FALSOS POSITIVOS: RESULTADO DE UNA POLÍTICA DE EXTERMINIO EN COLOMBIA

Por lo menos cinco mil víctimas de combates simulados por el ejército y por las fuerzas paramilitares que han operado en Colombia estarían sepultadas en fosas comunes en distintos municipios del territorio de Colombia.

Estos crímenes, conocidos también como "falsos positivos", estarían inscritos dentro de lo que parece ser una política de exterminio de la base social de las organizaciones guerrilleras, ejecutada por el ejército y las fuerzas paramilitares que han operado en ese país.

Tan sólo en la fosa de La Macarena, ubicada en el municipio de ese nombre, en el Departamento del Meta, 450 kilómetros al sur de Bogotá, estarían sepultadas 2 mil de estas víctimas, en su mayoría campesinos inocentes, de acuerdo con la directora nacional de investigaciones Especiales de la Procuraduría de la Nación, Alexandra Valencia, quien afirmó, en oficio fechado12 de Febrero de 2010, que en el cementerio habría aproximadamente 2 mil cuerpos y que era necesario iniciar de inmediato las labores de identificación.

Y en mayo de 2007, el para entonces fiscal general de la nación, Mario Iguarán, tras la exhumación de 700 cadáveres en más de 65 fosas comunes localizadas en la zona de Putumayo, frontera con Ecuador, dijo que en esa región podría haber hasta 3 mil víctimas de los paramilitares.

La agencia de noticias France Press (AFP), en un despacho fechado en Bogotá, el 7 de mayo de ese año, y titulado: "Último hallazgo fue de 105 cuerpos/ Colombia descubre barbarie de la guerra paramilitar", da cuenta de estos hechos.

ENTRE PALABRAS

En el argot de las fuerzas militares y policiales de muchos países, la palabra positivo significa afirmación, seguridad, cierto. Así, las bajas causadas al enemigo en combate se tienen como positivos.

Acertadamente, en Colombia, a los civiles inocentes asesinados por el ejército o por paramilitares en simulacros de combates se les ha denominado "falsos positivos", ya que han sido presentados como resultado de supuestos enfrentamientos armados.

EL ESCÁNDALO

El escándalo de los "falsos positivos" estalló a finales del 2008, cuando se descubrió que los cadáveres de 19 jóvenes desaparecidos en el municipio Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar, ambas cercanas a Bogotá, fueron presentados por el ejército, en Norte de Santander como bajas causadas a las guerrillas, en combate.

Los jóvenes fueron vestidos con uniformes de campaña y luego asesinados por miembros del ejército.

Este caso generó un enorme revuelo y dio pie a la aparición de otros similares en las poblaciones de: Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.

Por este asunto renunció a su cargo el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, general Mario Montoya, y fueron destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército.

El presidente Álvaro Uribe designó a Montoya embajador de su país en República Dominicana.

La proliferación de casos hizo que para finales de 2009 La Fiscalía General de la Nación tuviese en investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría otros mil 043.

EL MINISTRO DE LA DEFENSA DE URIBE


Cuando estalló el caso de los 19 jóvenes de Soacha asesinados por el ejército, a finales de 2008, el ministro de Defensa de Colombia era el hoy presidente electo, Juan Manuel Santos, quien ejerció el cargo entre julio de 2006 y mayo de 2009.

A principios de 2009, salieron a la luz unos documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, que dan cuenta de la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en unidades del ejército colombiano, y de los "falsos positivos".

Santos, en su carácter de ex ministro de la Defensa, y según despacho de la agencia EFE del primero de setiembre, pidió "tener cuidado" con quienes quieren "inflar" el problema de las ejecuciones extrajudiciales en su país, aludidos en esos documentos desclasificados por la CIA y divulgados por una organización no gubernamental (ONG) de Washington.

El ministro trató de relativizar los hechos y de hacer ver que no se trataba de una política de Estado, sino de conductas aisladas de algunos mandos militares.

"No se puede generalizar en forma alguna casos que se hayan podido dar y que hay que, también, tener cuidado con gente que quiere inflar el problema mucho más allá de lo que es", sostuvo Santos al hacer mención de dichos informes, según el despacho de EFE ya citado.

UNA POLÍTICA

Sin embargo, hay elementos que inducen a pensar que el caso de los falsos positivos sí forma parte de una política de exterminio de Estado colombiano, compuesta de tres líneas principales.

En primer lugar, la presión constante de los mandos militares sobre los cuerpos de combatientes por obtener resultados "positivos", en la lucha contra las guerrillas.

