EL NUEVO GOBIERNO EN PERÚ LAS OMISIONES EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL DE ALAN GARCÍA POR CRISTIANO MORSOLIN* - El mandatario pasó por alto la extradición de Fujimori y todas las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en casos de violación de derechos humanos. |
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Las fiestas patrias que
perú celebro los días 28 y 29 de julio por su independencia,
tuvieron este año una connotación especial por coincidir
con la toma de posesión del nuevo presidente de la República,
Alan García, del partido aprista, y la juramentación del
gabinete ministerial.
Algunos analistas señalan algunos vacíos en el programa
presidencial propuesto como la timidez de las medidas propuestas frente
las grandes empresas mineras y de hidrocarburos y el silencio frente
al tema de los derechos humanos y las reparaciones para las víctimas
de la violencia política que siguen pendientes a casi tres años
de la presentación del Informe Final de la Comisión de
la Verdad y Reconciliación CVR (www.cverdad.org.pe). Sobre el
punto se limitó a elogiar y defender a los militares y a recordar
a los 1.200 militantes de su partido que fueron asesinados durante el
conflicto armado interno, pero nada sobre las restantes casi 68.000
víctimas campesinas de la población civil. |
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Susana Villarán de la Puente, ex miembro de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, se pregunta:
"¿Y el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión
de la Verdad y Reconciliación? Nada. Ni una sola palabra. El presidente
Garcia no habló del diagnóstico que la CVR nos dio de nuestra
sociedad excluyente y discriminadora. Más bien, fue un mensaje
ambiguo a las Fuerzas Armadas en el que se compromete a fortalecer su
honor, devolverle su autoestima y hacerles recuperar su lugar. ¿De
qué se trata? ¿Recogió el guante echado en el tedeum
por el Cardenal Cipriani contra la CVR? Entonces, ¿devolver el
honor a las FF.AA. significaría no su reforma profunda y la dignificación
de sus vidas y trabajo en una visión moderna de la defensa democrática,
sino la impunidad para quienes violaron derechos humanos, manchando con
ello al conjunto de las instituciones armadas? Sin cumplimiento de las
recomendaciones de la CVR no habrá cambios de fondo entre el Estado
y la sociedad y en la forma cómo nos tratamos entre peruanos.No
habrá justicia para las miles de víctimas del conflicto
armado interno, de las decenas de miles de campesinos, quechua hablantes,
pobres. La mayor parte de los que siguen esperando verdad, resarcimiento,
justicia".
Teivo Teivainen, director del Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima (www.democraciaglobal.org) y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial como experto de la Ong de Helsinki NIGD, analiza que "en el discurso presidencial un elemento para tomar en cuenta es su posición sobre la pena de muerte. Ha tomado una posición muy fuerte a favor de pena de muerte para violadores de niños. Un dato clave es que establecer la pena de muerte en el Perú significaría salir del "pacto de San José de Costa Rica", o sea, renunciar a pilares claves del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. SALIRSE DEL PACTO DE SAN JOSÉ Una de las motivaciones de Alan García para promover la pena de muerte es justamente que eso provocaría un conflicto con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como el tema de pena de muerte para violadores de niños goza de mucha popularidad en la población peruana, le podría permitir al gobierno de García salir de pacto de San José sin demasiadas críticas internas. Salir del pacto de San José fortalecería la impunidad de gente del Gobierno de Alan García, incluido él mismo, así como a Fujimori, con quienes parece tener algún tipo de entendimiento o quizá hasta alianza en temas de impunidad. Para tomar en cuenta la posibilidad de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos declare o falle en contra de gente de Gobierno de Alan García o de Alberto Fujimori, es entendible (pero lamentable) que el mandatario peruano intenta buscar una manera de salir del sistema antes de esos fallos. Hay una similitud con la manera en que Alberto Fujimori usó el caso de los chilenos vinculados con el MRTA para declarar la "salida" del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; fue una justificación que tuvo bastante aceptación popular. Sin embargo, es obvio que la motivación más importante para Fujimori fue salir del sistema antes de que el caso de tribunal constitucional, que podría haber amenazado su segunda reelección, entrara a la Corte Interamericana de derechos humanos. En suma, lo de García parece una maniobra similar: usar un tema "popular" para intentar salir del Sistema Interamericano de derechos humanos, con el objetivo de evitar futuras condenas de la Corte Interamericana del ramo en temas más complicados. Obviamente es arriesgado y problemático especular sobre las motivaciones de la gente. El hecho de que en sus discursos y hechos Alan García ha dado una clara impresión de que quiere reproducir la impunidad en temas de derechos humanos, sin embargo, hace pensar que hay esta conexión entre sus campañas pro-pena de muerte para violadores de niños y pro impunidad para violadores de derechos humanos". Necesita considerar que el sistema interamericano de Derechos Humanos
ha sido fundamental para investigar y exigir sanción de gravísimos
casos de violación de derechos de los peruanos, y que ha jugado
un papel importante en la lucha contra el abuso en el Perú y
en la búsqueda de que Fujimori y otros jefes de Estado rindan
cuenta ante la justicia por delitos de lesa humanidad. Hoy, en pleno curso la acción judicial alrededor de esta extradición en Chile, darle un golpe al sistema interamericano de derechos humanos y poner al abogado del reo prófugo como representante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no es una casualidad, no son puntadas sin hilo. Tienen harto hilo apro-fujimorista. No es la primera vez que hay segundas intenciones que resultan bastante más importantes que las que aparecen públicamente, y la lucha por la impunidad es una bandera que ha sido expresa desde el 28 de Julio, con la homilía de Cipriani y su ataque a la CVR, continuando la campaña desatada por Giampietri. No son ajenas a ello, las declaraciones de Alan Wagner, flamante Ministro de Defensa, reclamando contra el "injusto" procesamiento de militares comprometidos en delitos de lesa humanidad, denunciados por la CVR y las investigaciones realizadas en relación a violaciones de derechos humanos. La verdad es que las FF.AA. se niegan a identificar los imputados de
graves crímenes y que operaban con seudónimos, garantizando
su impunidad. Y, claro, la CIDH viene reclamando que se les identifique
y se les ponga a dispsición de la investigación judicial.
