LA
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA DE URIBE VÉLEZ
SI EL PLAN COLOMBIA ES UN ÉXITO, ¿QUÉ ES UN FRACASO?
POR ADAM ISACSON*
En el décimo aniversario de un proyecto
en el que Estados Unidos ha invertido 7 mil 300 millones de dólares,
no hay ninguna razón para mostrarse optimista por sus resultados.
El 13 de julio de 2000, el presidente Clinton firmó
una ley que se llamó desde ese momento "Plan Colombia",
por la cual se le otorgó a este país 1,3 mil millones de
dólares para ayuda militar. Esa suma lo convirtió, aparte
del Medio Oriente, en el mayor beneficiario de los Estados Unidos para
este tipo de auxilio.
Diez años después, en julio de 2010, Washington considera
que el "Plan Colombia" ha sido un éxito. En ese calificativo
comparten honores la política exterior de Estados Unidos y el presidente
Álvaro Uribe.
Cualquiera que no sea funcionario del Departamento de Estado sabe que
el Plan Colombia no ha sido propiamente un éxito. Entonces, ¿de
dónde ese entusiasmo? La respuesta debe buscarse en el hecho de
que en estos diez años Estados Unidos ha gastado 7,3 mil millones
de dólares en ese programa. ¡Siete mil trescientos millones
de dólares!
Para aproximarse a lo que significa esa cifra para los contribuyentes
norteamericanos, basta decir que el gobierno Bush no autorizó un
presupuesto de 2.500 millones de dólares para la reconstrucción
de los diques de New Orleans, y que a esa decisión se atribuye
en buena parte la enorme dimensión que adquirió la tragedia
del huracán Karina.
Si los funcionarios no dicen que una inversión de 7.3 mil millones
de dólares fue un éxito total, se exponen a perder su empleo
y, de paso, su cabeza, aunque por hechos así en Estados Unidos
no se pierda la cabeza.
Relaciones cercanas del tercer tipo
Pero, ¿qué resultados tangibles han tenido los 7 mil 300
millones de dólares invertidos en Colombia? Uno, por lo menos:
el gobierno de Colombia es uno de los pocos de América Latina que
busca activamente estrechar relaciones con Estados Unidos. Pero acá
hay una sutileza: una cosa es el gobierno de Colombia y otra es Colombia.
Para el Departamento de Estado algo así puede no tener mayor interés.
Pero en América Latina ese tipo de diferencias son importantes.
NARCOTRÁFICO Y ALGO MÁS
El "Plan Colombia" buscaba, ante todo, detener
el flujo de estupefacientes hacia el mercado de Estados Unidos. El resultado
de esa tarea no pasó nunca de ser mediocre. Varias veces, Washington
ha calificado los avances en dicho terreno como "decepcionantes".
Pero el Plan tenía también otro tipo de propósitos:
· Fortalecer el aparato estatal
· Lograr un mejor equilibrio en el desarrollo social
· Contribuir a la recuperación económica del país
· Apoyar esfuerzos para la negociación política del
conflicto.
En este punto ocuparon lugar destacado:
- El respeto por los derechos humanos
- El avance sostenido hacia la solución política de la crisis
humanitaria en que se debate el país desde hace varias décadas
En este artículo, destinado a la lectura en el exterior, trataré
de hacer un esquema sobre las peculiaridades de un proceso difícil
de entender inclusive para los expertos en política colombiana.
El fiasco de las fumigaciones
Comencemos por ver el resultado en la lucha contra el narcotráfico.
A mediados de los años 90, Estados Unidos creía que las
fumigaciones áreas de herbicidas podían acabar con los sembrados
de coca. Esa idea persistió hasta hace poco. A los encargados de
la lucha contra el narcotráfico no les fue difícil convencer
a los gobiernos de Colombia, siempre dóciles. En las fumigaciones
se comprometieron, sucesivamente, los gobiernos de Gaviria, Samper, Pastrana
y Uribe. Con un pequeño problema: que la estrategia era equivocada.
