Congreso peruano aprueba moción de confianza planteada por gobierno de Martín Vizcarra para realizar reformas a la justicia y al Congreso

AGENCIAS /

Se abre el camino para llevar a cabo mediante consulta popular reformas constitucionales en medio de los escándalos que enlodan la política y la justicia en el Perú.

El parlamento de Perú votó a favor de la moción de confianza solicitada por el  Consejo de Ministros del Gobierno que preside Martín Vizcarra, poniendo así fin a varios días de fuerte tensión política.

El mandatario se vio este miércoles 19 de septiembre en una encrucijada, ante la posibilidad de que le fuese denegada una moción de confianza para hacer reformas constitucionales. De no haberla logrado, su anunciada intención era proceder a la disolución del Congreso.

La coyuntura culminó en el escenario ideal para el mandatario, ya que el legislativo le dio luz verde a la discusión de las reformas, lo que permitirá someterlas a referendo el próximo 9 de diciembre. Su propuesta a ese respecto, introducida hace 40 días, tiene ya un fuerte retraso.

Los resultados de la votación por la cuestión de confianza fueron: 82 a favor; 22 en contra; y 14 abstenciones.

El mandatario había acusado a la mayoría parlamentaria, conformada por la oposición, de postergar la discusión de las normas y negarse “a entender la urgencia de un cambio”. Por esa razón, apostó fuerte por la ‘cuestión de confianza’ para precipitar el debate sobre las reformas, bajo la amenaza velada de la disolución del Congreso. ¿Qué hay detrás de toda la polémica?

¿Qué es una ‘cuestión de confianza’?

El artículo 133 de la Constitución peruana establece que el Presidente puede plantear una ‘cuestión de confianza’ al Congreso. Si la misma le es rehusada, “se produce la crisis total del gabinete” y debe convocarse otro.

Esta es la segunda vez en menos dos años que se propone una moción de confianza al Congreso. La primera fue negada al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien dimitió el pasado mes de marzo a raíz de un escándalo de corrupción. En caso de que se niegue por segunda vez, la Carta Magna faculta al primer mandatario a disolver el poder legislativo y convocar a nuevas elecciones para renovar ese órgano.

¿Cuáles son las reformas?

Vizcarra, quien asumió el poder tras la dimisión de Kuczynski, tiene la urgencia de aprobar reformas para sanear el sistema de justicia, mancillado por audios que involucran a togados del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con actos de corrupción, chantajes y tráfico de influencias.

Asimismo, ha planteado la prohibición de la reelección de parlamentarios, la regulación del financiamiento privado a las campañas políticas y el retorno a un Congreso bicameral, ya que el poder legislativo es unicameral desde 1993, recoge La República.

¿Por qué requiere la aprobación del Congreso?

El presidente peruano requiere la aprobación de la cuestión de confianza, que presupone que sus reformas serán votadas en el parlamento y discutidas hasta el 4 de octubre, fecha límite para que puedan ser llevadas a referendo.

Este 19 de septiembre, el presidente del Consejo de Ministros, Cesar Villanueva, se presentó ante el pleno del Congreso para sustentar el pedido de confianza que permitirá realizar la consulta popular. La discusión puede extenderse hasta en dos sesiones.

¿Qué dice la oposición?

Para Keiko Fujimori, una de las lideresas de la oposición, la maniobra de Vizcarra lo que pretende es un “golpe de Estado” para “debilitar más” las instituciones de Perú.

Desde un mitin en el sur de Perú, mientras se desarrollaba la sesión en el pleno del Congreso, Fujimori tildó de “amenaza” la jugada del presidente. Para la oposición, el objetivo de Vizcarra es hacerse de un piso político que le abra el camino parar aspirar a las presidenciales de 2021; su jefe de gabinete ha negado esa posibilidad.

¿Qué hay en juego?

Vizcarra, quien está al frente de la Presidencia con una escasa popularidad, espera remontar la cuesta de aprobación con las reformas, en medio de los escándalos que enlodan la política y la justicia en su país.

Entretanto, la oposición parlamentaria se juega arriesgar la mayoría que posee, al medirse en la consulta popular que aprobará o denegará las reformas que planteará el Gobierno de Vizcarra.

¿Puede haber reforma parcial?

Luego de que el mandatario anunciara que recurriría a la cuestión de confianza para acelerar el debate de las reformas, postergado por más de 40 días, el Congreso votó de manera unánime y exprés las modificaciones a la ley del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

“Con esa magia de la velocidad y con la voluntad que el Congreso demostró, exhorto a todos los congresistas de este hemiciclo a aprobar con la misma celeridad las otras tres reformas restantes, como la no reelección inmediata, la bicameralidad y la reforma del financiamiento de los partidos políticos”, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Cesar Villanueva.

El jefe de gabinete también ha recalcado que el Gobierno no admitirá “soluciones parciales”, sino que pretende la aprobación de las cuatro reformas como parte de un plan integral, previamente conversado en instancias políticas. “Son cuatro, no uno, dos, tres”, zanjó ante el parlamento.

“Aquí no hay vencedores ni vencidos, hoy solo ha ganado el Perú”

Vizcarra se manifestó poco después de que el Congreso aprobara la cuestión de confianza planteada por su gabinete ministerial.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario manifestó que no hay ganadores luego del debate que se extendió por más de once horas en el que se analizó el instrumento constitucional presentado por el ejecutivo.

“Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú”, sostuvo Vizcarra minutos después de conocerse el resultado de la votación de la cuestión de confianza planteada en el Parlamento.

Tras ello, el jefe del Estado refirió que el pueblo peruano tendrá la oportunidad de expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales “a través del referéndum”.

Vizcarra había anunciado el último fin de semana la presentación de una cuestión de confianza a fin de que se respalde la política general del Gobierno, la misma que concibe la necesidad de impulsar cuatro reformas constitucionales en el ámbito político y judicial con miras a un referéndum en diciembre próximo.