Crisis política ecuatoriana: buscando imponer medidas neoliberales por decreto, el banquero Lasso enjuiciado por corrupción, se va por la puerta de atrás

CRONICÓN.NET /

Ahogado por la profunda crisis que originó su desgobierno, enjuiciado por la Asamblea Nacional (órgano legislativo) por un gran escándalo de corrupción, con una desaprobación popular que supera el 90 por ciento según coinciden varios sondeos de opinión, con una desinstitucionalización del país, aunada a la crítica situación socioeconómica por sus nefastas medidas neoliberales, el cuestionado banquero Guillermo Lasso Mendoza, quien este sábado 20 de mayo iba a ser destituido por el parlamento, no tuvo más alternativa que optar por la figura constitucional denominada “muerte cruzada” que le permite tomar una bocanada de aire para poder salir del Palacio de Carondelet, así sea por la puerta de atrás.

Lasso Mendoza, un personaje siniestro de la obtusa clase plutocrática ecuatoriana se caracterizó durante los dos años de su corrupta gestión por aprovechar el aparato del Estado ecuatoriano para favorecer sus intereses personales, corporativos y el gran capital en detrimento de los derechos sociales de la población. Su palabra está totalmente desvalorizada porque todas las promesas de campaña como los compromisos que contrajo durante su desventurada gestión nunca se cumplieron.

Ante la grave crisis de orden público y la delicada situación social que vive Ecuador, este especulador financiero, propietario del Banco de Guayaquil, salía a hacer anuncios que siempre resultaron ser viles mentiras, hasta que estalló un gran escándalo de corrupción que le permitió a la Asamblea Nacional iniciar un juicio político. Lasso y su séquito de abyectos ante la probabilidad de ser destituido diseñó una estrategia para comprar asambleístas y salir airoso ante esa espada de Damocles que se le convirtió el juicio político. Sin embargo, no lo logró. Apenas pudo comprarse al mal denominado partido Izquierda Democrática, una colectividad política conformada en su gran mayoría por desacreditados negociantes de la política, ideológicamente de derecha, y unos once diputados del indigenista partido Pachakutik. A todos ellos los compró mediante prebendas burocráticas o repartiendo dinero en efectivo (entre uno y tres millones de dólares, según denunció públicamente el asambleísta Luis Almeida del conservador Partido Social Cristiano).

Alcances de la “muerte cruzada”

Acorralado y con una popularidad por los suelos, Lasso Mendoza, quien tenía una casi segura destitución en camino por corrupto, decretó este miércoles 17 de mayo la disolución de la Asamblea Nacional, solicitando simultáneamente a las autoridades electorales el llamado a comicios generales, un mecanismo que está contemplado en la Constitución ecuatoriana denominado “muerte cruzada”  que le permite gobernar seis meses mediante la expedición de decretos, los cuales para su viabilidad deben tener el control y aprobación de la Corte Constitucional.

La “muerte cruzada” es una herramienta establecida en la Constitución de 2008, promovida por el gobierno progresistas de Rafael Correa. Apunta originalmente a la preservación de la institucionalidad cuando el gobierno es asediado por un órgano legislativo dispuesto a utilizar cualquier tipo de recurso con tal de impedir su labor o, directamente, de provocar su crisis terminal.

Esta herramienta opera, por tanto, como el último instrumento al que puede apelar un Presidente en conflicto con la Asamblea Nacional: su aplicación implica, en la práctica, el llamado a elecciones generales en un corto plazo.

La Constitución establece tres causales para que el Ejecutivo declare la “muerte cruzada”, incluidas grave crisis política y conmoción interna, el motivo invocado por Lasso, quien atribuyó este estado a la crisis política generada por el juicio político en su contra. Las otras causales son que la Asamblea Nacional se arrogue funciones que no le competan constitucionalmente, o si, de forma reiterada e injustificada, el Legislativo obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.

Hasta el avance del proceso electoral y la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá expedir decretos-leyes de necesidad y urgencia económica, que deberán tener el dictamen favorable de la Corte Constitucional y podrán ser aprobados o derogados por la nueva legislatura que se posesione hasta el término del periodo.

