Chile no deja la senda neoliberal: Senado aprueba el polémico acuerdo comercial TPP-11 que atenta contra la soberanía económica

CRONICÓN.NET /

Reafirmando su vocación neoliberal en cuanto a la consolidación del mal denominado “libre comercio”, Chile continúa por la senda de reafirmar y ampliar sus alcances. Por tal razón el Senado chileno aprobó este martes 11 de octubre el cuestionado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TPP-11), después de cuatro años de trámite.

El proyecto que ratifica la incorporación del país al acuerdo comercial con la región de Asia-Pacífico recibió 27 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención.

El documento pasará ahora a la Cámara de Diputados para que ésta le comunique al Ejecutivo la aprobación del Congreso Nacional. Así, quedó en condiciones de ser promulgado por el presidente Gabriel Boric.

En la previa del tratamiento en el Senado, decenas de manifestantes se agruparon en las inmediaciones del Congreso, en Valparaíso, para exigirle al mandatario Boric que retire el proyecto del TPP-11, decisión que está contemplada en el reglamento pero cuyo pedido el mandatario desoyó.

El TPP-11 es un acuerdo de libre comercio plurilateral en la región de Asia Pacífico, y que en principio abarcaría a 11 países: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

Este mecanismo de tratativa económica plurilateral es impulsado esencialmente por grandes corporaciones internacionales, secundadas por los gobiernos que lo suscriben, sumado a grandes empresas multinacionales como Bayer-Monsanto, Forestal Arauco, etc.

En sus disposiciones, el TPP contiene varios aspectos políticos que lo vuelven no solo un convenio comercial. Si bien el TPP-11 abre las aduanas de los otros 10 países que lo integran a 3011 productos chilenos, así también las compuestas de la nación suramericana debe dar apertura a productos extranjeros, disminuyendo los aranceles aduaneros que pueden llegar a cero.

Según detalla en su portal oficial la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, entre los objetivos del acuerdo están “promover la integración económica, establecer marcos legales predecibles para el comercio, facilitar el comercio regional, promover el crecimiento sostenible”, entre otros.

Sin embargo, el proyecto es ampliamente rechazado por organizaciones sociales porque consideran que atenta contra la soberanía económica y productiva del país. Para los sectores de izquierda, este tratado pone en jaque la soberanía de Chile en temas como el agua, las semillas y los derechos laborales.

Pronunciamiento de la CUT

La Central Única de Trabajadores (CUT) de Chile emitió el pasado 11 de octubre un comunicado en el que advierte que con la aprobación de dicho tratado se corre riesgo de perder derechos fundamentales como “el contrato de trabajo, las indemnizaciones, el salario mínimo, vacaciones, pre y pos natal, Ley de amamantamiento, jornada de 40 horas y jubilación, entre otros”.

En principio, el tratado se había suscrito en febrero de 2016 y contaba con la presencia de EE.UU., pero este país se retiró del acuerdo con la llegada de Donald Trump al poder en enero de 2017; por lo que luego se firmó el TPP-11 actual el 8 de marzo de 2018 en Santiago, Chile, en el final de la Presidencia de Michelle Bachelet.

El 17 de abril de 2019 la Cámara de Diputados aprobó el TPP-11, por 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones. El parlamento del país suramericano se aprestaba para su votación final en el Senado justo antes del estallido social de octubre de ese mismo año. Entre el rechazo que generaba el plan en las calles y la pandemia de Covid-19, la votación se fue aplazando y Chile nunca lo ratificó hasta ahora.

El acuerdo entró en vigencia el 30 de diciembre de 2018 en Australia, Canadá, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur, seis de los 11 integrantes que sí lo refrendaron en sus respectivos parlamentos.

A estos se sumaron luego Vietnam, desde el 14 de enero de 2019, y Perú, cuyo Congreso lo avaló el 19 de septiembre de 2021.

¡No al TPP-11! La batalla de Chile por su soberanía

Al aprobarse este nuevo instrumento de libre comercio Chile consolida su modelo neoliberal puesto en marcha desde la sanguinaria dictadura de Augusto Pinochet sin que los gobiernos democráticos hayan intentado alterar.

Los sectores populares que en Chile adversan este tratado sostienen que es inadmisible que el país en adelante tenga que someterse a tribunales ad hoc para dirimir sus conflictos comerciales, los cuales son dominados por las grandes corporaciones que serán las que convoquen su conformación según intereses y requerimientos.

