LOS COSTOS DEL CONFLICTO INTERNO

POR MAURICIO CABRERA GALVIS

La Contraloría General de la Nación realizó en días pasados un interesante foro para presentar y discutir el tema de los costos del conflicto interno y, en particular, el impacto del gasto en seguridad y defensa sobre el presupuesto nacional y el déficit fiscal. El foro contó con la participación de destacados académicos como el Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Decano de Economía de la Universidad Central y el profesor Luis Jorge Garay, además de los investigadores de la Contraloría, quienes presentaron las conclusiones de sus estudios, los cuales han sido publicados en la revista 'Economía colombiana'.

El tema del gasto militar es de la mayor importancia para el país, pues si bien son muy difundidos y conocidos los resultados de la Política de Seguridad Democrática y los aspectos militares del conflicto, no sucede lo mismo con sus aspectos económicos y financieros. Por consiguiente, es muy útil el esfuerzo de la Contraloría de analizar y presentar a la opinión pública las cifras del gasto en defensa y seguridad, de manera que se pueda conocer con precisión el monto actual, la composición y la evolución de este gasto, se puedan hacer comparaciones con otros países y discutir su eficiencia y eficacia. La calidad de la información es, en este, como en todos los temas fiscales, requisito esencial para el control y la fiscalización del uso de los recursos públicos.

Vale la pena citar algunas de las cifras de los estudios, para que se tenga una idea de la magnitud del gasto que está haciendo el Estado, es decir, los contribuyentes, para la implementación de la Política de Seguridad. En el presupuesto nacional del 2008 se apropiaron $18,4 billones para el sector Defensa, de los cuales el 81% se destinan a gastos de funcionamiento. Este sector ya representa más de la quinta parte del total del gasto público (incluyendo el servicio de la deuda) y su crecimiento del 20% en este año es más del doble del resto de los rubros presupuestales y cuatro veces la tasa crecimiento esperado de la economía.

Aún más grande es la participación del Ministerio de Defensa y sus dependencias en la mal llamada burocracia estatal, toda vez que ocho de cada diez funcionarios del Estado están adscritos a este Ministerio, bien sea como personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía, o bien como personal civil de soporte. También en el pie de fuerza ha habido un significativo aumento en los últimos años de manera que, según se desprende de las estadísticas oficiales, mientras en el 2002 había 4,9 soldados por cada alzado en armas (guerrillero o paramilitar), en el 2007 se llegó a 15 soldados por cada insurgente.

La comparación internacional, que se hace en relación al tamaño de la economía, muestra que Colombia es uno de los países más militarizados del mundo y el que mayor incremento ha tenido en los últimos años. En efecto, en Colombia el gasto militar es superior al 5% del PIB, muy superior al promedio latinoamericano de 1,6% del PIB, y sólo superado en el mundo por Israel y Burundi. Inclusive otros países con conflicto interno como Etiopía, Angola, Pakistán o Filipinas, dedicaban menos recursos al gasto militar.

El acelerado crecimiento del gasto en seguridad en Colombia es insostenible, porque se ha financiado con recursos transitorios como el impuesto al patrimonio y el Plan Colombia y el Gobierno no tiene ninguna estrategia definida para sustituir estos recursos. Además, señala la Contraloría dos factores que lo van a incrementar todavía más: el pasivo pensional de las Fuerzas Armadas, al que hay que dedicar un 47% adicional de recursos, y las sentencias judiciales por los excesos de la Fuerza Pública, donde hay demandas con pretensiones superiores a los $15 billones.

Los estudios de la Contraloría deben ser el punto de partida para un profundo debate sobre la cantidad de recursos que el país debe dedicar al sector defensa, sobre la eficiencia de este gasto y sobre todo su sostenibilidad.