CRONICÓN.NET /
La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) de la que hacen parte reputados economistas de todo el mundo instó el pasado 19 de abril a los líderes del G-20 a buscar mecanismos expeditos que permitan enfrentar la riqueza oculta extraterritorial y el papel tóxico de los paraísos fiscales mediante un plan rápido de acción que podría comenzar implementando un Registro Global de Activos.
La ICRICT que está presidida por el colombiano José Antonio Ocampo y de la que también son integrantes expertos como el estadounidense Joseph Stiglitz, el francés Thomas Piketty, y Gabriel Zucman, director del Observatorio Fiscal de la Unión Europea (UE), dirigió una Carta abierta al G-20 en la que expresa que “los paraísos fiscales dificultan la capacidad de los gobiernos para imponer sanciones, y esta incapacidad dificulta el estado de derecho internacional que permite la coexistencia de nuestros países. En todas partes, las poblaciones están agotadas después de dos años de la pandemia de Covid-19 y sus dramáticas consecuencias económicas y sociales. La invasión rusa de Ucrania ha agravado este ya preocupante contexto, con el alza de los precios de la energía y los alimentos, el retorno de la carrera armamentista y el temor de que la confrontación se torne aún más destructiva”.
Según sus cálculos, el 10% del PIB mundial se esconde en paraísos fiscales, unos ocho billones de dólares, que permiten al 1% más rico de la población, que posee hasta el 40% de la riqueza en algunos países, evadir hasta el 25% del impuesto sobre la renta. Lo consiguen gracias a las sofisticadas estructuras financieras que crean banqueros, contadores, y abogados para ocultar las fortunas que poseen los multimillonarios que, por lo general, buscan evadir impuestos.
El dinero que requieren las naciones para enfrentar la crisis multidimensional que afronta el mundo “está en realidad muy cerca, escondido en los paraísos fiscales y llevamos décadas de retraso en la aplicación de los mecanismos para develarlo”, apunta el pronunciamiento.
Las crisis económicas se suceden sin dar tiempo a que los ciudadanos y las empresas se recuperen: con la gran recesión mundial en los talones y cuando el Covid-19 aún colea, la guerra en Ucrania ha puesto la energía por las nubes y ésta, a su vez, ha desatado la inflación en Occidente. Y, mientras las cuentas de las empresas titubean, el daño en las nóminas y los hogares se multiplica. Los gobiernos deben entonces acudir con todas sus herramientas para sostener el tejido productivo y el bienestar ciudadano. Enseguida saltan las tensiones presupuestarias y se hace urgente y necesario contar con recursos para contener los precios y proporcionar ayudas sociales.
Dentro de este complejo contexto, la ICRICT propone crear un Registro Global de Activos como mecanismo para develar la riqueza oculta que representa billones de dólares, la cual debe servir para financiar el desarrollo sostenible en todo el planeta.
Dicho registro debería vincular todos los tipos de activos, empresas y vehículos legales posibles con sus propietarios efectivos, las personas físicas que realmente los poseen, controlan o se benefician de ellos. Sería una base de datos mundial que centre información exhaustiva que todas las autoridades del mundo podrían consultar para luchar contra la evasión fiscal, la corrupción y la delincuencia internacional.
Para ello, los economistas de esta organización sobre temas fiscales consideran necesaria “una combinación de voluntad política y presión mundial concertada” que debe traducirse, en primer término, en la convocatoria de una cumbre internacional urgente con el propósito de concretar las acciones conducentes a partir de un acuerdo global.
Dicho registro mundial, explican “no es un paso inmediato”, sino el fin de un proceso “muy gradual” que empieza por la constitución de registros nacionales de propietarios reales, su extensión a todo tipo de activos y, finalmente, su interconexión hasta crear una base de datos europea o latinoamericana., por ejemplo, según explica José Antonio Ocampo, exministro de Finanzas de Colombia y presidente de la ICRICT. Además, sostiene que no haría falta que una institución internacional se encargara de gestionar el registro mundial, aunque sí precisaría un “acuerdo global” para ponerlo en marcha.
Esa base de datos mundial tendría que incluir todos los activos relevantes y las estructuras creadas para poseerlos: no sólo los inmuebles y las cuentas bancarias o cajas de seguridad, sino también los fideicomisos y holdings, al igual que las criptomonedas e incluso las colecciones de arte, joyas, yates, aviones y otros artículos de lujo. Además, el registro tendría que ser público, con un formato de datos en abierto y accesible tanto para las instituciones gubernamentales como para cualquier ciudadano.
De esta manera, los gobiernos contarían con una herramienta expedita para combatir no solamente la evasión fiscal sino también el blanqueo de dinero.
El director del Observatorio Fiscal de la UE, Gabriel Zucman, considera que un registro mundial como el que se propone no constituye una idea “revolucionaria”. “Los registros de la propiedad y mercantiles llevan siglos funcionando; en Francia, el primero se creó en 1791. ¿Por qué, si tenemos desde hace siglos registros para inmuebles y tierras, tiene que ser diferente para los activos financieros?”, se pregunta. Según aclara, no hace falta “reiventar la rueda”, basta con modernizar y “actualizar a la realidad de la riqueza del siglo XXII” los registros que ya existen.
Aun así, los promotores del registro mundial son conscientes de los “enormes” obstáculos políticos a los que se enfrenta su iniciativa, pero también creen que ahora la disposición de los gobiernos puede ser, explica Jayati Ghosh, profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts y asesora de la ONU, una vez que éstos han tomado conciencia de la dificultad para encontrar los bienes de los potentados que con sus fortunas escondidas en guaridas fiscales atentan contra la sostenibilidad socioeconómica mundial.
“El rastreo de esta riqueza es una medida urgente para proteger las democracias”, apremia la Comisión, que apunta, por tanto, más allá de la economía y sus crisis. A su juicio, un registro mundial que permita luchar contra la pérdida de recursos fiscales y la impunidad de “cleptócratas y organizaciones criminales” es un instrumento básico para “reforzar el contrato social” y legitimar las instituciones democráticas.