La aprobación del TPP-11, afirman entre tanto sus partidarios, está enfocada en promover la inversión extranjera en el país, pero como ya se sabe, esto no significa en ningún caso la solución a la crisis económica, puesto que solo vuelve un inventivo para hacer jugosos negocios con los recursos naturales de las naciones denominados en “vías de desarrollo”, como Chile.

La experiencia reciente de los países que ya han ratificado el TPP-11 y comenzado a funcionar, ha demostrado el carácter de este tratado y de sus tribunales pro-empresariales, que no es más que un seguro a las grandes corporaciones sobre sus ganancias y mercados, atando a los países a sus formas de economía actuales, dominados por los oligopolios y a la media de los poderes económicos que ahí actúan.

Según análisis recientes para el año 2020, solo un 27,5% de las interpretaciones jurídicas de estos tribunales son favorables a los Estados, indicando un sesgo pro-empresarial.

Razones para oponerse al TPP-11

Según la red de organizaciones sociales Chile mejor sin TLC, las razones para oponerse al TPP-11 son:

• El TPP-11 es un cheque en blanco que determinará muchos aspectos de la vida y convivencia en nuestro país por plazos que no tienen fecha de término. El tratado se deberá renegociar periódicamente con el fin, explícito de dar más garantías a las empresas extranjeras. Esto permitirá que Chile sea permanentemente presionado a otorgar nuevas concesiones a la inversión extranjera. Es a este carácter expansivo permanente que se refiere el nombre del tratado al incluir el adjetivo de “progresista”, no a supuestos objetivos de progreso social.

 

• Chile será presionado para cambiar su legislación, sus reglamentaciones e incluso sus políticas públicas, o aprobar determinadas leyes y regulaciones, con el fin de entregar mayores garantías al capital extranjero. Si se resiste podrá ser demandado por los otros países o por las empresas de los otros países en tribunales internacionales y privados. Es una pérdida inaceptable de la soberanía nacional.

 

• Chile deberá consultar todo proyecto legislativo, reglamentario o de políticas públicas con gobiernos y empresas extranjeras y tomar en cuenta sus observaciones.

 

• El TPP-11 afecta los derechos de los pueblos indígenas, ya que la mayor parte de los mega proyectos de inversión se realiza en sus territorios. El Estado de Chile debe realizar la consulta basada en la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 169 y el derecho propio de pueblos indígenas, entre otros; todo ello implica una participación efectiva y acuerdos vinculantes.

 

• Las farmacéuticas prolongarán sus períodos de monopolio y los altos precios sobre medicamentos, porque Chile no podrá otorgar registros sanitarios a medicamentos genéricos si hay cualquier litigio sobre las patentes relacionadas con un medicamento. Las farmacéuticas podrán así iniciar litigios para impedir las autorizaciones de genéricos.

 

• El TPP-11 impone una versión mucho más dura de la Ley de Obtentores (Ley UPOV o Ley Monsanto) que eliminará derechos fundamentales de las y los campesinos y deja abierta la puerta a la privatización de variedades campesinas.

 

Algunas de las disposiciones que las empresas semilleras buscan imponer son:

– Hacer posible la privatización de las semillas campesinas, ya que la propiedad de una variedad se extiende a cualquier otra que “no se distinga claramente de ella”.

– Restringir severamente el uso por parte del campesinado y pequeños productores de variedades privatizadas, ya que los obliga a comprar semilla al menos año por medio y en muchos cultivos, como las hortalizas y flores, deberán comprar todos los años.

– Penas de cárcel de hasta 3 años en caso de infracción.

 

• El TPP-11 hará difícil o imposible que Chile mantenga la prohibición de cultivos transgénicos para el consumo (hoy solo se multiplican semillas para exportar). Quedaremos expuestos a los peligros no solo de los cultivos transgénicos, sino a la inmensa carga de plaguicidas que se usan en ellos, incluidos plaguicidas cancerígenos como el glifosato. También quedaremos expuestos a la introducción de especies marinas transgénicas y animales transgénicos.

 

• Hará más difícil regular el uso de plaguicidas en Chile al incorporar, como única causal de regulación, la información basada en “ciencia” descartando el principio de precaución aceptado en la Unión Europea, socio comercial de Chile, e invocado en tratados firmados por nuestro país.

 

• El TPP-11 restringe severamente la capacidad del país para proteger o fortalecer sus empresas estatales si ello afecta los intereses de las empresas estatales o privadas de otro país miembro. Las excepciones ingresadas por Chile son marginales.

