“En Perú es necesario generar una transformación radical a partir de la participación activa del pueblo y sin la clase política actual”

Verónika Mendoza

POR NICOLAS ALLEN /

Entrevista con la aspirante presidencial de izquierda en representación del movimiento Juntos por el Perú, Verónika Mendoza Frisch, quien analiza la incidencia de las protestas masivas durante el pasado mes de noviembre que se expresaron contrala toma del poder ejecutivo por parte de la extrema derecha, luego de un cuestionable proceso de destitución presidencial, y la posibilidad de derogar la Constitución de la época de la dictadura del país.

Las protestas estallaron en Perú el 9 de noviembre, luego de que se conociera la noticia de que el entonces presidente Martín Vizcarra había sido sometido a un proceso de impeachment (destitución) por “incapacidad moral”. A simple vista parecía otro episodio de la lucha de poder que se desarrollaba entre el ejecutivo peruano y el Congreso, que se ha vuelto familiar para los ciudadanos y las ciudadanas del país. Desde 2018, cuando la legislatura forzó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ha habido una serie de represalias y contrarrepresalias entre las dos ramas del gobierno, cada una de las cuales acusa a la otra de corrupción.

Desde aquel momento el país ha sido sacudido por una crisis política que se vuelve cada vez peor. Esto llegó a un límite el pasado 10 de noviembre, cuando el diputado Manuel Merino, apoyado por la extrema derecha peruana, aprovechó la vacancia presidencial y tomó el poder apuntando probablemente a mantener el puesto luego de las elecciones generales de 2021. Fue la gota que colmó el vaso.

A pesar de que Vizcarra conservaba una modesta popularidad en el momento en el que fue removido de su cargo, el estallido repentino y enfático de indignación que se extendió por todo el país se ha sentido más como una condena del sistema que como un apoyo específico al presidente saliente. Lo que sacó al pueblo peruano a las calles –y lo que lo mantuvo ahí durante las semanas subsiguientes– es una lista básica de reclamos originados en el cansancio que genera la captura del Estado por los intereses corporativos privados. Además, el pueblo peruano ha sido abandonado a su suerte en medio de una de las peores crisis pandémicas mundiales –agravada por una crisis económica que se vuelve cada vez peor– mientras el gobierno se entretiene con sus intrigas palaciegas.

El pueblo peruano no es ajeno a la protesta social, pero la ola de manifestaciones que se ha desatado a nivel nacional parece tener rasgos específicos. Verónika Mendoza, candidata presidencial de la izquierda en Juntos por el Perú, hace énfasis en este punto. Las manifestaciones actuales, dice, tienen en la mira todo el orden neoliberal que ha corrompido la democracia peruana y producido una crisis de legitimidad que parece no tener fin. La única solución, agrega Mendoza –cuya candidatura ocupa un lugar cada vez más importante– es deshacerse de la Constitución impuesta durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Perú se suma de esta manera a sus vecinos, Colombia y Chile, en una tendencia creciente que ha puesto en cuestión a las “economías modelo” de la región. En este diálogo con Jacobin América Latina, Mendoza se refiere a las razones detrás de la crisis, las tareas que la izquierda peruana tiene por delante y la posibilidad de iniciar un proceso para conquistar una Constitución popular más democrática.

«Lo que se presentó en Perú con destitución de Vizcarra fue un golpe de Estado»

Las últimas semanas en Perú han sido agitados, por decir lo menos. Todo empezó el 9 de noviembre cuando el presidente Martín Vizcarra fue destituido en lo que pareció ser un golpe legislativo. A eso le siguió el polémico nombramiento de un diputado de derecha, Manuel Merino, como presidente interino, aunque solo cinco días después renunció bajo la presión de las masivas manifestaciones callejeras. Perú cuenta ahora su tercer presidente en poco menos de una semana, con el diputado de centroderecha Francisco Sagasti en un rol provisional hasta las elecciones generales de abril de 2021. ¿Puedes decirnos algo sobre cómo llegamos a este levantamiento político masivo?