¿Es eso persecución? Ciertamente, los acusados deben responder
ante la justicia y ésta debe determinar su situación.
Lo demás es impunidad y a eso huele la campaña en curso
sobre la pena de muerte, a cerrarle las puertas a la vigilancia y la
acción del sistema interamericano de derechos humanos". Teivo Teivainen denuncia que "las declaraciones de Cipriani basicamente
confirman y dejan claro algo que ya sabemos: es una persona autoritaria,
con mentalidad totalmente contraria a los derechos humanos y quien con
actos y omisiones ha sido cómplice de masacres ejecutados por
el estado peruano, especialmente en Ayacucho". El informe menciona las amenazas contra la fiscal especializada en derechos humanos, Cristina Olazábal; la abogada de Asociación Pro Derechos Humanos (www.aprodeh.org.pe ), Gloria Cano; y los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (www.dhperu.org ), Francisco Soberón y Alejandro Silva. Cristina Olazábal, fiscal encargada de las violaciones de derechos humanos reveladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y cometidas entre 1980 y 2000 en el departamento de Ayacucho, fue objeto de amenazas y severas críticas por parte de los representantes del Partido Aprista Peruano. Estas amenazas ocurrieron a continuación de las denuncias por los crímenes - casos Accomarca, Cayara, El Frontón, entre otros - en los cuales se vio implicado el líder aprista y ex presidente del Perú, Alan García, así como varios militares, debido a su presunta responsabilidad. En febrero de 2005, el ex senador David Cifuentes acusó a Cristina Olazábal y a Gloria Cano de "utilizar la ley y el estado de derecho como los bandidos utilizan una granada". Luego en marzo, la doctora Olazábal, Francisco Soberón y Gloria Cano fueron denunciados por "asociación ilícita para infringir la ley" y acusados de formar parte de una conspiración destinada a impedir la candidatura de Alan García en las elecciones presidenciales de 2006. De otro lado, Olazábal también fue objeto de varias tentativas de despido. Posteriormente, en abril de ese año, Soberón recibió un correo electrónico anónimo hostil, que hacía referencia a "Colina Futura", tal como el nombre del grupo de exterminación de los opositores al régimen de Alberto Fujimori en los años noventa. Este mensaje tenía el mismo remitente que otro correo electrónico amenazante recibido por APRODEH en 2003. Por último, el informe da cuenta de una llamada anónima recibida por la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz en noviembre de 2005, que profería amenazas contra Francisco Soberón y Alejandro Silva, en caso de continuar con sus declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación que la CNDDHH hiciera en Washington, Estados Unidos, el 17 de octubre de 2005, denunciando la existencia de amenazas contra los defensores de derechos humanos, los testigos, las víctimas y sus familiares, así como contra los jueces y fiscales peruanos, debido a sus trabajos de investigación sobre los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en el Perú durante las dos últimas décadas. En agosto de 2005, Salomón Lerner Febres, ex Presidente de la
CVR y Presidente de la Unión de Universidades de América
Latina y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontífica
Universidad Católica del Perú, recibió mensajes
electrónicos insultantes de procedencia anónima. El 8
de septiembre de 2005, la secretaria del Sr. Salomón Lerner recibió
una llamada telefónica en la que éste era amenazado de
muerte mientras realizaba ¿SERÁ POSIBLE LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA
EN MEDIO DE LA IMPUNIDAD? En el informe que la Comisión de la Verdad y Reconciliación
entregó al Ministerio Público sobre el caso de los penales,
se concluyó que el proceso seguido en el fuero militar (en el
que estuvo incluido Luis Giampietri) era inválido y que debía
efectuarse otro. *Cristiano Morsolin, educador italiano y operador de redes internacionacionales.Trabaja en Latinoamerica desde 2001 con experiencias en Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. |