El pasado martes 8 de octubre debió
comparecer ante la Comisión Quinta del Senado el ministro de
Agricultura. Pero el debate de control político no pudo realizarse
porque la víspera en la noche informó que no asistiría
y que tampoco respondería a las preguntas del senador citante,
dado que, afirmó, ellas se referían a sus actividades
como gerente de Indupalma. Rubén Darío Lizarralde montó
su negativa sobre la ridícula teoría de que como sus actos
fueron en una empresa privada, es a ella a la que hay que preguntarle,
con lo que pretende ganarse 18 años de impunidad sobre su vida.
Tan vivo: no cesa de hablar de las "maravillas" que él
dice haber realizado en Indupalma; pero cuando el Congreso decide analizarlas,
se niega a hablar sobre ellas.
La posición del ministro de Agricultura es tan abiertamente ilegal
y disparatada, que sin duda se origina en su incapacidad para defender
actos repudiables e ilegales en Indupalma. En su soberbia, pretende
que sus comparecencias ante el Senado, a las que lo obliga la Ley 5
de 1992, puede escogerlas a la carta. Y quiere arrogarse el derecho
de decirle a un senador de la República sobre qué y cómo
puede preguntar. ¿No es el colmo que Lizarralde intente que no
le juzguen sus actos del pasado, que son los que se supone lo llevan
al gobierno? El que no desee que le pregunten sobre su vida, pues que
no brinque de la empresa privada al gobierno. Porque la sociedad ha
de tener el derecho de examinar cada decisión, en la empresa
privada y en el Estado, de cada uno de los servidores públicos.
Sería gravísimo que el Congreso y los colombianos -incluidos
los medios de comunicación-, le toleraran a Rubén Darío
Lizarralde la desfachatez extrema de su pretensión y tan grosera
violación de la ley (db.tt/H9Ch6csP). Porque hasta en este país
tan descompuesto -en el que Carlos Urrutia aún se pavonea de
embajador en Washington, no obstante sus ilegalidades-, debería
haber límites infranqueables.
Siendo intolerable esta intentona, se entiende que Lizarralde evada
dar la cara. Porque, entre otras hazañas, como gerente de Indupalma
tiene en su haber dos comprobadas violaciones a la Ley 160 de 1994:
acumular tierras campesinas que fueron baldíos -en Sabana de
Torres y en el Vichada (db.tt/ZDkS4h9I)- y ocupación indebida
de cerca de 4 mil hectáreas de baldíos, caso que se agrava
porque montó la ilegalidad sobre una cruel persecución
a las familias campesinas que sí tienen derecho legal a que les
adjudiquen esas tierras y porque incluyen la destrucción de un
puente necesario para la comunidad y que Indupalma haya puesto retenes
con guardias armados sobre una carretera pública (bit.ly/GIbUZG).
Tampoco quiere Lizarralde responder por una persecución tan feroz
contra los trabajadores de Indupalma, que la Central Unitaria de Trabajadores,
CUT, considera "inaceptable" su ministerio y que llevará
el caso a escenarios internacionales (bit.ly/16TMF3c). Es evidente que
en Colombia el gerente de Indupalma puede ser el más sañudo
perseguidor de los obreros agrícolas, ¿pero alguien así
debe ser ministro de Agricultura, cuando sin ellos no es posible la
producción empresarial?
Y sí que le teme Lizarralde a que el Congreso le analice, no
sus palabras de autoelogio, sino las realidades de las "asociaciones"
de Indupalma con campesinos, mito montado sobre falacias que el propio
Juan Manuel Santos ha dicho que implantará en todo el país.
Porque si se miran los contratos entre Indupalma y sus "socios",
salta a la vista que se trata del más leonino de los negocios,
en el que los campesinos corren con todos los riesgos, hasta el de perder
sus tierras, en tanto Indupalma les cobra carísimo por ser el
capataz de esta especie de siervos de hoy y los obliga a venderle barato
el fruto de la palma a la extractora de esa empresa (db.tt/OAwYyrcq).
Es tanto el despotismo de Lizarralde con los "asociados" de
Coopsabana, que les impuso hipotecar sus parcelas a un prestamista desconocido
en ese antro de corrupción que son las Islas Caimán, ¡y
para respaldar deudas de Indupalma! (db.tt/4ZWfINSq), empresa también
de dueño oculto registrada en Panamá, otro paraíso
fiscal. Para completar el tapen-tapen, el Banco Agrario también
se negó a informarme sobre las condiciones de sus créditos
a los "socios" de Indupalma.
Bogotá, octubre 11 de 2013.