Como bien has señalado, el detonante de esta crisis fue la vacancia de Martín Vizcarra, impulsada por una mayoría parlamentaria bajo el argumento de la lucha contra la corrupción. Vale decir, los mismos miembros del Congreso que sacaron a Vizcarra de su cargo son notoriamente corruptos.

Si bien es cierto que el presidente Vizcarra debe responder a algunas acusaciones graves de corrupción, la mayoría de la ciudadanía sintió que estando a solo cinco meses de las elecciones generales, y en un país que es en la actualidad uno de los más afectados por la pandemia, lo que correspondía era que concluyera su mandato al tiempo que continuaban las investigaciones. Eventualmente, al termino de su mandato, que fuese sancionado encarcelado, o lo que correspondiera.

Lo que sucedió en cambio fue que la mayoría parlamentaria corrupta decidió avanzar con el proceso de impeachment, persiguiendo sus propios intereses mafiosos y corporativos a espaldas del pueblo peruano. Debo destacar que este proceso fue un golpe de Estado. Puede no ser un golpe militar tradicional, pero no se supone que el Congreso deba elegir al presidente tal como ha hecho en este caso. En ese sentido, estaba completamente justificado llamar golpistas a Merino y a quienes lo justificaron en el Congreso.

¿Por qué sacaron a Vizcarra? Querían garantizar su inmunidad ante la justicia, y sacar leyes en beneficio de sus propios negocios, de diverso tipo (cosa que no dudaron en hacer al día siguiente de la vacancia). Y, en el horizonte, contemplaban boicotear el proceso electoral, conscientes como están de que el respaldo de la ciudadanía no está con ellos (de hecho, este Congreso cuenta con un índice de aprobación de tan solo 32%).

Fue en este contexto que el impeachment de Vizcarra produjo una indignación tan amplia e intensa. Fue la expresión de un hartazgo más profundo frente a una clase política que ha estado a espaldas de la gente desde hace mucho tiempo ya. Es decir, que ha mostrado su descomposición total. Porque es clave entender que está crisis no empieza con la vacancia, sino que lleva años y décadas ya.

¿Sería justo describir la destitución de Vizcarra como el intento de una derecha más conservadora de tomar el poder desde la centroderecha?

Absolutamente. Y a pesar de que Merino y su primer ministro Ántero Flores solo duraron seis días en su cargo, claramente actuaron con el apoyo de la derecha peruana más radicalizada. La extrema derecha en Perú está unificada en el grupo Coordinadora Republicana, y todo el golpe fue planeado por este grupo en un intento de tomar control del Estado destituyendo a la derecha más moderada que representa Vizcarra.

Por supuesto, el impeachment de Vizcarra es solo otro episodio en una crisis prolongada de autoridad política que se remonta a 2018 con el impeachment de Pedro Pablo Kuczynski. Podría pensarse que lo que estamos viendo en realidad es una crisis terminal de cierto orden neoliberal heredado de la dictadura de Alberto Fujimori (una forma autoritaria única de neoliberalismo que, desde hace 30 años, parece estar viva todavía hoy). ¿Estarías de acuerdo con esta afirmación?

Precisamente, es así. A esta altura, todos y cada uno de nuestros expresidentes están procesados por corrupción. Eso, para no mencionar los casos de su ministros, viceministros, gobernadores y ejecutivos de grandes empresas. Hoy en Perú, 68 de 130 representantes en el Congreso –es decir, la mitad del Congreso– enfrentan acusaciones de corrupción.

Es la misma clase política que durante décadas ha estado diciéndole a sus electores que todo va de maravilla, que somos un país en pleno desarrollo y que el crecimiento económico es sustentable a largo plazo. Es verdad que algunas cifras macroeconómicas de los últimos años son superficialmente positivas, pero ese mismo proceso fue garantizado al costo del debilitamiento de la institucionalidad del Estado peruano.