 

• El TPP-11 restringe severamente los derechos laborales a los mínimos identificados por la declaración de la OIT en 1998, dejando fuera derechos fundamentales como la huelga, la jubilación, el descanso, las vacaciones pagadas y otros. Chile será presionado para que los elimine de su legislación y así lograr una mano de obra más barata; también podrá ser demandado por las empresas extranjeras si mantiene estos derechos y las empresas consideran que eso afecta sus ganancias.

• Las grandes reformas que deseamos en Chile (educación, salud, jubilación, agua, pesca, etc.), serán obstaculizadas fuertemente utilizando el argumento de considerarlas expropiatorias. Todas las grandes reformas requieren cambios de regulación o de régimen de propiedad que afectarían a empresas extranjeras. Nuestro país debiera decidir democrática y soberanamente frente a ello, pero el CPTPP lo impediría al profundizar las garantías y poderes otorgados a las empresas extranjeras que inviertan, se instalen o comercien con Chile. Especialmente, pero no de manera exclusiva, el Capítulo 9 entrega poderes unilaterales a las empresas extranjeras para impedir cualquier proceso de cambio legislativo o reglamentario que ellas consideren que afecta sus ganancias, o sea, “expropiatorio”. Las garantías entregadas por los TLC ya en vigencia han permitido que, sobre la base de decisiones legislativas o de políticas públicas adoptadas en pandemia, haya desde ya varias transnacionales (entre otros, Ohio National Insurance, por retiro de rentas vitalicias; Met Life, por la misma razón; Groupe Aeropuerto de Paris y Vinci Airports, por normas en Aeropuerto de Pudhauel) que han demandado o anunciado demandas contra el Estado de Chile en el CIADI. Al tener un carácter expansivo y de profundización el TPP-11 otorga mayores oportunidades y fuerza legal al poder de las transnacionales para bloquear cualquier cambio legislativo o constitucional que responda las demandas de cambios sociales.

 

• La legislación sobre propiedad intelectual deberá eliminar el derecho a permanecer callado en procedimientos civiles.

 

• El TPP no reconoce el rango constitucional que Chile otorga a los tratados de derechos humanos, ni reconoce de manera automática otros compromisos internacionales adquiridos por Chile, incluso los que tienen rango constitucional. Todos estos compromisos pueden ser cuestionados y Chile puede ser demandado si persiste en respetarlos.

• Los estudios realizados sobre el impacto del TPP-11 proyectan que los beneficios económicos que traería el TPP serían marginales a nulos, incluso en estudio solicitado por la DIRECON/SUBREI. Ninguna de las aseveraciones hechas sobre mejoras en la economía del país y bienestar de los trabajadores ha sido respaldada por estudios serios e independientes.

 

• El grueso de las nuevas exportaciones prometidas por el TPP-11 corresponden a agro-exportaciones. El gobierno ultraconservador de Sebastián Piñera presentó esto como la creación de «nuevos y mejores empleos». Sin embargo, de acuerdo a cifras oficiales, las exportaciones no han creado ni nuevos ni buenos empleos y han creado problemas ambientales y de salud graves. Las promesas que se hacen sobre nuevos y mejores empleos producto de este tratado no tienen base alguna en el comportamiento real de la economía chilena. El llamado milagro agroexportador chileno desde 1986 se ha caracterizado por un crecimiento espectacular de las exportaciones (casi 8 veces entre 1986 y 2018) y simultáneamente por el estancamiento de la mano de obra agrícola en cifras que oscilan entre 650.000 en invierno y 850.000 trabajadores en el período diciembre -marzo. Al inicio del “milagro agroexportador” la agricultura entregaba cerca del 20% de los empleos a nivel nacional; actualmente entrega menos del 10%. El trabajo que entrega la agricultura de exportación es además de muy mala calidad. De acuerdo a ODEPA, en la actividad frutícola (principal empleador y exportador agrícola) solo el 6,4% de las trabajadoras y el 28% de los trabajadores tiene contrato permanente. De acuerdo al informe de la Biblioteca del Congreso, 51,5% de los hombres y 78,5% de las mujeres empleados por la agricultura tienen contrato por 3 meses o menos; y un 30,2% de los empleos (29,2% para hombres y 33,2% para mujeres) no tienen acceso a un contrato de trabajo escrito. Se añade a esto que la actividad agropecuaria es la que paga los peores salarios. Aunque la brecha salarial con otras ramas de la producción se ha reducido, ODEPA indica que “En 2015, el salario promedio de los ocupados de la economía es 1,58 veces más alto que el del sector agrícola. En ciertas actividades económicas, como es la minería, sus ocupados obtienen tres veces más ingresos que los de este sector».

