La nueva política chilena: a 51 años del triunfo de la Unidad Popular, Chile cruza el largo puente sobre el torrente neoliberal

POR GILBERTO LOPES /

Salvador Allende gana las elecciones presidenciales en Chile un 4 de septiembre de 1970 en medio de una gran tensión política que despierta el interés mundial por lo que se conoció entonces como “la vía chilena al socialismo”.

Karina Oliva, hoy candidata a senadora por Apruebo Dignidad, una coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista, habla de lo ocurrido hace ya 51 años: se refiere a una “acumulación muy potente de fuerzas de los sectores populares”, que decidieron darle vida al gobierno de la Unidad Popular (UP).

“Significó un proceso de cambio contrahegemónico en el que las clases subalternas toman la decisión de dejar de serlo, de hacerse parte de un gobierno”, afirma.

Un ciclo que quedó “brutalmente interrumpido por el golpe militar y la dictadura cívico-militar, que cambió la estructura del Estado e instaló un modelo neoliberal en Chile, no solo de matrices económicas, sino también culturales. Se marginó a la ciudadanía de la política y se desbarató el Estado, que quedó subordinado al poder económico, tanto nacional como transnacional”.

Durante dos días, en vísperas de los 51 años del triunfo de la UP, una veintena de participantes se reunió de forma digital para recordar el “Chile medio siglo después de Allende: la lucha por la democracia y la Asamblea Constituyente”. La pandemia impidió realizarlo el año pasado, como estaba previsto, cuando se cumplían los 50 años del triunfo de la UP.

Un seminario organizado por Centro Maria Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (CALAS), que tiene sede en la Universidad de Guadalajara y tres subsedes regionales (en San José, Quito y Buenos Aires).

Fue con el Centro de Investigaciones Históricas de América Central (CIHAC), de la Universidad de Costa Rica, que se realizó el conversatorio. Una plataforma de diálogo, un puente que unió, sobre el largo torrente neoliberal, poco más de 50 años de historia. Dos períodos de particular renovación política: el del gobierno de la Unidad Popular (1970-73) y la celebración constituyente actualmente en desarrollo en Chile. Parte de sus relatos están recogidos en esta nota.

Un oasis de democracia

Hasta el 2019 Chile era visto como un oasis de la democracia, como dijo el presidente Sebastián Piñera, en vísperas del estallido social de octubre del 2019.

Son muchas las explicaciones sobre el descontento social. Pero el rol principal son las fracturas surgidas con el derrocamiento de Salvador Allende, dice Natalia Morales.

Nos habla desde Valparaíso. Dice que hace frío. Es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, y magíster en Derechos Humanos y Democratización por la Universidad de San Martín en Argentina.

Son muchas las narrativas que unen los dos períodos: la recuperación de la dignidad, de la justicia social, de una política inclusiva. La recuperación de conceptos como pueblo y revolución. El rescate de simbolismos de la época de la Unidad Popular “importantes para contextualizar el contenido de esas demandas”, como la canción “El derecho a vivir en paz”, de Víctor Jara –torturado y asesinado por la dictadura cívico-militar– repetida una y otra vez por los manifestantes.

Hay un profundo carácter democratizador del momento vivido a partir de octubre de 2019, con el desarrollo de un inédito proceso constituyente, afirma.

¿Cómo se dialoga con el período de la UP?

“El rescate de estas ideas obedece a un recurso de memoria. La UP fue un momento de expansión de los límites de la democracia, de redistribución económica y de participación de colectivos tradicionalmente excluidos”.

Se destaca mucho el aspecto legal de la iniciativa a la UP, recuerda Morales, pero se trataba no solo de aspectos formales, sino también de aspectos sustantivos de la democracia, de la transformación del orden económico y político, de la expropiación de la tierra, de la nacionalización de cobre y de la banca.

Los mapuches, con las corridas de cerco, se sintieron convocados por la UP y por la posibilidad de la recuperación de sus tierras. Fue un momento democratizador, vivido en esos mil días. No se trató de un proyecto de futuro, asegura, sino un hecho real que “fue drásticamente frenado por el golpe de Estado, por la dictadura cívico-militar, un modelo absolutamente opuesto al que venía promoviendo el gobierno de la UP”.