De esta manera, Lasso da un verdadero manotazo de ahogado para eludir el proceso de juicio político por el delito de peculado en el que se encuentra, como si una disposición presidencial pudiera borrar de un plumazo el hecho concreto por el que la Asamblea se aprestaba a sancionarlo y, finalmente, resolver su poco honrosa salida del poder.

Reforma tributaria

Uno de los primeros decretos emitidos por Lasso Mendoza sustentado en la “muerte cruzada” es el concerniente a viabilizar una reforma tributaria de corte neoliberal que beneficie a los sectores de más altos ingresos. Se trata de la llamada eufemísticamente Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar que contempla un aumento de los gastos deducibles anuales, que podrá ser de hasta 15.294 dólares dependiendo del número de cargas familiares. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en Ecuador existen 341 mil contribuyentes que pagan impuesto a la renta, y con la reforma tributaria se beneficiará directamente el 99.8 por ciento, es decir, a 340.318 contribuyentes, que tendrán, cada uno, un ahorro promedio de 558 dólares en el pago del impuesto.

Además convierte en confidencial la información de pago de impuestos de las grandes fortunas y los oligopolios, lo que era pública y a la que se podía acceder en la plataforma web de la entidad tributaria del Ecuador.

El segundo decreto a emitir será una reforma de flexibilización  laboral, mientras que en el sector energético también se están analizando posibles concesiones a transnacionales.

Ilustración: Vilmatraca.

Endeble legitimidad

Mientras tanto, en los próximos meses y hasta que se defina quién será el próximo mandatario que termine el periodo de este inescrupuloso banquero que llegó al Palacio de Carondelet, el gobierno de Lasso, con una legitimidad cada vez más empobrecida, pero con el estratégico respaldo de las Fuerzas Armadas como de Estados Unidos, intentará cumplir con un programa mínimo para responderles al gran capital y los poderes fácticos que son su principal sostén.

Con una Asamblea disuelta, Lasso apelará con gusto a los decretos presidenciales para imponer su perversa agenda neoliberal, pero claro, en medio de un entorno social y político que, seguramente, será cada vez más hostil a su figura y a su impopular gestión.

Más allá de lo que finalmente ocurra, y de las formas y nuevas delimitaciones que adquieran los distintos partidos en los próximos meses, lo que está claro es que la derecha política con sus políticas neoliberales agotó sus posibilidades de reciclarse en el corto plazo y que, carente de ideas, programa y líderes con amplio respaldo social, sólo apuesta a morderse su propia cola para tratar de convencer a su núcleo duro de votantes de que todavía vive y que, incluso, aspira a mantenerse en el poder.

Ilustración: Pavel Égüez.

Demanda de inconstitucionalidad

El movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa y el conservador Partido Social Cristiano (PSC), los principales promotores del juicio político contra Lasso, rechazaron que exista una grave crisis política e interna y cuestionaron la legitimidad de la movida del desahuciado mandatario, al que acusaron de usar la “muerte cruzada” para evitar una segura destitución. En ese sentido, el PSC ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, que en su momento autorizó que se abriera el juicio político por el delito de peculado pero no por el de concusión, el más mediático al involucrar una supuesta trama de corrupción en empresas públicas en la que aparece seriamente comprometido el empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.

“Autogolpe de Estado”

Leonidas Iza, presidente de la mayor organización indígena del país, la Conaie, calificó la decisión de Lasso como “un autogolpe de Estado encubierto, apoyado por botas y bayonetas”, y anunció la convocatoria a las comunidades y pueblos originarios del país a desarrollar “asambleas territoriales permanentes”. En tanto el Frente Popular, una alianza de organizaciones de trabajadores, docentes, campesinos, estudiantes y mujeres, llamó a defender en la calle “los derechos y libertades que hoy están en juego producto de un dictadorzuelo”.

Por su parte, el expresidente Rafael Correa Delgado, cuyo movimiento era la principal fuerza legislativa con 49 de las 137 bancas, tildó de “ilegal” y de “golpe de Estado” la decisión de Lasso.

“Es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución. En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su gobierno y sus legisladores de alquiler”, expresó Correa, exiliado en Bélgica y el principal líder político en Ecuador.

El análisis del expresidente Correa en Actualidad RT sobre la actual coyuntura ecuatoriana, en el siguiente video: