El principal problema del Tratado de
Libre Comercio (TLC) es precisamente ese: que solo es un tratado de
libre comercio para organizar el reparto de los mercados americanos
y, en nuestro caso, el de Colombia con los Estados Unidos. No se trata
entonces de un acuerdo de geometría variable como
los que han desarrollado el marco de la integración europea
ni tampoco de crear, siguiendo el modelo de la integración
asiática, unos escenarios permanentes de concertación
entre los Estados y los empresarios para enfrentar la internacionalización
de sus economías; lo que se busca, simple y sencillamente,
es acordar unas rebajas de aranceles, definir unos mecanismos de solución
de controversias, asegurar el reconocimiento de la propiedad intelectual
y profundizar en la apertura de sectores tradicionalmente cerrados
en nuestra economía como el de las comunicaciones.
Para que fuera un verdadero acuerdo de integración,
el Tratado debería contener disposiciones relativas al desmonte
de los subsidios agrícolas que hoy favorecen la producción
agropecuaria norteamericana y canadiense; proponer la reducción
de las asimetrías sociales y geográficas que caracterizan
la región a través de la creación de fondos de
cohesión para nivelaciones agrícolas y de infraestructura,
como los que han permitido que los países europeos más
atrasados le sigan el paso a los más desarrollados; contener
cláusulas para regular la libre circulación de capitales
que ya produjo dos graves crisis globales en Brasil y México;
preocuparse del acceso de nuestros países a la tecnología
que hoy se nos pide reconocer incondicionalmente; abogar por una mayor
libertad en la circulación de los trabajadores que hoy están
remesando a sus países recursos que convierten su contribución
en el segundo renglón de exportación del hemisferio;
abogar por visas para los microempresarios de las innumerables PYMES
latinoamericanas que quieren hacer negocios con el Norte.
Si quisiera ir todavía más lejos, podría crear
una organización mínima para soportar decisiones hemisféricas,
coordinar políticas macroeconómicas, dirimir controversias
y actuar como bloque en las negociaciones mundiales de
inversión y comercio que hoy comienzan a surtirse en la Organización
Mundial del Comercio. Pero no nos hagamos ilusiones: el TLC no es
un Tratado de Integración; es sólo eso y nada mas que
eso: un tratado del libre comercio.
Es claro, a pesar de lo anterior, que no podemos quedarnos estáticos
frente a una realidad incuestionable, tenemos que prepararnos para
esta nueva etapa de internacionalización que se abrirá
con la suscripción del Acuerdo. Lo primero es saber si estamos
preparados internamente para el reto de competitividad que nos plantea
y que nos obliga a definir un claro orden de prioridades a través
de una Agenda Interna, en relación con ciertas
temas como la necesidad de un mejor equipamiento tecnológico,
la construcción de infraestructura, la informatización
de nuestros sistemas, la financiación de nuevas cadenas productivas
y la capacitación masiva de nuestros jóvenes, para solo
mencionar algunos aspectos relevantes.
Se trata de una agenda paralela que prepararía al país
para asumir los desafíos del TLC y evitar una frustración
parecida a la que se vivió con el denominado proceso de apertura
económica, al comenzar los años noventa, cuando
la ausencia de un políticas claras en materia de selectividad
y gradualidad y la ausencia de una concertación previa, convirtieron
lo que habría sido una gran oportunidad para empezar a globalizar
la economía colombiana, en una histórica frustración.
Todo parece indicar que a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional,
las negociaciones del TLC van mucho mas rápido que los cambios
contenidos en la agenda interna.
Reseñadas estas cuestiones de fondo conviene ahora
detenerse para examinar la estrategia de negociación que debería
seguir Colombia de cara al TLC. El país no debe reducir su
reracionamiento internacional al tratado comercial con los Estados
Unidos; la CEPAL ha hablado de la necesidad de una política
de regionalismo abierto que nos permita avanzar, de manera
simultanea y coordinada, en distintos frentes de integración
externa. Esta forma de apertura multilateral le permitiría
al país fortalecer, con vocación de futuro, sus lazos
comerciales con el Pacífico, afianzar sus relaciones con Europa
a partir de la reconstrucción del diálogo político,
consolidar su alianza estratégica andina y propiciar la apertura
de un escenario suramericano de negociaciones resultante de un acuerdo
entre la Comunidad Andina y el MERCOSUR que no puede quedar reducido
a simples declaraciones retóricas.