 

• Se argumenta que en el TPP-11 se han eliminado los puntos más peligrosos para Chile y su ciudadanía. Eso es falso. El tratado expresamente declara que están vigentes los 30 capítulos; éstos no se cambiaron, sino que solo se suspendieron 20 disposiciones extremadamente dañinas. Estas disposiciones pueden ser reactivadas mediante las futuras rondas de renegociación, y especialmente si Estados Unidos vuelve al tratado. El anunciado ingreso de China y Gran Bretaña puede significar nuevas disposiciones lesivas a la soberanía nacional. El artículo 1 del TPP-11 establece que las disposiciones del Tratado de Asociación Transpacífico, firmado en Auckland el 4 de febrero de 2016 (“el TPP”) se incorporan, por referencia, y forman parte de este Tratado. El artículo 2 del TPP-11 detalla las 20 suspensiones que se aplican, pero que rigen sólo “hasta que las Partes acuerden poner término a la suspensión de una o más de estas disposiciones”. Luego agrega en una nota al pie “para mayor certeza, cualquier acuerdo de las partes para poner término a una suspensión sólo aplicará a una parte una vez concluidos los procedimientos legales aplicables de esa parte.” Por lo tanto, es una falsedad decir que en el TPP11 se han eliminado los puntos más peligrosos para la ciudadanía. Los 30 capítulos (653 páginas) no se cambiaron sino solo se suspendieron 20 disposiciones relativas a la propiedad intelectual de medicamentos biológicos y al uso y acceso a internet, pero se mantienen otros artículos que van en un sentido similar. Además, las negociaciones dejaron claro que para Estados Unidos las disposiciones suspendidas son irrenunciables.

• El extractivismo promovido por el TPP-11 es un factor acelerante del calentamiento global. Se calcula que en el mundo el sistema alimentario agroindustrial es responsable de entre 44% al 57 % de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI), entre otros, por la deforestación, los cultivos convencionales, los desperdicios, la refrigeración, procesamiento y transporte, especialmente el transporte ligado a la agroexportación. En Chile, las forestales son por otra parte responsables de la proliferación de territorios en sacrificio y sequía. En el Acuerdo de París, Chile se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 y su huella de carbono. Los nuevos proyectos mineros, los de la industria cárnica y el agronegocio, incentivados por sustantivas garantías a la inversión, así como los proyectos del sector de la energía orientados, entre otros, al negocio del Hidrógeno Verde, alto en emisiones y uso de agua, van en sentido contrario a los compromisos citados, amenazando el presente y el futuro de los habitantes del país. El Senado de Chile, mediante un proyecto de acuerdo ha expresado también su voluntad de declarar al país en Emergencia Climática y Ecológica. La Universidad de Chile, la U. Católica, la UFRO y la U de Magallanes ya lo han hecho, al igual que dos regiones del país. Por su parte, Nueva Zelanda, Japón y Canadá se han declarado en Emergencia Climática y Ecológica. Estos socios del TPP posiblemente podrán disminuir internamente su huella de carbono, pero su mejora en perspectivas de futuro, se hará a costa de nuevas externalidades negativas en Chile, derivadas del alto requerimiento de agua y el uso intensivo de plaguicidas peligrosos, entre otros requerimientos de esos negocios. La crisis ecológica encuentra a los pueblos que habitan Chile en alto riesgo y cumpliendo con 7 de los 9 factores de vulnerabilidad frente al Cambio Climático Antropogénico definidos por la ONU. Tenemos áreas costeras de baja altitud; zonas áridas y semiáridas; zonas de bosque; territorio susceptible a desastres naturales; áreas propensas a sequías y desertificación; zonas urbanas con contaminación atmosférica; y ecosistemas montañosos. La temperatura del país aumenta a un promedio de 0,23°C por década; las lluvias disminuyen 4 milímetros al año, y el desierto avanza hacia el sur en 0,5 km al año. El 87% de los glaciares del país han experimentado disminuciones de masa o volumen; mientras que el 70% de los embalses presentan déficit. Según la Dirección General de Aguas (DGA), 168 comunas han sido declaradas en escasez hídrica, lo que afecta a 1.296.166 personas, más de un 7% de la población y abarca un 24,4% del territorio plurinacional.