Durante los mismos años vimos que el Estado se redujo a su más mínima expresión. Vimos cómo se mercantilizaron completamente la salud y la educación, y cómo prácticamente se hizo desaparecer el sistema de pensiones estatales. Esta retirada del Estado implica que el 70% de la población económicamente activa de Perú está trabajando en el sector informal. En síntesis, el sistema no puede seguir funcionando así.

Es una crisis profunda que requiere una transformación igualmente profunda. Y esto significa que no podemos permitir que se repita el año 2000, cuando el pueblo peruano se movilizó de forma similar. En ese entonces, tuvimos éxito al derrocar la dictadura de Fujimori pero, desafortunadamente, todo el andamiaje neoliberal permaneció intacto. No se modificaron las reglas del juego y el régimen neoliberal impuesto por la dictadura sobrevivió.

En contraste, lo que el pueblo peruano está cuestionando ahora es el modelo neoliberal en sí mismo. Y en este sentido, la juventud está cumpliendo un rol de liderazgo, llamando a la apertura de un proceso constitucional en el cual podrían jugar un papel muy importante.

Pero tal como dices, en el pasado, a pesar de haberse realizado grandes movilizaciones, se quedaron cortas a la hora de cuestionar el modelo económico subyacente. ¿Qué piensas que es específicamente distinto en este caso?

El pueblo peruano ha comprendido la gravedad de esta crisis. Comprendió que nada cambiará simplemente cambiando un presidente por otro, como ha sucedido tantas otras veces en el pasado. Es necesario que se produzca un tipo de transformación radical, y el pueblo peruano ha abandonado la idea de que esto pueda ser realizado con la clase política actual. El cambio radical solo puede ser conquistado por la participación activa del pueblo, garantizando que el pueblo peruano se convierta en protagonista político.

Una vez más, la juventud peruana está a la cabeza en este sentido. Estuvieron en las calles todos los días, primero para derrocar a la administración ilegítima de Merino, y luego para garantizar que el proceso estuviese a cargo de un gobierno de transición y un comité del Congreso que excluyera explícitamente a los corrutos y las fuerzas detrás del golpe. Esta misma juventud es la que sigue en las calles, demandando ahora una nueva constitución. En este sentido, la crisis es absolutamente singular y podría ser el comienzo de un nuevo capítulo en la historia peruana.

Y lo digo a pesar de la brutal represión que hemos visto desarrollarse durante las últimas semanas, que incluyó la muerte de dos jóvenes, que hoy son recordados como héroes de la democracia. De aquí en adelante, una demanda inmediata que debemos plantear es la reparación para todas las víctimas de la violencia policial, una reforma radical de la policía y la revocación de todas las leyes que criminalizan la protesta social. Estos temas llegaron a estar el primer lugar de la agenda pública en tan solo unos días.

Entonces efectivamente parece haber motivos para tener esperanzas. Una cosa que habrá que evaluar es cómo la izquierda peruana puede intervenir de manera efectiva en la situación actual, aunque tu propia candidatura a la presidencia parece ser una pista: recientemente has centrado el eje de tu campaña en torno al referéndum por una nueva constitución. En cualquier caso, la izquierda peruana sigue estando muy fragmentada. ¿Podría unirse alrededor de las movilizaciones y del llamado a una asamblea constituyente?

Lo primero que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los lazos existentes entre las distintas fuerzas de izquierda. Hemos logrado unir diferentes organizaciones políticas en una plataforma única (a nivel regional y a nivel nacional, junto a organizaciones sociales, sectores campesinos y organizaciones de la juventud). Esta plataforma es Juntos por el Perú, y nos presentaremos a las elecciones generales el 11 de abril.

