias políticas de los habitantes de la ciudad de la “eterna primavera”. El resultado será adverso, pues si bien es cierto el departamento de Antioquia ha sido históricamente una región bastante tradicional y conservadora en sus apuestas políticas, y un gran caldo de cultivo para la puesta en marcha de los proyectos derechistas a ultranza, lo cierto es que en el presente momento histórico se mira un gran avance de las fuerzas democráticas y progresistas, principalmente en la capital antioqueña donde amplios sectores sociales han venido demostrando su cansancio y descontento con el gobierno nacional, y seguidamente vienen manifestando sus deseos de cambio y transformación como también el respaldo creciente a Quintero y su gabinete.

Respaldo popular al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, suspendido ilegalmente por el régimen uribista que domina la institucionalidad colombiana.

No obstante, este hecho les sirve para ocultar o desviar la atención ciudadana frente a varias situaciones tales como: los escándalos por los supuestos patrullajes conjuntos entre fuerza pública y paramilitares en pleno “paro” armado del Clan del Golfo, las amenazas de muerte al candidato presidencial del Pacto Histórico, las declaraciones de varios militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acerca de su participación directa en los “falsos positivos” y el asesinato en Cartagena del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, lo cual deja al gobierno de Duque una vez más muy mal parado ante la comunidad internacional.

En líneas generales, se observa como nunca antes un desespero enorme en la ultraderecha colombiana, ante lo cual los sectores democráticos deberán estar atentos y vigilantes, pues en estos últimos días electorales pueden sobrevenir nuevos ataques a fin de tratar de desprestigiar o contrarrestar la campaña del Pacto Histórico, situación que deberá ser respondida con mucha inteligencia pero especialmente mediante el contacto permanente con la sociedad, a través de reuniones, mítines, caravanas, visitas barriales, etc., para explicar las propuestas por un nuevo gobierno y contrarrestar los efectos de la arremetida y la desinformación uribista.