Es claro que la conformación de un bloque suramericano para
la negociación del ALCA nos hubiera permitido avanzar en los
denominados temas sensibles como la reducción de
los subsidios agrícolas o los compromisos en materia de propiedad
intelectual ya mencionados; Brasil, empero, parece haber preferido
un acuerdo bilateral con los Estados Unidos que incluiría para
diferir estas materias a la mesa de Organización Mundial de
Comercio que ejercer un liderazgo, dentro de la subregión,
que hubiera permitido una productiva negociación por parte
del bloque sudamericano. El caso de la Comunidad Andina es distinto.
La negociación del TLC no puede hacerse a costa del sacrificio
del mercado andino que es, hoy por hoy, nuestro espacio de comercio
más dinámico como lo prueba el hecho de que entre los
años del 2003 y 2004 las exportaciones intracomunitarias crecieran
un 58.5%, mientras que las exportaciones extracomunitarias lo hacían
al 32.7%; tampoco podemos aceptar que una negociación simultánea,
pero separada con algunos países andinos, como la que actualmente
se lleva a cabo, se haga a costa de la exclusión de importantes
socios comerciales, como Venezuela, cuyo comercio con Colombia, para
la misma época, creció en 128.2%, lo cual contradice
las temerarias afirmaciones de algunos funcionarios oficiales respecto
a la posibilidad de reemplazar en el corto plazo el espacio de comercio
venezolano. O de socios andinos como Bolivia cuyas dificultades políticas
no son razón suficiente para que Colombia y los otros países
comunitarios lo hagan a un lado de las negociaciones comerciales.
El proceso actual está fracturando la Comunidad Andina, como
lo demuestra el hecho de que se haya paralizado la aprobación
del arancel externo común y los acercamientos para definir
una política agrícola común en el área.
La homologación del proceso de negociación chileno con
el de Colombia tampoco puede ser una buen referente si se tienen en
cuenta las profundas diferencias que existen entre las dos economías
empezando por sus grados de apertura, la distancia entre los aranceles
colombianos y los de Estados Unidos, muy superior a la que existía
con Chile cuando negociaron su acuerdo bilateral o el peso del sector
agrícola en el producto bruto que resulta más significativo
para el caso colombiano frente al de Chile.
Desaparecidas las posibilidades de llegar a una negociación
suramericana, con la necesidad de preservar la unidad comunitaria
andina de por medio y la dificultad de llevar un proceso paralelo
al de Chile, el camino que nos queda es el de hacer valer la condición
especial de la negociación del TLC con Colombia.
Esta circunstancia particular empieza por entender que algunas de
las concesiones máximas que se están haciendo
a otros países del hemisferio en acuerdos similares, para nosotros
son concesiones mínimas o, inclusive, regresivas. Así
resulta de una simple comparación entre los beneficios arancelarios
que recibimos hoy en el ATPDEA y la desgravación que hoy se
ofrece hacia adelante; el hecho de que se incluyan unos ítems
adicionales o que esta apertura se haga de manera más permanente
no compensa para nada el que ahora tengamos que ofrecer una reciprocidad
por lo que antes nos resultaba gratis; el costo fiscal de este cambio,
según el DNP, será de US 800 millones anuales en menores
impuestos. Algo parecido que sucede con la posibilidad de que nos
acepten formas de regulación de capitales que estamos
obligados a aplicar por la rígida legislación existente
en materia de tratados internacionales sobre lavado de activos.
La renuencia del gobierno de los Estados Unidos para extender en el
tiempo los beneficios del ATPDEA tiene además una importancia
política que debe ser sopesada en medida en que la eliminación
de estos beneficios de alguna manera conlleva la renuncia, por parte
de Colombia, a una histórica conquista diplomática para
que se reconociera, como lo hizo el ATPDEA y lo mantiene el sistema
general de preferencias europeo, que la responsabilidad en la lucha
contra el narcotráfico- que para Colombia tiene un costo del
4% del PIB anual-, debía ser compartida entre todos los países,
particularmente con los países mayores consumidores de la droga.
