POR GILBERTO LOPES /
“El uso de sociedades creadas en jurisdicciones diferentes a las jurisdicciones donde se hace la inversión operativa (sociedades offshore) es muy común y no implica nada negativo, reprochable y mucho menos ilegal”, dijo Luis Javier Castro, dueño de la firma de inversión Mesoamerica.
“En vista de publicaciones sobre los llamados Pandora Papers, en donde se insinúa que Mesoamerica ha montado más de 40 empresas con el objetivo de evadir impuestos, me veo en la obligación de aclarar”, afirma Castro, desde Costa Rica.
Castro afirma que ha pasado por diversas organizaciones empresariales como la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), United Way, One Young World (OYW), Yo Emprendedor, CALI y otras– en busca de “construir una mejor sociedad”. Todas organizaciones de orientación política conservadora.
Aseguró haber llegado “muy emocionado” de Múnich. El 25 de julio pasado fue expositor en el One Young World Summit, celebrada en esa ciudad, donde 203 delegaciones de jóvenes se reunieron “para discutir e inspirarse para solucionar los grandes problemas de la humanidad”.
Debbie Cenzibar, Will Fitzgibbon y Salwan Georges no son inversionistas. Son periodistas del Washington Post, el diario de Jeff Bezos, dueño de Amazon.
El pasado 4 de octubre los tres firmaron una nota fechada en Sioux Falls, Dakota del Sur. Frente a un Holiday Inn, en un edificio de ladrillos rojos, una pequeña firma financiera, entonces desconocida, hacía una invitación a los ricos del mundo: “Trident Trust promete proteger la fortuna y la privacidad de sus nuevos clientes, con base en las leyes de un estado que se ha convertido en un destino global para la riqueza”.
El reportaje destaca que la industria fiduciaria en los Estados Unidos florece, ofreciendo a los millonarios y billonarios del mundo niveles de protección y privacidad iguales o superiores a los paraísos fiscales de otros lugares del mundo.
De 206 fideicomisos basados en los Estados Unidos, identificados en los Pandora Papers, “cerca de 30 tenían fondos de personas o compañías acusadas de fraude, sobornos o abusos de derechos humanos en algunas de las comunidades más vulnerables del mundo”, dice el reportaje.
Algunos latinoamericanos respondieron a la invitación de Trident Trust. Entre ellos un magnate textil colombiano, atrapado en un esquema para lavar dinero del narcotráfico; un magnate del jugo de naranja brasileño, que llegó a un acuerdo con autoridades para evitar una denuncia sobre la paga miserable que le hacía a sus trabajadores; o los miembros de la familia de un exvicepresidente de República Dominicana, acusados de explotar a sus trabajadores de la caña y de haber desalojado con violencia a sus familias de los terrenos de la empresa.
Se trata, en este caso, del Central Romana, el mayor productor de azúcar en República Dominicana, uno de cuyos principales accionistas era Carlos Morales Troncoso. En 1986 fue electo vicepresidente de la República. Después, fue embajador de su país en Washington y ministro de Relaciones Exteriores.
Consultados por el Washington Post, la dominicana Central Romana dijo que habían creado más de 20 mil empleos, construidos más de cinco mil casas y donado tierras para proyectos de vivienda y otros objetivos. Agregó que negociaba con el sindicato salarios y condiciones de trabajo y que nunca había echado ilegalmente a nadie de sus tierras, sino que desde hacía tiempo la defendía de invasiones ilegales.
El tratamiento dado a sus trabajadores ha sido objeto de permanente denuncia, mientras Central Romana formalizaba fideicomisos por 14 millones de dólares con Trident Trust, en 2019. Tres años antes, dice el reportaje, “la compañía mandó guardias armados y maquinaria para echar a 60 familias de las champas construidas a las orillas polvorientas de la plantación de azúcar en El Seibo, uno de los más pobres y remotos rincones de República Dominicana”.
Mesoamerica, una pequeña Trident Trust, afirma haber creado gran cantidad de empleo y desarrollo y “tratado de aportar a una mejor Latinoamérica”. No se explicita cómo, ni cuánto, ni dónde, en ese escenario de fideicomisos cuyas características, en todo el mundo –en Europa y Estados Unidos, en Asia, en África y América Latina–, son descritas en detalle por el Washington Post.
