Denuncia que compromete a expresidente Virgilio Barco en plan sistemático de genocidio político reafirma rol del Estado colombiano en crímenes de lesa humanidad

CRONICÓN.NET /

Aunque obviamente buena parte del establishment colombiano ha salido a descalificar la denuncia realizada el pasado domingo 10 de enero en una columna de prensa por el experimentado periodista Alberto Donadío, según la cual el expresidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) estuvo seriamente implicado en el plan sistemático para exterminar a los dirigentes del partido Unión Patriótica (UP) al contratar la asesoría de un mercenario israelí, tal revelación ratifica una vez más la grave responsabilidad que le cabe al Estado en los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que se han venido cometiendo en Colombia a lo largo de su trágico devenir político.

Si bien los medios de comunicación y sus reconocidos columnistas que en Colombia fungen de propagandistas de la decadente y corrupta clase dirigente tratan de desvirtuar la denuncia de Donadío, la vergonzante historia de este país documenta y confirma con sobrado acervo probatorio, el rol violento que ejerce el Estado en su afán por acallar las voces opositoras o todo intento de expresión alternativa que surge en la nación. Ello se puede constatar en la permanente intervención de asesores militares secretos procedentes de Estados Unidos, Israel, Reino Unido; la presencia de agentes de la CIA, el MI6, el Mossad; la contratación de mercenarios de dichos países; la formación de más de 17.000 militares colombianos en el Comando Sur norteamericano, especializado en operaciones de horror y sostén de las más crueles dictaduras, haciendo la interiorización del odio mediante  la puesta en marcha de la doctrina de Seguridad Nacional con su postulado de combatir a muerte al “enemigo interno”.

El genocidio de la UP

La organización política Unión Patriótica, fundada en mayo de 1985, surgió tras las negociaciones de paz entre el Gobierno del entonces presidente Belisario Betancur y las FARC. Una vez que inició su accionar político-electoral se convirtió en uno de los movimientos víctimas de persecución, asesinatos, torturas, secuestros, y todo tipo de crímenes que atacaban los derechos humanos. Según la revelación que hizo el periodista Donadío se reconfirma que se trataba de un plan orquestado directamente por el Gobierno nacional, una vez que llegara a la Casa de Nariño el ingeniero liberal Virgilio Barco.

“Lo más grave es que hay razones para pensar que el presidente Barco tuvo un papel determinante en el exterminio de este conglomerado cercano al Partido Comunista”, escribió el columnista antes de soltar los antecedentes que dejan en evidencia la responsabilidad de lo que, en su conclusión, ese genocidio es un crimen de Estado, como ya lo han establecido algunas instancias judiciales en Colombia.

Con esta ilustración reaccionó el partido Unión Patriótica al develarse detalles del plan de exterminio de su dirigencia y militancia que se diseñó durante el gobierno de Virgilio Barco Vargas (1986-1990).

El mercenario y exagente del Mossad, Rafu Eitan es la pista clave en el caso. Se trataba de un israelí, nacido en Palestina en 1926 y fallecido en Tel Aviv en 2019. Eitan era amigo cercano de Barco. Se conocieron cuando éste fue embajador de Colombia en Washington entre 1977 y 1980.

Eitan había participado en varias movidas gubernamentales a lo largo de su vida. En 1960, por ejemplo, había ejercido como comandante en la operación de secuestro de Adolf Eichmann en Buenos Aires.

Tiempo después, hizo parte de la lucha antiterrorista en la oficina de Relaciones Científicas, una agencia de espionaje israelí. Según la investigación de Donadío, Rafu Eitan tenía, incluso, licencia para matar si es que así lo requería algún caso que estuviera investigando. Este agente israelí participó en el seguimiento y homicidio masivo de los palestinos que asesinaron a atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972.

Barco y Eitan se habían puesto en contacto por el interés que tenía el presidente colombiano en el trabajo de espionaje de este mercenario, a quien a través de la empresa estatal petrolera Ecopetrol el Gobierno de Bogotá lo contrata en 1987 para efectos de asesoría sobre temas de seguridad nacional.

El plan que ideó el israelí consistía en “eliminar” a los miembros de la UP, planteando además que él se encargaría de hacerlo siempre y cuando el Gobierno de Barco le diera un segundo contrato. El mandatario, según la fuente del periodista, “no cuestionó” la propuesta de su amigo Eitan, pero obtuvo la oposición de los altos mandos militares que consideraron que perfectamente la fuerza pública colombiana podía realizar la mortífera tarea. Y así ocurrió.

Historia del horror

Este es otro de los oscuros capítulos de la terrible historia de centenares de territorios de la Colombia profunda que han sido testigos de los más de 11 millones de hechos victimizantes del conflicto armado, sus acciones bélicas, minas antipersonales (en más de 673 municipios), huellas de los bombardeos aéreos y de los incontables e imparables éxodos de desplazados, cuyo horror desborda cualquier pretensión por desviar las causas, y negar la sistematicidad, alegando desde los cargos del Estado, que son hechos aislados, disputas entre particulares, cuyos casos se cierran jurídicamente entregando a algún chivo expiatorio.

Ese accionar sistémico del Estado como factor de violencia en lo que va corrido el siglo XXI, se corresponde con el informe de Amnistía Internacional, según el cual 32 pueblos indígenas tienen u supervivencia seriamente amenazada, destacando además que durante el periodo comprendido entre 2002 y 2009, años en que gobierno el cuestionado mandatario Álvaro Uribe Vélez, más de 1.400 personas entre hombres, mujeres y menores indígenas fueron asesinados, se presentaron 90 secuestrados, 195 desaparecidos forzosos, 4.700 amenazas colectivas, decenas de violaciones sexuales, reclutamiento de menores y miles de familias forzadas a huir. Nada de esa memoria indica hechos aislados, el genocidio continúa y ahora está dirigido contra el partido político FARC del que han sido asesinados más de 250 militantes y de conjunto como grupo padece asedio, amenaza y sometimiento a condiciones de estigmatización social, incertidumbre jurídica, acoso, acciones todas ellas orientadas a afectar su dignidad y a provocar lesiones mentales y destrucción física total o parcial.

Al exterminio físico también están sometidos los líderes sociales que luchan por un pedazo de tierras y por condiciones de vida digna en sus comunidades.

Durante la última década del siglo XX la violencia en Colombia dejó más muertos que la dictadura chilena de Augusto Pinochet. En efecto, entre 1973 y 1990, los muertos en Chile superaban las 3.000, mientras que en Colombia solo los militantes y dirigentes de la UP entre asesinados, heridos, perseguidos y hostilizados, sobrepasaban las 6.000, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que un fallo de la Sala de Justicia y Paz lo calificó de “genocidio político”.

“Como ha sido debidamente investigado y documentado en todo el mundo, ningún genocidio es posible de cometerse sin la anuencia y la participación directa de los Estados. Esta premisa también se puede comprobar en el caso colombiano, no solo con la denuncia del periodista Alberto Donadío, sino por las múltiples pruebas que han sido presentadas ante órganos de la justicia”, señala en uno de sus apartes la declaración que expidió el pasado 10 de enero el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión Patriótica.