LA ENCRUCIJADA HUMANITARIA
SALIDAS PARA EL INTERCAMBIO


Por Ernesto Samper Pizano

La muerte del ex presidente Alfonso López Michelsen ha vuelto a situar el tema del acuerdo humanitario en el primer plano de la política nacional. No se trata de un simple homenaje a quien luchó por él con denuedo hasta convertirlo en su testamento político.
El problema del intercambio ha puesto la política de seguridad democrática del presidente Uribe ante una gran encrucijada. Los éxitos del Gobierno en materia de presencia militar y reducción de la violencia armada a través de la desmovilización de los paramilitares y el avance de las conversaciones con el Eln en Cuba enfrentan al Presidente a la disyuntiva de profundizar su estrategia militar o buscar, a partir de estos mismos resultados, una salida política del conflicto. Si lo primero, habrá más seguridad, pero, probablemente, menos democracia; si lo segundo, se sacrificará algo de la seguridad por una paz que, por supuesto, en ningún caso será inmediata. Aquí lo que está en juego no es el intercambio humanitario de los secuestrados por guerrilleros presos, sino para dónde va la guerra.

Si la opción es que haya más guerra, la insistencia del Gobierno en no hacer el despeje y exigir a los eventuales guerrilleros beneficiarios del intercambio que no regresen al monte tiene su lógica. Si se trata es de capitalizar los avances en materia de seguridad a favor de una salida de reconciliación política, el acuerdo humanitario, con desmilitarización incluida y sin condiciones, sería la mejor puerta de entrada para la paz, aunque no su reemplazo.

En este contexto, la importancia del despeje no tiene nada que ver con el intercambio humanitario, sino con el pulso político que libran el Gobierno y las Farc para legitimar sus estrategias en medio del enfrentamiento bélico. Fue lo que quiso decir el ex presidente López cuando mencionó que el problema del acuerdo humanitario es que "el Gobierno no está buscando una solución, sino una victoria"; y las Farc también, agregaría yo con todo respeto. Para el presidente Uribe, el no al despeje es importante, sobre todo porque las Farc lo piden; para las Farc lo es porque el Gobierno no quiere concederlo. ¿Cómo superar esta encrucijada? Colocando cada cosa en su sitio.

Si las Farc quisieran, podrían aceptar cualquier otro escenario de negociación distinto al de Pradera y Florida, en el departamento del Valle, inclusive obteniendo mayores garantías para la integridad física de sus negociadores, que es lo que, según dicen, los mueve a pedir el despeje.

El problema de la desmilitarización de estos municipios no tiene nada que ver, como argumenta el Gobierno, con que durante los pocos días previstos para hacerlo las Farc vayan a 'tomarse' los cientos de kilómetros de la región desmilitarizada, establecer centros de distribución de drogas y abrir nuevas trincheras, como hicieron durante cuatro años en los cuarenta mil kilómetros del Caguán, donde no hubo -como ha señalado el presidente Uribe- ley, autoridad, plazos ni agendas.

Si el Gobierno entiende que el intercambio legitima y no desacredita su política de seguridad democrática; si no confunde humanidad con debilidad, y firmeza con dureza, y si las Farc asimilan el mensaje contundente que les envió la opinión nacional e internacional a raíz del asesinato de los diputados del Valle, habría una luz en el túnel oscuro de la tragedia humanitaria que atravesamos.

Si el presidente Uribe está interesado -como lo creo yo- en regresar a la libertad a los secuestrados, debería decretar el despeje con un plazo inmodificable y una agenda concreta. Estoy seguro de que la opinión y la sociedad civil lo acompañarían con entusiasmo en este empeño. Si su decisión es no hacerlo, deberíamos pensar en regresar a la propuesta de los países facilitadores, al terminar el año 2005, de crear, en la misma zona de Pradera y Florida, una zona de encuentro, definida por expertos militares y avalada por observadores internacionales, para la negociación del acuerdo. Solo así se podría superar esta encrucijada humanitaria en que estamos, en que el Gobierno quiere el acuerdo humanitario sin que haya acuerdo, y las Farc, que les apliquen las normas del derecho internacional humanitario, que violan de manera sistemática y permanente como sucedió con los diputados del Valle del Cauca, asesinados miserablemente.