En la última década los economistas han tratado de calcular el monto de esa riqueza escondida en los fideicomisos offshores. Las estimaciones varían ampliamente: de un millón de millones de dólares a 25 millones de millones, según el periódico. Las cifras más generalmente aceptadas oscilan entre los cinco y los ocho millones de millones de dólares.
“Nada reprochable”
Cuando encontramos una oportunidad de inversión –explica Castro–, “estructuramos un vehículo y ofrecemos la oportunidad de invertir a inversionistas los cuales son de múltiples nacionalidades”.
No conocemos los detalles de las inversiones promovidas por Mesoamerica. La opinión de Castro no es, en todo caso, generalizada. Abundan los ejemplos de dineros invertidos por otros fideicomisos, provenientes de negocios como los del colombiano José Douer Ambar, magnate de la ropa fallecido el año pasado, que tenía un fideicomiso de cien millones de dólares en la oficina de Trident en las Islas Vírgenes. En 2004 negoció un acuerdo de 20 millones de dólares con el gobierno norteamericano, en el marco de una investigación sobre lavado de dinero, siempre según la información del Washington Post.
Se cita el caso del guatemalteco Federico Kong Vielman, con un fideicomiso de 13,5 millones de dólares, cuya empresa familiar de producción de aceite de palma fue acusada por los Estados Unidos de violar las normas negociadas en el tratado de libre comercio sobre el pago de salarios justos. En la plantación de la familia –según la denuncia– se pagaba menos del salario mínimo y los trabajadores manejaban químicos sin protección adecuada.
Algo parecido hacía la productora de jugo de naranja Horst Happel en Brasil, donde pagó 88 millones de dólares al gobierno en 2018, según el Post, acusada de hacer arreglos para pagar menos a los productores locales.
Los documentos divulgados por el consorcio de periodistas de investigación no dejan ver si Trident sabe el origen de los recursos de sus clientes y el Post dice que la empresa “no respondió a las preguntas sobre casos específicos”.
Tampoco lo hizo la costarricense Mosoamerica. Castro no contestó las consultas del semanario Universidad de San José, publicando su punto de vista en su página web, después del cierre de la edición del periódico.
También Macri, Piñera y Lasso
Argentina ocupa el tercer lugar en la lista de países con más beneficiarios finales de estructuras offshore, dijo el diario Página/12. “En esos documentos el país aparece mencionado 57.307 veces y, una vez más, al igual que en los Panama Papers, está involucrada la familia (del expresidente Mauricio) Macri y su entorno”.
El periódico destacó que “los investigadores aclararon que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita”.
Sin embargo, según explicó al diario el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina, Ricardo Nissen, “es imposible, desde todo punto de vista, que las offshore tengan un fin lícito. Por definición son un negocio ilícito, algo contrario a las leyes. Es un instrumento para el delito, para la evasión, fundamentalmente para la fuga de capitales”, afirmó.
Una offshore –dijo Nissen a Página/12– “es lavado de dinero, es ocultación para fines delictivos, para estafar a tu mujer en el divorcio, para hacer una planificación sucesoria que no te permite la ley argentina. Te escondés detrás de una figura fantasma que es muy difícil de llegar porque las guaridas fiscales nunca jamás dan información sobre sus cuentas”.
El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, también aparece involucrado en un negocio familiar. Se trata de la venta, en el 2010, de la empresa minera Dominga, al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Piñera.
Un proyecto valorado en 2.500 millones de dólares, para la extracción de hierro y cobre en la región de Coquimbo, a unos 500 km. al norte de Santiago, que ha resultado polémico en medio de alegaciones ambientales y comerciales.
El presidente de Ecuador, el banquero Guillermo Lasso, también transfirió recursos a Trident en Sioux Falls, en 2017, luego de cuestionamientos surgidos a raíz de los Panama Papers, antecedente de los actuales Pandora Papers.
Todos –Lasso, Piñera y los demás– aseguran haber cumplido todos sus compromisos fiscales y niegan haber violado ley alguna. En todo caso, la Fiscalía abrió una investigación contra Piñera y las diversas bancadas opositoras han decidido presentar en el Congreso una acusación constitucional contra el presidente.
Nuestras compañías en estas jurisdicciones –explicaba Castro, sobre las actividades de Mesoamerica– “son únicamente entidades holding que usamos para poder juntar el capital de los inversionistas, y manejar las inversiones con el gobierno corporativo apropiado”.