La convención constitucional, que se desarrolla hoy, “es uno de los momentos más democráticos que ha experimentado Chile”, afirma.

Se plantea una relación entre el proceso de la UP y el del Chile de 2019, dos períodos separados por la larga vigencia de un modelo neoliberal que, en su opinión, se profundizó en el período de la transición a la democracia.

El fin de una experiencia

La dictadura puso fin a la experiencia de vía chilena al socialismo. Impuso una nueva racionalidad económica, sin preocuparse por los costos sociales. Justificó el empleo de la violencia en lo político, recuerda Alejandro Cárcamo, doctor en Historia por la Universidad Libre de Berlín, profesor de Historia y Geografía en la Universidad de Los Lagos, al sur de Chile. La dictadura se justifica por la lucha contra el comunismo.

Para Cárcamo, el control del aire por la Fuerza Aérea chilena, el bombardeo de La Moneda, la fuerza empleada contra la legalidad “es el punto de partida, el verdadero secreto revelado, dejando al desnudo el arcano de la violencia que sostiene la democracia neoliberal”.

El principio de crueldad, el dispositivo del terror que comenzó en 1973, “no ha cesado”. “El régimen democrático neoliberal ha gobernado en el olvido del programa del gobierno popular”, afirma.

La Junta Militar creó un nuevo estado, instauró nuevas prácticas sociales, creó una nueva verdad: la de los Chicago boys, un modelo económico que andaba buscando un escenario político que hiciera posible la aplicación de sus recetas, que uniera a los economistas neoliberales con militares autoritarios. El Estado anterior se destruye, se instauran nuevas prácticas sociales que buscan quebrantar toda resistencia.

La dictadura saqueó las empresas estatales, como la Corporación del Cobre (CODELCO), la empresa aérea LAN, el sistema de pensiones, la salud y la educación. Se prometía un 70% u 80% de retorno en el sistema previsional, pero los que empezaban a pensionarse descubrían que, en realidad, lograban solo un 30%. Tendrían que vivir la vejez en la pobreza, dice Karina Oliva.

Esta nueva concepción puede ser vista en la declaración de principios de la Junta de Gobierno, dice Cárcamo. No hay ningún reconocimiento a la diversidad cultural en Chile. Existe un chileno único, con una historia única.

Circula un texto conocido como “El ladrillo”, donde los Chicago boys presentan su proyecto al candidato de la derecha, Jorge Alessandri, en las elecciones de 1970. Para los asesores de Alessandri, un tal proyecto solo podía aplicarse de forma gradual.

Pero Alessandri no gana. Queda en segundo lugar, con 1.036.278 votos. Con 1.075.616, Allende lo supera por 1,5%. En tercer lugar queda el demócrata cristiano Radomiro Tomic, que luego jugará un papel fundamental en la ratificación por el congreso del triunfo de la UP.

“Con el triunfo de Allende este proyecto quedó guardado hasta 1973”, dice Cárcamo. Los Chicago boys necesitaban condiciones políticas que permitieran aplicarlo y la dictadura aceptó la propuesta.

Malestar acumulado

El retorno de la democracia no ocurrió en el vacío. Para Oscar Ariel Cabezas, doctor en filosofía que trabaja actualmente en un libro sobre el “poder dual”, en el que analizará el estallido social de octubre del 2019, el cambio de régimen político no devolvió la consigna de crear poder popular. El proyecto de la UP no ocupó nunca el espacio, luego del retorno de la izquierda al poder. Por el contrario –asegura– la memoria de esas luchas fue destruida.

Para Karina Oliva, el modelo de retorno a la democracia, similar al español, de una transición pactada mediante el plebiscito de 1988, generó una democracia tutelada.

Pero la ciudadanía empezó a acumular malestar. Se inicia lo que podemos llamar un “proceso destituyente”, dice Oliva.

El ciclo neoliberal, que se había instalado de manera trágica en Chile, empieza a ser cuestionado ya en las manifestaciones de los estudiantes el 2011.

