Contexto sociopolítico de una sociedad fallida ante el magnicidio del mandatario de Haití

El asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse (1968-2021) y su esposa Martine.

CRONICÓN.NET /

Históricamente la sociedad haitiana ha vivido una crisis endémica que acumula frustraciones en un polvorín social que nunca termina de desactivarse y una de sus muchas manifestaciones se vivió en la madrugada de este 7 de julio con el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse.

Dentro de ese contexto de permanente crisis política y social, Haití pese a ser el primer Estado independiente de América Latina y el Caribe, tras librarse en 1804 del colonialismo francés, carece de libertades y en consecuencia de un sistema democrático. No hay república. Ni instituciones, ni parlamento. Es decir, ninguna de las categorías occidentales de democracia liberal. Es una sociedad fallida. Consecuentemente, el país ha sufrido dictaduras y manifestaciones violentas que han dejado miles de haitianos muertos.

Los ciclos de violencia de este país caribeño de algo más de 11 millones de habitantes ha sido la constante, así como la permanente represión de las autoridades y las intervenciones, directas o indirectas de Estados Unidos, como la ocupación con 330 marines en julio de 1915.

El asesinato del presidente Jovenel Moïse, no es más que el resultado de una ola de violencia cíclica que, de manera continuada, ha sucedido en este país caribeño, empobrecido y víctima de saqueos y corrupción.

Moïse acumuló poder y comenzó a gobernar mediante decretos pues, ante los disturbios e inestabilidad política en 2019, el país no pudo elegir a sus representantes legislativos.

Múltiples manifestaciones vienen sucediendo desde 2020, sobre todo, desde los partidos políticos de la oposición y movimientos sociales, exigiendo su renuncia y oponiéndose a su propuesta de Asamblea Constituyente para renovar la Constitución.

En lo que va corrido del presente año la turbulencia política se acentuó en abril tras el cambio del primer ministro, luego de una serie de protestas y revueltas, principalmente en la capital haitiana Puerto Príncipe, en las cuales se exigió la dimisión de Moïse, pues diversos sectores de la oposición se fueron lanza en ristre contra su propuesta de referéndum constitucional, para volver a un sistema netamente presidencialista.

Lo anterior, sumado a crisis en materia de seguridad relacionadas al exponencial crecimiento de bandas criminales, así como a graves violaciones de derechos humanos documentadas por centros internacionales de investigación.

Moïse se aferró al poder a pesar de que su mandato había terminado el 7 de febrero de 2021. Ante su cuestionada decisión de continuar como presidente estallaron masivas protestas y su gobierno fue calificado de dictadura.

La marginalidad en que se vive en Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Un gobierno sin legitimidad

Haití nunca logró recuperarse del terremoto de 2010 que dejó un saldo de más de 300 mil muertos y un país devastado. En 2019 las protestas sociales comenzaron a horadar al gobierno de Moïse, quien acusó a la oposición y a la oligarquía haitiana de estar gestando un golpe de Estado.

“El golpe de Estado no es un hecho puntual sino una secuencia de acciones. Hasta ahora los gobiernos eran títeres de los grupos económicos, pero esto hoy no sucede y nuestras decisiones sientan muy mal a quienes se sienten poderosos e intocables. Un pequeño grupo de oligarcas están detrás del golpe y quiere apoderarse del país”, dijo Moïse en una entrevista que brindó al diario español El País en febrero de este año.

Las protestas contra el gobierno haitiano dejaron muertos en las calles de Puerto Príncipe y una gran cantidad de detenidos que forzaron cambios en el gabinete.

Moïse apuntó contra Joseph Mécène, un juez de 72 años nombrado presidente interino por la oposición, compuesta por familias y empresarios “que controlan los principales recursos del país, que siempre han puesto y quitado presidentes y que utilizan la calle para crear desestabilización”.

Elecciones y reforma constitucional

El 7 de febrero de este año, el Consejo Superior del Poder Judicial dictó una resolución que daba por concluido el mandato de Moïse, quien consideraba que su gestión finalizaba en 2022.

Para septiembre de este año estaban previstas las aplazadas elecciones legislativas, así como la convocatoria de presidenciales, en noviembre, en las que Moïse no podía ser candidato.

El presidente asesinado proponía hacer una reforma constitucional para crear el cargo de vicepresidente y eliminar el de primer ministro, unir Congreso y Senado en una sola cámara y permitir que los haitianos que viven en el exterior puedan elegir y ser elegidos.

“Yo no me beneficio de la nueva constitución sino el pueblo haitiano. Yo no participaré en las elecciones -decía Moïse-. La nueva constitución trata de equilibrar los tres poderes que actualmente acapara el legislativo”.

Sigue la incertidumbre

La muerte de Moïse aboca al país a una etapa de incertidumbre y alimenta la idea de que se está frente a una “Somalia en las Américas”, como han descrito algunos analistas. A la crisis humanitaria provocada por un año de pandemia y huracanes se suma la violencia de las bandas urbanas, que han elevado el nivel de terror por los asaltos y secuestros que asolan el país. Paralelamente, el caos político parece instalarse como única forma de gobierno en la nación más pobre de América y una de las más marginadas del mundo.

Al magnicidio se suma el vacío de poder en que ha quedado sumido el país, ya que ni siquiera hay certeza de quién dirige desde este 7 de julio la nación caribeña. Antes de ser asesinado, Moïse había nombrado un primer ministro que, sin embargo, no había sido ratificado y se desconoce si ejercerá. Su nombramiento abrió también una guerra intestina en el interior de su partido el derechista PHTK, que añade enemigos a la larga lista de quienes lo querían fuera del poder.