POR DAX TOSCANO SEGOVIA
La Policía es una institución del Estado, que forma parte del aparato represivo, cuyas funciones son las de precautelar los intereses de la clase dominante, salvaguardar la propiedad privada en las sociedades capitalistas y vigilar y reprimir a quienes en forma individual o colectiva se opongan al orden establecido.
Ni servir, ni proteger a la ciudadanía, ni al pueblo es su tarea en las sociedades divididas en clases sociales. La Policía tiene como su misión fundamental la de mantener el orden social y evitar que la conflictividad dentro de sociedades donde existe la explotación, injusticia y desigualdad se desencadene de tal manera que pueda poner en riesgo al propio sistema de dominación oligárquico.
El combate a la delincuencia, en todos sus niveles, queda en segundo plano frente a la lucha contra quienes son adversarios del Estado capitalista, a quienes se los califica como subversivos. El verdadero enemigo de esta fuerza represiva es el pueblo organizado y en pie de lucha, contra quien despliega todo su aparato de inteligencia y opresivo, llegando a emplear un sinnúmero de técnicas que, incluso prohibidas por la ley, son fundamentales para socavar la lucha revolucionaria, como ha sido la práctica de la tortura.
En Ecuador, en las protestas que se realizaron en mayo y junio de 2022 contra el gobierno neoliberal del banquero Guillermo Lasso, se evidenció el despliegue total de la fuerza policial para reprimir al movimiento popular, mientras que para combatir a la delincuencia común y a las bandas criminales, la Policía argumentaba que no tenía los recursos, ni el personal suficiente.
En 2019 se vivió una situación similar. En aquel momento la Policía ecuatoriana, por órdenes de María Paula Romo, ministra del Interior del impresentable Lenín Moreno y del general Patricio Carrillo, encargado de los operativos de seguridad y orden público, ejerció una brutal represión, provocando 11 muertos y más de mil trecientas personas heridas, algunas de las cuales perdieron uno de sus ojos por los disparos de bombas lacrimógenas apuntadas a sus rostros.
En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera y en Colombia, el de Iván Duque, también ordenaron una salvaje represión contra el pueblo lo que provocó el asesinato de personas, así como heridas graves en quienes se manifestaron contra las políticas económicas y la falta de atención a las necesidades fundamentales de la población en esos países.
La institución policial, con la venia del Estado, para exterminar la lucha social, ha establecido relaciones estrechas con grupos criminales, entrenados y dirigidos con frecuencia por expolicías o policías en servicio activo, los cuales han ejecutado prácticas atroces contra militantes de organizaciones populares y revolucionarias que han sido secuestrados por esas agrupaciones. En El Salvador, en la década de los 80 del siglo pasado, los escuadrones de la muerte, grupos ilegales al servicio del Estado, actuaban conjuntamente con las fuerzas legales del orden para masacrar a la población campesina, quemando sus casas, violando mujeres y niñas, destrozando cuerpos de bebés y cortando en pedacitos a hombres acusados de colaborar con la guerrilla. Igual situación ha vivido Colombia con los grupos paramilitares que, junto a las fuerzas represivas del Estado, han cometido crímenes de lesa humanidad contra el pueblo.
La Policía es un aparato represivo que responde a una doctrina diseñada para proteger a la oligarquía y demás fuerzas dominantes, la cual pone de manifiesto que el enemigo fundamental que hay que combatir es el mismo pueblo, sus líderes y sus organizaciones que luchan en defensa de sus intereses. El anticomunismo es su bandera ideológica, la cual forma parte del proceso de adoctrinamiento de sus miembros que, además, deben someterse a un lavado cerebral que los deshumaniza completamente.
El comportamiento de los miembros de estas instituciones se debe a la deformación mental a la que son sometidos. El crimen atroz cometido por Germán Cáceres al interior de la Escuela de Policía del Ecuador, en la ciudad de Quito, que contó con la complicidad de otros miembros de la institución policial ecuatoriana, no se debe solamente a la conducta sicopática de un individuo trastornado, prepotente, enfurecido y rabioso, lo cual se agravó por el consumo de alcohol. Su comportamiento es resultado, también, de la instrucción que reciben. La forma despectiva y ofensiva con la que policías, hombres y mujeres, trataron a las personas que capturaron en las manifestaciones de mayo y junio de 2022, la brutalidad con la que agredieron a la gente humilde en los barrios populares, puso en evidencia el cómo y para qué se preparan.
