REFORMA TRIBUTARIA PROPUESTA POR GOBIERNO DE SANTOS FAVORECE A LOS PODEROSOS Y A LAS TRANSNACIONALES


 

POR CARLOS FERNÁNDEZ

Según la exposición de motivos, el proyecto de ley "Por el cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones", de 102 artículos, "tiene como principal objetivo la generación de empleo y la reducción de la desigualdad". No se trata de una reforma estructural y, a diferencia de otras reformas anteriores, no se propone aumentar el recaudo de impuestos. Los medios para lograr el objetivo declarado consisten en liberar al capital de algunos costos salariales - representados en los aportes patronales para el ICBF, el SENA y el sistema de salud-, disminuir el impuesto de renta para las empresas del 33% al 25% y establecer un impuesto del 8% sobre las utilidades de esas mismas empresas, impuesto que tendría destinación específica para financiar al SENA, al ICBF y al sistema de salud. Según el gobierno, el efecto de estas medidas sería neutro o, como máximo, elevaría levemente el recaudo. Lo único que se pretendería, entonces, sería cambiar parcialmente la fuente de financiación de las dos entidades mencionadas y de la salud e incentivar la generación y la formalización del empleo.

OTRO ESLABÓN

El proyecto de reforma tributaria no es nuevo en sus planteamientos. Por el contrario, con el argumento de incentivar la generación de empleo, se han expedido en el pasado diversas medidas que han ido desmontando conquistas laborales de vieja data, tales como las leyes 50 de 1990, 590 de 2000, 789 de 2002 y la 1429 de 2010. O sea, es un proyecto que se inscribe en la línea de aliviar al capital de contribuciones fiscales y parafiscales que, por ley, está obligado a hacer y que, con el nombre de "costos no salariales", afectan una parte importante del salario social de los trabajadores.

Durante el gobierno de Uribe, los alivios que se le entregaron al sector privado estaban representados en exenciones fiscales que, supuestamente, deberían favorecer la inversión y la generación de empleo. Ahora, se busca disminuir la remuneración al trabajo con la misma intención. La compensación de la disminución del recaudo por este concepto, mediante la división de la tarifa del 33% del impuesto de renta en una tarifa de libre asignación por el gobierno del 25% y una de 8% con destinación específica para mantener los presupuestos del SENA, del ICBF y del sistema de salud en los niveles actuales presenta problemas de control a la evasión que no se dan en el recaudo a través de la nómina y, de acuerdo con la experiencia pasada y con los resultados de algunos estudios, no garantizan una elevación sustancial del empleo ni una formalización adecuada del mismo.

GOLPE A LOS SECTORES MEDIOS

La propuesta del gobierno, por otro lado, busca elevar la tributación de las personas naturales a costa de la contribución de las empresas, con los argumentos de que son las primeras las dueñas de las empresas y de que, entre las personas naturales, se da un elevado índice de elusión y de evasión. Como la tributación actual es regresiva porque, mientras las personas naturales de menores ingresos pagan una tarifa efectiva de 7% y los de mayores ingresos pagan una tarifa efectiva de menos del 5%, cuando las tarifas nominales tienen un tope de 33%, se propone la creación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) para ingresos mensuales brutos desde 2,3 millones de pesos, que vendría a ser lo mínimo que pagarían las personas naturales, independientemente de su nivel de ingreso. Este impuesto va de 0 a 15%. Para los contribuyentes clasificados como empleados, se crea el Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), que permitiría simplificar la declaración de renta pagando una prima adicional sobre el IMAN de un 1%. Como quiera que el problema está tanto en la evasión como en la elusión, los impuestos mínimos no garantizan la progresividad de la tributación, toda vez que, a mayor ingreso, mayores posibilidades de evasión. Lo que se requiere es elevar los niveles de control a la tributación para los ingresos mensuales superiores a 20 millones de pesos, a partir de los cuales se ubica la mayor evasión en el sistema actual. El IMAN y el IMAS van a significar, por el contrario, mayor control sobre la tributación de las personas naturales que ganan entre 2,3 y 20 millones de pesos brutos mensuales, es decir sectores de trabajadores y capas medias de la población.

En cuanto a las personas jurídicas, no se contemplan alivios específicos que permitan que las pequeñas y medianas empresas -las mayores generadoras de empleo- den el paso a la formalización de su actividad y eleven sus niveles de empleo, dados sus bajos niveles de utilidad. Los incentivos son universales y, por tanto, favorecen más a las grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras.

NO SON SÓLO DE LOS TRIBUTOS

Además de ser una propuesta de reforma tributaria, con la cual los gremios patronales han expresado su acuerdo, el proyecto de ley tiene elementos de una reforma laboral, al afectar la fuente de financiación del SENA y el ICBF, y de una reforma a la salud, al disminuir la contribución patronal para este sector. Además, es un comienzo de reforma pensional pues grava las pensiones superiores a los 10 millones de pesos. Al respecto, los gremios de pensionados han manifestado que se oponen a este tributo y exigen más bien que se controlen los "carruseles pensionales", de los que se benefician altos funcionarios públicos y que constituyen un desangre para las finanzas públicas. Los trabajadores, los sectores medios de la fuerza de trabajo y los pensionados tienen un compromiso de lucha ante este intento de atropello del gobierno y los capitalistas nacionales y extranjeros.

Semanario Voz, Bogotá, 1 de noviembre de 2012.