NO TIENE NADA DE MALO QUE HAYA RICOS…
Por Juan Manuel López Caballero

Pero si es conveniente distinguir entre las diferentes formas de adquirir riqueza…

Hay maneras evidentemente inaceptables, como cuando el origen depende de la indebida conducta de los individuos; un patrimonio nacido de actos delictivos debe ser cuestionado, y no se trata aquí de esos casos.

Unas más cuestionadas, como en la etapa de la producción la conocida teoría marxista de la explotación del trabajador por el inversionista, al apropiarse de toda la plusvalía que en el proceso productivo se genera. Este planteamiento se puede considerar que ha sido superado; que el capitalismo se impuso como sistema sin alternativa real inmediata; pero que entre las leyes sociales y el mismo mercado del trabajo han creado las condiciones para contrarrestar ese efecto. En otras palabras, que esta objeción aplica poco hoy a las fuentes de riqueza nacidas de la etapa en que el enriquecimiento proviene de la generación de valor, y en la que al aumentar el patrimonio colectivo siempre puede ser bienvenido independientemente de en manos de quien quede; es ver el lado positivo del capitalismo.

Pero el sistema capitalista define todo por el valor mercado, con lo cual puede producir enriquecimiento de otras fuentes, y un análisis más a fondo permite ver categorías en que una fortuna puede tener un origen indeseable e incluso nocivo para la economía de una colectividad.

La respuesta a la demanda por algún servicio cumple una función y tiene un costo, luego en sí debe generar utilidades para quienes a ello se dedican. Pero las fortunas que nacen de las distorsiones del mercado -más cuando esas condiciones son fruto de manipulaciones-, no solo no están generando riqueza para aumentar el patrimonio colectivo sino son negativas en la medida que lejos de optimizar el uso de los recursos comunes los desvían de las actividades productivas. Es el enriquecimiento en base a la explotación no del trabajo pero sí de las necesidades de los demás en la etapa de la circulación. Éste también es moralmente objetable pero las leyes del mercado lo validan; lejos de haberse controlado o disminuido esta variante de enriquecimiento bastante generalizada y son poco eficientes los mecanismos que buscan controlarla. Se puede hablar entonces del peligro de una legitimación de esa modalidad de acumulación de riqueza.

Lo que sucede es que el principio de la bondad del mercado como ordenador de la economía y de la sociedad se condiciona a la premisa de que en él hay infinitos partícipes y total información para todos.

Al no haberlos, en vez de cumplirse el propósito de estimular la generación de valor agregado se propician esas formas de hacer fortuna (o de multiplicarla) a costa de la falta de defensa del interés general.

Tal sucede cuando se cae en las 'posiciones dominantes'. El caso Claro (el sistema de telefonía móvil) es uno como tantos otros, pero sirve como ilustración.

Teniendo cautivo el 65% del mercado y la palanca financiera para ganar a cualquier competidor, con seguridad ganaría en caso de que participe en una licitación abierta en la cual se adjudique la banda 4G; el mayor precio que ofreciera lo recogería de los precios que traslada a los clientes y a los menores costos en la calidad de la inversión. Por ninguna parte se produciría generación de riqueza o valor agregado para el país o la población y solo se darían más utilidades para el operador y menos capacidad de defensa para los usuarios.

Tenemos el antecedente de lo que ha venido sucediendo con la integración de Comcel a Claro. La convergencia de sinergias para rebajar costos con un misma infraestructura organizativa y técnica es lo deseable como manejo de los recursos; pero también debe tenerse en cuenta a costa de quién y a quién beneficia. El deterioro del servicio de telefonía móvil por este operador es evidente, como lo es que quien lo sufre es el suscriptor.

El Estado debe pensar en el incentivo del negocio para el inversionista, pero esto no debe ser en detrimento del objetivo que solo puede ser el beneficio para el usuario.
Bajo tal premisa, una licitación abierta no debe girar alrededor de quién ofrece más para quedarse con la concesión, sino quién ofrece lo mejor para cumplir el propósito de los servicios públicos, es decir costo y calidad para el ciudadano.

Más que requisitos de tecnología o de capital, la adjudicación puede hacerse en función de quien ofrece y garantiza el precio más bajo y el mejor servicio en cuanto a tecnología. El cómo lo logra es problema del oferente y al Estado solo le correspondería asegurarse que el resultado se cumpla.

29 de octubre de 2012.