 

• Las cifras oficiales, las del Banco Mundial y del Consejo de Competencias Mineras indican que si bien los TLC pudieron haber activado la economía chilena hasta alrededor de 2010-2011, posteriormente han tenido un efecto negativo que se ha traducido en un proceso significativo de empobrecimiento del país en la última década.

Las razones principales que se han dado para aprobar el TPP-11 y otros tratados comerciales han sido mejorar la balanza comercial, mejorar el empleo, aumentar el PIB. Las cifras entregadas periódicamente por el Banco Central y otras entidades públicas (por ejemplo, INE) indican que estos objetivos podrían haberse alcanzado los primeros años luego de la firma de tratados de libre comercio, pero que en el mediano y más largo plazo la situación se ha revertido y los impactos han sido nulos o negativos. Lo más significativo, sin embargo, es que los análisis presentados para apoyar el TPP-11 y otros TLC no han tomado en cuenta la evolución de la cuenta corriente y balanza de pagos, que es un mucho mejor indicador de la evolución de la economía y riqueza del país que el PIB o la balanza comercial.

La balanza comercial evolucionó positivamente hasta el año 2010 y comenzó un descenso el año 2011 que ha tendido a profundizarse en los años siguientes. La balanza comercial de los últimos años ha sido similar o inferior a la del año 2003, antes de que pudiéramos sentir el pleno impacto de los TLCs, y ha sido negativa en 4 de los últimos 10 años. La recuperación de la balanza comercial el año 2020 no se considera indicativa, porque es producto de una drástica reducción de las importaciones de bienes y servicios debido a la pandemia de COVID 19.

La evolución del empleo ligado al comercio exterior tampoco ha mostrado una evolución positiva. Las principales áreas de exportación son la minería y la agricultura. En el punto 15 explicamos cómo el empleo agrícola está estancado desde la década de 1980. En relación a la minería, las cifras del Consejo de Competencias Mineras y de la Comisión Chilena del Cobre indican que el empleo minero creció hasta 2013, superando los 200.000 trabajadores. Posteriormente ha ido descendiendo, alcanzando aproximadamente 140.000 en 2019. Es importante indicar que la cantidad de trabajadores directamente contratados se ha estancado por debajo de los 50.000 trabajadores. El crecimiento de la fuerza laboral del cobre se produjo a través de la cantidad de trabajadores subcontratados, por lo que la calidad del empleo entregado por la minería, al igual que el de la agricultura, se ha deteriorado significativamente, quitando así toda base a que los TLC crean «nuevos y mejores empleos».

En relación al PIB, las cifras entregadas por el Banco Mundial indican que la tasa de crecimiento del PIB del país ha disminuido significativamente a partir del año 2010, promediando menos del 1% en los 6 años previos al 2020, año en que hubo una disminución del PIB de más del 6%, pero que excluimos del análisis por el impacto de la pandemia en la economía.

Los análisis que buscan respaldar los TLC no han considerado la evolución de la cuenta corriente, que es un indicador mucho más confiable de la evolución de la economía y especialmente de la riqueza que permanece en el país. La cuenta corriente es la suma de todo lo que entra al país (principalmente inversión extranjera, ingresos por exportaciones, ganancias en el extranjero de los capitales chilenos) menos todo lo que sale del país (principalmente costo de las importaciones, ganancias devengadas y exportadas por las empresas extranjeras, salida de capitales para la inversión de empresas chilenas en el exterior).

De acuerdo a cifras del Banco Central de Chile, la evolución de la cuenta corriente muestra que esta ha sido negativa desde el año 2011 y que entre 2011 y 2019, Chile ha exportado más de 76.000 millones de dólares por sobre lo que ha entrado al país. Es decir, entre 2011 y 2019 Chile se hizo 76.000 millones de dólares más pobre. De acuerdo al mismo Banco Central, la razón determinante del déficit de cuenta corriente es la exportación de ganancias por parte de las empresas extranjeras. Esta salida de capitales ha sido tan significativa, que si se toma el período 2003 – 2019, podemos ver que Chile ha devuelto toda la inversión extranjera y ha entregado a las empresas extranjeras, hasta el momento, al menos 20.000 millones de dólares adicionales. Destacamos también que la exportación de ganancias ha sido superior al crecimiento del PIB.