Seguramente sus actividades no tienen las dimensiones de las de Trident, pero en otro artículo del Washington Post se describe con detalle el uso de esos fideicomisos en paraísos fiscales para al compra de propiedades, obras de artes, muebles, yates, aviones…
Cuando algunos de los tres africanos más ricos necesitaban algún favor del Ministro de Energía de Nigeria, no le pagaban en efectivo. Le regalaban alguna de esas compañías de papel, inscritas en algún paraíso fiscal, propietaria de alguna mansión en Londres, de muebles clásicos, de obras de arte…
Así el rey de Jordania se hizo de propiedades por 95 millones de dólares en Estados Unidos e Inglaterra. Tony Blair, exprimer ministro de Inglaterra –responsable, con el presidente George W. Bush, de los Estados Unidos, y José María Aznar, de España, de la destrucción de Irak y de la muerte de miles de personas–, se ahorró 423 mil dólares comprando una oficina en Londres a una de esas empresas offshore.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, que llegó al gobierno con un enorme plan de privatizaciones, que prometió vender “todo”, incluyendo el Banco do Brasil (“todo es todo”, aseguró), depositó en su offshore Dreadnoughts International, en las Islas Vírgenes británicas, 9,55 millones de dólares. Responsable en gran medida de la devaluación del real desde que asumió el cargo, solo la semana pasada ganó más de un millón de reales, destacan los medios brasileños.
El presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, también es dueño de una offshore, Cor Assets S.A., en Panamá, según datos revelados por los Pandora Papers. Ambos tendrán que dar explicaciones en el Congreso de Brasil.
Según las cuentas del Banco Central, el año pasado los brasileños mantenían en el exterior casi 205 mil millones de dólares. En todo caso, debidamente declarada a las autoridades de Hacienda, tener una offshore no es ilegal en Brasil, el quinto país con más personas citadas en los Pandora Papers.
Un debate interesante
Las revelaciones de los Pandora Papers no dejan a nadie indiferente. La explicación del dueño de Mesoamerica, Luis Javier Castro, provocó diversas respuestas en su misma página.
–Excelente explicación, dice uno.
¡Apoyo total Luis!, dice otro. “Esta gente no sabe ni de lo que está hablando. Solamente lo hacen para sembrar cizaña, polarizar y crear odio y envidia entre la población, además de desacreditar sin fundamentos a todos los empresarios”.
“Somos unos malvados que nos enriquecemos del pueblo y salimos al extranjero a emprender con todos los riesgos que conlleva aunque en cada uno de esos países hallamos [sic] actuado de manera legal y correcta, inclusive sin violar leyes de Costa Rica. En nuestro país existe libertad completa y es totalmente legal invertir en el extranjero. No hay que darle explicación a esos ignorantes mal intencionados”.
– Empezó la cacería de empresarios como parte de la campaña electoral de desprestigio de la iniciativa privada. Qué tristeza, dice otra.
Andrés Pozuelo, conocido empresario, afirma: “Tranquilo que evadir impuestos no es inmoral, es humano”.
Castro, prudente, le contesta: – No es el caso.
Pozuelo insiste: “Bueno, todos evadimos impuestos cuando le pagamos a alguien en efectivo sin factura. Los impuestos son un robo y nadie puede discutir eso”.
Castro, en todo caso, felicitó a los periodistas por “investigar y traer a la luz estructuras que puedan facilitar la evasión fiscal, la corrupción y otros delitos. Es fundamental separar el polvo de la paja”, afirmó.
Pero sus partidarios o admiradores no ahorraron críticas a los medios. “La prensa está llena de medias verdades, amarillismo, insinuaciones y pueden destruir la reputación de cualquiera. En el discurso de nuestra graduación, el padre Juan Álvarez Iglesias nos dijo que buscáramos la verdad. Tal vez se refería a cosas más grandes, pero aun así es un consejo práctico para las situaciones de todos los días”, estimó Mary Joseph.
Carlos Esquivel lo animó: “La explicación sobra para el entendido. No es correcto satanizar una práctica común apegada 100% a la ley. Sin embargo, asumo que era necesario explicarlo para aquellos que solo buscan atacar sin fundamento real”.
