Además de las orientaciones que
le dio a Riopaila Castilla, Brigard & Urrutia Abogados también
le indicó a la trasnacional estadounidense Cargill cómo
apropiarse ilegalmente de 40 mil hectáreas en el Vichada, que
podrían ser más con el avance de las investigaciones (Portafolio
ha hablado de 90 mil hectáreas). Con el descarado propósito
de ocultar la violación del artículo 72 de la Ley 160
de 1994, Cargill constituyó 26 Sociedades por Acciones Simplificadas
(SAS), las cuales adquirieron 30 predios de familias campesinas que
la ley le prohibía adquirir (Cámara de Comercio de Bogotá
y certificados de libertad y tradición de la Oficina de Instrumentos
Públicos de Puerto Carreño, Vichada). El dueño
único de las 27 SAS es el fondo Black River Colombia, perteneciente
a la trasnacional y con residencia en Delaware, conocido paraíso
fiscal en Estados Unidos. Y el representante legal de todas ellas se
llama Juan Aquilino Pérez.
En la página web de Brigard & Urrutia, en la sección
del socio Francisco Uribe Noguera, aparecía -porque la eliminaron
una vez estalló el escándalo- la siguiente información:
"Casos de éxito: (
) Black River Colombia Agro, transacción:
proyecto agroindustrial, 2011", año en el que el principal
accionista y cabeza de Brigard & Urrutia era Carlos Urrutia, embajador
de Colombia en Estados Unidos. Luego en este negocio, como en el de
Riopaila, el diplomático no puede librarse de su culpa alegando
que vendió sus acciones en la firma de abogados en agosto de
2012 (detalles del caso Cargill: http://db.tt/nXW3b5R6).
Es para bobos el sofisma de Brigard & Urrutia de argüir que
no violaron la ley porque las leyes son para ser interpretadas, alegato
que además no cabe en razón de que la norma no admite
duda honrada, según se desprende del texto y lo reconocen las
autoridades. De acuerdo con el artículo 72 de Ley 160, "Ninguna
persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites
máximos" de cada Unidad Agrícola Familiar (UAF) adjudicada.
Y han sindicado de ilegales estas apropiaciones de tierras campesinas
de reforma agraria el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el
Ministerio de Agricultura, el Incoder, la Superintendencia de Notariado
y Registro y la Contraloría General de la República.
Si bien es cierto que los jueces tienen la última palabra sobre
estos casos y puede debatirse sobre el lío de las tierras y la
política agraria nacional, hay un conjunto de hechos que deben
tratarse ya, porque no dan espera y porque hay elementos suficientes
para tramitarlos: el papel del gobierno de Santos en el espectáculo
de varias de las mayores empresas de Colombia y el mundo dedicadas a
violar la ley para despojar de sus tierras al campesinado, el de los
ministros de Agricultura intentando modificar dos veces las leyes de
la República para "sanear" estos despojos y el de Carlos
Urrutia, el embajador de Colombia en Washington, metido hasta el cuello
en el diseño y ejecución de estos delitos.
Los colombianos seguimos a la espera de que el embajador Urrutia dé
una explicación sobre estas ilegalidades que vaya más
allá de la necedad de decir -como dijo- que él vendió
sus acciones de Brigard & Urrutia, pero sin explicar que lo hizo
después de que su firma indujera a violar la ley (http://db.tt/yWRE8jnw).
¡Y cómo se nota el silencio de la ministra de Relaciones
Exteriores, María Ángela Holguín, y el del presidente
Juan Manuel Santos! Porque la presión y la mermelada de la Casa
de Nariño podrán mantener triunfante el tapen-tapen en
el país -como ocurre hasta ahora-, pero no evitarán que
las palabras corrupción y gobierno colombiano circulen por las
cancillerías del mundo, haciéndole daño a Colombia.
Coletilla. La reforma a la Ley 100 de salud terminó como la peor
en veinte años. Porque se mantuvieron las ganancias de las EPS
-unos seis billones de pesos al año-, utilidad abusiva que se
gira contra la salud y la vida de la gente. Sigue el POS restringido
que enferma y mata. Además dejaron varias minas calculadas para
estallar contra la tutela, lo único bueno que le ha pasado la
salud en décadas. Y todo montado a punta de mentiras. Que se
acaban las EPS. Falso. Se llamarán gestoras. Que se termina el
POS restringido. Falso. Ahora será Mi Plan. Y también
engañan cuando dicen que no es contra la tutela. Gobierno pésimo.
Con un agravante: utiliza el engaño como línea fundamental
de su acción. Que agradezcan que no son de palo. Porque les pasaría
lo mismo que a Pinocho (http://db.tt/heDywBnF).
Bogotá, junio 21 de 2013.