LA PARAPOLÍTICA EN COLOMBIA: DELITOS EN IMPUNIDAD

Parapolítica es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.

Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado, en su inmensa mayoría de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se beneficiaron de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.

El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al presidente de la República, Álvaro Uribe, han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos, a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración.3 Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional esta estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo.

PACTO DE RALITO

El Pacto de Ralito, uno de los procesos más sonados dentro de este escándalo, es un documento que involucra a varios parlamentarios, ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos en un acuerdo con las AUC para "refundar la patria". Hoy la mayoría de los firmantes se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no prosperó.

El documento fue firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Se conoció sobre la existencia del documento después de que el senador Miguel De la Espriella, uno de los firmantes, revelara su existencia a finales de 2006 por órdenes de Salvatore Mancuso; el texto del documento solo fue conocido en enero de 2007 tras declaraciones de Jorge 40 durante el sometimiento al proceso de Paz con el gobierno.

De acuerdo a investigaciones publicadas por el Diario El Espectador, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Según el informe, dicha estrategia se denominó "El Plan Birmania", haciendo referencia a lo sucedido en Birmania (hoy Myanmar), país asiático donde se estableció una dictadura militar y se le señala como uno de los ejes del denominado "Triángulo de oro" entre Laos, Myanmar y Tailandia, por el cultivo de la amapola, la producción de opio y la fabricación de heroína.

Carlos Castaño se negó a respaldar la iniciativa y reiteró las objeciones que ya venía haciendo en contra de los entonces líderes del Bloque Central Bolívar de las AUC, Iván Roberto Duque alias Ernesto Báez y Carlos Mario Jiménez alias Macaco, por sus nexos con la producción de drogas ilícitas. Además informó a sus hombres de confianza de las intenciones de algunos de los jefes, a fin de buscar respaldo a su negativa a la alianza. A través de declaración pública, el miércoles 30 de mayo de 2001, Carlos Castaño Gil díjo: "Compañeros de causa, somos en las AUC, amigos y respetuosos de las instituciones del Estado. Este principio es inviolable. Respétenlo. Renuncio irrevocablemente a mi cargo otorgado por ustedes".

LISTA DE FIRMANTES DEL ACUERDO DE RALITO

Este es el listado de los firmantes del pacto de Ralito. Se especifica el cargo que ocupaban los dirigentes políticos el 23 de julio de 2001, fecha en la que se firmó el documento.

JEFES PARAMILITARES

Salvatore Mancuso (Santander Lozada)
Diego Fernando Murillo (Don Berna)
Edward Cobo Tellez (Diego Vecino)
Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40)

POLÍTICOS COMPROMETIDOS

José María López Gomez "Mono López (Gobernador de Córdoba)
Salvador Arana Sus (Gobernador de Sucre)
Reginaldo Montes (Representante a la Cámara por Córdoba)
Luis Alvarez (Suplente Cámara de Representantes por Córdoba de Reginaldo Montes)
Jaime García (Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge)
Álvaro Cabrales (ex Diputado conservador de Córdoba)
Sigifredo Senior (Alcalde de Tierralta, Córdoba)
Alfonso Campo Escobar (Representante a la Cámara por el Magdalena del partido Conservador)
José María Imbeth (Representante a la Cámara por el partido Conservador)
William Montes (Senador por el Bolívar. Conservador)
Rodrigo Burgos de la Espriella (Senador Conservador)
José Pepe Gnecco (Senador Bolivar)
Luis Carlos Ordosgoita (Representante a la Cámara por Córdoba)
Fredy Sánchez (Representante a la Cámaras por Córdoba)
Miguel de la Espriella (Representante a la Cámara por Córdoba)
Eleonora Pineda (Concejal de Tierralta)
Marciano Argel (Secretario de Planeación de Córdoba)
Wilmer Pérez (Alcalde de San Antero)
José de los Santos Negret (Gerente del Partido Conservador)
German Ortiz (Asesor Alcaldía de San Antero)
Remberto Montes (Representante a la Cámara por Córdoba) - Anulada la firma
Juan Manuel López Cabrales (Senador Liberal)
Luis Saleman (Ex alcalde de San Onofre Sucre)
Sabas Balserio (Alcalde de San Onofre)
Edwin Mussi (Alcalde de Ovejas, Sucre)
Felipe Quedaga (Funcionario de la alcaldía de Ovejas, Sucre)

CIVILES CON NEXOS PARAMILITARES

Antonio Sánchez (Periodista)
Rodolfo Vargas (Funcionario alcaldía de Sincelejo)
José Luis Feris (Ganadero)
Victor Guerra (Ganadero)
Alfredo Padilla Eljach ( Aspirante a Alcaldía Pueblo Nuevo )
Ricardo Barrera Gallon ( Alcalde Electo Pueblo Nuevo


 

     
EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DE COLOMBIANOS HACIA ECUADOR EN EL CONTEXTO DEL PLAN COLOMBIA