Intervención del senador del
Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo sobre las
llamadas ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos. Plenaria
del Senado, Bogotá, 29 de octubre de 2008.
Tiene que haber llegado la sociedad a un nivel muy grande de descomposición
para que cosas como estas sucedan.
La prueba reina de que la seguridad democrática es antidemocrática.
¿Sabía el ministro Santos lo que estaba sucediendo?
Colombia ¿el único país donde las responsabilidades
políticas jamás tocan a la cúspide del Estado?
Señor presidente, permítame hacer algunos comentarios
sobre los hechos de hoy que tienen que ver con el ejército
de Colombia. Es un tema que vale la pena comentar con tranquilidad
y analizar en sus distintos aspectos. Estamos sin duda ante un hecho
muy grave. No recuerdo antecedentes en la historia de Colombia, y
en el mundo probablemente sea difícil encontrar una situación
como esta. Estamos hablando de 25 militares de la República
pasados a retiro: tres generales, once coroneles, cuatro mayores,
un capitán, un teniente y siete oficiales. Las cifras son realmente
impresionantes.
Estamos ante una historia tenebrosa, escalofriante, de esas que le
dan la vuelta al mundo de la crónica roja, porque, según
la acusación, estamos hablando de una presunta organización
criminal que actúa dentro del propio ejército de Colombia
para secuestrar personas, trasladarlas a otros sitios y allí
asesinarlas a cambio de que a sus asesinos les den condecoraciones,
bonificaciones y permisos el Día de la Madre. Realmente, hay
que ser una persona muy perversa, y llegar la sociedad a un nivel
muy grande de descomposición, para que cosas como estas sucedan.
Son los hechos que nos avergüenzan ante el mundo. Es el tipo
de historias de las que uno no puede zafarse cuando sale del país
y alguien le pregunta qué está pasando.
El hecho guarda una implicación que vamos discutir en la citación
que han hecho los senadores del Polo, Parmenio Cuéllar, Luis
Carlos Avellaneda y Jaime Dussán al ministro de Defensa, doctor
Juan Manuel Santos. Y es que arroja una duda descomunal sobre el proyecto
de la seguridad democrática. Que haya seguridad no está
en discusión. No hay persona sensata en el mundo que pueda
abstraerse de la idea de que los Estados deban tener políticas
de seguridad. El gran debate es si la seguridad es democrática
o no lo es. El presidente Uribe tuvo el acierto de llamar democrática
a su seguridad, pero en el Polo siempre hemos tenido muchísimas
dudas. Lo hemos planteado y con franqueza les digo que no creemos
que sea democrática. Hay demasiadas historias al respecto,
y lo que estamos viendo confirma las preocupaciones de los demócratas
de Colombia, de las organizaciones de los derechos humanos, de los
funcionarios de la OEA, de Human Rights Watch, etc., porque es algo
así como la prueba reina de lo antidemocrática que resulta
la seguridad que llama democrática el presidente de la República.
Recordemos que no son los primeros hechos ni las primeras denuncias.
No. Hay cantidades grandes de acusaciones. Y aparece una pregunta,
que es la pregunta del millón, colombianos: ¿Sabía
o no el doctor Juan Manuel Santos lo que estaba sucediendo? ¿Dónde
limitamos la responsabilidad política? Porque, digámoslo
también con franqueza, estos oficiales y suboficiales que han
sido retirados no salen tras haber sido vencidos en juicio, sino por
una facultad discrecional que hay dentro del Ejército similar
a lo que algunos hemos llamado la responsabilidad política.