En 1999, un año después de haber puesto en marcha el Plan
Colombia, la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen
(UNDOC) estableció que había 160.001 hectáreas de
coca plantadas en Colombia, con base en las cuales se producían
680 toneladas de cocaína. En 2007, después de la fumigación
de un millón de hectáreas de coca el número de hectáreas
plantadas se redujo a 99.000. Pero las toneladas producidas apenas bajaron
a 600 toneladas.
La política de fumigaciones no sólo fue cruel -fumigar químicos
sobre aéreas rurales, sin planes que garantizaran la seguridad
alimentaria- sino que tampoco mostró ser efectiva. Para enfrentarla,
las familias cultivadoras, sin otra alternativa de subsistencia, ajustaron
sus patrones de cultivo para producir casi la misma cantidad de cocaína
en poco más de la mitad del espacio físico.
TODO CAMBIA PARA QUE TODO SIGA IGUAL
A partir de 2007, los gobiernos de ambos países
comenzaron a cambiar de estrategia. Le quitaron énfasis a los herbicidas
e incrementaron la presencia de agentes del gobierno en las zonas de cultivo.
La fumigación aérea y manual cayó en un 39 por ciento
entre 2006 y 2009. Al menos por ahora, ese cambio redujo los cultivos.
En 2009 la UNODC encontró una caída significativa en el
número de hectáreas cultivadas, que bajó a 68 mil.
Sin embargo, las mafias continúan abasteciendo a los adictos de
Estados Unidos y Europa con tanta eficacia como siempre.
Mientras los carteles mexicanos han acaparado el transporte de cocaína,
los narcotraficantes colombianos se mantienen ricos y políticamente
poderosos. La última década muestra como el mercado colombiano
de drogas se ha reconfigurado. En reemplazo del viejo modelo de grandes
carteles, hoy las organizaciones son de pequeños ejércitos
con líderes de bajo perfil que controlan puntos claves del tráfico
y mantienen vínculos con organizaciones mexicanas.
COSTO DE LA SEGURIDAD
Es indudable que con su política de "Seguridad
Democrática" el gobierno colombiano, apoyado por Estados Unidos,
ha logrado mejorar la seguridad. Es cierto que en los ocho años
del gobierno Uribe se han reducido los homicidios, los secuestros y los
actos de sabotaje. Que las FARC y el ELN (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, ambos fundados
en 1964) son ahora más débiles y menos numerosos que en
2002. Que los grupos paramilitares que se "desmovilizaron" en
2006, ahora asesinan menos personas que hace una década. Que inversionistas
extranjeros se han sentido atraídos por el cambio en el clima de
seguridad. En una región donde la violencia está yendo en
sentido contrario, el enfoque colombiano parece atractivo.
Pero el costo ha sido alto. Para lograr esos resultados fue necesario
triplicar el presupuesto militar, poco menos que duplicar el tamaño
de las fuerzas de seguridad, y utilizar a ciudadanos del común
como informantes pagados.
Además, en el último período el progreso en materia
de seguridad se estancó e inclusive sus resultados se invirtieron,
sin que fuera posible recuperar la dinámica que acompañó
el arranque del programa bandera del gobierno. Los "daños
colaterales" provocados por la obsesión en torno a la seguridad
no han cejado, y terminaron por representar un alto costo de vidas y recursos
en Colombia.
Y MENTIRA DE LA SEGURIDAD
Analistas de seguridad independientes, incluyendo la Corporación
Arco Iris y el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, encontraron
un modesto pero preocupante incremento de la actividad y los ataques de
la guerrilla desde 2008, el año bandera de la seguridad democrática.
"Lo que vemos hoy en día ?dijo el pasado mes de abril Christophe
Beney, jefe de la delegación del CICR? es que quizá desde
finales de 2009 y comienzos de 2010 las FARC como grupo guerrillero se
ha adaptado dinámicamente a la situación y que una vez más
tienen la capacidad de ser un actor importante en el conflicto armado".
Al menos nueve mil combatientes de las FARC y del ELN y un número
similar de "nuevos" paramilitares, persisten en áreas
remotas, barrios marginales y a lo largo de corredores estratégicos
claves, perpetran emboscadas, siembran minas antipersonales, reclutan
niños y lanzan ataques en todo el país casi a diario, aunque,
se debe reconocer, en áreas más remotas que antes.