En segundo lugar, la existencia de una tarifa de incentivos a la eliminación física de guerrilleros, conocida como Directiva Ministerial Número 29, que ha estimulado fuertemente los crímenes de inocentes.

Detalles de esta "tarifa" de guerra nos los revela el investigador Samuel Barinas, en su trabajo: "Los falsos positivos: explicación necesaria a los pueblos del mundo" ( Lebrered.net, del 02/5/2010).

El autor dice: "En el marco de su política de seguridad democrática o inversionista, Uribe dio luz verde al Ministerio de Defensa para la aplicación de la directiva ministerial permanente, número 29, de noviembre de 2005, "que desarrolla criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento
en combate de cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e información que sirva de fundamento para la continuación de labores de inteligencia y el posterior planeamiento de operaciones".

Dicha directiva, firmada por su entonces Ministro de Defensa, Camilo Ospina Bernal, establece los siguientes montos para cancelar recompensas:

$5.000 millones de pesos (2 millones 500 mil dólares) por máximos cabecillas.

$1.719 millones de pesos (859 mil 550 dólares) por cabecillas de estructuras
mayores de relevancia nacional.

$191 millones de pesos (95 mil 500 dólares) por cabecillas de estructuras
rurales y urbanas a nivel regional.

$68 millones 760 mil pesos (34 mil 380 dólares) por cabecillas de estructuras
rurales y urbanas a nivel local

$3 millones 815 mil pesos (1.900 dólares) por cabecillas y miembros de
guerrillas, escuadras o rasos responsables de acciones a nivel local.

Explica Barinas, que estas recompensas fueron difundidas en todas las
unidades militares con la lista de las personas incluidas en los niveles I y II.

Las Brigadas Militares -puntualiza- accionaron sus gatillos para alzarse con las recompensas en dinero, ascensos en el escalafón y las vacaciones remuneradas ofrecidas por el gobierno.

Y en tercer lugar, una línea de acción militar, ejecutada de consuno con los grupos paramilitares, de ataque y eliminación preventiva de la base social de las organizaciones guerrilleras: campesinos y pobladores rurales.

La misma estrategia "preventiva" que se usó en marzo de 2008 para atacar territorio ecuatoriano.

Se trata de eliminar la base de apoyo potencial de la guerrilla, actuando "preventivamente" antes de que responda a su llamado o antes de que ésta se presente en la región o zona determinada.

De esta forma se debilita objetivamente la guerrilla, al perder su base social, y se aterroriza a la población susceptible de atender su llamado.

Además, no se expone la tropa a fuego enemigo y las bajas resultantes reportan pingües ganancias.

Estos tres elementos conformarían la base de una cruel y pérfida política de exterminio aplicada por el Estado colombiano, a través del ejército y las fuerzas paramilitares en contra de la población campesina de ese país, a costa del sacrificio moral de las fuerzas armadas de Colombia.

EL PRECIO DE LA MUERTE

En su trabajo, Samuel Barinas hace este comentario concluyente: "Le quitaron valor a la vida y le pusieron precio a la muerte. Querían medir el éxito de su criminal política de seguridad en litros de sangre. Como consecuencia de esta directiva los noticieros de la radio y la televisión y los titulares de
la prensa se llenaron de muertos, casi todos presentados por los militares como "jefes de finanzas" de la guerrilla, "mano derecha" del comandante tal, o simplemente, "terroristas" muertos en combate…"

OTRAS VOCES

El estadounidense John Lindsay-Poland, director para América Latina de la Fellowship of Reconciliation (Confraternidad de Reconciliación), una organización no gubernamental que junto con la agrupación Coalición Colombia presentó el jueves 29 de Julio, en Bogotá, el informe Asistencia Militar y DDHH: Colombia, responsabilidad de EEUU y consecuencias a nivel mundial, manifestó a Inter Press Services (IPS) lo siguiente sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales en ese país:

"Hay vínculos preocupantes entre el aumento de denuncias por ejecuciones extrajudiciales y las unidades militares colombianas asistidas con financiamiento militar estadounidense".

Y el director del Observatorio de Derechos Humanos (DIH), Alberto Yepes, sobre el mismo caso, dijo a esa agencia de noticias: "Esto sucede al final de un gobierno signado por muy graves violaciones a los derechos humanos, con mayor afectación de poblaciones vulnerables, manifestadas en miles de falsos positivos, como se han denominado popularmente a las ejecuciones extrajudiciales".

AVN, 04 de agosto de 2010.


 

     
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COLOMBIANOS HACIA ECUADOR EN EL CONTEXTO DEL PLAN COLOMBIA