EL LÍO DE SANTA FE DE RALITO


Por Juan Manuel López Caballero

Con relación al conflicto con la guerrilla se puede pensar una solución, diferente de la que propone el Gobierno, que, por lo menos a nivel teórico, supondría llevar al éxito.

No sería ninguna de las opciones de victoria militar o negociación y diálogo, puesto que ni la anhelada captura de Marulanda y Tirofijo, ni los eventuales acuerdos con ellos, erradicarían el origen del conflicto. Pero, si uno fuera omnipotente, con la capacidad de tomar cualquier decisión y de respaldarla económicamente, parecería lógico y posible enfocar la prioridad del Estado hacia dar respuesta a los problemas sociales, de exclusión, de injusticia social, de pobreza, de desigualdad y de desempleo, con lo cual presumiblemente disminuiría la razón de engrosar las filas de la subversión y en general de la delincuencia.

Sin embargo no es el propósito aquí discutir este punto, sino señalar el contraste con el proceso con los paramilitares, tal como se adelanta en Santa Fe de Ralito, y lo imposible de la situación del Alto Comisionado.

El punto de partida mismo encierra una contradicción, o, más correctamente, un absurdo, que deriva naturalmente en un laberinto: consiste éste en dar categoría de delito más grave al tráfico de drogas que a los crímenes de lesa humanidad. Algo en ese sentido se había intentado cuando se propuso clasificar el narcotráfico como delito dentro del Estatuto de Roma en los debates sobre la creación de la Corte Penal Internacional (y donde incomprensiblemente —o tal vez presionado por Estados Unidos— el Gobierno Colombiano fue quien más luchó por ello). Tal posibilidad fue descartada y hoy la comunidad internacional reconoce el uno como una violación a los códigos penales pero no lo equipara al que, por definición, representa una ofensa contra la condición de los seres humanos (uno pensaría que la distinción es razonable).

Pero no es así como se ve esto en las negociaciones de Córdoba.

Dentro del propósito de facilitar la paz, los Estados Unidos apoyan la búsqueda de acuerdos que permitan conciliaciones alrededor de los delitos de lesa humanidad. Pero son —o parecen— totalmente intransigentes en cuanto a las actividades de narcotráfico: exigen la extradición de los que ellos señalen y no admiten negociación directa ni indirecta al respecto.

Los ‘comandantes’ que tienen simultáneamente los cargos de ‘capos’ por parte de la Justicia americana no negocian nada si no se excluye la posibilidad de extradición. Y como tanto su poder como grupo armado como sus intereses personales están estrechamente vinculados a ese negocio, no pueden desmovilizarse sin una alternativa que cubra lo que hoy él les representa.

Nos encontramos entonces ante un proceso que no lo aceptan los paras sino a condición de que se garantice una situación equivalente a la que hoy tienen; o sea, no extradición, protección en y para las zonas que ellos controlan, y amnistía económica para los bienes obtenidos tanto con la guerra como con el tráfico.

No lo acompaña la ciudadanía: al proceso se oponen los ‘idealistas’ porque es inadmisible para los unos la impunidad del delito y para los otros la no aplicación de los principios de justicia, verdad y reparación para los crímenes; y se oponen los ‘pragmáticos’ porque la ‘función’ que han cumplido estos grupos no están en capacidad de cumplirla las fuerzas del Estado y ven inminente el retorno de la guerrilla.

La OEA no cumple su compromiso y confiesa su incapacidad de hacerlo. Tal vez sea más correcto referirse en este caso en forma personal a su Secretario General, ya que fue una decisión personal e inconsulta la que involucró a la institución en ese problema. En todo caso como lo precisó él mismo, fuera de las zonas de concentración es una tarea imposible el verificar el cumplimiento de los compromisos de los alzados en armas, y aún para ello depende de que aparezcan Gobiernos de buena voluntad que quieran financiar esto, lo cual no parece fácil.

Tampoco lo respalda la comunidad internacional: ni la representada en sus organizaciones civiles (ONG’s), que lo que ve es la legitimación de una actuación que los anteriores gobiernos habían tolerado pasivamente pero que éste prácticamente reconoce como válida, intentando integrarla o darle continuidad legal a través de su política de ‘seguridad democrática’ (“dice Amnistía Internacional: “Es la fachada para legitimar la cooptación del paramilitarismo”); ni la institucional como son los países y los órganos multilaterales (ONU) para los cuales, bien sea por el narcotráfico (caso de los Estados Unidos) o bien sea por las motosierras y las masacres (caso de la Comunidad Europea), es inconveniente el resultado de impunidad que dan por sobreentendido que es el que gobierno busca.

Ante esta situación, ni siquiera a nivel de la teoría, y así se tuviera todo el poder y los recursos infinitos, se ve la posibilidad de resolver el rompecabezas... se entiende porqué el Luis Carlos Restrepo se mostró tan desencajado: parodiando a Gabito diríamos que es ‘el Comisionado en su laberinto’.