Hoy hay frentes guerrilleros con autonomía que se han convertido
en meras organizaciones criminales y actúan dentro del narcotráfico.
Y hay otros, herederos de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con
nombres exóticos como Los Machos, Rastrojos, Nueva Generación,
Águilas Negras, Urabeños, Paisas, Renacer y Ejército
Revolucionario Popular Antiterrorista. Las estimaciones sobre nuevos paramilitares
sitúan su número entre 4 mil y 10 mil 200 combatientes,
similar al número de guerrilleros.
DE MAL A PEOR
Aparte de las guerrillas, redes criminales en su gran mayoría
relacionadas directamente con los antiguos grupos paramilitares y financiadas
por el narcotráfico están creciendo con rapidez y han provocado
un aumento en el número de homicidios de varias regiones importantes,
una de ellas Medellín, que se destacó por la dramática
reducción del crimen a mediados de la década, pero que de
2008 a 2009 dobló su propia tasa de homicidios y en 2010 va peor.
La Policía Nacional señaló que hubo una leve reducción
de los homicidios entre 2008 y 2009, de 16.140 a 15.817. Sin embargo,
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo sonar
las alarmas al decir que los homicidios aumentaron en un 16 por ciento
luego de seis años continuos de descenso. Según sus estadísticas,
pasaron de 15.250 en 2008 a 17.717 en 2009. Es la cifra más alta
desde 2005.
¿CÓMO? ¿NOS GANA SUDÁN?
Otras expresiones de la violencia, como el desplazamiento
forzado o amenazas contra defensores de los derechos humanos, no mejoraron
durante los años de "éxito" de la seguridad democrática.
De acuerdo con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento,
CODHES, la ONG que monitorea el fenómeno, el desplazamiento interno
convierte a Colombia en un país con la "emergencia humanitaria"
más alta del hemisferio. En 2009, 286 mil 389 personas fueron forzadas
a dejar sus hogares y sitios de origen. Aunque esta es la cantidad más
baja de nuevos desplazamientos en tres años, es la misma que registró
CODHES en 1999 antes de que comenzara el Plan Colombia. Desde 2002, 2.4
millones (estimado de CODHES) o 2.2 millones (estimados del gobierno)
-uno de cada 20 colombianos- han sido desplazados. El desplazamiento interno
en Colombia es el segundo más alto en el mundo después de
Sudán.
Los datos muestran que la violencia cayó más rápido
al principio, sólo para establecerse unos años después
en niveles inaceptables. El Plan Colombia y la Seguridad Democrática
privilegiaron la capacidad militar y de la Policía sobre otras
facetas de la administración, y ahora indican cómo Colombia
ha alcanzado los límites de lo que una estrategia militar puede
lograr por sí misma.
CINCO CERDITOS
El retroceso que ha sufrido la seguridad puede dividirse
en cinco capítulos distintos pero complementarios:
1. Costo humano y financiero
2. Parapolítica o la corrupción al poder
3. Justicia y paz o naufragio de la justicia
4. Falsos positivos o el error de la contabilidad
5. El servicio de inteligencia o la inteligencia fuera de control
CERDITO UNO: COSTO HUMANO Y FINANCIERO
De acuerdo con las cifras oficiales, en los ocho años
del gobierno Uribe, han muerto en combate 21 mil soldados, policías,
guerrilleros y paramilitares. Grupos de derechos humanos estiman que la
violencia relacionada con el conflicto ha dejado como resultado la muerte
de otros 14 mil civiles no combatientes -víctimas inocentes o personas
a quienes se les ha negado el debido proceso- entre 2002 y 2008. En enfrentamientos
en los que no participan las fuerzas de seguridad (guerrilla contra paramilitares,
guerrilla contra guerrilla, y paramilitares contra paramilitares), han
muerto probablemente unos cuantos miles de personas más durante
este período.
El incremento del tamaño y capacidad de las fuerzas de seguridad,
más de 2 mil efectivos en los últimos años, le ha
costado a Colombia entre 40 y 50 mil millones de pesos. Esta cifra ha
socavado la competitividad del país. Si ese dinero se hubiera invertido
en educación o infraestructura, Colombia podría ser una
potencia económica regional preparada para desempeñar un
mayor papel global, a la par que Chile y Brasil.
