El señor de las moscas
VUELVE EL TERROR

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La denuncia proviene del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”. En Viotá, a pocos kilómetros de Bogotá, un grupo paramilitar, en complicidad con el Batallón Colombia, abordó a una decena de campesinos, los acusó de ser colaboradores de la guerrilla, secuestró a dos de ellos y los asesinó en una forma macabra. “El día 1º de abril del 2003 –dice el informe–, los cuerpos sin vida de los labriegos desaparecidos fueron encontrados en la vereda El Palmar. El de Wilson Duarte fue hallado en un lugar cercano al sitio en donde se acantonó el grupo paramilitar, con indicios de tortura, decapitado y con una enorme incisión en la región abdominal, en la cual fue incrustada su cabeza”.

Días más tarde, el Colectivo, junto con el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, hizo un pormenorizado recuento de la situación que enfrentan los campesinos de los municipios de Lejanías y El Castillo, en el Meta. En él se ve de manera palpable la forma como se ha deteriorado el comportamiento de los asesinos. Dos días después de la posesión del presidente de la República, se presenta el primer bombardeo aéreo. Los militares del Batallón “Vargas”, y sus paramilitares de apoyo (que forman parte de los bloques “Centauros”, “Córdoba” y “Urabá”), cumplen entonces una macabra operación de tierra arrasada. El 19 de agosto el ejército realiza un censo de la población y penetra violentamente a las casas de los campesinos. El 26 de agosto detienen a decenas de labriegos (que son puestos en libertad cinco meses después por falta de pruebas), y asesinan a Éder Carvajal, jornalero de 16 años. El comandante de la incursión es el capitán Wilson Lizarazo. Los campesinos comprueban, sin asombro, que en los municipios donde se desarrollan los operativos, los paramilitares conviven amigablemente con los soldados.

En septiembre comienzan a aparecer los cadáveres. Y es respecto de ellos sobre los que quiero llamar la atención. Al comienzo se trata de personas que son asesinadas con disparos en el tórax o en la cabeza. Pero, poco a poco, sobre los cuerpos se ejerce una violencia sádica. El 1º de noviembre, los aterrorizados pobladores encuentran el cuerpo del personero de El Castillo, Mario Castro Bueno, con evidentes señales de tortura, apuñalado y degollado. El 2 de febrero los paramilitares abandonan el cadáver de Jesús Antonio Romero a pocos metros de la silla donde permanece su madre, una inválida de 90 años, quien se ve forzada a asistir a la descomposición del cuerpo antes de que alguien le preste auxilio. El 6 de febrero, se llevan a Rodrigo Gutiérrez, de 70 años. Su cadáver aparece al día siguiente, horriblemente torturado y descuartizado. El cuerpo de Polidoro Bernal aparece el 5 de marzo descuartizado. Y todo ello ocurre bajo la mirada de los militares, con la bendición del cura párroco (que abofetea a los detenidos e insulta a los parientes de las víctimas), y con la complicidad de la alcaldesa.

Pero eso no es todo. En efecto, un grupo de entidades, encabezadas por el Consejo Regional Indígena de Arauca, denuncia que en el resguardo de Betoyes, en el municipio de Tame, miembros del batallón Navas Pardo, con brazaletes de las AUC, asesinaron a cuatro personas. En ese hecho, que dio origen al desplazamiento de la tribu y a la ocupación pacífica de la iglesia de Saravena, se destaca el elemento macabro de la muerte de Omaira Fernández. Ella tenía 16 años y estaba embarazada. “El pueblo guahíbo, dice la denuncia, tuvo que ver horrorizado como los supuestos paramilitares le abrían el vientre a la joven, le extraían el feto, lo trozaban, introducían sus partes en una bolsa plástica, y las arrojaban al río junto a la madre”.

El 15 de mayo, El Colombiano publica una noticia que leo gracias al insuperable servicio académico y de prensa del profesor Óscar Domínguez. “La semana pasada –dice el periódico–, en la vereda La Doctora, de Sabaneta, fue hallado el cuerpo de un hombre de unos 45 años a quien, luego de darle una paliza, lo electrocutaron poniéndole cables de alta tensión en las orejas”. Más adelante la crónica cuenta que en Marinilla los paramilitares decapitaron a un ebanista y clavaron su cabeza en una estaca. Y dentro de la misma nota el psiquiatra Jorge Montoya señala que una práctica que se ha vuelto común en Medellín es la de decapitar los cadáveres y jugar fútbol con las cabezas.

Esa es nuestra normalidad. La normalidad de lo macabro. Poco a poco hemos vuelto al terror. Los crímenes de los chulavitas no se limitaban al asesinato del adversario. Ellos ejercían sobre el cadáver una especie de práctica satánica, a los hombres les cortaban los testículos y se los metían en la boca, a las mujeres embarazadas las sacaban el feto y las exponían con los vientres abiertos, había los tres famosos cortes: el de franela, que consistía en hacer una incisión de hombro a hombro dejando la cabeza agarrada apenas por la piel de la nuca; el de corbata, en la que sacaban la lengua del cadáver por la misma incisión, de manera que simulara un lazo macabro; y el de mica, en el que decapitaban el cadáver y le ponían la cabeza sobre el pecho. Todo eso se vio en Colombia durante la dictadura conservadora de Ospina Pérez y de Laureano Gómez. Pero luego esas prácticas salvajes desaparecieron. Muchos años después, María Victoria Uribe distinguió entre “la gran violencia”, en la cual se manipulaba el cadáver del enemigo, y el crimen paramilitar en el que se mataba a la gente de manera rápida y efectiva. “Disparo al tórax, y punto”, explicó ella.

Pues sí pero no. Porque, según parece, el “disparo al tórax, y punto” fue una etapa intermedia entre la demencia y la demencia. Una demencia paramilitar que vuelve hoy en toda su dimensión, llevada de la mano por un gobierno enemigo.