El señor de las moscas
TEMBLOR DE TIERRA
FERNANDO GARAVITO
jotamosca@hotmail.com

Habla el presidente. Entonces la tierra, la buena y sufrida tierra latinoamericana, la que ha soportado siglos de desgobierno, de miserias y de atropellos, la que ha callado horrores y ha olvidado traiciones, tiembla. La palabra que anuncia nuevas torpezas y tropelías, queda en suspenso. Y el auditorio, aterrado, siente que ese algo profundo que es el territorio común, expresa misteriosamente lo que todos se niegan a expresar. Tiembla la tierra en Cuzco como tiembla la tierra en las olvidadas regiones de Colombia, donde la palabra del presidente no es una diplomática forma de decir, sino una terrible forma de atropellar. De esa manera, mientras los mandatarios que asisten a la asamblea del Grupo de Río comentan lo poco que se puede comentar en esos eventos, nuestro miedo toma forma de sismo y sacude la sala y los espíritus. Nosotros somos la tierra y temblamos, porque no entendemos cómo a este salvaje que pide la intervención de los Estados Unidos en la zona amazónica y que clama por una guerra internacional que atropelle a Colombia, los demás le sirven de interlocutores, y lo oyen y aplauden a pesar de que es, ellos lo saben, el verdugo de una nación una y mil veces rota y destrozada. Ahora, en esos congresos llenos de frases y de cortesía poco se dice y nada se hace. Por eso la tierra se siente en la obligación de temblar. Y tiembla.

Uribe es el enemigo. Hace poco, en una reunión con empresarios españoles, ofreció lo que nadie, ni siquiera los desalmados inversionistas internacionales que acuden a esos eventos, esperaban que les fuera ofrecido. Hablaba de la seguridad indispensable para hacer negocios en Colombia. Y de pronto, sin que nada anunciara ese otro tremendo temblor de tierra, sostuvo que en caso de que las fuerzas militares fueran “desbordadas por la subversión” él no dudaría en autorizar a las multinacionales para buscar “el respaldo que crean conveniente”. Traducción: ante la inseguridad que vive el país, las empresas que inviertan en él podrán tener ejércitos privados. Y no es necesario que hagan un gran esfuerzo para ello, porque el gobierno dispone de toda una gama de paramilitares. La propuesta del presidente (o de esa persona a la que algunos ingenuos todavía llaman presidente) es insólita: vengan ustedes, hagan sus negocios, y organicen su propio grupo de sicarios para que los defienda. Si la idea prospera, dentro de poco el ejército de Prisa se enfrentará a bala al ejército del Banco Santander porque a la primera no le gustó la forma como le negaron un préstamo. O el ejército de Colsánitas (invocando a Dios y a don Juan Carlos, que es su propietario), avanzará contra el ejército de Pepsi porque le robó a Shakira para un comercial. Esa es nuestra política de Estado: armar una guerra en cada esquina, para acorralar al terrorismo. Sin darnos cuenta, claro está, de que el primer terrorista que hay en Colombia es un régimen que le hace juego a la demencia porque no sabe para dónde va y pretende manejar al país a sangre y fuego.

Pero eso no es todo. Esta semana la Cámara de Representantes estuvo de acuerdo en entregarle poderes de policía judicial a las fuerzas armadas. Y aunque faltan todavía seis votaciones para que el acto legislativo se convierta en ley, el resultado pone en el horizonte una serie de oscuros nubarrones. Amnistía Internacional sostuvo el 20 de mayo que esa medida “tendrá un impacto catastrófico sobre los derechos humanos”, porque “permitirá que las fuerzas armadas realicen allanamientos y escuchas telefónicas, y practiquen detenciones sin autoridad judicial, basadas únicamente en acusaciones militares en lugar de pruebas recogidas durante investigaciones judiciales independientes e imparciales llevadas a cabo por autoridades civiles”. Y advierte sobre algo que pone los pelos de punta: “la propuesta es la pieza del rompecabezas que le falta al decreto 128 del año 2003, para conceder amnistías a los responsables de violaciones contra los derechos humanos”.
El panorama del país da, poco a poco, un giro de 90 grados. Muchos sectores aceptan, sin beneficio de inventario, un discurso de extrema derecha que califica a quienes defienden los derechos ciudadanos como “terroristas”. La manipulación de la verdad se convierte en una tarea inicua de diaria ocurrencia. Hace poco, un magistrado de la Corte Suprema, Édgar Lombana, se negó a aceptar, “por razones de honestidad procesal”, la confesión detallada que hizo Carlos Castaño del asesinato del senador Manuel Cepeda. ¿A quién que no sea un enanito insignificante, se le ocurre semejante exabrupto? Pero Colombia es el país de los argumentos –y de los hechos– peregrinos. ¿Cómo es posible que un grupo de 147 militares (¡147 militares!) se roben 40 mil millones de pesos (¡40 mil millones de pesos!) de las FARC (¡de las FARC!) en las narices del ejército? ¿Cómo es posible que sin saber cómo regresen los cadáveres desmembrados que llevó el río Cauca a Beltrán, en el Valle, y que aterrorizaron a la población en la pasada guerra del narcotráfico? ¿Cómo es posible que nadie, salvo Aurelio Suárez, diga esta boca es mía ante el anuncio de Uribe y de Londoño de que harán “llover glifosato” sobre la zona cafetera? ¿Cómo es posible que alguien (¿y quién es ese alguien?) venda la base de datos del registro nacional a una empresa gringa, la Choice Point, y que el país siga su marcha imperturbable, mientras esta última le traspasa la información privada de 31 millones de colombianos a los organismos de seguridad de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que los paramilitares del Casanare acusen a los militares de la Séptima Brigada (con sede en Villavicencio), de recibir dinero y combatir hombro a hombro con los paramilitares del Meta y del Guaviare, sin que se caiga de su alto pedestal un solo general de la República?
Pues, quién sabe cómo, pero todo eso es posible. Y como todo es posible, la tierra tiembla. La buena, la sufrida, la silenciosa tierra colombiana.