Cuando congresistas del Polo destapamos
-porque lo tenían tapado- que poderosas empresas nacionales y
extranjeras, asesoradas por firmas como Brigard & Urrutia, del embajador
de Colombia en Washington, violaron la ley para despojar al campesinado
de decenas de miles de hectáreas de tierras de reforma agraria,
algunos nos tratan como cuasiculpables y contribuyen con el tapen-tapen
de tres maneras: endiosan la gran producción agraria, declaran
a los campesinos un obstáculo para el progreso y señalan
a la izquierda democrática de enemiga del agro. Antes Colombia
no está peor. Pero vamos al debate.
La primera causa del desastre agrario colombiano es el libre comercio,
diseñado para reemplazar el trabajo nacional, de campesinos y
empresarios, por el extranjero. Esa política ha avanzado contra
la posición del Polo, y mientras se mantenga, el agro no tiene
futuro. ¿Quiénes son los enemigos del progreso del campo?
¿Los que con su neoliberalismo lo tienen postrado o los que decimos
que hay que cambiar la actual política agraria, la peor posible?
Son prueba reina de la pésima situación del agro que se
importen más de 10 millones de toneladas de productos del campo,
que apenas haya cuatro millones de hectáreas de agricultura y
que, a la par, existan más de 20 millones de hectáreas
con vocación agrícola subutilizadas, en medio de pobrezas
y miserias que avergüenzan.
Y Colombia tiene la mayor concentración de la propiedad de la
tierra rural del mundo. Luego no resiste análisis decir que la
gran propiedad territorial genera automáticamente desarrollo
agrario. La verdad es que lo que hoy predomina en el campo no es el
negocio de producir bienes agropecuarios sino el de especular con el
alza del precio de las tierras, convertidas en "lotes de engorde".
Además, hay muchos estudios, aquí y en el exterior, que
demuestran la alta capacidad productiva del campesinado libre (http://db.tt/Iz34qV96),
al que quieren despojar para desplazarlo o convertirlo en jornalero.
Quienes silencian o minimizan la gravedad del despojo ilegal de los
campesinos, al igual que la actitud del gobierno de Santos de alcahuetearlo,
levantan la teoría de la particularidad de la Altillanura para
justificar lo injustificable. Al respecto, 1. En esa región también
debe regir el Estado de derecho y, ¡ojo!, lo que están
aplicando y apliquen allí también se aplica en el resto
del país. 2. Es falso que en Brasil sólo haya gran producción,
porque un porcentaje importante de su agro es economía familiar
(http://db.tt/uB8EbEuI). 3. Tampoco es cierto que en la Altillanura
no pueda darse economía de campesinos y de empresarios que no
sean magnates, contra quienes también va el discurso excluyente
del capital financiero. La consigna debe ser "por un desarrollo
democrático de la Orinoquia", en el que quepan productores
de todos los tipos.
Contra el rotundo fracaso de la política agraria de nuestros
contradictores, el Polo propone un agro de tipo dual. De campesinos
e indígenas, por un lado, y de empresarios y obreros agrícolas
con derechos laborales, por el otro. En los dos casos con la suficiente
protección del Estado, lo que implica que no haya nuevos TLC
y renegociar los firmados. En el campo empresarial merecen especial
respaldo los pequeños y medianos, a quienes también maltratan,
como al campesinado. También deben fijarse límites cuantitativos
a la extranjerización de la tierra, excluirla de los subsidios
del Estado colombiano e impedir los fraudes que se hacen en su nombre.
José Antonio Ocampo considera "aberrante (...) lo más
grotesco que he escuchado (...) los colombianos que se van al exterior
para tener protección como inversionistas extranjeros en sus
propias tierras" (Semana, Jun.14.13).
Ya habrá espacio para detallar lo que pasa en la Altillanura.
Pero dejo una pregunta: ¿por qué hablan tanto de la palma
aceitera allí, si según Fedepalma no existe paquete tecnológico
para cultivarla en esa región? Bienvenido el debate sobre el
agro. Pero no para el tapen-tapen que les sirve a pocos, sino para encontrar
las políticas que lo saquen de la pavorosa postración
en que se encuentra.
Se supone que Carlos Urrutia, el embajador de Colombia en Washington,
no tiene corona. ¿Por qué, entonces, puede violar la Ley
5 de 1992 y no responder las preguntas de este senador? ¿Y por
qué la ministra María Ángela Holguín se
lo permite? (http://db.tt/HAW7Rtr8).
Bogotá, julio 5 de 2013.