Pero ahora es el momento de abrir un debate amplio acerca de los valores y la reglas que gobiernan nuestra sociedad. La izquierda debe trabajar rápido para abrir espacios en los que esta conversación pueda tomar lugar y poner en el centro del debate a los ciudadanos y a las ciudadanas. Tenemos una posibilidad única para recuperar el sentido genuino de la política, que es muy distinto a la imagen dominante según la cual la se trata del “privilegio” de una pequeña élite o vanguardia. Hay una abertura para plantear una visión de la política como un ejercicio constante y regular de ciudadanía del pueblo peruano.

Para alcanzar estos objetivos es necesario que las movilizaciones callejeras se sostengan. Afortunadamente, el pueblo peruano y la juventud en particular, es completamente consciente de esto, de que hoy más que nunca debe mantenerse atenta. Esto quedó claro cuando Merino cedió a la indignación popular y renunció. Las manifestaciones continuaron después para garantizar que el cargo presidencial no fuera ocupado por ningún otro político corrupto ni por alguno de los conspiradores golpistas.

Ahora presenciamos en las calles el desarrollo de espacios de debate y organización, en donde la gente discute los desafíos que hay por delante a medida que el proceso constitucional gana fuerza. La gente empieza a comprometerse en un debate serio acerca de qué tipo de procesos deberían darle forma a un nuevo pacto social y cuál sería el contenido específico de una nueva constitución. Estos espacios de debate deben ser llevados a los barrios, a las comunidades, a las universidades, etc.

Por nuestra parte, como Juntos por el Perú, estamos participando de este proceso llamando a una segunda votación el 11 de abril, el día de las elecciones generales. Además de votar por el futuro presidente, estamos llamando a un referéndum en donde los ciudadanos y las ciudadanas de Perú puedan expresar su deseo de una nueva constitución. 2021 no solo será el año en el que Perú elija a su nuevo presidente; será el año en que Perú asuma un nuevo pacto social diseñado por el pueblo peruano.

Supongo que el ejemplo chileno sirve de inspiración aquí. En un sentido, Chile y Perú son países muy similares. Fueron los “modelos” de gobierno neoliberal en la región, y en ambos países cuentan con una forma de capitalismo muy autoritario anclado en sus constituciones. Sin embargo, los dos países son muy diferentes en lo que respecta a su política, a su cultura, etc. ¿Cuánto sentido tiene que la izquierda peruana estudie el actual proceso constitucional chileno?

El proceso constitucional chileno y la recuperación de la democracia en Bolivia son ambos grandes fuentes de inspiración para Perú. Pero aun así, tenemos que encontrar nuestro propio camino: “ni calco ni copia”, como decía José Carlos Mariátegui.

Para decirlo rápidamente, tenemos nuestra propia historia en Perú. Hay que tener en cuenta que Perú fue el centro del poder colonial en la región y que la experiencia colonial dejó efectos que todavía duran. Aun hoy, la izquierda no ha sido capaz de forjar un proyecto político viable que incluya a todas las personas por igual, sin discriminación.

En los años 1980, Perú sufrió un conflicto armado terrible que dejó heridas muy profundas que todavía nos acompañan en la actualidad. La dictadura de Fujimori de los años 1990 vino después de esos años, y básicamente destruyó el Estado y dejó a la sociedad horriblemente fragmentada. No solo eso. La dictadura también persiguió a dirigentes sociales y políticos, contribuyendo de esta forma a la fragmentación de la izquierda.

Si tenemos en cuenta todo esto, podemos entender cómo Perú se convirtió en uno de los países en los cuales el neoliberalismo ha influido más profundamente en la sociedad (como sistema económico, pero también en el sentido común de la gente).

Sin embargo, habiendo dicho todo esto, hay que decir también que Perú tiene una tradición muy fuerte de organización de base, de resistencia y de solidaridad. El pueblo peruano es increíblemente vigoroso, y creo que las movilizaciones callejeras de los últimos días dejaron esto en claro. Tengo mucha fe en que la juventud pueda abrir el camino hacia un nuevo pacto social y, eventualmente, hacia una nueva constitución.

