Los medios de comunicación en Colombia
(tradicionales y alternativos; impresos, radiales, televisivos y virtuales),
abundan diariamente en denuncias de corrupción que pasan de graves
a gravísimas que al siguiente día, como dice la canción,
son "periódicos de ayer que nadie más procura ya
leer: viejas, sin importancia, que nadie recuerda; nadie, ninguna autoridad
nacional del alcance de la Fiscalía, la Contraloría o
la Procuraduría, o sus dependencias territoriales, se dignan
investigar de hecho o de derecho
En ese hueco negro de la corrupción se cultiva la cleptocracia
que domina en Colombia, propiciada por la empresa privada, aupada por
el Estado y consentida por la sociedad.
Así, prosiguiendo el encabezado de esta noticia, pudiéramos
seguir desarrollando un extenso libro de ejemplos denunciados por los
medios sobre corrupción que van y vienen sin que nadie les preste
atención.
Uno de tantos: una grave afirmación hace el expresidente del
Senado, José David Name, al sindicar al Ministerio de Minas y
Energía, junto a la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG) de que, "por defender los intereses de los grandes
generadores hidráulicos, tienen paralizada la reglamentación
de ley 1715 sobre energías limpias".
¿Y qué?... Ni los denunciados respondieron; ni el gobierno
hizo nada, ni el senador llevó la respectiva acusación
ante las correspondientes autoridades
Otra más: "AngloGold Ashanti está comprando periodistas,
concejales y campesinos", denuncia el alcalde de Ibagué,
Guillermo Alfonso Jaramillo.
¿Y qué?... Ni la empresa minera se dio por aludida; ni
los concejales ni los periodistas acusados se molestaron de que alguien
con tanta autoridad como el alcalde de una capital diga públicamente
que son unos vendidos; y el propio alcalde se contentó con exhibirse
en los medios de comunicación haciendo semejante denuncia, sin
proseguir su curso legal en los estrados judiciales, que sería
el caso.
No se requiere ninguna reforma de Constitución o de nueva ley
para combatir la corrupción. En estos dos ejemplos cunde la lógica:
(1) Si el Ministerio de Minas y la CREG se quedaron callados, es porque
es cierto que bajo la presión indebida de la empresa privada,
tienen paralizada la reglamentación de la ley sobre energías
limpias; (2) Si, ni la empresa minera, ni los concejales ni los periodistas
de Ibagué han rechazado la denuncia del alcalde, es porque es
cierto que andan, sobornando la una y sobornados los otros.
¿Por qué la Procuraduría, o la Fiscalía
o la Contraloría, según el caso, no abren investigaciones
de hecho basadas en estas denuncias públicas contra los entes
acusados en cabeza de sus representantes legales? ¿O, por qué
el senador Name, en su caso; o el alcalde de Ibagué, en el suyo,
no acuden oficialmente ante la autoridad pertinente a pedir la respectiva
investigación? ¿O, también, por qué alguna
persona o empresa interesada en producir energía no convencional,
en el primer caso; o dolida de la destrucción del medio ambiente,
en el segundo, toma estas denuncias y le pide a la autoridad competente
que se investigue al respecto?
Ahhh
Porque somos una sociedad que se ha quedado sin valores y
permite que las denuncias de corrupción resbalen sobre las espaldas
de los acusados; se estanquen en los despachos de las autoridades y,
como consecuencia de lo uno y lo otro, a nadie le importe, es decir,
"si a personas tan importantes como los denunciantes (un senador
y un alcalde de capital), las autoridades respectivas no les pararon
bolas, a qué me voy a meter yo en eso", podría ser
la simple conclusión del común de la gente
Fin de folio: La ley es una y la autoridad otra. Tácito (Marco
Claudio, emperador romano entre los años 275 y 276), decía:
"Cuanto más corrupto es el Estado más leyes tiene",
y menos autoridad, podría agregarse.
2 de julio de 2016.