CERDITO DOS: PARAPOLÍTICA
Un claro ejemplo del asedio a que han estado sometidas
las instituciones democráticas en Colombia es el escándalo
que durante este período se ha dado en llamar "parapolítica".
Desde los años 80, los jefes políticos de distintas regiones,
muchos de ellos grandes terratenientes con lazos con el narcotráfico,
promovieron y financiaron grupos a favor del gobierno paramilitar. Esas
tácticas arrasaron las tierras y asesinaron a decenas de miles
de no combatientes en la década de 1990 y a principios del tercer
milenio. La arremetida paramilitar, marcada por cientos de horribles masacres
y fosas comunes, los llevó a superar a la guerrilla y a las fuerzas
armadas, convirtiéndolos en el mayor violador de derechos humanos
en Colombia.
Los paramilitares no podrían haber funcionado sin el apoyo de los
políticos que tenían el poder local. La evidencia, en gran
parte de los ex líderes paramilitares, ha provocado una cascada
de investigaciones penales contra legisladores, gobernadores, alcaldes
y otros funcionarios que hicieron causa común con los criminales.
LA COSA ES CON PIN
Entre los involucrados en la parapolítica aparecen
el primo del presidente, el ex senador Mario Uribe; el hermano de su ex
canciller, el ex senador Álvaro Araújo; el hermano del actual
ministro del interior, ex jefe fiscal de Medellín, Guillermo Valencia
Cossio; y los embajadores designados por este gobierno en Chile y República
Dominicana.
Y el problema sigue: en marzo de este año el Partido de Integración
Nacional, PIN, partidario del gobierno y vinculado de cerca a los "parapolíticos",
obtuvo nueve curules en el Senado y unas doce curules para la Cámara
en las elecciones legislativas. De esta forma, el PIN será el cuarto
o quinto partido más grande en el Congreso colombiano en el periodo
2010 - 2014.
Algo positivo es que el sistema judicial ha sido lento pero incansable
en las investigaciones sobre "parapolítica". Pero la
Corte Suprema se ha visto obligada a encarar las constantes agresiones
del Presidente y de su círculo. La intimidación incluye
escuchas telefónicas y vigilancia por parte del servicio de inteligencia
al servicio del Presidente, e incidentes que nadie explica, como un encuentro
inquietante en el palacio presidencial entre los asesores del gobierno
y emisarios paramilitares, en el que se habló sobre la necesidad
de espiar a los opositores y de desacreditar a los investigadores de la
parapolítica en la Corte Suprema.
CERDITO TRES: JUSTICIA DE TRANSICIÓN
Entre 2002 y 2006 el gobierno de Colombia negoció
un acuerdo que buscaba la desmovilización de la organización
paramilitar "Autodefensas Unidas de Colombia", AUC. El resultado
del proceso llamado de "Justicia y Paz", iniciado en julio de
2005, fue ofrecer a los líderes paramilitares desmovilizados sentencias
leves a cambio de confesiones completas y reparación de las víctimas.
Nada de lo anterior ha sucedido. Hasta el 29 de junio de 2010, cuando
las dos primeras sentencias fueron entregadas (y todavía podrían
ser apeladas), este lento proceso aún no había condenado
a un solo jefe paramilitar por crímenes contra los derechos humanos
y había fracasado rotundamente en devolver las tierras y propiedades
que los paramilitares robaron a miles de familias.
A pesar de estas deficiencias, Estados Unidos y funcionarios colombianos
frecuentemente califican el proyecto de "Justicia y Paz" como
un éxito. Es cierto que las confesiones de los paramilitares han
aclarado muchos crímenes y que también han disminuido los
asesinatos de civiles no combatientes. Sin embargo, una gran excepción
son las víctimas que se han organizado para exigir la devolución
de las tierras robadas. Cuarenta y cinco de ellos han sido asesinados
desde 2005.
En cuanto a otro ingrediente crucial, la impunidad, en los últimos
años se ha avanzado muy poco. Colombia ha sido testigo de una serie
de escándalos que aún no se han investigado y sancionado.
