La creciente insatisfacción social
ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la
mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno
Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto
a las ganancias.
Una reivindicación de larga data en el país y que motivó
importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos
varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de
todos los candidatos con posibilidades de gobernar.
La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos
populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta
el aumento de las tarifas eléctricas.
Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia
de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía,
derivados de la devaluación continua, con un dólar a más
de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender
40 millones de dólares para evitar un alza mayor.
La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las
retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes
empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación
de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida
en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social
el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río
de una provincia que sufre por escases de agua.
Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia
entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas
contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias
sobre los trabajadores.
El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el
tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados.
Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad
en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario,
aceleró los tiempos de la actualización del mínimo
no imponible.
ANUNCIOS EN LA DISPUTA DEL CONSENSO
La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve
al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria
que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente
que la "política" (autoritaria) se impone también
en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la
información estadística.
Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo,
sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme
del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.
Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las
ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más
cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con
las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones
que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos,
y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.
El Presidente dice que el anuncio es solo "un primer paso"
para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones
y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar
la capacidad de compra de ellos y sus familias.
La realidad es que la actualización está muy lejos de
lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de
mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores.
Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000
pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el
soltero sin hijos.
Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial
que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.
Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida
es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que
habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán
menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán
ser sujetos del tributo.
En el imaginario de la discusión previa se aludía a una
eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.
No se modifican las escalas ni está prevista una actualización
regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con
el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará
al Parlamento para su discusión.
Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias
para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son
ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.
Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada
supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente
será compensada por el mayor consumo que genere entre los que
se beneficien con estos nuevos mínimos.
Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse
hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés
y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.
COMPENSACIONES INSUFICIENTES
Los grandes beneficios de la política económica de Macri
apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado
y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes
a los sectores de ingresos fijos.
Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los
trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización
del empleo en los últimos años.
Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones
familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son
sujetos del impuesto a las ganancias.
Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación
de las paritarias por actualización de salarios, que una vez
producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas
por la AFIP y el gobierno.
El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario,
equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial
del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento
sindical.
Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad
y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea
servir al objetivo central del programa de los capitales más
concentrados.
Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos
ingresos mayores para una franja de trabajadores.
Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la
represión a la movilización popular, dispositivo que goza
de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente
desde los medios de información y comunicación. El consenso
se disputa y manipula.
El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido
de la política, para la concentración y la dominación
del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad,
se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.
En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder
económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores
sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.
Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo
el sentido común.
Buenos Aires, 19 de febrero de 2016.