En América Latina ese proceso de deshumanización ha sido resultado del adiestramiento recibido por oficiales de las policías del continente en la otrora Escuela de las Américas cuyas operaciones se llevaron a cabo desde su fundación en 1946 hasta 1984 en Panamá, donde tuvo su sede, y a partir de ese año en EE.UU., en Fort Benning, Georgia, en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad. Ahí se siguen formando militares y policías de América Latina para reprimir a quienes se enfrentan al sistema injusto imperante en la región.
Las policías latinoamericanas no solo sirven a los intereses de la oligarquía, sino también del imperialismo. Muchos de sus oficiales han trabajado directamente con la CIA, mientras que la Agencia mantiene el control y la vigilancia de las policías en América Latina, así como en otros rincones del mundo.
La ayuda estadounidense a la Policía ecuatoriana no ha sido desinteresada. Responde a los intereses de EE.UU. por mantener el control operativo y de inteligencia en la región, mediante la entrega de tecnología y la presencia de agentes de campo y personal local puesto a su disposición para ejecutar sus planes.
En Ecuador, el Informe de Penetración de la CIA en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional puso en evidencia el papel de la agencia de inteligencia estadounidense en nuestro país que, a través de su embajada, era la que imponía los altos mandos de la extinta Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la Policía a cambio de ayuda económica y tecnológica. El mayor Manuel Silva, exjefe de inteligencia de la Policía ecuatoriana, entregaba información a EE.UU., así como al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano, tal como lo probó el académico Alexei Páez en una publicación del Centro Andino de Estudios Estratégicos.
En este punto, no se puede olvidar el rol que cumplió Francia en la formación de oficiales de América Latina y de los propios Estados Unidos que fueron entrenados en la misma Escuela de las Américas para aplicar las técnicas más sanguinarias de tortura, tal como lo hicieron los franceses contra el pueblo argelino en la lucha por su independencia. En el documental de Marie-Monique Robin, “Los escuadrones de la muerte. La Escuela francesa”, se pone en evidencia la estrecha relación que existió entre las fuerzas represivas, criminales francesas que masacraron al pueblo argelino y los aparatos de seguridad de países latinoamericanos como Argentina.
Israel y Taiwán también han contribuido en el entrenamiento de los miembros de las policías latinoamericanas a quienes, a más de la tortura, se les ha enseñado, en los diversos centros para su preparación, técnicas para dar golpes de Estado, desaparecer personas, cometer magnicidios, asesinatos selectivos y, por supuesto, también la ejecución de operaciones sicológicas para infundir miedo entre la población o, en su defecto, ganarse los corazones de la gente mediante campañas de ayuda e integración con las comunidades.
Tanto bajo los denominados gobiernos democráticos, como bajo regímenes dictatoriales, la Policía ha sido la institución que ha llevado a cabo la persecución y el espionaje contra quienes han sido señalados como los enemigos del Estado, fundamentalmente aquellos que pertenecen a organizaciones revolucionarias. Así lo hicieron los Carabineros en Chile en 1973, cuando se dio el golpe militar comandado por Pinochet. De igual manera, en Bolivia, tras el golpe contra el presidente Evo Morales en 2019, la policía golpista salió a reprimir y masacrar al pueblo como sucedió en Sacaba y Senkata.
Pero en manos de la Policía también han sido torturadas personas que nada han tenido que ver con las luchas sociales. En el Ecuador, no se debe olvidar que fueron miembros de esa institución los que torturaron a los hermanos Restrepo, muchachos inocentes, sin ninguna relación con actividades criminales o subversivas. No solo los torturaron, los desaparecieron y, además, llevaron adelante toda una operación para engañar a los padres de los jóvenes, al mismo tiempo que los desprestigiaban, mientras con un adulterado espíritu de cuerpo, cada policía encubría a los asesinos de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi.
