DESCENTRALIZACION Y 'TRANSFERENCIAS'

POR MAURICIO CABRERA GALVIS

El debate que hoy enfrenta al Gobierno central con los gobernadores y alcaldes sobre el monto de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que son la parte de los ingresos de la Nación que corresponden a las entidades territoriales (mal llamados 'transferencias'), es sin lugar a dudas el más importante de todos los que cursan en el Congreso, pero se ha planteado de manera parcial e incompleta.

El problema es real y tienen importantes repercusiones sobre el déficit fiscal y el futuro de la descentralización. La Constitución del 91 estableció que los departamentos y municipios debían participar en un 46,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) para financiar con ellos los gastos en educación, salud y servicios básicos, pero esta norma fue objeto de numerosas críticas por la inflexibilidad que imponía en el manejo de las finanzas públicas, de manera que en el 2001 se hizo una reforma que desligó las participaciones de los ICN y en cambio estableció una formula de crecimiento continuo de unos puntos (2% los primeros años y 2,5% después) por encima de la inflación, que disminuyó efectivamente el monto de recursos recibidos por las regiones.

Sin embargo este cambio se hizo transitorio, con vigencia sólo hasta el 2008, de manera que después de este año las participaciones deberán volver a ser el 46,5% de los ICN, lo que implica que en ese año crecerán en un 25% y la Nación deberá girar unos 5 billones de pesos adicionales; si no se realiza ningún otro ajuste, el déficit fiscal se elevaría al 7,6% del PIB con el consiguiente aumento de la deuda pública. Es una situación claramente insostenible.

El proyecto presentado por el Gobierno al Congreso busca evitar ese brinco en el gasto público y además mantener el comportamiento de las transferencias independiente de la evolución de los ICN de manera permanente; a cambio ofrece aumentar su crecimiento anual al 3,5% por un período de tres años. Por supuesto los gobernadores y alcaldes han rechazado de plano esta fórmula aduciendo que les están recortando "sus" recursos y disminuyendo el gasto social en las regiones. La respuesta del Gobierno es que no se deben mirar solamente los recursos del SGP sino todos los otros gastos que hace la Nación en los entes territoriales, en particular en infraestructura, educación y salud, que este año ascenderán a 6.7 billones de pesos, es decir mucho más de lo que se está recortando el SGP.

Planteado de esa manera, el debate no tiene solución, pues ambas partes tienen algo de razón. El problema no está en la tasa de crecimiento que deben tener las participaciones ni en el monto del gasto social que se hace en los departamentos y municipios, porque la realidad es que la totalidad del gasto público social se hace en las regiones. La cuestión de fondo es política y no cuantitativa: se trata de definir quién es el ordenador del gasto y, como consecuencia colateral, quién recoge los réditos políticos de brindar a la población los servicios fundamentales que son responsabilidad del Estado. Si el que distribuye los recursos es el Gobierno central será el Presidente quien tratará de convertir ese gasto en apoyo político como los hace en los Consejos Comunitarios. Si la administración de los recursos es de las regiones, serán sus mandatarios los que buscarán el beneficio político.

Por eso el debate no puede quedarse en la discusión de un porcentaje de crecimiento de las participaciones sino que debe incluir todos los aspectos financieros y normativos de las descentralización. Esto implica, de una parte, incluir todos los recursos que reciben los departamentos y municipios, no solo los del SGP sino también los de las regalías, los del Fosyga, los de la ampliación de la cobertura en educación y salud, los subsidios de vivienda, etc. De otra parte, la reforma debe incluir la revisión de las competencias, es decir las responsabilidades del gasto que deben asumir los departamentos y municipios, pues la única manera de aumentar las participaciones sin que se dispare el déficit fiscal es que la Nación reduzca sus gastos y acepte trasladar una parte de ellos a las regiones.

Finalmente está el tema del control del gasto para garantizar su eficiencia y transparencia. La triste realidad es que con la necesaria profundización de la descentralización se aumentó la corrupción en las regiones y que los organismos de control no han servido para evitar la desviación de recursos a fines diferentes a los de la ley, ni su utilización en beneficio de intereses particulares. La reforma del SGP debe incluir por lo tanto propuestas concretas sobre la reforma de los sistemas de control en las regiones.