Y en tu opinión, ¿cuál debería ser la dinámica principal de este proceso constitucional? ¿Qué procesos podrían garantizar que represente completamente al pueblo peruano, en toda su diversidad? ¿Cuál debería ser el contenido de este documento?

Para responder a esta pregunta debemos recordar cómo se implementó la constitución actual. La Constitución de 1993 no fue el resultado de un debate nacional, sino que fue impuesta por la dictadura de Fujimori y por grupos capitalistas poderosos de Perú. El documento fue escrito por un Congreso Constituyente del cual la izquierda y los movimientos sociales fueron excluidos (en realidad no solo fueron excluidos, sino que fueron perseguidos violentamente por Fujimori). El texto resultante, escrito por la élite económica del país, fue sometido a un polémico referéndum. Polémico porque todos los organismos decisivos respondían a la dictadura.

Dicho esto, necesitamos poner en acto un proceso constitucional que logre reunir a las diferentes fuerzas políticas y sociales que tienen presencia en todo el país. Los aspectos centrales que deben ser considerados en el documento incluyen: el rol del Estado, el rol del mercado y el tipo de derechos sociales fundamentales que se necesitan para garantizar el desarrollo de la igualdad para el pueblo peruano.

La Constitución de 1993 explícitamente estableció que el rol del gobierno era de “promover la inversión privada”, dejando al Estado en un rol completamente subordinado a la ganancia privada. También eliminó el derecho a la vivienda, estableció límites importantes al derecho a la salud y a la educación (poniendo a ambos sectores bajo el control del interés privado). Revocó la protección que garantizaba los derechos de los indígenas sobre sus tierras. Una nueva constitución debe revertir estas tendencias.

La Constitución de 1993 también dejó una serie de lagunas en las cuales la corrupción podría prosperar. Había cláusulas que era extremadamente nocivas para el Estado, como el denominado “derecho contractual”, que favorece a las empresas transnacionales, o las asociaciones público-privadas que canaliza fondos públicos hacia las empresas privadas.

Este marco constitucional ha bloqueado cualquier posibilidad de cuestionar el modelo económico reinante. Hoy la Constitución y el modelo económico que implica deben ser debatidos y cuestionados a la luz de las demandas democráticas que están siendo planteadas por el pueblo peruano. Para hacerlo es necesario iniciar un proceso que podría desembocar en una asamblea constituyente, y esta asamblea debería representar la diversidad política, étnica y social de Perú. Solo un proceso de estas características podría establecer un nuevo pacto social legítimo y duradero.

Hemos mencionado a Alberto Fujimori muchas veces en esta entrevista. Teniendo en cuenta que llegó al poder durante un período de crisis nacional, ¿existe la preocupación de que alguna fuerza de derecha pueda disputar el poder en este proceso?

Naturalmente, hay muchos sectores conservadores y autoritarios en Perú, y durante los últimos años han intentado capitalizar el descontento creciente que genera la crisis política y económica. Estas corrientes han avivado el miedo y el odio hacia cualquiera que sea considerado diferente: hacia los inmigrantes, la comunidad LGBQT, las mujeres empoderadas que ya no quieren quedarse tranquilas en sus casas, etc.

Este es el mismo sector que intento capitalizar la vacancia del puesto presidencial. Manuel Merino y la derecha peruana intentaron tomar el control del Estado pero, por suerte, fueron rápidamente derrotados por la movilización de los ciudadanos y las ciudadanas peruanos. Todavía hay que mantenerse vigente, porque la amenaza de la derecha todavía está latente, y mientras estamos hablando la derecha está trabajando para reorganizarse a nivel nacional y regional.

Pero esta primera batalla fue ganada por la democracia y por la ciudadanía movilizada de Perú. Y es gracias a esta victoria que hemos abierto una vía emancipatoria con la promesa de una transformación social a nivel nacional.

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