Es innegable que las policías en América Latina han asestado golpes duros a grupos delictivos, a narcotraficantes. Sin embargo, no se puede perder de vista el hecho de que esto se hace en la medida en que dichos grupos dejan de ser funcionales a los intereses del Estado y la misma oligarquía. Cuando las fuerzas criminales no estatales ponen en riesgo la dominación de la oligarquía tradicional y su poder político, como lo hizo en Colombia Pablo Escobar, entonces el Estado golpea las estructuras delincuenciales y a sus líderes para ganarse a la opinión pública. Recordemos que, en Colombia, Pablo Escobar creó un grupo denominado Muerte a Secuestradores (MAS) para proteger a narcotraficantes y ganaderos de las guerrillas, el cual contó con el respaldo de las fuerzas del orden y del propio Estado colombiano. Igual ha sucedido con los grupos paramilitares al servicio de industriales, empresarios, ganaderos y hacendados colombianos. El periodista Hernando Calvo Ospina, en su libro: Colombia, laboratorio de embrujos, explica esta relación y en la serie de Netflix, Narcos Colombia, se expone esta alianza entre las fuerzas legales e ilegales. En Ecuador, desde años atrás, se ha denunciado la conexión que existe entre grupos de neonazis, con miembros de la Policía ecuatoriana.
En Estados Unidos, la represión ejercida por la Policía llega a niveles más alarmantes contra las personas negras. Los crímenes contra afroamericanos por parte de policías estadounidenses son permanentes. El 25 de mayo de 2020 George Floyd, de 46 años de edad, fue sometido brutalmente por el policía Derek Chauvin que, tras lanzarle al suelo, colocó su rodilla en el cuello de Floyd, que murió ahogado al no poder respirar. Floyd no había cometido ni infracción, ni delito alguno para ser detenido. No se trata de un hecho aislado. Es parte de la política criminal y racista de la Policía estadounidense. En décadas anteriores persiguieron al movimiento insurgente afroamericano, inundaron de droga los barrios negros, asesinaron a líderes revolucionarios como Fred Hampton, incendiaron los locales del Partido de las Panteras Negras, encarcelaron a luchadores sociales con acusaciones falsas como a Mumia Abu Jamal o Assata Shakur.
La institución policial, que debería ser una fuerza preparada para el combate a la delincuencia, tanto en América Latina como en los propios Estados Unidos, se ha caracterizado por su profunda corrupción, así como por su accionar delincuencial y criminal. Más allá de los elementos ficcionales de la serie Narcos México de Netflix, en ella se puede constatar el tremendo nivel de descomposición de la Policía de ese país, ligada estrechamente a los cárteles de la droga y, por supuesto, al poder político. No es diferente en otros países del continente.
En la película Serpico, del director Sidney Lumet, protagonizada por Al Pacino, Peter Mass se cuenta la historia de Frank Serpico, un hombre honorable, con buenos ideales que quiere luchar contra la corrupción existente en las filas de la Policía de New York, de la que él es miembro. Durante la trama se observa las relaciones estrechas entre miembros de la institución policial con narcotraficantes, con delincuentes. Serpico se indigna, los combate, los denuncia. Pero la descomposición llega a niveles más altos. En realidad, toda la estructura está podrida. No solo la Policía, sino todo el sistema.
El edificio denominado “Castillo de Grayskull” de la Escuela de la Policía Nacional del Ecuador, ubicada en el sector Pusuquí, en la ciudad de Quito, en el que se encuentran las habitaciones de los oficiales de esa institución y que el presidente Lasso ha dispuesto su demolición, una vez que concluyan las investigaciones sobre el asesinato de María Belén Bernal, no es más que un ladrillo de esa estructura relacionada con el delito, el crimen y la violación permanente de los Derechos Humanos que es la Policía ecuatoriana.
Todo un historial de desapariciones, torturas, narcotráfico, robos, asesinatos, agresiones y violaciones, no de hoy, sino desde la aparición de la institución policial, es lo que caracteriza a ese aparato represivo, delictivo y criminal.
Demoler un edificio no cambia en absoluto esta realidad. Tampoco que el mando policial esté en manos de mujeres policías.
Se debe modificar la doctrina bajo la que se preparan y la que les convierte en individuos deshumanizados, que odian al pueblo del que surgen muchos de sus integrantes. Se deben preparar con sentido de Patria y no subyugados a los intereses de fuerzas externas cuyos propósitos son los de defender su proyecto geopolítico mediante la colaboración de aparatos represivos en la región, a los que adiestran. Se deben formar con la misión de servir y no servirse, con principios políticos sólidos porque caso contrario caerán en la delincuencia y el crimen.
En fin, es necesario demoler el sistema dominante.
