Qué se diría en un país
civilizado de un negocio que puede desalojar a unas 15 mil personas
que habitan en 2.705 viviendas, distribuidas en 30 veredas y en un
centro poblado y que poseen vías de acceso y redes domiciliarias
de electricidad, agua y gas. De un proyecto que también amenaza
destruir dos colegios de bachillerato y 23 escuelas con 2.690 estudiantes,
un hospital y un puesto de salud, dos cementerios, dos templos católicos,
14 iglesias de diversas congregaciones, 30 guarderías del ICBF
y 10 hogares Fami. De unas obras que asimismo arriesgan eliminar una
zona comercial con 120 locales, más de 200 tiendas veredales
y dos conjuntos cerrados con 42 casas, en donde se desenvuelve una
comunidad llena de vida, con múltiples relaciones sociales
creadas durante más de 80 años, que posee tres clubes
sociales y 32 asociaciones y en la que el 20 por ciento tiene títulos
de propiedad y los restantes ocuparon los predios con la aquiescencia
del Estado, que es su propietario. Y qué se diría si
esto sucediera sin que los grandes poderes capaces de generar tal
destrucción les aceptaran a los que pueden terminar desplazados
organizarse para proteger sus derechos como grupo, porque los quieren
obligar a defenderse familia por familia; y si, como si fuera poco,
la policía hubiera golpeado al cura párroco de ese grupo
social durante una de las movilizaciones que tuvieron que hacer para
que les oyeran sus reclamos, peticiones que cuentan con el respaldo
del alcalde y el concejo del municipio donde ocurre la agresión.
Es bien probable que en un país civilizado concluyeran que
están ante un caso que debe denunciarse con el peor de los
calificativos.
Pues bien, lo descrito está ocurriendo en Colombia, en el corregimiento
de El Centro, municipio de Barrancabermeja; el territorio donde hace
cien años empezó la producción de petróleo
en el país, a partir de explotar unos manantiales a donde brotaba,
solo, el hidrocarburo, y los que, violando las leyes, el General Rafael
Reyes le cedió graciosamente a Roberto de Mares y este le vendió
a la Tropical Oil Company (subsidiaria de la Standar de Rockefeller),
de donde proviene la Exxon Mobil, tan conocida por el actual ministro
de Minas. Y los que amenazan a la comunidad de El Centro son nada
menos que Ecopetrol y la Oxy, la misma petrolera estadounidense a
la que el gobierno que preside Álvaro Uribe le otorgó,
contra el interés nacional, el supernegocio de la no reversión
de los pozos de Caño Limón. ¿El pretexto para
tamaño atropello? Que es probable que en ese territorio haya
más petróleo y como para extraerlo sus habitantes y
sus propiedades estorban, entonces tienen que someterse a lo que se
les antoje al gobierno y a la trasnacional, empresa a la que nuevamente
se le hizo la amabilidad de entregarle un negocio pulpo que bien habría
podido desarrollar Ecopetrol, y aquella exige "que se cumpla
el contrato", ¡contrato leonino que se definió sin
haberle pedido siquiera una opinión a la comunidad que puede
ser desplazada!
¿Qué piden los habitantes de El Centro desde hace dos
años, cuando se vinieron contra ellos? ¿Alguna desproporción?
No. Simplemente, que el proyecto se desarrolle teniendo en cuenta
que no se localiza en un baldío, que ellos tienen derechos
allí y que no les pretendan imponer negociar a la brava y,
familia por familia, nada menos que con el Estado colombiano y seguramente
hasta con la Casa Blanca, sino que los reconozcan como una comunidad,
con el derecho constitucional a organizarse y a defender sus puntos
de vista e intereses en forma colectiva. Y que Ecopetrol y la Oxy
cesen en sus presiones indebidas sobre las gentes sencillas que están
siendo amenazadas y lesionadas por las obras propias de un negocio
en marcha, cuyo impacto puede ser enorme porque podría requerir
de la perforación de seiscientos a mil pozos.
He aquí otra de las razones por la cuales seguramente serán
pocos los colombianos que lamenten la renuncia de Isaac Yanovich a
la gerencia de Ecopetrol, dado que en él se encarnó
de manera ejemplar la máxima neoliberal que reza que debe gobernarse
siendo duro con los débiles y débil con los poderosos,
práctica que además adelantó en función
de privatizar el patrimonio público y en beneficio de los intereses
extranjeros, a los que tuvo la desproporción de presentar como
iguales a los nacionales. Y porque persiguió a los trabajadores
de Ecopetrol con saña, como nadie lo había hecho, persecución
que hizo con el objetivo inconfesable de preparar la privatización
de la empresa, negocio que en el Senado, durante cuatro años,
negó que el gobierno fuera a adelantar.