REAPERTURA Y DEROGATORIA DE LA LEY 100
Ante el cierre del Hospital de Caldas

Jorge Enrique Robledo Castillo
robledoje@senado.gov.co

La orden bárbara de cerrar el Hospital de Caldas no se explica porque no pudiera funcionar bien o por la absoluta falta de recursos para la salud. La primera causa de su crisis tiene que ver con que tuvo que atender a pérdida a los seiscientos mil caldenses que carecen de todo derecho en salud, costo que no asumió el gobierno nacional como era su deber. Y el gobierno no pagó, entre otras razones, porque tiene dos y medio millones de millones de pesos de la salud invertidos en títulos de tesorería, plata que podría sacar de problemas al Hospital de Caldas y al resto de la red pública hospitalaria del país que también se halla al borde del colapso.

El cierre del Hospital de Caldas también demuestra que los despidos y bajas salariales que les impusieron a sus trabajadores en años anteriores no eran “para salvarlo” porque estos “ganaban mucho”, como de manera falaz afirmaron quienes hicieron las reestructuraciones.

El hospital de Caldas se cerró, en últimas, porque así lo determinó el Presidente Álvaro Uribe Vélez, decisión que no debe sorprender a nadie que recuerde que él fue el senador ponente de la Ley 100 de 1993 que impulsara César Gaviria, la cual convirtió el derecho a la salud de los colombianos en un vulgar negocio de la oligarquía financiera nacional y foránea, siguiendo los dictados del Fondo Monetario Internacional. Y también contó en su cierre la alcahuetería del Gobernador de Caldas y el Alcalde de Manizales con el gobierno nacional.

La decisión de reemplazar el Hospital de Caldas por las clínicas de Villa Pilar y Santa Sofía no solo no resuelve bien el problema dado que estas tienen una capacidad instalada inferior. Ella también conducirá a que si atienden a quienes no tienen con qué pagar, terminarán en bancarrota, y si no lo hacen, sufrirán esos compatriotas.

A la gran unidad y movilización que hay que promover por la reapertura del Hospital de Caldas como un ente de carácter público y por los derechos laborales de sus trabajadores hay que agregarle la exigencia de cambiar la Constitución y derogar la Ley 100 de 1993, porque mientras estas privilegien las ganancias de los intermediarios financieros sobre el bienestar de la población seguirá habiendo más muertos y enfermos por su causa que por la violencia de todo tipo que azota al país. Que esto es así lo confirma una verdad que ocultan los neoliberales: Colombia gasta en salud cerca del doble de lo que gastaba antes de la privatización del sector y a pesar de ello veinte millones de colombianos carecen de derechos al respecto, pues una suma inmensa no va a médicos, gastos hospitalarios y drogas sino que con ella se quedan unos pocos, a quienes las normas les otorgan el derecho a cobrarle una especie de peaje a las platas que deben ir a la salud.

Manizales, 21 de junio de 2004