Y es que se supone que en un ejército bien constituido existe
una responsabilidad de los oficiales que estén al mando de
los destacamentos o los contingentes donde estos horrores se están
produciendo. Y aparece la pregunta: ¿Por qué la responsabilidad
política se suspende hacia arriba con los tres generales de
la República a los que se les pidió el retiro? ¿Por
qué no sube más, por qué no llega al ministro
de Defensa? Me pregunto: ¿En algún país civilizado
del mundo podría evadir el ministro de Defensa la responsabilidad
que le compete? Porque insisto en mi primera pregunta: ¿sabía
el doctor Santos? Si sabía, no solo carga con una responsabilidad
política inmensa, sino que podría terminar incurso en
responsabilidades penales. Si no sabía, la acusación
es la otra, por omisión, por negligencia, por el desconocimiento
de lo que sucede con las tropas bajo su mando. Porque es inaceptable
que cuando las tropas del Ejército de Colombia ejecutan una
acción que termina ganándose el aplauso ciudadano, en
la primera fila esté el doctor Santos sacando pecho, como se
dice coloquialmente, y cobrando para sí políticamente
los éxitos. Pero cuando sucede un horror como este del que
estamos hablando, el doctor Santos no aparece, no responde, no da
la cara.
Aquí surge otra pregunta: ¿Colombia va a establecer
el récord mundial de ser el único país del mundo
donde las responsabilidades políticas nunca tocan a la cúspide
del Estado? ¿Aquí el ministro del Interior no renuncia
por lo que sabemos? ¿El doctor Sabas Pretelt de la Vega no
renuncia por lo que sabemos? ¿El doctor Diego Palacios no renuncia
por lo que sabemos? ¿Los funcionarios de la "casa de Nari"
no renuncian por lo que sabemos? O la responsabilidad política
es para los ruanetas, la directora del DAS, unos cuántos generales
y coroneles de la República, y hay una especie de cúpula
de intocables que no responden por nada, pero que por supuesto sí
está atenta a cobrar los éxitos que presente como tales
el gobierno nacional.
Finalmente, oí esta mañana al director de un medio de
comunicación exaltando casi como la apoteosis de la democracia
el retiro de los militares. Resulta entonces que aquí el hecho
sobre el que hay que detenerse no es el grado de descomposición
que reflejan estos hechos, sino la hazaña del doctor Álvaro
Uribe Vélez, que decidió retirar a unos oficiales. Este
sí es el mundo al revés. Es lo único que nos
faltaba, que se tuerzan los hechos de la manera que lo están
haciendo para que no sea la responsabilidad del gobierno nacional
ni el fracaso de la seguridad democrática lo que haya que analizar.
Otra vez el jefe del Estado cae parado y el doctor Juan Manuel Santos
también cae parado y a los colombianos de nuevo se los trama.
Porque aquí hay una responsabilidad que llega hasta el ministro
de Defensa y hasta el propio presidente de la República. No
estamos hablando de un asunto de menor cuantía, sino de la
seguridad democrática, el eje de su política, y de tres
generales, once coroneles, cuatro mayores, un capitán, un teniente
y siete suboficiales destituidos. Y el presidente de la República
no explica por qué, como debiera.
Les pregunto a los senadores: ¿Todo este horror no tiene nada
que ver con unas presiones desproporcionadas, desmedidas, de tipo
tiránico, para imponerles al ejército y a las tropas
colombianas mostrar positivos a cualquier precio? ¿No estamos
también aquí ante la situación en la cual esos
militares, esos oficiales, esos soldados, proceden así bajo
la amenaza de que si no presentan positivos no podrán gozar
de permisos, ni recibir ascensos? ¿Quien no presente positivos
no tiene prácticamente derecho a dormir y se convierte como
en sospechoso de complicidad con las fuerzas guerrilleras colombianas?
Este debiera ser un tema de discusión a fondo porque también
guarda estrecha relación con la democracia. Para que la seguridad
sea democrática debe ser democrática con respecto al
conjunto de los colombianos, incluso con respecto al funcionamiento
de las propias fuerzas armadas, a las que el gobierno no puede acosar
y llevar hasta la propia desesperación, para que, una vez procedan
con los horrores que están procediendo, el jefe del Estado
y su ministro de Defensa se laven las manos y salgan a decir que aquí
no ha pasado nada y también para que los medios sigan proponiendo,
o la reelección del presidente de la República por estos
méritos, o la elección del doctor Juan Manuel Santos
como su reemplazo.