Toda la crisis se acumula en el 2020, a la que se suma la pandemia. “El gobierno se ve encerrado por una movilización tan grande que hasta hoy no se ha detenido y los partidos se ponen de acuerdo para promover una nueva constitución”.

En un acuerdo el 15 de noviembre del año pasado se decide consultar a la población si quiere una nueva constitución y de qué forma se iba a integrar la convención constituyente.

“Uno de los momentos más significativos en términos democráticos, en el 2020, son el reconocimiento de una nueva constitución de carácter paritario (con no más de 55% de un sexo); y el plebiscito de entrada”, en el que se consulta a la población si quiere la constituyente, afirma Oliva. El 88% define que sí la quiere, con todos los delegados elegidos popularmente. Se reservan también escaños para los pueblos indígenas.

El proceso constituyente

El proceso “destituyente” empieza entonces a caminar paralelamente con un ciclo “constituyente”.

Uno de los actos más significativos de esa constituyente es la decisión de elegir a Elisa Loncón, una mujer mapuche, como su presidenta.

La derecha no tiene una representación de más de 20% en la Constituyente. La Democracia Cristiana tiene solo un representante. Lo que se da es la explosión de candidaturas de sectores populares. Es el nuevo Chile que emerge.

Luego empieza un debate sobre elementos de la democracia que deben ser garantizados en la nueva constitución, dice Oliva. “Se empieza a analizar la necesidad de volver a la reivindicación del campo popular, a que la política no esté construida exclusivamente por las élites”. Se trabaja en la creación de un Estado plurinacional, que reconozca los derechos de los distintos pueblos ancestrales.

Una disputa muy dura

La Convención Constituyente tiene que entregar el texto constitucional entre octubre y diciembre del 2022. Luego vendrán dos o tres meses para informar a la población y realizar el “plebiscito de salida”, en el que deberá ser aprobada o rechazada. Calculamos que eso sería en segundo semestre del 2023, dice Oliva.

Luego se debería llamar a elecciones generales. Pero no se descarta que se permita al gobierno que se elegirá en noviembre (o en segunda vuelta, en diciembre) terminar el ciclo presidencial de cuatro años. “Esas son, en todo caso, parte de las preguntas para las que todavía no tenemos respuestas”, asegura.

“El Chile de hoy es muy distinto al del 17 de octubre de 2019. Cosas que creíamos correctas ya no se consideran correctas. Las verdades han cambiado. Hay un retorno de lo público”.

El próximo gobierno va a enfrentar un contexto económico de crisis, agravado por la pandemia. “En Chile la pérdida del empleo es mucho más crítica de lo que se ve, hay una caída dramática de los ingresos”.

“Nuestro programa de gobierno busca generar condiciones para que Gabriel Boric sea elegido, pero también para que tenga fortaleza en el Congreso”.

Apruebo Dignidad es la coalición que entrega más certeza para gobernar a la ciudadanía, porque hay un proyecto país detrás de esa propuesta política. No ocurre lo mismo con la candidatura de Yasna Provoste, democratacristiana, del mundo de la exConcertación, la coalición que gobernó Chile en varios períodos, después de la dictadura, asegura.

La convención en la que Apruebo Dignidad eligió a su candidato convocó a más gente que todas las demás convenciones. Gabriel Boric ganó las primarias con más de un millón de votos. Daniel Jadue, que quedó en segundo lugar, sacó más votos que el candidato más votado en la primaria de la derecha.

“Hoy somos una coalición que tiene una lista única parlamentaria, cosa que no ocurre con los otros sectores. La ciudadanía ve en nosotros la posibilidad de ser gobierno, pero también la capacidad de dialogar, pese a las diferencias”, dice Oliva.

“Estamos preparando la campaña, trabajando para fortalecer el programa. Nos parece fundamental que tengamos un programa que no solo genere estabilidad, sino que dé respuestas políticas a las demandas de la ciudadanía”, agrega.

“Va a ser una disputa muy dura, por eso es importante elección parlamentaria. Esperamos duplicar nuestra representación en el Congreso, que permita sostener la campaña en segunda vuelta y mostrar capacidad de ser gobierno”, concluye Oliva.