Si, como parece, va a prosperar el desmonte de estas que pueden considerarse
más contraprestaciones que prerrogativas, el país debería
explorar la manera de obtener un reconocimiento efectivo y objetivo
por parte de los Estados Unidos respecto a la lucha que hoy libramos
contra el narcotráfico y sus secuelas. Por ejemplo, fondos
para la sustitución social de cultivos, la reforestación
de las áreas fumigadas o el sostenimiento de la economía
campesina flagelada por la violencia que financian los dineros de
la droga.
Inclusive, se podrían estudiar la implantación de
otros instrumentos alternativos y novedosos como el propuesto por
la Universidad Nacional de Colombia para crear internacionalmente,
bajo la sombrilla del principio de la corresponsabilidad que ha liderado
Colombia, una tasa retributiva que distribuya los costos
de la lucha contra la droga proporcionalmente entre los países
productores y consumidores de la misma siguiendo la norma elemental
de que quien consuma, paga.
Y no se trata de una pretensión chauvinista. En esta aspiración,
Colombia contaría con aliados importantes como el Presidente
del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos, Henry Hide, quien encabezó
una comunicación reciente de varios congresistas donde expresaban
su legítima preocupación porque las negociaciones agrícolas
con Colombia, dentro de la negociación del TLC, pudieran golpear
a los pequeños campesinos y deslegitimar así la presencia
del Estado en las zonas de cultivos ilícitos.
Como caso especial, Colombia, también podría
solicitar períodos de desgravación más amplios;
adopción de normas de origen más flexibles que atenúen
los problemas de llegada de inversionistas extranjeros y faciliten
el aprovisionamiento de materias primas por parte de los empresarios
colombianos; apoyos explícitos para la financiación
de la Agenda Interna en especial lo que tiene que ver con programas
de modernización de infraestructura, acreditación de
títulos profesionales, formación de alianzas estratégicas
internacionales para la conformación de redes productivas nacionales,
equipamiento tecnológico e informático y financiación
suficiente de nuevas estrategias sectoriales de crecimiento.
Finalmente, aunque es evidente que Colombia tiene un excelente equipo
negociador y que sus esfuerzos por construir una Matriz de Asuntos
e Intereses que le sirva de bitácora en la mesa de negociaciones
ha sido encomiable, lo cierto es que en el desarrollo de la negociación
misma se percibe una compartimentalización de intereses y aspiraciones
que han comenzado a enfrentar de forma preocupante al sector privado,
los entes territoriales débilmente representados y el propio
Congreso de la República que todavía no tiene una posición
clara al respecto La circunstancia evidente de que las rondas finales,
incluido el debate legislativo del Acuerdo, deberán surtirse
en tiempos electorales en Colombia puede complicar la discusión
del Tratado y su tramitación a través del Parlamento.
Si las rondas finales se dilataran hasta finales del presente año,
seria preferible esperar las elecciones que pasaran las elecciones
generales del 2006 para llevar el Tratado a consideración del
Congreso a partir del 20 de Julio del año entrante.
Me permito ahora puntualizar algunas consideraciones sobre capítulos
específicos de la negociación en curso que deberían
ser examinados en el proceso de negociaciones del Tratado.
NEGOCIACIONES AGRÍCOLAS
El curso que llevan las negociaciones agrícolas no es satisfactorio
al punto de que algunos piensan, con razón, que los compromisos
que se podrían adquirir en este aspecto podrían violar
principios constitucionales relacionados con la seguridad alimentaria.
(Artículo 65 de la Constitución). La misma preocupación
parece está contenida en el Trade Preferent Act
de los Estados Unidos cuyo artículo 2002 establece que la
seguridad nacional solo puede estar sustentada por el crecimiento
sostenido de su agricultura y de su industria.
