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En un Estado fallido como Colombia, corroído por las mafias del narcotráfico y la descomposición de la política sustentada en clanes delincuenciales, constituye una buena noticia la detención domiciliaria del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, decretada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ante evidencias probatorias sólidamente sustentadas por manipulación de testigos y fraude procesal, sin perder de vista que continúan impunes sus más graves delitos.
La decisión de la justicia, adoptada de manera unánime por los cinco magistrados que componen esa sala de investigación, es un muy buen precedente para un país carente de democracia con una institucionalidad ineficiente y corrompida por donde se mire. De ahí que un profesor universitario y politólogo como Gilberto Tobón Sanín al hacer una lectura ponderada de este hecho jurídico con consecuencias políticas, aseveró: “La orden de detención contra Álvaro Uribe puede significar dos cosas: el comienzo del fin del Centro Democrático o su renacimiento como el ave fénix mediante la estrategia de victimización. Es responsabilidad del pueblo impedir otro Gobierno uribista para salir de esta crisis”.
Además, este suceso que ha conmocionado el transcurrir político de Colombia ha develado la manera cómo los medios de comunicación tradicionales de propiedad de los oligopolios del país de una manera descarada y vergonzosa han salido a manipular los hechos para tratar de defender a un dirigente indefendible que desde el punto de vista judicial, político y moral lo condena su oscura trayectoria pública. Una operación mediática y propagandística ruin y antiética desde todo ángulo que evidencia el alineamiento ideológico de esos medios que, no obstante su obsecuencia con el jefe de la ultraderecha colombiana que ha sumido al país en el oscurantismo y en la desolación, se empeñan en mostrarse como “independientes”.
La medida de aseguramiento contra Uribe Vélez, lo obliga momentáneamente a dejar su curul en el Senado mientras continúa la investigación penal y ello generará por supuesto las airadas reacciones de sus fanáticos nucleados en un partido de claro matiz fascista como el Centro Democrático.
La decisión judicial envía un mensaje en el sentido de que por muy influyente que sea el expresidente Uribe, quien ha logrado cooptar el poder en su conjunto para satisfacer sus oscuros y siniestros intereses en un país como Colombia que no ha logrado salir de la premodernidad, la ley es para todos. Más aún cuando el jefe de la ultraderecha colombiana logró imponer un presidente-títere como Iván Duque Márquez, cuyo mandato carece de legitimidad por cuanto está comprobado hasta la saciedad que llegó a la Casa de Nariño comprando votos con apoyo económico de narcotraficantes, y cuenta con mayorías logradas a punta de corrupción en una institución tan desprestigiada como el Congreso de la República.
Lo cierto es que la detención domiciliaria es sólo parte de un proceso que no inició la Corte, sino el propio Uribe, que pasó de cazador a cazado, al haber quedado en evidencia la comisión del delito de soborno en calidad de cómplice al montar una operación para que su exabogado Diego Cadena, también investigado penalmente, pagara a paramilitares presos para que cambiaran su versión a favor del inescrupuloso exmandatario en una causa que buscaba desprestigiar a su adversario político el senador de izquierda, Iván Cepeda Castro.
Un debate que lo desenmascaró
En efecto, el caso se remonta a 2014, cuando en un debate en el Congreso el senador Cepeda Castro —uno de sus máximos oponentes— acusó a Uribe de tener nexos con grupos criminales de ultraderecha y narcotraficantes, para lo cual presentó varios testimonios de antiguos paramilitares.
Cepeda fue más allá y acusó a Uribe y a su hermano, Santiago, de crear un bloque al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar que enfrentó a las guerrillas FARC y ELN y que asesinó y desplazó a miles de civiles en medio del conflicto armado interno.
Ante tan graves señalamientos, Uribe en una jugada para lavar su imagen demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia y lo acusó de frecuentar a exparamilitares en las prisiones para que sirvieran como falsos testigos en su contra.
El tribunal siguió el caso por varios años, pero en un giro inesperado encontró que era el propio Uribe Vélez quien manipulaba a los testigos para afectar la carrera política de Cepeda, por lo que le abrió una investigación al exmandatario por los delitos de soborno y fraude procesal, los mismos por los cuales el pasado 4 de agosto fue enviado a prisión domiciliaria mientras se evalúa si es llamado a juicio. Antes de que el caso llegue a esa instancia sin duda serán varias las apelaciones que presente su defensa.
Un liderazgo sustentado en la guerra y la muerte
En un país desestructurado como Colombia, carente de modernidad y consecuentemente sin democracia, el liderazgo de Uribe Vélez encuentra su razón de ser en la guerra y en la muerte, lo cual explica su feroz oposición a cualquier intento de poner fin a la realidad violenta que ha azotado a este país, durante la mayor parte de su devenir histórico.
Por ello es que Uribe y su partido de bolsillo, el Centro Democrático (que no es de “centro” ni es democrático), sabotearon por todos los medios a su alcance el proceso de paz abierto con las FARC por su sucesor, el entonces mandatario de factura conservadora, Juan Manuel Santos, mediante el cual se logró a medias la desmovilización de este movimiento guerrillero.
Uribe logró imponer hace dos años en la Casa de Nariño a un corifeo suyo mediante triquiñuelas electoreras como la compra de votos con dineros del narcotráfico a un inexperto político como Iván Duque, caracterizado por su frivolidad en extremo, quien está empeñado en hacer trizas el proceso de paz con las FARC, saboteando los esfuerzos de justicia transicional con los que se busca cerrar las heridas del prolongado conflicto armado, mediante procesos jurídicos con garantías para las partes, verdad, memoria y reparación.
Hay que celebrar el arresto domiciliario de Uribe que, coincidencialmente al día siguiente que le profirieron la medida, anunció que se había contagiado de coronavirus, siguiendo la patraña suficientemente conocida de dictadores como Pinochet y Fujimori, quienes en su momento pretextaron enfermedad para desviar la atención mediática.
Una medida de aseguramiento como esa es lo mínimo que se puede esperar de la justicia ante tantas y categóricas evidencias como los mal llamados “falsos positivos” que comprometen seriamente a éste que es uno de los personajes más siniestros engendrados por la ultraderecha latinoamericana. Ciertamente que en un país destrozado como Colombia su reclusión domiciliaria apenas constituye una gota de justicia, en un mar de impunidad, pero no hay que perder la esperanza que el avance de las investigaciones permita la aclaración plena de los atroces crímenes cometidos por Uribe antes, durante y después de sus funestos, criminales y atrabiliarios mandatos que se prolongaron por ocho aciagos años (2002-2010).