La situación de los derechos humanos sigue siendo problemática.
Y el sistema judicial ha sido maltratado por años de lucha en los
que ha buscado mantener su independencia.
CERDITO CUATRO: "FALSOS POSITIVOS"
Con los paramilitares jugando un papel menor, las fuerzas
armadas asumieron una mayor responsabilidad en la lucha contra la guerrilla.
Casi inmediatamente, se disparó el número de violaciones
de los derechos humanos atribuido directamente a los militares colombianos.
Mientras crecía el apoyo a las fuerzas armadas, el presidente Uribe
las presionó para obtener resultados contra las guerrillas. El
sistema más fácil de medir ese éxito ha sido "el
recuento de cadáveres" luego de los combates. Para esto, el
Ministerio de Defensa de Colombia estableció un sistema de incentivos
informales para los soldados (en tiempo de descanso y ascensos), e incentivos
oficiales para informantes civiles. A mediados de la década de
2000, el general Mario Montoya visitó brigadas en todo el país
exhortando a las tropas a producir "litros de sangre".
En 2005 los grupos de derechos humanos y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas detectaron un aumento de las denuncias sobre asesinatos de civiles
no combatientes. Los cuerpos aparecían vestidos con uniforme de
camuflaje y eran presentados como miembros de grupos armados muertos en
combate. En 2007, los grupos colombianos de derechos humanos habían
contado 955 casos de ejecuciones extrajudiciales por las Fuerzas Armadas
desde el año 2002, incluyendo los llamados "falsos positivos"
(un término colombiano que básicamente significa fasos resultados).
HOSTILIDAD DEL CERDITO MAYOR
Los esfuerzos de los grupos de derechos humanos por documentar
los "falsos positivos" se ganaron la hostilidad extrema del
presidente Uribe, quien, en un discurso ante el alto mando militar en
septiembre de 2003, calificó a esas organizaciones como "voceras
del terrorismo". Uribe y su ministro de Defensa, el ahora presidente
electo Juan Manuel Santos, insistieron en que las quejas de los grupos
de derechos humanos se debían a un complot para socavar el prestigio
de las Fuerzas Armadas.
"La guerrilla tiene otra estrategia ?dijo el presidente Uribe en
julio de 2007?. Cada vez que hay un siniestro en la guerrilla, ellos inmediatamente
movilizan sus voceros en el país y en el extranjero para decir
que fue una ejecución extrajudicial". Y repitió esa
misma tesis tres meses más tarde en un discurso ante la OEA. En
2006, el entonces ministro Defensa Santos llamó a las acusaciones
sobre los primeros "falsos positivos" "una pantomima con
claras intenciones políticas".
SOACHA, LA TAPA DE LA OLLA
Esas palabras hicieron todavía más arriesgado
el trabajo de los defensores de los derechos humanos. Pero las denuncias
siguieron aumentando. A finales de 2008, el escándalo de los "falsos
positivos" se hizo demasiado fuerte para seguir negándolo
e ignorándolo.
En septiembre de ese año, las familias de 19 jóvenes desaparecidos
en Soacha, un barrio marginado de Bogotá, descubrieron que habían
sido enterrados a cientos de kilómetros de distancia y que las
Fuerzas Armadas afirmaban que habían sido dados de baja en combate.
Las investigaciones demostraron que los jóvenes habían sido
engañados con la promesa de un empleo remunerado, pero que en realidad
fueron llevados a una zona de combate y asesinados. Sus cuerpos se presentaron
como pruebas de combatientes muertos para que los militares pudieran ganar
el reconocimiento del gobierno y los premios ofrecidos.
A fines de 2009, la Fiscalía General anunció que estaba
investigando 1.302 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por
las fuerzas de seguridad, con un total de 2.177 víctimas. Aunque
los casos se remontan a 1985, mil de los 1.302 se cometieron a partir
del año 2002, cuando Uribe se posesionó como Presidente
de la República con el total apoyo de Estados Unidos.
COMO PEDRO POR SU CASA
Pero eso no es todo. "Ha habido más asesinatos
de carácter similar caracterizados como incidentes aislados perpetrados
por unidades de soldados renegados o manzanas podridas", sostiene
el informe de 2010 del Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales.
