POR JORGE MARCHINI
El Tratado de Libre Comercio
(TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea impulsado por Brasil,
cuyas cláusulas son iguales a las del ALCA y se están
tratando en forma reservada, solo traerá aparejado cierres de
fábricas, desocupación y pobreza, como ya ocurre en Colombia
y México.
La trascendencia de las negociaciones en marcha para
la firma de un acuerdo de liberalización económica y comercial
del MERCOSUR con la Unión Europea (UE) requiere que sus alternativas
sean conocidas en forma amplia y puestas en debate público. Deben
eliminarse sin más demora los niveles de confidencialidad que
hoy exigen los negociadores europeos y, paradójicamente, defienden
como "comprensible" voceros del establishment local que no
temen criticar públicamente (¿o cínicamente?) "la
falta de transparencia" o reclamar "mayor control democrático
de la gestión pública". Existe el peligro de aceptar
una negociación a libro cerrado y como hecho consumado, para
luego recién ser puesta a consideración pública
y parlamentaria.
Es necesario reconocer que la negociación MERCOSUR-UE tiene una
enorme importancia estratégica. Se trata de vínculos de
sociedades y economías con enormes potencialidades de cooperación
y complementación. No hay duda que mejorar y ampliar las relaciones
entre dos regiones tan importantes debe ser un objetivo prioritario
con claves geopolíticas.
De todas formas, un acuerdo de libre comercio (TLC) con condiciones
similares a las que la UE ha establecido para otros países latinoamericanos
-por ejemplo, los puestos en marcha recientemente con Colombia y Perú-
podría ser absolutamente contradictorio con los propósitos
de desarrollo económico independiente que han proclamado en forma
reiterada los gobiernos y tantas declaraciones orgullosas de los principales
líderes de la región por haber rechazado la propuesta
de un acuerdo similar, el ALCA, en el 2005. Aun si se lo denominara
con un eufemismo tal como "acuerdo de cooperación económica",
muchas de sus condiciones y exigencias podrían ser aún
más severas que las planteadas entonces por el impositivo gobierno
de George W. Bush.
¿ABRIRSE A CAMBIO DE QUÉ?
Es necesario destacar que los aspectos comerciales son sólo uno
de los capítulos, y tal vez no el más importante, de las
negociaciones en marcha. Aun sin contarse con información detallada
imprescindible, pero sí el antecedente de acuerdos similares
negociados por la UE recientemente, es posible suponer que la UE estaría
solicitando que se comprometa la eliminación reciproca en un
corto plazo de los tributos de más del 80% del espectro arancelario.
Con toda seguridad, aunque pudiera otorgar algunas concesiones y promesas,
la UE seguirá sosteniendo subvenciones y protección a
su sector agrícola. Se privaría así a los países
del MERCOSUR el poder alcanzar el que sería el beneficio comercial
esperado más importante a cambio de una apertura inédita
masiva de los mercados locales a una competencia abierta de una economía
más desarrollada, sobre todo evidente para muchísimos
productos industriales y servicios. Se repetiría, aun en un grado
mayor, un escenario de graves descompensaciones económicas que
hoy observamos en la misma Europa por las asimetrías entre los
países del norte respecto a los de sur y del este.
En forma engañosa suele afirmarse que se trataría sólo
de una negociación comercial. No es así, la mayor parte
de los temas en discusión son de carácter estructural
y comprometen el conjunto de la economía en aspectos críticos
tales como: servicios, patentes, propiedad intelectual, compras públicas,
inversiones y competencia. La eventual provisión del tratamiento
de "nación más favorecida" a los países
de la UE, aun si se incluyeran salvaguardas de excepción, vulneraría
los muy proclamados objetivos de defender y priorizar el fortalecimiento
de empresas regionales y la diversificación de matrices productivas.
Aun si continuaran los discursos industrialistas, se inhibirían
para los países del MERCOSUR estrategias y políticas públicas
elementales de desarrollo económico, utilizadas históricamente
también por los países europeos, como ser: la sustitución
de importaciones, priorizar el compre nacional, brindar créditos
diferenciales para el desarrollo de regiones o sectores nacionales más
desfavorecidos. El futuro de nuestros países puede ser completamente
comprometido por una mala negociación
Por lo pronto, las exigencias de este tipo de acuerdo de inhibir decisiones
soberanas independientes para introducir cambios legislativos, arancelarios,
financieros o impositivos, vulnerarían la capacidad elemental
de nuestros países para priorizar la integración con América
Latina y reasignar en forma estratégica para la diversificación
productiva y el mejoramiento social rentas diferenciales obtenidas por
la explotación de recursos agropecuarios, mineros y energéticos.
¿DÓNDE ESTÁN LOS ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO?
De forma de poder decidir qué tipo de entendimiento con Europa
es posible y conveniente para el MERCOSUR resulta imprescindible que
los gobiernos, entidades sectoriales, partidos políticos y organizaciones
sociales y académicas que proclaman defender el interés
nacional y regional no se dejen llevar por enunciaciones superficiales
y se convoquen inmediatamente análisis serios, tanto generales
como regionales y sectoriales, que incluyan el estudio de los efectos
estructurales de corto y largo plazo y planteen posibles alternativas
superadoras de negociación.
En lo inmediato, es preciso contraponer ultimatismos (ej.: afirmar que
debe negociar ahora o nunca), posibles maniobras (ej.: eventuales amenazas
de proponer negociaciones "multiparte" en forma independiente,
tal como lo hizo con la Comunidad Andina, para romper la unidad del
MERCOSUR), o la lisa y llana distorsión de la realidad (ej.:
no aclarándose que las consecuencias económicas reales
de la finalización de preferencias arancelarias por parte de
la UE a partir del 1° de enero para Argentina, Brasil y Uruguay
serán marginales y pueden ser asimiladas sin dificultad).
Existen antecedentes internacionales que deben también estudiarse
de opciones más equilibradas para la negociación con la
Unión Europea y otros países y regiones más industrializados
para superar, y no para ahondar, desequilibrios estructurales.
No debe seguir una negociación crucial con la Unión Europa
sólo en manos de un grupo pequeño de "especialistas"
y la presión de grupos de interés o medios de comunicación
superficiales o sectorizados por posiciones ideológicas o intereses
económicos particulares, como se ha repetido a lo largo de la
historia latinoamericana.
José Antonio Ocampo quien fuera Ministro de Hacienda de su país,
Colombia, y Secretario General de la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina de las Naciones Unidas) señaló
recientemente "las negociaciones internacionales deben tener visión
estratégica, ahora hay una indigestión de TLC, pues firmamos
donde se nos ocurra sin el suficiente estudio y discusión sobre
su conveniencia". Que no nos ocurra lo mismo. Aprendamos de la
experiencia.
CIGES, Buenos Aires, 14 de enero de 2014.
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