En un país en el que poco se
discute sobre la educación básica, media y superior,
todavía menos se analiza la profesional y técnica, no
formal, que es la que le corresponde impartir, por ejemplo, al Sena
(Servicio Nacional de Aprendizaje), institución que fue un
acierto crear en 1957. Y que se creó, en parte fundamental,
con los aportes de los trabajadores, que renunciaron a una porción
del subsidio familiar que ganaban con tal de tener una instrucción
especial para ellos, gratuita y prestada por el Estado.
Y esa educación, de naturaleza diferente a la superior, lo
que no la hace "más mala" sino distinta, porque cumple
con otras funciones pero que también son fundamentales para
la sociedad, debe tener entre sus pilares la práctica y la
alta calidad. Sin ella se entraban el desarrollo industrial y agropecuario,
el comercio y los servicios, y es de gran importancia personal para
los millones que, casi siempre por pobres, no poseen título
de bachilleres.
Como era obvio, de la arremetida neoliberal no se escapó el
Sena, de acuerdo con lo planteado por el Banco Mundial en 1989, que
orientó que este tipo de instituciones se convirtieran en "entidades
chequeras", forma en extremo vulgar de privatización que
ya fracasó en los países donde se impuso y que apunta
a limitarlas a subcontratar con los negociantes de la educación
la enseñanza que ellas deben impartir. Con el Decreto 2149
de 1992 se le cumplió al Banco Mundial. Pero con la ley de
iniciativa popular Nº 119 de 1994, promovida por los estudiantes
y trabajadores del Sena con más de un millón de firmas,
se rescató su naturaleza y la gratuidad de sus programas.
En este período también han sido notorias las decisiones
que han reducido los ingresos del Sena y le han cargado funciones
que no le corresponden. Por ejemplo, le recortaron el presupuesto,
se exoneraron de los aportes a la institución las empresas
que subcontratan trabajadores para reducirles sus salarios y se le
impuso ceder sumas importantes para ciencia y tecnología, así
como ofrecer programas propios de la educación superior y ejecutar
decisiones de la Presidencia de la República, funciones que,
así sean útiles, debilitan el cumplimiento de su importante
misión.
En el gobierno de Álvaro Uribe el maltrato al Sena ha llegado
hasta el absurdo, entre otras cosas porque cayó en manos de
Darío Montoya Mejía, un director hiperactivo, autoritario
y con delirios de grandeza que está haciendo las fiestas de
la improvisación y el voluntarismo con un presupuesto nada
despreciable: 1,3 billones de pesos, el cual se gasta confundiendo
lo principal con lo secundario, las formas con los contenidos y hasta
las características de la educación que le corresponde
impartir al Sena, al igual que las de los colombianos que deben ingresar
a dicha institución. Ojalá que la gente de la academia
-incluidos los simpatizantes del gobierno que asumen con seriedad
los problemas de la educación- investigara lo que pasa en el
Sena y empezara por leer "Proyectos para acercar el sueño"
(2007), texto que retrata la confusión de un director que es
capaz de afirmar que "el valor principal que el Sena debe evidenciar
ante los colombianos" es "la velocidad de sus actuaciones".
La mala orientación de una institución que se está
gobernando mediante decretos que violan la ley 119 de 1994, tiene
entre otras expresiones el empleo de 18 mil contratistas mal pagos
y sobrecargados de trabajo, que no pueden ofrecer una educación
de buena calidad, pero que sí son parte del clientelismo en
la contratación. Y todos los colombianos han tenido que sufrir
a Álvaro Uribe, en los consejos comunitarios, ufanándose
de los muchos "formados" por el Sena y repartiendo su presupuesto
como si fuera la caja menor del Presidente.
Para alcanzar el despropósito de pasar, con menos recursos,
de 1,2 a cinco millones de "formados" en el Sena, cifras
con las que no cesa de hacerse demagogia, se ha recurrido hasta al
truco de fraccionar los cursos y de otorgarle un título diferente
a cada una de sus partes, a reducir o eliminar las prácticas
y a ofrecer programas virtuales en los que no se sabe qué es
más mediocre, si lo que se dicta o su evaluación. Y
para intentar silenciar a los patrones -de donde ya salen quejas por
la mala formación-, se convirtió el contrato de aprendizaje
en otra astucia que no educa a los "aprendices", pero que
sí los pone a trabajar por menos del salario mínimo
legal.