Cambiar alimentos nacionales caros por importados baratos,
como lo proponen alegremente algunos libre mercadistas puede resultar
en el largo plazo mucho más costoso que proteger la producción
actual en previsión de lo que pueda suceder mañana con
las negociaciones globales. Colombia, como otros países latinoamericanos,
podría quedar en el peor de los mundos cuando, después
de haber desmontado su estructura productiva alimentaria se vean forzados
seguir importando alimentos pero a precios mucho más altos
cuando los países industrializados agrícolas se vean
obligados a desmontar su régimen de subsidios actuales por
las fuertes presiones multilaterales en la OMC. En el caso andino,
este escenario resultaría, cuando la región ya hubiera
entregado, por cuenta de la negociación del TLC, su arsenal
de armas de protección del sector agrícola como las
franjas de precios, salvaguardias automáticas para la protección
de cosechas, licencias previas y derechos compensatorios.
NEGOCIACIONES INDUSTRIALES
Colombia ha vivido en los últimos años, como otros países
de la región, un severo retroceso en sus niveles de industrialización;
la participación del sector en el producto bruto ha pasado
del 17.2% en que se encontraba al comenzar los años 70 al 13.5%
en el año 2002; es claro, entonces, que Colombia, como otros
países latinoamericanos, se está desindustrializando.
De allí la importancia de la negociación del TLC frente
a las posibilidades de recuperar la posibilidad del crecimiento fabril.
Es importante, en primer lugar, entender que el problema de la negociación
no tiene que ver con conseguir unos niveles generosos de desgravación
arancelaria que, repito, ya tenemos tales como definir nuevas
condiciones de acceso que permitan superar las barreras no arancelarias
que hoy se oponen al ingreso de los productos colombianos al mercado
de los Estados Unidos como cuotas de importación, medidas fitosanitarias,
condiciones medioambientales, certificaciones unilaterales, disposiciones
antidumping arbitrarias y muchas limitaciones federales. Estas barreras
neoproteccionistas han llegado a representar más del 50% de
los costos de importación para algunos productos industriales
como confecciones y textiles.
Para muchas industrias colombianas resulta vital el mantenimiento
de mecanismos extraterritoriales de promoción de exportaciones
como los Planes Vallejos y las Zonas Francas, que no son contrarios
a la norma sobre Compensación y Subvenciones de
la OMC y que ya fueron aceptados en la reciente negociación
del ALCA con los países centroamericanos. Afortunadamente,
el Ministerio de Exterior de Colombia, ha encontrado una buena disposición
por parte de los negociadores norteamericanos para aceptar estos beneficios.
¡En hora buena! Finalmente, está el asunto de la aplicación
de salvaguardias para proteger la producción industrial frente
a determinadas circunstancias especiales; esta medida de protección
requiere la definición de un plazo suficientemente amplio para
que Colombia perfeccione sus sistemas normativos y operativos de antidumping
cuyo nivel técnico está muy por debajo hoy día,
del nivel de los Estados Unidos.
PROPIEDAD INTELECTUAL
El reconocimiento de la propiedad intelectual, que protege el conocimiento
y estimula la innovación, es una aspiración válida
y legítima por parte de los Estados Unidos en la negociación
del TLC. Existen, empero, algunas definiciones que deberían
quedar incluidas en las negociaciones que actualmente se surten. La
protección que Colombia otorgue en esta materia no debería
exceder, en ningún caso, a la reconocida por la ADPIC en las
negociaciones en la Organización Mundial de Comercio; el plazo
de las patentes debe ajustarse al tiempo dispuesto por las normas
andinas y en ningún caso podría aceptarse su retroactividad.
Colombia, como líder hemisférico en la protección
de los derechos de autor, particularmente en materia editorial, debería
obtener una reserva, similar a la que obtuvo Chile en su negociación,
para la industria de producción de bienes culturales como libros,
filmes y videos. Así mismo, debe hacer causa solidaria con
la aspiración global para que se liberen de estos compromisos
de protección intelectual los productos farmacéuticos
que tengan incidencia en el tratamiento de pandemias globales como
el Sida y el Paludismo, acompañar hasta el final la decisión
regional de no ceder en el tema sensible de los agroquímicos
y someter el tema de la importación de productos transgénicos,
a las condiciones aprobadas en el Tratado de Bioseguridad de Cartagena.
