En lo que suena como una especie de campaña
en contra del derecho a pensionarse de los colombianos, se presenta
a quienes lo han logrado casi como a una especie de zánganos
que abusan del resto de la nación. Cuando lo cierto es que
la pensión de jubilación no representa otra cosa que
la única posibilidad que tienen los asalariados de sobrellevar
una vejez a la que no se le sumen los sufrimientos de la indigencia.
Porque exceptuando unos cuantos casos, el salario no les alcanza
a quienes lo reciben para constituir ahorros que les permitan satisfacer
sus necesidades más elementales una vez concluyen su vida
laboral. Esos compatriotas, además, adquirieron o adquirirán
el derecho a pensionarse luego de haber aportado para sus pensiones
por el monto y el tiempo que les establecieron una normas que no
fueron redactadas por ellos. De ahí que sea tan regresiva
la reforma anunciada de imponerles impuestos a los pensionados, eliminar
la mesada catorce, acabar con los regímenes especiales y hasta
imponer pensiones que apenas equivalen a la mitad del salario mínimo.
También hay que rechazar la tendencia iniciada con la Ley 100
de 1993 –que tuvo como ponente a Álvaro Uribe Vélez,
entonces senador– de hacer reformas que incrementan los aportes
de los trabajadores para sus pensiones, aumentan la edad a la que se
adquiere el derecho y reducen el monto de la pensión, de manera
que esta se parece cada vez más a un seguro de entierro. Y es
obvio que la cantaleta en contra de las mayores pensiones (que son
846) busca ocultar que cada reforma pensional va dirigida contra las
gentes del común, según lo muestran las propias cifras
oficiales: mientras que la disminución del gasto que se obtendría
por la vía de ponerle como tope nueve millones de pesos mensuales
a las pensiones más altas llegaría a 11.700 millones
de pesos anuales, la eliminación de la mesada catorce costaría
ochocientos mil millones de pesos al año. Si de lo que supuestamente
se trata es de tocar a los “privilegiados”, ¿por
qué se meten con los demás, que son casi todos? ¿Y
no atenta contra los derechos democráticos de los trabajadores
prohibir en la Constitución los regímenes especiales,
convirtiendo los derechos laborales mínimos de ley en los máximos
legales?
Las causas del déficit del ISS deben explicarse para que se
entienda lo que ocurre. Si se suman los aportes de ley que el Estado
nunca le hizo, las pérdidas que sufrió por inversiones
que los gobiernos lo obligaron a hacer en el IFI y el BCH y las platas
que el gobierno nacional no aportó por sus trabajadores, la
deuda del Estado con el Seguro fue calculada por uno de sus presidentes
en 40 billones de pesos, aunque hay analistas que la elevan a 60 billones.
También cuenta en la crisis del ISS la política de apertura
económica, la cual, al quebrar amplios sectores del aparato
productivo, aumentar el desempleo y reducir los salarios, disminuyó el
número de quienes aportan para pensiones y el monto de sus pagos.
Pero, por sobre todo, la crisis del Seguro se explica por la decisión
de la Ley 100 de crearle al capital financiero el negocio de los fondos
privados de pensiones, lo que, fuera de convertir en ganancias grandes
sumas que deberían ir a los pensionados, le arrebató millones
de aportantes al ISS. Al respecto, las cifras son elocuentes: en 1995
le cotizaban al Seguro 3,12 millones de colombianos y había
313 mil pensionados; para 2003 los pensionados aumentaron en 280 mil,
en tanto los cotizantes disminuyeron en más de un millón.
Así se pasó de 9,95 a 3,72 aportantes por cada pensionado,
cuando el Seguro se diseñó para funcionar con una relación
de ocho a uno, porque se concibió para que los aportes de los
trabajadores contribuyan con el pago de los que ya se pensionaron,
lo que se conoce como “solidaridad intergeneracional”.
Entonces, la Ley 100 significó que el Estado se quedó con
los pensionados y los fondos privados con los cotizantes, despropósito
que copiaron del modelo implantado por Pinochet en Chile. Por lo tanto,
ni siquiera pueden aducir en su favor que no sabían lo que hacían.
Que los fondos privados de pensiones posean 22 billones de pesos dedicados
al parasitismo financiero, mientras el Seguro no tiene con qué pagarles
a sus pensionados, le da una explicación concreta a buena parte
del faltante. El resto se explica por el cada vez menor aporte del
trabajo formal y los salarios a la economía del país,
tendencia que se acentuó con la reforma laboral de 2002 y que
deberá agravarse si Colombia suscribe el Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos. Y los patrones que se alegran cuando las pensiones
disminuyen, que no olviden que estas también son parte de la
capacidad de compra nacional.