Lograr condenas no ha sido fácil. Por lo menos cuarenta y seis
de los militares acusados en el caso de Soacha se encuentran libres y
a la espera de un juicio ya que los procedimientos, que se han prolongado
demasiado, han permitido la excarcelación. Los retrasos, que ahora
suman más de un año y medio, se deben principalmente a tácticas
de procedimiento desplegadas por los defensores de los soldados. De cualquier
manera, el escándalo de los "falsos positivos" y el manejo
que el gobierno le ha dado, salpican con su desprestigio el "éxito"
del Plan Colombia, en el que se ofrecía apoyar esfuerzos para la
negociación política del conflicto.
CERDITO CINCO: "INTELIGENCIA"
Tan impactantes como los "falsos positivos" han
sido las acusaciones sobre la vigilancia ilegal e intimidación
llevada a cabo por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el
servicio de inteligencia o "policía secreta" de la Presidencia
de la República.
Esta problemática agencia, que ha recibido continuos auxilios de
Estados Unidos, parece haber estado fuera de control. El DAS utilizó
la ayuda norteamericana para propósitos indebidos, y deterioró
gravemente lo que el gobierno colombiano ganó en términos
de seguridad. El organismo llevó registros completos, con fotografías,
de las rutinas de los defensores de derechos humanos y de sus familias,
inclusive los horarios en que los buses escolares recogían a sus
hijos.
El primer director del DAS en el gobierno Uribe, Jorge Noguera, supuestamente
compartió información sobre las operaciones militares con
el Bloque Norte de las AUC, al igual que con otras organizaciones de paramilitares
y narcotraficantes. Esto incluye la entrega a los paramilitares de listas
de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y figuras
de la oposición para ser asesinados. Algunas de esas órdenes
se llevaron a cabo. Hoy, Noguera, quien trabajó como jefe de inteligencia
de la Presidencia durante tres años, está siendo sometido
a juicio por homicidio agravado.
SABER O NO SABER, ESA ES LA CUESTIÓN
Pero la salida de Noguera no terminó con los problemas
del DAS. A principios de 2009 los colombianos se enteraron que la agencia
oía y grababa las conversaciones telefónicas de decenas
de decenas de defensores de los derechos humanos, periodistas independientes,
políticos de oposición e inclusive jueces de la Corte Suprema,
en especial los que investigaban la "parapolítica". Se
señaló que el DAS había interceptado y recopilado
miles de horas de conversaciones y archivos de correo electrónico,
y que mantenían registros pormenorizados de los movimientos de
las familias.
A principios de 2010 aparecieron nuevos documentos que revelan cómo
hacia el año 2005 se montó una "guerra política"
contra los adversarios del gobierno, que consistieron en planes para difamar
y neutralizar a la oposición, a la información independiente
y a los miembros de organizaciones internacionales. Los esfuerzos del
DAS incluyeron la difusión de falsas acusaciones de vínculos
con las guerrillas, corrupción y adulterio; pequeños actos
de sabotaje para afectarlos en su trabajo y esfuerzos para negar la aprobación
de visas a Estados Unidos.
Los investigadores judiciales no han podido determinar hasta qué
punto sabía el presidente Uribe de las actividades delictivas del
DAS. La Fiscalía General concluyó que las órdenes
fueron dadas por altos funcionarios de la Presidencia. Los fiscales han
ordenado que algunos de los colaboradores más cercanos de Uribe
declaren sobre sus posibles vínculos con este proceso.
La respuesta de Uribe ha sido la de acusar a los jueces de "nostálgicos
del terrorismo". "Se prestan ?dijo? para el terrorismo y el
tráfico de testigos". Se trata de un señalamiento grave,
que dejó atascado al gobierno. En un momento en que las investigaciones
penales son de importancia crítica, el país pasó
un año sin fiscal por la pretensión del gobierno de manipular
la elección y contar con un funcionario de su agrado.
