CAMBIO DE RUMBO EN LA ECONOMÍA

POR MAURICIO CABRERA GALVIS

En materia económica el próximo Presidente va a recibir una herencia muy complicada y va a tener que lidiar con problemas muy graves no resueltos, e inclusive agravados, en los dos gobiernos de Uribe y para solucionarlos es indispensable cambiar el rumbo de la política económica. Afirmar esto no significa desconocer que en los últimos ocho años la economía mejoró en algunos aspectos y hubo aciertos en el manejo económico que se deben mantener; pero también hubo errores que se deben corregir y políticas que se deben modificar.

El principal reto económico y social del próximo Gobierno es, sin lugar a dudas, la generación de empleo, y para resolverlo debe cambiar el modelo de crecimiento sin empleo que ha sido la consecuencia de la política de 'confianza inversionista'. Sólo con una política activa de estímulos a la creación de nuevos puestos de trabajo se podrá resolver el drama de la pobreza y disminuir las grandes desigualdades de la sociedad colombiana.

Las últimas cifras reveladas por el Dane son muy preocupantes. En enero la tasa de desempleo llegó al 14,6% -la más alta en seis años-, pero más grave aún, en el último año se destruyeron 650.000 empleo formales. En efecto, mientras que en este período el número de personas 'ocupadas' aumentó 1.2 millones, los dedicados al rebusque por no tener un empleo decente fueron 1.85 millones.

El modelo de crecimiento del actual Gobierno ha dado generosos estímulos a los empresarios, a la vez que ha recortado los derechos de los trabajadores y propiciado la informalidad. Los resultados son evidentes: en siete años la economía colombiana creció 36,5% y el empleo formal sólo 6,3%. Es cierto que hoy hay 2.2 millones de personas ocupadas, pero el 77% de estas son subempleadas, es decir que no tienen contrato de trabajo formal.

Otro gran reto para lograr una senda de crecimiento acelerado y sostenible, que es la condición indispensable para mejorar el bienestar de la población, es garantizar la estabilidad macroeconómica que hoy está amenazada por los déficits gemelos (Fiscal y Externo) que no se corrigieron en los años de la bonanza y que se agravaron durante la crisis.

El faltante de las finanzas públicas será este año del 4,5% del PIB, según las proyecciones optimistas del Gobierno, y puede ser inclusive mayor por el impacto de la recesión sobre los recaudos tributarios. En cuanto al sector externo, el Banco de la República proyecta un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede llegar hasta los US$7.000 millones (un 3,3% del PIB), que a corto plazo se puede financiar con inversión extranjera y endeudamiento externo del Gobierno, pero que se agrava por la revaluación del peso.

En materia fiscal también hay que cambiar el rumbo. El creciente déficit es producto de una gasto desbordado durante los años de la bonanza, incluyendo subsidios y regalos a los amigos del Gobierno, y de la cuantiosas exenciones tributarias que ha concedido este Gobierno (zonas francas, deducciones por inversión en activos fijos, etc.) que otorgan privilegios discriminatorios y han dado un sesgo altamente regresivo al sistema tributario, porque son las grandes empresas las que tienen mayores posibilidades de utilizar todos los resquicios del estatuto para pagar menos impuestos.

La solución propuesta por la mayoría de los analistas es una reforma tributaria estructural que desmonte todas las exenciones y subsidios al capital, lo cual tendría la ventaja adicional de reducir las distorsiones en contra de la generación de empleo.

Ahora que la Corte frenó el intento antidemocrático de la segunda reelección, hay que buscar nuevas formas de promover la inversión y la creación de empresas, lo que significa no reelegir tampoco una política de 'confianza inversionista' construida a expensas de los ingresos de los trabajadores y los campesinos.

Febrero 28 de 2010.