Biden y Duque desatan nuevamente guerra de las drogas con glifosato en Colombia

POR NEPOMUCENO MARÍN /

Un dato y un hecho de no poca importancia, para quienes vendieron el cuento del lado progresista del gobierno de Joe Biden con respaldo del senador de tesitura  izquierdista, Bernie Sanders, constituye el aval del gobierno estadounidense para dar un paso trascendental y trágico en la nueva versión de la guerra contra las drogas en el paradigma de la guerra contrainsurgente del Pentágono, con la expedición en Colombia del Decreto presidencial 380 firmado por Iván Duque que reglamenta y da luz verde a las aspersiones y fumigación de los cultivos de coca, amapola y marihuana con el glifosato, sustancia química y venenosa que trae graves daños a la salud de las comunidades (produce cáncer), a los recursos ambientales (envenena aguas y humedales), a la seguridad de las regiones y a la credibilidad de las instituciones públicas.

Se trata del puntillazo definitivo a fallidos Acuerdos de Paz suscritos en 2016 por el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC que  la ultraderecha colombiana representada en el uribismo se propuso hacer trizas durante la actual administración de tinte fascista, presidida por Duque.

Las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia fueron suspendidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) desde el 2015 a raíz de un concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el que certificó el efecto cancerígeno de tal veneno químico utilizado en la agricultura y prohibido por muchos estados en el mundo.

La aspersión de la coca, la marihuana y la amapola cobro auge desde los dos gobiernos del cuestionado exmandatario Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) que aplicó sin cambiar una coma la estrategia antiterrorista de la administración Bush II; plan que sostuvo Santos, el cantinflesco Nobel de la Paz, principal artífice de la manipulación política a la entonces insurgencia de las Farc que terminó negociando y renegando de la resistencia agraria.

Una sentencia, la 236 del 2017 de la Corte Constitucional, aceptó una acción de tutela del Personero del municipio de Novita (departamento del Chocó) para que se amparara el derecho a la consulta previa a las comunidades indígenas y afros en los territorios afectados por las aspersiones con glifosato. En tal pronunciamiento el máximo órgano judicial fijo un conjunto de requisitos sociales, ambientales y de salud, a ser tenidos en cuenta al momento de reiniciar las fumigaciones. Tal pronunciamiento fue objeto de un auto de la misma Corte como garantía para los territorios y sus comunidades, particularmente las de los resguardos indígenas, campesinas y consejos comunitarios de los afros.

El Decreto 380 citado, en apariencia se sustenta en los argumentos de la Corte Constitucional para reglamentar las aspersiones, las que muy seguramente se iniciaran desde mediados de mayo; allí se fijan los criterios ambientales y de salud para que la Policía antinarcóticos adelante el plan de fumigaciones en los polígonos escogidos, al igual se reglamenta el proceso de reclamos, que es más reactivo que preventivo, porque solo se tramitarán una vez consumados los daños de la tropilla de avionetas financiadas por Washington, actualmente localizadas en el aeropuerto de San José del Guaviare, la ciudad ocupada por la Fudra Omega,  un destacamento militar contraguerrilla que ejerce el poder de facto en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá, escenario de una potente resistencia agraria que intentan destruir con bombardeos a niños y menores; y con las cortinas de humo de una red mediática mercenaria pagada para ignorar la acción campesina y de los colonos liderados por las disidencias de las FARC-EP.

Varios expertos colombianos (María Alejandra Vélez, Isabel Pereira, Camilo González, Felipe Tascón, Jhenifer Mojica) han hecho ver las falacias y trampas de la estrategia de Biden/Duque en su nueva/vieja guerra contra la coca. Vélez resalta la ausencia de estudios consistentes en materia de costos beneficios; Pereira llama la atención de cómo el articulado omite los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y afros, para que no sean asperjadas, también las omisiones ambientales y los daños en materia de violencia y legitimidad del Estado; otros hacen ver las externalidades negativas en materia ambiental, pues las fumigaciones empujan a los campesinos a la tala de bosques para ampliar la frontera agrícola y realizar la resiembra de coca.

No obstante, todas estas críticas, el gobierno de Duque está decidido a imponer su plan de envenenamiento en la guerra contra los cultivadores de coca que traerá más sangre y asesinatos de líderes sociales. Para los temas de salud contrataron un estudio sobre los impactos cancerígenos en esta área a una oscura Universidad (la de Córdoba) controlada por los paramilitares uribistas de Montería, que le sirve de soporte al concepto del Instituto Nacional de Salud, favorable a las fumigaciones; y la Agencia Nacional Ambiental, haciendo miles de peripecias jurídicas y jugadas legalistas, acaba de emitir la Resolución 00694  para dar el visto bueno al decreto 380  con el fin de que se eche a rodar el envenamiento ambiental, humano y político de la potencia imperialista y su marioneta bogotana.

Por supuesto que el rechazo y resistencia a este nefasto plan que entrará a ejecutar la Policía Antinarcóticos se hará presente en los siguientes días con acciones que ya se están manifestando en el Putumayo, Cauca, Córdoba, Guaviare, Meta y el Catatumbo.

El movimiento cocalero es una subjetividad con una larga experiencia de lucha contra la guerra a las drogas y con diversas expresiones organizativas (Coccam, Recotuma, Recometa, Recoguaviare, Recocaquetá) que han protagonizado históricas jornadas como las marchas cocaleras de 1996, las huelgas de masas del 2013 (negociadas turbiamente por la familia Quintero de Tibú que manipula Ascamcat y se enriquece con la sustitución voluntaria) y las movilizaciones de Tumaco y Cauca en 2017.

Algunos medios y portales financiados por la CIA y el Servicio de inteligencia alemán (La Silla Vacía / Konrad Adenauer), jugando con la estrategia de Biden/Duque, están intentando bloquear la movilización cocalera en marcha con análisis sesgados para sugerir la impotencia de las comunidades y hasta su resignación con el plan de fumigaciones. Perspectiva que obviamente no corresponde a la realidad del proceso de organización y movilización de los cocaleros que ya está en marcha con nuevos liderazgos, distintos a los que tiene instalados el viejo aparataje de organizaciones desuetas y corruptas del sector agrario en manos de conocidos traficantes de las luchas populares.

Supuestamente en Colombia hay cultivadas desde el 2016, 230 mil hectáreas de coca, de las cuales según el gobierno ya se eliminaron 130 mil entre el 2019 y el 2020.

En principio se ha previsto asperjar en los meses que restan del 2021, 30 mil hectáreas en los polígonos establecidos para el Catatumbo, sur de Córdoba, Cauca, Putumayo y Tumaco, donde la Policía Antinarcóticos ya adelanta los preparativos correspondientes con avionetas, helicópteros, el Esmad, judicialización de líderes y acciones contraguerrilla para enfrentar la resistencia armada de los sectores de las FARC que no se desmovilizaron y continúan con su acción insurgente.