Pobres y ricos, el abismo que los separa
La brecha que separa a ricos y pobres hace de Colombia un de los países
más desiguales del mundo. La riqueza se ha concentrado cada vez
más en unos pocos. La seguridad promovida por el "Plan Colombia"
se caracterizó por un marcado acento en las desigualdades sociales
del país.
Como consecuencia de los avances en seguridad en la década 2000-2010,
la inversión extranjera, especialmente en las industrias extractivas,
se triplicó. Los mercados de capitales se robustecieron: según
el índice de la Bolsa de Bogotá, 100 dólares invertidos
en el 2002 valdrían 1.025 dólares en la actualidad.
Pero el desempleo, que en mayo del 2002 era del 14.5 por ciento, sólo
disminuyó al 12,1 por ciento en mayo de 2010. El subempleo bajó
apenas de un 35,4 a un 32,8 por ciento en ese periodo. La tasa de pobreza
disminuyó de un 51,5 a un 42,8 por ciento entre 2002 y 2008, pero
el descenso es inferior al de los países vecinos como Perú,
Brasil, Venezuela, Ecuador y Panamá. La "pobreza extrema"
o tasa de indigencia -quienes no pueden satisfacer sus necesidades básicas?
no cambió sino muy levemente: 24,8 por ciento en 2002; 22,9 por
ciento en 2008.
BIEN EN DESIGUALDAD
Cuando se puso en marcha el "Plan Colombia",
desde el punto de vista económico el país era uno de los
más desiguales del mundo. Ya sea medido por el coeficiente de GINI
o la relación entre el porcentaje de ingresos de los más
ricos y los más pobres, Colombia se ha mantenido en el fondo. Diez
años después, gran parte del hemisferio ha avanzado hacia
la igualdad, pero algo diferente ocurre en Colombia donde las medidas
de desigualdad se han agravado.
Según la Comisión Económica para América Latina,
sólo tres países del continente han crecido en desigualdad
económica desde el 2002: Guatemala, República Dominicana
y Colombia.
¿MODELO?
La experiencia de Colombia ofrece lecciones importantes.
La primera, que copiar su modelo en otros casos sería desastroso.
Los escándalos, abusos, decepciones y altos costos del "Plan
Colombia" impiden presentarlo como algo digno de imitar en otros
Estados en problemas que reciben asistencia de Estados Unidos, tales como
México o Afganistán.
El "Plan Colombia" y la "Seguridad Democrática"
se centraron en el fortalecimiento de la presencia del Estado. Pero se
centraron casi exclusivamente en la presencia de parte del Estado: la
que lleva uniforme. La policía militar se fortaleció en
todo el territorio nacional, pero el resto del gobierno: los constructores
de carreteras, los trabajadores de la salud, los maestros y los jueces,
quedaron muy atrás.
En alguna forma mejoró la seguridad pero en el atropello a los
derechos humanos, la "parapolítica", los "falsos
positivos" y los delitos cometidos por el DAS desmienten afirmaciones
según las cuales la experiencia en Colombia ha sido un "éxito".
LO QUE PUEDE LA EDICIÓN
En su visita a Bogotá en el pasado mes de abril,
Robert Gates, secretario de Defensa, dijo que el presidente Uribe era
"heroico" y que Colombia se había convertido en "una
pieza clave de seguridad y prosperidad en Suramérica" y en
"una fuente única de experiencia y conocimientos" para
los esfuerzos de seguridad de sus vecinos.
A su turno, en una visita a México ese mismo mes, el ex presidente
de Estados Unidos, Bill Clinton, hizo un llamado para realizar un "Plan
México" en la misma línea de lo que se hizo en Colombia
diez años atrás.
"Veo el mismo tipo de desafíos en Afganistán y también
en México", dijo Mike Mullen, presidente de Joint Chiefs en
su visita a Bogotá en junio de 2010. Y agregó "Hay
mucho que aprender del éxito que se ha visto en Colombia".
Pero esas son opiniones que carecen de información suficiente o
que son mal intencionadas. Los defectos de la Seguridad Democrática
son trágicos. Mostrar a Colombia como un "modelo" es
superficial y puede llegar a ser peligroso.
* Senior Asociado de Políticas de Seguridad Regional, Oficina de
Washington para Latinoamérica.
Julio 29 de 2010.
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