LA DIRECTIVA No. 29 DIO VIA LIBRE A LOS "FALSOS POSITIVOS"


Camilo Ospina, ex ministro de Defensa

En el marco de su política de Seguridad Democrática el gobierno de Álvaro Uribe a través del Ministerio de Defensa ejecutó la directiva ministerial número 29, de noviembre de 2005 "que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones".

Dicha directiva, firmada por su entonces ,inistro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, estableció los siguientes montos para cancelar recompensas:

$5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas.

$1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras mayores de relevancia nacional.

$191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel regional.

$68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras rurales y urbanas a nivel local

$3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local.

Estas recompensas fueron difundidas en todas las unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II.

De esta manera, le pusieron precio a la muerte. Lo sucedido en la municipalidad de Soacha es emblemático: decenas de jóvenes desempleados fueron recogidos por contactos del ejército en las esquinas con ofertas de trabajo y en menos de 24 horas aparecieron en los titulares de los diarios como guerrilleros muertos en combate, en otro extremo de la geografía nacional. Les habían colocado uniformes y armas para hacer creíble la noticia. Lo raro es que mientras sus uniformes aparecían intactos, los cuerpos de las víctimas semejaban un colador por efecto de las balas.

En un principio el gobierno de Uribe intentó hacer creer que se trataba de hechos aislados que no comprometían a la institución, para eludir así su responsabilidad penal. Sin embargo, la Directiva 29 del Ministerio de Defensa, constituye prueba contundente de que los falsos positivos fueron el resultado directo de una política oficial y de terrorismo de Estado.

En el municipio de La Macarena, en un terreno colindante con la base militar del lugar, fue descubierta una gran fosa común con más dos mil cadáveres. En los últimos años, en una ininterrumpida como ruidosa procesión de muerte, los helicópteros del ejército descargaron allí a los asesinados. Esos muertos son el parte de victoria de la política de seguridad de Uribe y de sus "falsos positivos".

Durante el gobierno de Uribe Vélez las Fuerzas Armadas fueron convertidas en una fría máquina de matar inocentes. Estos crímenes de guerra y de lesa humanidad tienen como responsables a altos funcionarios del Estado colombiano.

 

     
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COLOMBIANOS HACIA ECUADOR EN EL CONTEXTO DEL PLAN COLOMBIA