A cambio de estas concesiones, el país debería exigir
el reconocimiento del denominado conocimiento tradicional del cual
forman parte la biodiversidad, el folclor, las artesanías y
los modos tradicionales de cultivo. Siendo Colombia titular de un
12.5% de la biodiversidad del mundo, nuestra posición en las
negociaciones debería ser muy enfática en la defensa
de esta gran riqueza genética. Precisamos garantías
sobre la no patentabilidad de especies vivas animales y vegetales
y una voluntad firme y decidida contra el combate a la biopiratería
que hoy adelantan, en medio de una gran impunidad, algunas empresas
farmacéuticas.
SERVICIOS
En el mundo de hoy las ganancias las están haciendo los que
venden y no los que producen. Esta posibilidad de vender se encuentra
estrechamente vinculada con la propiedad del mercado de servicios
que, en el caso concreto de los Estados Unidos, está sometido
a todo tipo de restricciones de tipo federal y municipal que han aflorado
durante la negociación del TLC con Colombia. La posibilidad
que tengan los empresarios colombianos de actuar como proveedores
federales de bienes y servicios, es materia crucial en la medida en
que los mercados locales norteamericanos podrían ser mucho
mas asequibles para su tamaño y posibilidades de mercado. Genera
preocupación que más de diecisiete de estos Estados
han anunciado que no suscribirán estos tratados bilaterales
de comercio.
Para el caso de aquellas empresas que vendan servicios o actúen
como contratistas para la construcción u operación de
los mismos, debería pensarse en el establecimiento, entre los
dos países, de una especie de lista negra para
prohibir el acceso futuro de aquellas firmas que acudan a procedimientos
ilícitos para obtener concesiones u ordenes de compras como
sucedió recientemente en Costa Rica.
INVERSIÓN
La posibilidad ilimitada de realizar inversiones extranjeras en ciertos
sectores como el de seguros podrían convertirse en un peligroso
canal para succionar grandes cantidades de ahorros depositados
en instituciones financieras, como los provenientes de los pensionados,
que hoy respaldan distintos proyectos de fomento y desarrollo. Colombia
no podría aceptar la imposición bilateral del Tratado
Multilateral de Inversiones, que ya fue rechazado multilateralmente
en la OMC; tampoco debería transigir en la sensible materia
de poder regular la entrada y salida de capitales que es definitiva
para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia
de control al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.
CLÁUSULAS LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES
La condicionalidad derivada de exigencias laborales y
medioambientales que afecta el libre flujo de la inversión
y comercio debe ser rechazada en las negociaciones del TLC. El escenario
natural para este tipo de discusiones es la OMC y los organismos multilaterales
del sistema de Naciones Unidas. Los temas relacionados con la protección
del medio ambiente deben inspirarse en los principios fundamentales
que orientan el concepto de desarrollo sustentable; cualquier
concesión en este sentido tendría que ser financiada
por los Estados Unidos, como sería el caso de la reconversión
de industrias contaminantes o la construcción limpia
de obras públicas.
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Finalmente, está el espinoso tema de la solución de
controversias nacidas de la aplicación e interpretación
del Tratado mismo. El carácter expedito de ciertos procedimientos
para solucionar conflictos y controversias, como los arbitrajes, no
pueden ser excusa para convertir estos mecanismos en la regla general
y evadir la aplicación de las instancias judiciales nacionales,
como lo ha definido la Corte Constitucional de Colombia en reciente
jurisprudencia que debe examinarse. Los mecanismos de solución
de controversias inversionista-Estado siguiendo los dictados del derecho
consuetudinario anglosajón, ajeno totalmente a nuestra realidad
jurídica, colocaría a los inversionistas colombianos
en una evidente situación de desigualdad jurídica que
debe evitarse. En aras de conseguir la misma agilidad, no sería
conveniente renunciar a ciertas garantías ya obtenidas en la
OMC, como procesos sumarios para dirimir diferencias y paneles arbitrales
integrados por conocedores de las distintas materias controversiales
para solucionarlas.
ernestosamper@corporacionescenarios.org